PGN - ACCION DE REPETICION - Elemento necesario y concurrente por el pago efectivo realizado por el

ACCION DE REPETICION-Contra el Director Regional y Subdirector General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por la muerte del Administrador del Parque Arqueológico las Piedras del Tunjo en la ciudad de Facatativá ACCION DE REPETICION-Definición legal ACCION DE REPETICION-Elementos estructurales ACCION DE REPETICION-Elemento necesario y concurrente por la calidad de agente del estado y su conducta ACCION DE REPETICION-Elemento necesario y concurrente por la existencia de una condena judicial ACCION DE REPETICION-Elemento necesario y concurrente por el pago efectivo realizado por el estado ACCION DE REPETICION-Caducidad ACCION DE REPETICION-La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el estado, como dolosa o gravemente culposa Lo anterior implica, además, que la entidad demandante al ejercer el medio de control de repetición, tiene la obligación de probar de manera suficiente no sólo los elementos objetivos, sino sobretodo el elemento subjetivo que implica esta acción, esto es, el actuar doloso o gravemente culposo del servidor público. CARGA DE LA PRUEBA-Marco legal CARGA DE LA PRUEBA-Corresponde al demandante Expediente: 25000-23-36-000-2015-02682-02 (64846)

Medio de Control: Repetición

Concepto Ministerio Público

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO N° 106 / 2020

Bogotá, D.C., 04 de noviembre de 2020 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente doctor ALBERTO MONTAÑA PLATA

E. S. D.

Ref: Proceso 25000-23-36-000-2015-02682-02 (64846)

Medio de Repetición

Control: Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Demandado: Merardo Rivera Mosquera y otro Trámite: Apelación de fallo de primera instancia.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CARpresentó demanda contra los señores Clemente Martínez Araque y Merardo Rivera Mosquera, en su condición de Director Regional y Subdirector General, respectivamente, para que se les condene al pago de $664.360.410.oo, suma

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Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público que debió pagar la entidad en cumplimiento de la condena judicial que le impuso la Sección TerceraSala de Descongestióndel Tribunal Administrativo, modificada por la Sección Tercera -Subsección Bdel Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa por la muerte del señor Uriel Poveda Segura1, quien falleció el 7 de junio de 1999 en el Parque Arqueológico las Piedras del Tunjo en la ciudad de Facatativá, cuando se

desempeñaba como Administrador del mismo. El fundamento de las pretensiones se basa en los siguientes hechos: El señor Uriel Poveda Segura era trabajador oficial de la CAR Cundinamarca desde el 30 de mayo de 1989, más adelante fue asignado al cargo de inspector de Parques dependiendo de la Sección de Parques y Viveros – División de Desarrollo y Fomento – Subdirección de Operaciones, y desde enero de 1994, se le encomendó la función de administrar el Parque Arqueológico las Piedras del Tunjo en la ciudad de Facatativá. El 7 de junio de 1999, a las 11:00 p.m. el señor Uriel Poveda Segura se encontraba en su casa, ubicada dentro de las instalaciones del Parque, cuando tres hombres entraron y lo asesinaron con la finalidad de hurtar el dinero que éste había recaudado por los derechos de entrada de visitantes. 1.2. La Oposición. El señor Clemente Ramírez Araque, señaló que el Jefe de División para el momento de los hechos era quien tenía a cargo las actividades de vigilancia y operación. Por consiguiente, afirma que en su calidad de Director Regional para la época de los hechos, nada incidió en el resultado que llevó a la condena contra la CAR. 1 Radicación 2001-1253.

