PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Por fallas en la atención médica

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por fallas en la atención médica RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD MÉDICA-Falla probada En sus conceptos, esta agencia del Ministerio Público ha dicho que el régimen de responsabilidad aplicable a los asuntos relacionados con la falla en el servicio médico asistencial, por regla general, habrá de ser el de falla probada. CAUSA DEL DAÑO-Atención tardía Se alega como causa del daño la tardanza en la atención lo que llevó a la amputación de parte de la extremidad inferior derecha de la víctima. Ahora bien, sobre la causa del daño se advierte que en el proceso se cuenta con abundante prueba testimonial de los médicos que atendieron al paciente en los diferentes momentos de su enfermedad, los que son unánimes en sostener la connotación del estado médico del paciente por tratarse de una herida abierta con exposición de huesos y tendones y con la pérdida significativa de tejido venoso y muscular, y que dada la gravedad del accidente no se descartaba que se llegara a la amputación de la extremidad ante la ausencia de pulso y de irrigación sanguínea en el citado miembro.

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 0263/ 2012

Bogotá, D.C., 1° de octubre de 2012 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co

2 Expediente 25869

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Doctor: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

Ref: Proceso 6800 1231 5000 1995 11195 01 (25869)

Acción: Reparación Directa Actor: Néstor José Buelvas Chamorro Demandadas: Nación - Ministerio de Salud - Departamento de Santander - Secretaría de Salud – Servicio Seccional de Salud –

Hospital Universitario Ramón González Valencia. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. Néstor José Buelvas Chamorro presentó demanda contra la Nación – Nación - Ministerio de Salud - Departamento de Santander - Secretaría de Salud – Servicio Seccional de Salud – Hospital Universitario Ramón González Valencia, para que se les declare patrimonialmente responsables de los daños y perjuicios que se le ocasionaron con la amputación de la pierna derecha, la que devino por falla en la atención médica (Cfr. fls. 3 a 22, 68 y 69 C.1).

1.2. OPOSICIÓN DE LOS DEMANDADOS.

El Departamento de Santander - Secretaría de Salud Departamental se opuso a las pretensiones. Manifestó que se trató de un paciente de 61 años, que el accidente tuvo ocurrencia a las 7 de la mañana, remitido a las 10.40 a.m. por la clínica Bucaramanga se le atendió a las 11.15 a.m., que el cuerpo médico le

brindó la atención debida y estuvo atento a su evolución poniendo a su disposición todos los medios existentes para su recuperación. Con diagnóstico inicial “politraumatismo, luxofractura cuello pie grado III, lesión vascular” se le trató con tetanol e inmobilizó el pie. Valoró por ortopedia y diagnosticó “trauma Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 3 Expediente 25869 por aplastamiento severo de tejidos blandos del pie derecho, lesión vascular pedia-tibial posterior en cuello del pie derecho, fractura abierta grado III”, dado el arrancamiento de los tendones y que los tejidos blandos se encontraban destrozados y macerados, con sangrado permanente sin circulación y sin pulso en el pie y ante la ausencia de arterias se preveía necrosis y la amputación. Insiste en que se agotaron los mecanismos necesarios para su recuperación tratando de salvarle la extremidad afectada en aras de evitar la amputación, sin que haya existido negligencia o descuido del ente hospitalario (Cfr. fls. .34 a 40 C.1) El Hospital Universitario Ramón González Valencia se opuso a las pretensiones indicó que se le trató con diligencia, que dada la gravedad de la lesión calificada de grado III se contempló la posibilidad de la amputación, habiendo dispuesto desde su ingreso el tratamiento con antibióticos y analgésicos, que se le practicó intervención quirúrgica tratando de agotar los recursos y en procura de

salvarle la pierna. (Cfr. fls. 66 y 67 C.1). Frente a la corrección de la demanda manifestó que se efectuó seguimiento al paciente hasta cuando decidió salir del centro hospitalario bajo su propia responsabilidad y riesgo (Cfr. fls. 84 y 85 C.1). El Ministerio de Salud contestó en forma extemporánea (Cfr. fls. 88 a 95 y 109 C.1) 1.3. El a-quo accedió a las pretensiones. Señaló que pese a la improbable recuperación del paciente dada la gravedad de la herida no se actuó de manera rápida y efectiva practicando de manera inmediata cirugía a fin de extirpar los músculos enfermos y permitirle al paciente la probabilidad de una recuperación. Alude a que se retardó la atención al paciente por más de 10 horas para iniciar los procedimientos mínimos necesarios, omisión del equipo médico que se traduce en la pérdida de la oportunidad de recuperación y de disfrutar de un tratamiento oportuno. Condenó en forma solidaria a la Nación Ministerio de Salud – Departamento de Santander (Secretaría de Salud) y Hospital Universitario Ramón González Valencia al reconocimiento y pago de los perjuicios morales, los que tasó en suma equivalente a 70 s.m.l.v. por el sufrimiento que le causó la pérdida de la oportunidad de recuperar su pie derecho como consecuencia de la falla en el servicio y el retardo en la atención (Cfr. fls. 618 a 658 C.4), decisión que por solicitud de la parte actora fue aclarada en el sentido que la condena se impone en el equivalente a 70 salarios