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Concepto Ministerio Público El señor Merardo Rivera Mosquera, mediante apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, expuso que no existe dolo o culpa grave de su parte. De igual manera, arguyó que no puede afirmarse que haya sido su función administrar la seguridad del Parque y que se logró probar que la víctima (señor Poveda) omitió procedimientos de seguridad para evitar el daño. Finalmente, indicó que del manual de funciones no puede desprenderse obligación respecto de las presuntas omisiones que conllevaron al pago de la indemnización por parte de la entidad. 1.3. La sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, negó las pretensiones de la demanda, por cuanto: [...] no se demostró que el actuar de los demandados haya sido doloso o gravemente culposo, como quiera que, en el sub lite no existe certeza de que ellos hayan ordenado al trabajador oficial recaudar los dineros por concepto de ingreso al Parque Arqueológico las Piedras de Tunjo, y en el caso de ser así, que se le haya ordenado guardarlos en la casa donde vivía, como tampoco, que su actuar conllevó a la reducción de la vigilancia en el parque pues, se insiste en este expediente no hay certeza de cuántos hombres conformaban la vigilancia para la época de los hechos y, si los aquí demandados eran o no, los encargados de establecer la vigilancia del parque. Por lo anterior, esta colegiatura comparte los argumentos expuestos por el Ministerio Público al indicar que no hay prueba del actuar doloso o

gravemente culposo de los demandados, como tampoco de la presunta decisión que fue tomada por ellos de eliminar un puesto de vigilancia en el Parque Arqueológico las Piedras de Tunjo. La Sala considera necesario resaltar que la carga de la prueba está a cargo del demandante, quien le correspondía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 el Código General del Proceso, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así, de las pruebas arrimadas al caso en concreto no se permite establecer responsabilidad por parte de los demandados por lo que se negaran las pretensiones de la demanda. [...].

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Concepto Ministerio Público 1.4. La apelación. La parte demandante recurrió el fallo de primera instancia solicitando que se revoque. Para tal efecto, adujo que no compartía los argumentos que motivaron la decisión adoptada por el a quo, en especial en lo referente a los elementos estructurantes de la Repetición, a saber “Que la condena haya sido impuesta como consecuencia del actuar del servidor público o ex servidor público”, por cuanto la imputación del daño no se hizo contra los demandados, sino que ellos son administrativamente responsables de haber actuado con culpa grave del daño causado y atribuido a la CAR con ocasión de la muerte

del señor Uriel Poveda Segura, la cual se produjo por la falla en el servicio generada por las acciones y omisiones en el cumplimiento de las funciones propias de los cargos que ostentaban los demandantes para esa época. De igual manera, indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca omitió estudiar los elementos probatorios allegados al proceso, en relación con el actuar de los demandados, en especial las funciones del cargo de Subdirector Administrativo y Financiero contenidas en la Resolución 461 de 19982, así como las del Director Regional. Arguyó que para establecer la responsabilidad patrimonial de los demandados, la misma no debe radicar en si existe certeza o no sobre que ellos hayan ordenado a la víctima recaudar los dineros de ingreso al Parque, así como custodiarlos en su casa; sino en determinar que por la omisión de los demandados, con relación al Manual de funciones (Resolución 461 de 1998), debieron actuar de manere diligente y cuidadosa. Es decir, dentro de los parámetros del inciso primero del artículo 63 del Código Civil (Culpa Grave), pues si hubiesen sido cuidadosos se hubiera podido prever las irregularidades y evitar el daño ocasionado. En ese orden, “no puede el Tribunal negar las 2 “1. Planear, dirigir y coordinar las actividades de ejecución presupuestal, proceso de recaudo por los diferentes conceptos de ingresos y contabilizaciones respectivas, dando aprobación a los flujos de caja y de compromisos y atender demás aspectos relacionados con la gestión y administración de los recursos financieros”

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Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público pretensiones con el argumento que no está probado que los demandados impusieron tales funciones al señor Uriel Poveda, cuando lo que está probado son las omisiones en que incurrieron, las cuales conllevaron a los riesgos latentes que sufrió el señor Poveda y que se desencadenaron en su muerte”.

Lo anterior, además teniendo en cuenta que en el proceso de reparación directa el mismo Tribunal declaró que hubo falla en el servicio por parte de la CAR, pero ahora frente a los demandados, quienes ocasionaron esa falla, para el juzgador no la hay. De ahí que, continúa argumentando que el operador judicial, junto con los pruebas, debió aplicar el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado, relacionado con que “para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con los previsto en los artículo 6º y 90 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de las funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos.” De otro lado, expuso que el presente caso se debe inaplicar los aspectos sustantivos de la Ley 678 de 2001, dada la fecha de los hechos, esto es en el año de 1999, por lo que el actuar doloso o culposo de los demandados, se debe estudiar a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, los artículos 77

y 78 del CCA, y el artículo 63 del CC. Bajo ese entendido, señaló que “es evidente que existe un nexo causal entre la conducta de los exfuncionarios MERARDO RIVERA MOSQUERA y CLEMENTE MARTINEZ ARAQUE y el daño, o sea, la condena a la entidad, toda vez que, ellos tenían bajo su entera responsabilidad, de acuerdo a los cargos que desempeñaban y el Manual de Funciones y Requisitos de la Entidad, entre otras, reitero, no permitir la obligación en cabeza del señor Poveda de recaudar y custodiar los dineros que se cobraban por las entradas a

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Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público los visitantes en el Parque Las Piedras de Tunja, en su casa ubicada dentro de las instalaciones de dicho Parque, sin la adopción de medidas de protección para la integridad suya y de su familia [...]”

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

Consiste en determinar, en primer lugar, si se cumplen los elementos estructurales del medio de control de repetición, para posteriormente evaluar la responsabilidad de los demandados, es decir, si su actuar fue doloso o gravemente culposo. Para dar respuesta al problema jurídico planteado a continuación se desarrollarán los siguientes temas: i) la caducidad de la acción de repetición, ii)

referente jurisprudencial sobre los presupuestos de la acción de repetición, iii) la prueba del pago cuyo reembolso se pretende, iv) la conducta dolosa o gravemente culposa del agente. 2.2. La caducidad. El H. Consejo de Estado, con fundamento en la interpretación condicionada realizada por la Corte Constitucional en la sentencia C-832 de 2001, referente a los artículos 136.9 del CCA y 11 de la Ley 678 de 2001, ha indicado que el término de caducidad de dos años en las acciones de repetición inicia a partir de la fecha en que “efectivamente se realizó el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177, inciso 4º, del CCA, lo que ocurra primero.”3 3 Sentencia del dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 18001-23-01000-2014-00001-01(62748). Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-02682-02 (64846)

Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público En el presente asunto, encuentra el Ministerio Público que la sentencia modificatoria de segunda instancia de fecha 29 de julio de 2013, proferida por el Consejo de Estado, cobró ejecutoria el 7 de marzo de 2014, por ende, el

plazo de 18 meses se agotó el 8 de septiembre de 2015. En ese orden, dado que el pago de la obligación que dio origen a este proceso de repetición se efectuó el 17 de junio de 20144, esto es, con anterioridad al cumplimiento de los 18 meses contemplados en el artículo 177 del CCA, el término de caducidad se contabilizará a partir del siguiente día de aquel en que este se llevó a cabo, es decir, desde el 18 de junio de 2014 hasta el 18 de junio de 2016. Bajo ese entendido, toda vez que la demanda se presentó el día 30 de noviembre de 2015, se concluye que el medio de control se ejerció dentro de la oportunidad legal prevista para ello. 2.3. Referente jurisprudencial sobre los presupuestos de viabilidad de la pretensión de repetición. Respecto a la acción de repetición y los supuestos exigidos para su viabilidad, el Consejo de Estado5 ha precisado: “El artículo 90 de la Constitución Política establece que “(…) En evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste” (Subrayado fuera de texto) Así mismo, sobre la acción de repetición la Ley 678 de 2001 dispone que ésta es un mecanismo judicial por medio del cual la Administración puede obtener de sus funcionarios o ex funcionarios la restitución del capital que debió reconocer a algún particular como resultado de una condena proferida por la jurisdicción por daños antijurídicos que

hubieren sido ocasionados por un agente del Estado. El artículo 2 de la 4 Mediante cheques obrantes a folios 161,168,175,190 y 196 C-2. 5 Sección Tercera, sentencia de 24 de julio de 2013. EXP 46.162

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-02682-02 (64846)