mínimos legales mensuales (Cfr. fl. 670 y 677 a 680 C.4) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 4 Expediente 25869 1.4. Apelaron las partes. El Departamento de Santander – Secretaría de Salud Departamental alega que, conforme a las normas que rigen el Sistema Nacional de Salud, desde 1975 se implementó el proceso de descentralización quedando en cabeza de los entes sectoriales la responsabilidad en la prestación de los servicios de salud1. Que según el decreto departamental No. 0096 del 14 de agosto de 1995 el Hospital Departamental Ramón González Valencia se transformó en Empresa Social de Estado dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa; que en el caso la responsabilidad no es solidaria, pues aquélla recae de manera exclusiva en la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga donde se le prestó la atención al enfermo (Cfr. fls. 662 a 665 C.4). La actora solicitó el incremento del reconocimiento por perjuicios morales y el reconocimiento de los perjuicios materiales y por el daño fisiológico. Destaca que el ente hospitalario se demoró 12 horas para efectuar la limpieza quirúrgica. Alega que se quiso sobredimensionar el estado de salud del paciente para justificar la negligencia médica. Confrontó el testimonio de los galenos para advertir que algunos señalan la existencia de afectación ósea mientras otro

desvirtuó la existencia de fracturas, que se debe admitir lo manifestado por la señora Esther Morales de Suárez, testigo presencial, en el sentido de que el afectado luego del impacto se levantó y caminó perfectamente. Destaca la discrepancia en el porcentaje que los galenos indican como posibilidad de recuperación del paciente. Indicó que el único responsable es el Estado por la negligencia médica en la atención, no obstante alega que como mínimo se está ante la responsabilidad solidaria entre el Estado y el conductor del automotor que lo atropelló, sin que la condena al primero pueda ser parcial pues no es divisible, debiendo la entidad pública demandar a la empresa transportadora, al dueño del autobús o al conductor. Señaló que en la demanda se solicitó como indemnización el máximo posible en gramos oro monto que hoy debe entenderse en salarios mínimos (Cfr. fls. 671 a 675 C.4). 1 Cita el artículo 120 ordinal 18, arts. 151, 288, 356, 357 de la C. Pol., las Leyes 9ª de 1973, 10 de 1990, 60 y 100 de 1993, 715 de 2001 y los Decretos Nos. 056 y 036 de 1975 Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 5 Expediente 25869

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO El problema jurídico consiste en determinar si se acreditó la falla en la

prestación del servicio médico al señor Néstor José Buelvas Chamorro y de ser así si es factible el incremento del monto de la condena. 2.1. Caducidad Las lesiones ocasionadas al señor Buelvas Chamorro tuvieron ocurrencia el 26 de abril de 1995, la demanda se presentó el 10 de noviembre del mismo año (Cfr. fl. 22 vto. C.1), por ende la acción se ejercitó en tiempo2. 2.2. Daño y legitimación en la causa Al proceso se allegó copia de las historias clínicas del afectado (Cfr. fls. 160 a 168 y 431 C.1), informe clínico (Cfr. fl. 213 C.1), dictamen médico laboral pericial de la División de empleo y seguridad social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Cfr. fl. 372 C.1), dictámenes y reconocimiento médico legal practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Cfr. fls. 181 y ss. C.1, fl. 8, 18, 17, 39 a 59 C.3 cuaderno que no se encuentra foliado de manera consecutiva), que dan cuenta de las lesiones padecidas y la amputación del tercio distal de pierna y pie derecho al señor Néstor José Buelvas Chamorro a quien se dio incapacidad médico legal de 35 días, por lo que se concluye que se acreditó la lesión y afectación padecida por el demandante, hechos que se alegan como hecho dañino y por ello está acreditada la legitimación en la causa del demandante.

2.3. Título de imputación En sus conceptos, esta agencia del Ministerio Público ha dicho que el régimen de responsabilidad aplicable a los asuntos relacionados con la falla en el servicio médico asistencial, por regla general, habrá de ser el de falla probada3. 2 Dentro del término de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho, artículo 136 del C.C.A. 3 Entre otros conceptos de 2012, Nos. 09 del 17 de enero, 052 del 6 de marzo, 109 y 112 del 4 de mayo, 170 del 4 de julio, 173 del 6 de julio, 180 del 12 de julio y 184 del 13 de julio de 2012. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 6 Expediente 25869 El Consejo de Estado, en sentencia del 28 de enero de 2009, expediente No. 16.700, expresó: “La determinación del régimen jurídico aplicable en eventos en los cuales se discute la responsabilidad extracontractual del Estado derivada del despliegue de actividades médico-asistenciales no ha sido pacífica en la jurisprudencia, como quiera que paralelamente a la postura que ha propendido por cimentar la responsabilidad estatal en estos casos sobre la falla presunta del servicio, ha tenido acogida, igualmente, la posición por lo demás prohijada por la Sala en sus más recientes fallos de acuerdo con la cual el título jurídico de imputación

a tener en cuenta en los supuestos en comento es el de la falla del servicio probada. Así pues, de la aceptación —durante un significativo período de tiempo— de la aplicabilidad de la tesis de la falla del servicio presunta a este tipo de casos por entender más beneficioso para la Administración de Justicia que en lugar de someter al paciente a la demostración de las fallas en los servicios y técnicas científicas prestadas por especialistas, se impusiese a éstos —por encontrarse en las mejores condiciones de conocimiento técnico y real de cuanto hubiere ocurrido— la carga de atender a los cuestionamientos que contra sus procedimientos se formulan por los accionantes4, posteriormente se pasó al entendimiento de acuerdo con el cual el planteamiento en mención condujo a que en todos los litigios originados en los daños causados con ocasión de la prestación del servicio médico asistencial se exigiese, a las entidades públicas demandadas, la prueba de que dicho servicio fue prestado debidamente, para posibilitarles la exoneración de responsabilidad, cuando en realidad “… no todos los hechos y circunstancias relevantes para establecer si las entidades públicas obraron debidamente tienen implicaciones técnicas o científicas. Habrá que valorar, en cada caso, si éstas se encuentran presentes o no. Así, habrá situaciones en las que, sin duda, es el paciente quien se encuentra en mejor posición para demostrar ciertos hechos relacionados con la actuación de la entidad respectiva. Allí está, precisamente, la explicación del dinamismo de las cargas, cuya aplicación se hace imposible ante el recurso obligado a la teoría de la falla del servicio presunta, donde simplemente se produce la inversión permanente del deber probatorio”5.

4 (pie de página de la cita) Especialmente a partir de la unificación de criterios en torno al tema, la cual tuvo lugar con la sentencia de 30 de julio de 1992, con ponencia del Magistrado Daniel Suárez Hernández, referida, junto con toda la evolución hasta entonces evidenciada en relación con este tipo de asuntos, en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 1992; Expediente 6754; Actor Henry Enrique Saltarín Monroy. 5 (pie de página de la cita) Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de diciembre de 2004, expediente 14.421; actor Ramón Fredy Millán y otros. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 7 Expediente 25869 Con fundamento en dicha consideración, se determinó que la demostración de la falla en la prestación del servicio médico asistencial corre por cuenta de la parte demandante6, por manera que será el régimen de la falla probada del servicio, con las consecuencias probatorias que le son propias, aquél de conformidad con el cual deberá estructurarse la responsabilidad del Estado7, con lo cual ésta solamente podrá resultar comprometida como consecuencia del incumplimiento, por parte de la entidad demandada, de alguna obligación legal o reglamentaria, de suerte que sea dable sostener que la mencionada entidad cumplió insatisfactoria, tardía o ineficientemente con las funciones a su cargo o las