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Concepto Ministerio Público Ley 678 de 2001 reza lo siguiente: “La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte de Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto (…)” “(…) ha explicado en abundantes providencias6 los elementos que determinan la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado contra sus agentes. Ha considerado que los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda; en tanto que el último de ellos, es de carácter subjetivo y está sometido a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición7. Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria

de repetición son los siguientes: i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena. La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado. ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación8, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado. La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto9. iii) El pago efectivo realizado por el Estado. 6 (pie de página de la cita) Sobre el tema pueden consultarse las siguientes sentencias: 27 de noviembre de 2006, expediente: 22099; 6 de diciembre de 2006, expediente: 22056; 3 de octubre de 2007, expediente: 24844; 26 de febrero de 2009, expediente: 30329; 13 de mayo de 2009, expediente: 25694; 28 de abril de 2011, expediente: 33407, entre otras. 7 (pie de página de la cita)Sentencia de 28 de abril de 2001, expediente: 33407. 8 (pie de página de la cita) La ley 678 de 2001 agregó que la obligación de pago también puede surgir de

una conciliación aprobada legalmente. 9 (pie de página de la cita) Al respecto puede consultarse la sentencia del 8 de noviembre de 2007, expediente: 30327.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-02682-02 (64846)

Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación, a través de una prueba que, en caso de ser documental, generalmente10 suele constituirse por el acto mediante el cual se reconoce y ordena el pago en favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago o consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario. iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa.

La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables. Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: i) la existencia de una condena en contra de la administración, ii) el pago de la misma por la entidad pública, y, iii) que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del

Estado. Este último presupuesto implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño que llevó a la afectación del erario por la condena en contra de la administración. 2.3. Caso Concreto – Hechos probados y análisis: 2.3.1. Condena impuesta. Se allegó copia auténtica de la sentencia de primera instancia de 22 de abril de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, mediante la cual se declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la CAR Cundinamarca por los daños 10 (pie de página de la cita)El artículo 232 del Código de Procedimiento Civil dispone que en los eventos en que se trate de probar el pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito será apreciado como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias especiales en que tuvo lugar el mismo, haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión, situación que no es común debido a la prudencia y diligencia que todas las personas acostumbran observar en sus relaciones jurídicas.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-02682-02 (64846)

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antijurídicos causados y en consencuencia le condenó al pago de los mismos, dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el número 2001-125300, acción promovida por María Leonor Ávila Suárez y otros. (Fls. 96-115 C2). De igual manera, se arrimó copias auténticas del fallo de segunda instancia de fecha 29 de julio de 2013, emitido por el Consejo de Estado, Sección TerceraSubsección B, a través del cual modificó la decisión del a quo, pero mantuvo la condena. (Fls. 118-134 C2). 2.3.2. Prueba del pago. Para acreditar el pago la entidad demandante allegó las siguientes pruebas al proceso: - Copia de la Resolución N° 1118 del 26 de mayo de 2014, que en su parte resolutiva, reconoce y ordena el pago a las víctimas en cumplimiento a las sentencias condenatorias de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de segunda instancia del Consejo de Estado. (Fls. 150-153 C2). - Copia de la Resolución No. 1193 de 10 de junio de 2014 “Por la cual se aclara la resolución No. 1118 de 26 de mayo de 2014”, en cuanto a nombres e identificación de uno de los beneficiarios del pago (Fl. 155 C2 ). - Copia del Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1151 por valor de $667.322.318,oo (Fl. 156 C2). - Copias del Acta única de pago No. 5279 a favor de María Leonor Ávila Suárez, de la orden de pago 5370 de 13/06/2014 y del cheque No. 003906 por

valor de $241.563.094. (Fls. 158-161 C2).

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-02682-02 (64846)

Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público - Copias del Acta única de pago No. 5280 a favor de Ingrid Johana Ávila, de la orden de pago 5371 de 13/06/2014 y del cheque No. 003907 por valor de $94.456.726. (Fls. 165-168 C2). - Copias del Acta única de pago No. 5278 a favor de María Fernanda Poveda Ávila, de la orden de pago 5369 de 13/06/2014 y del cheque No. 003905 por valor de $111.066.625. (Fls. 172-175 C2). - Copias del Acta única de pago No. 5277 a favor de Eder Andrey Poveda Ávila, de la orden de pago 5368 de 13/06/2014 y del cheque No. 003904 por valor de $85.607.045. (Fls. 180-183 C2). - Copias del Acta única de pago No. 5276 a favor de Neftalí Poveda Rojas, de la orden de pago 5372 de 13/06/2014 y del cheque No. 003908 por valor de $65.833.460. (Fls. 187-190 C2). - Copias del Acta única de pago No. 5281 a favor de María Olimpia Segura de Poveda Ávila, de la orden de pago 5367 de 13/06/2014 y del cheque No.