inobservó de manera absoluta, título jurídico subjetivo de imputación cuyos elementos han sido descritos reiteradamente por esta Sala de la siguiente manera: “En cuanto tiene que ver con los elementos cuya acreditación resulta necesaria en el expediente para que proceda declarar la responsabilidad del Estado con base en el título jurídico subjetivo de imputación consistente en la falla en el servicio, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterada y uniforme en el sentido de señalar que se precisa de la concurrencia de (i) un daño o lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado o determinable, que se inflige a uno o varios individuos; (ii) una conducta activa u omisiva, jurídicamente imputable a una autoridad pública, con la cual se incumplen o desconocen las obligaciones a cargo de la autoridad respectiva, por haberle sido atribuidas las correspondientes funciones en las normas constitucionales, legales y/o reglamentarias en las cuales se especifique el contenido obligacional que a la mencionada autoridad se le encomienda y (iii) una relación o nexo de causalidad entre ésta y aquél, vale decir, que el daño se produzca como consecuencia directa de la circunstancia consistente en que el servicio o la función pública de la cual se trate, no funcionó o lo hizo de manera irregular, ineficiente o tardía.” 2.4. Acervo Probatorio 6 (pie de página de la cita) Aunque se matizara el referido aserto con la aseveración de acuerdo con la cual dicha regla general se excepcionaría cuando la carga probatoria atribuida al demandante “resulte extraordinariamente difícil o

prácticamente imposible y dicha carga se torne, entonces, excesiva. Sólo en este evento y de manera excepcional, será procedente la inversión del deber probatorio, previa la inaplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil – que obligaría a la parte actora a probar siempre el incumplimiento por el demandado de su deber de prestar debidamente el servicio mencionado–, por resultar la regla en él contenida, en el caso concreto, contraria a la equidad, prevista en el artículo 230 de la Constitución Política como criterio auxiliar de la actividad judicial”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de diciembre de 2004, expediente 14.421; actor Ramón Fredy Millán y otros. 7 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, expediente No.16.402. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 8 Expediente 25869 Además de los ya mencionados en el proceso obran los medios de prueba siguientes: i) Certificación del médico director de la Clínica Bucaramanga sobre la atención prestada al señor Néstor José Buelvas Chamorro a las 10.25 a.m. del 26 de abril de 1995 al que se le brindó la atención inicial y se le diagnosticó politraumatismo y remitió al Hospital Ramón González

Valencia (Cfr. fls. 158 y 430 y ss. C.1) ii) Copia auténtica de las diligencias penales adelantadas por la Fiscalía 8ª Delegada ante los Juzgados Promiscuos Municipales de Floridablanca la que fue precluida el 26 de septiembre de 1995 por conciliación (Cfr. fls. 169 C.1 y C.). iii) Decisión del Tribunal de Ética Médica Seccional Santander mediante el cual concluyó que no había mérito para formular cargos a los médicos de la Clínica Bucaramanga y Hospital Ramón González Valencia (Cfr. fls. 315 a 319 C.1). iv) Dictamen médico laboral pericial emitido por la División de empleo y seguridad social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el que se determinó la disminución de la capacidad laboral funcional global de 53.4% (Cfr. fls. 372 a 373 C.1)

Testimonios: i) Martha Lucía Pinto Quiñónez manifestó: “(…) ese señor ingresó al servicio de urgencias, fue valorado por ortopedia, el consultó por una lesión en el pie derecho por el aplastamiento al sufrir un trauma por una llanta de un bus, fue llevado a cirugía, yo lo vi en el postoperatorio, la impresión diagnóstica que se le hizo fue de una fractura abierta grado 3C. Después de la cirugía, él estuvo como dos días, pidió la salida en forma voluntaria (…) la lesión era de cuidado, debía estar en constante observación, de máximo cuidado tenía que tener el miembro completamente inmovilizado (…) era un riesgo que muy posiblemente iba a

ocurrir, el paciente tenía compromiso vascular que lo podía llevar a un isqueme (gangrena), en otras palabras pudo presentar la gangrena posteriormente (…) la razón es por falta de irrigación, hay un compromiso vascular de las arterias, que es por donde circula la sangre y por ello no le llegaba sangre al pie por el trauma causado; dependiendo de la severidad del trauma, llevarlo a la gangrena puede durar de días a semanas, por Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 9 Expediente 25869 ejemplo si es muy grande y compromete las arterias más grandes puede durar días y si es un compromiso menor puede durar semanas. (…) era un trauma severo, se le hizo una valoración de fractura grado 3C que implicaba compromiso vasculonervioso, con gran compromiso de tejidos blandos.(…) Sírvase manifestar que implicaciones tiene una fractura abierta grado 3C CONTESTO: es una lesión extensa de tejidos blandos, con gran contaminación, asociada a fractura, con compromiso vasculonervioso, clínicamente casi amputar (…)” (Cfr. fls. 218 a 224 C.1). ii) Gabriel Eduardo Ramírez Guerrero expresó: “(…) ese día me encontraba yo de turno después de las 7 de la noche, y se comunicó que había un turno de un paciente del servicio de ortopedia de urgencias. De acuerdo con la disponibilidad de los turnos, el paciente fue solicitado para cirugía de urgencia más o menos a las 9 y media de la noche

(…) Ese paciente tenía una lesión severa de miembro inferior con gran pérdida de sustancia y el procedimiento que se iba a efectuar, inicialmente era una limpieza quirúrgica ya que en las radiografías no presentaba ningún tipo de fractura pero si tenía alguna lesión de tipo articular. Debido a las condiciones generales en que se encontraba se le administró una anestesia regional raquidea y se le efectuó el procedimiento programado (…) el paciente pasó a su área de recuperación, sin ninguna complicación tanto anestésica como quirúrgica quedando pendiente nuevas limpiezas quirúrgicas y posiblemente alguna amputación ya que tenía una lesión vascular que comprometía el pie y de acuerdo a la evolución, los cirujanos u ortopedistas determinan si hay o no necesidad de amputar (…)”(Cfr. fls. 304 C.1) iii) Oscar Armando Celis manifestó: “(…) si atendí al mencionado señor, en la fecha en mención, pues fui llamado al servicio de urgencia para hacer la recepción del paciente. La asistencia consistió en un examen físico general y la toma de medidas de atención básica como el inicio de tratamiento antibiótico, solicitud de exámenes de laboratorio, solicitud de radiografía, al igual que la solicitud de valoración por ortopedia que en su momento consideré que era la especialidad que debía atender al paciente (…) el paciente quedó a cargo del servicio de ortopedia y no volví a tener conocimiento del caso (…)” (Cfr. fls. 310 C.1). iv) Carlos Orlando Díaz expresó: “(...) me encontraba de turno en el hospital el día 26 de abril de 1995 por lo

tanto hice la valoración, del paciente NESTOR JOSE BUELVAS quien ingresó a esta institución, con diagnóstico de un aplastamiento del pie derecho, producido por el paso de una llanta de un bus por su miembro Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 10 Expediente 25869 afectado (…) al ingreso al hospital se encontró una lesión severa de tejidos blandos a nivel de la parte dorso lateral del retropie o la parte posterior del pie, con exposición de tendones, masa muscular y articulaciones y compromiso vascular puesto que no se encontró pulso pedio ni pulso tibial posterior al momento de su ingreso, por lo tanto se clasificó la lesión como una fractura expuesta, grado 3C (…) Se procedió a hospitalizarlo, a solicitar los exámenes complementarios radiografías, y solicitar el turno para ser llevado a la sala de operaciones para recibir tratamiento. En ese momento se le informó al paciente el pronóstico reservado de la parte distal de su miembro debido a la lesión tan severa producida por el accidente que tuvo. El pronóstico correspondía a que probablemente existía un porcentaje de 60 o 70% de posibilidades de que terminara en amputación (…) durante los 3 días que estuvo hospitalizado recibió tratamiento adecuado para su patología y clínicamente no presentaba signos de gangrena gaseosa en el momento en que pidió el alta voluntaria de dicha institución (…)” (Cfr. fl. 324

y 328 C.1) v) Alberto Mora Duarte manifestó: “(…) si tuve la oportunidad de valorar al mencionado paciente a solicitud de los médicos de planta del servicio de urgencias del hospital. (…) el tipo de lesión observada en el momento de la valoración, fue una avulsión de piel del cuello del pie, y del dorso y de las caras medial y lateral del mismo. Además existían severas lesiones tendinosas y evidente destrozo de las estructuras óseas de la zona con viabilidad dudosa de la extremidad manifestada por un déficit en la perfusión capilar distal (…)” (Cfr. fl. 333 C.1) vi) Ricardo Guzmán Vargas expresó: “(…) yo fui el primero que lo ví, y actuando como profesor de la universidad, la mía fue una asesoría al médico residente que se encontraba en ese momento en urgencias (…) Se le advirtió al paciente que por lo encontrado en ese momento existía el riesgo de perder su pierna, porque no le encontrábamos pulsos a nivel de cuello del pie. (…) el tenía una herida de unos 15 centímetros al dorso del pie, a través de ella uno podía ver los tendones y los huesos. Desde el punto de vista de nuestra especialidad era una herida severa, clasificada como grado 3C, el C, significa la ausencia de pulso. Eso significa que el riesgo de amputación es altísimo es decir entre 50 y un 80%. (…) por lo que consta en la historia no cree uno que tuviera una gangrena gaseosa pero esta se puede desencadenar en seis u ocho horas. (…)” (Cfr. fls. 337 y 338 C.1).

1. Jairo Mauricio Noriega Rueda, indicó:

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 11 Expediente 25869 “(…) yo estaba de turno en el hospital el día que el paciente llegó allá. El paciente tuvo una severa lesión, por machacamiento del miembro inferior derecho ocasionada por la llanta de un vehículo en movimiento. Ese traumatismo le ocasionó una luxo fractura abierta grado 3 del retropie. Ese paciente fue atendido en el servicio de urgencias y se llevó a cirugía para realizar una limpieza quirúrgica de sus lesiones, la reducción de la luxación, y la estabilización de la misma (…) el paciente en ningún momento fue abandonado en el servicio de urgencias del hospital desde su ingreso hasta que se llevó a cirugía (…) Desde su ingreso se identificó la gravedad de la lesión, y se determinó la necesidad de practicar una limpieza quirúrgica y una estabilización y una estabilización de su lesión articular previa valoración por el cirujano de turno general (…) desde el ingreso se hizo un diagnóstico de una severa lesión por aplastamiento de la extremidad con una luxofractura abierta grado 3C. (..) una fractura abierta grado 3C implica una lesión ósea o articular o mixta comunicada con el exterior y con lesión vascular asociada. Las heridas de la piel como en este caso una maceración de la piel y de los tejidos blandos ubican dentro del grupo 3. (…) en ningún momento durante su estancia en el hospital el paciente presentó

signo o síntoma alguno que pudiera conducir o siquiera hacer sospechar el diagnóstico de gangrena gaseosa (…) El tipo de lesión que sufrió el paciente ocasiona generalmente gangrena (…) al paciente se le ofreció todo el recurso de que disponemos para manejar una lesión. Desde el comienzo, osea desde el ingreso del paciente al servicio, se estableció que la extremidad con ocasión de su lesión esta en alto riesgo de perderse y que el curso podía terminar en una amputación. No optamos por la amputación en primera instancia con la idea de ofrecerle al paciente toda la posibilidad del arsenal terapéutico para rescatarla de ese fin. Igualmente no se amputó en primera instancia para que el paciente tuviera plena conciencia de su verdadera situación y la posibilidad de conocer su evolución (…) (Cfr. fl. 343 a 345 C.1) viii) Helman Francisco Monroy Zambrano señaló: “(…) si tuve contacto con el paciente, fui quien lo recibió en forma inicial. Respecto de la gravedad y la naturaleza de la lesión, el paciente presentaba en el pie derecho una lesión extensa de los tejidos blandos tanto como en el dorso del pie como de su planta, principalmente a nivel del tobillo. No se encontraba la presencia de pulsos, no se encontró llenado capilar, osea que no había un adecuado flujo de sangre hacia los dedos del pie que se pudiera apreciar en ese momento, había disminución de la sensibilidad en el mismo, y la existencia de una exposición amplia de tendones y tejidos blandos del dorso del pie (…) no era únicamente la lesión de piel, era una lesión mucho más severa, las lesiones que él presentaba comprometían las

estructuras osteo-articulares, tendinosas y vasculares del pie. (…)” (Cfr. fls. 349 a 351C.1) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 12 Expediente 25869 ix) Enrique Aguilar Quinche expresó: “(…) Es un paciente atendido por mí en abril del año 1995 sin que lo haya vuelto a ver desde esa época. Fue operado por mí y visto posteriormente en mi consultorio para el control pos operatorio. Se le practicó amputación de una pierna. (…) Su ingreso se había producido por un aplastamiento que había sufrido al ser atropellado por un vehículo produciéndole gran lesión tanto en hueso como en partes blandas. De los tratamientos recibidos en el hospital no se. (…) Se hizo el diagnóstico de una gangrena posiblemente gaseosa, pues, presentaba olor fétido, crepitación por gas en su pierna, fiebre, y estado general comprometido (…) La gangrena gaseosa se presenta por contaminación de una herida especialmente, si hay necrosis de los tejidos con carencia de riego sanguíneo y se puede presentar horas o días después de esta contaminación (…) La contaminación vino del accidente al sufrir el aplastamiento de su pierna por el vehículo que lo atropelló (…) Al parecer el tratamiento inicial fue de una limpieza quirúrgica practicada por el Hospital González Valencia que consiste en un lavado exhaustivo tratando de retirar las partes contaminadas como tierra, pasto, y

en general, todas las cosas extrañas que puedan estar en la herida, además de retira