003903 por valor de $65.833.460. (Fls. 193-196 C2). - Certificación de 9 de noviembre de 2011, mediante la cual el Tesorero de la CAR Cundinamarca, hace constar que se dio cumplimiento a la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la Acción de Reparación Directa No. 2001-1253, pagando a los beneficiaros referenciados con anterioridad, los respectivos montos y fecha de recibo. (Fl. 200 C2). A partir de lo anterior, es importante resaltar que en sentencia del 1º de septiembre de 2016, expediente No. 48.413, el Consejo de Estado precisó sobre la valoración de la orden de pago que emite la Entidad pública lo siguiente:

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-02682-02 (64846)

Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público Respecto de la tercera exigencia, esto es, el pago efectivo, la entidad demandante allegó los siguientes medios probatorios: Copia autenticada de la Resolución 0097 del 14 de marzo de 2006 proferida por el Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional, donde se ordena dar cumplimiento a la condena impuesta a la entidad y cancelar la suma de $182’880.687,66 al señor José Excelino Salcedo y sus familiares.

Se aportó también copia del comprobante de egresos 929 elaborado por

la Dirección Administrativa y Financiera, en la cuantía antes señalada, suscrita por el Tesorero pero carece de firma de recibido, el cual es documento público y por ello será valorada por la Sala. De esta manera, para la sala queda demostrado con las pruebas arrimadas al proceso, que la entidad demandante cumplió con la obligación a su cargo, consistente en el pago de la condena impuesta por la jurisdicción contenciosa. En consecuencia, aportada en el sub lite la prueba idónea que acredita que se realizó efectivamente el pago, se tiene por cumplido el tercero de los requisitos para la procedencia de la acción de repetición. En la misma fecha, en sentencia proferida dentro del radicado 56.638, se consideró sobre la prueba del pago lo siguiente: “4.3.- Respecto de la tercera exigencia, esto es, el pago efectivo, la entidad demandante allegó los siguientes medios probatorios: 4.3.1.- Resolución No. 2219 de 15 de diciembre de 2005 de la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional “por la cual se da cumplimiento a una sentencia a favor de Teofilde Montero Silva y otros” mediante la cual se resolvió, en su artículo primero, disponer el pago de Sesenta y Seis Millones Doscientos Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos con 53/100 ($66.200.469,53) a Teofilde Montero Silva y Otros a través de su apoderado Germán Enrique Vásquez Celis (fls 166-168, c1). 4.3.2.- Certificación de 18 de mayo de 2012 expedida por la Tesorera

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-02682-02 (64846)

Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público Principal del Ministerio de Defensa mediante con la que certifica: “Que la Resolución No. 2219 del 15 de diciembre de 2005, por valor de $66.300.469.53 se canceló (sic) al señor Germán Vásquez con Cédula de Ciudadanía No. (…) con el comprobante de Egreso No. 7953 del 29 de diciembre de 2005, mediante transferencia a la cuenta corriente No. (…) de Bancolombia el 29 de diciembre de 2005.” (fl 164, c1) 4.3.3.- Copia de un documento titulado “Secretaría General. Egresos” que data del 29 de diciembre de 2005 donde se lee como beneficiario a “Vásquez Celis Germán” un valor de $65.665.186,66 con un descuento de $635.282,87 para un crédito total de $66.300.469.53 y se lee “Bco Ganadero Fdo Comun Transfe” (fl 165, c1). 4.3.4.- De esta manera, para la Sala queda demostrado con las pruebas arrimadas al proceso, que la entidad demandante cumplió con la obligación a su cargo, consistente en el pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que fue realizado al apoderado judicial de los beneficiarios por consignación bancaria. En consecuencia, se tiene por cumplido el tercero de los requisitos.” Para el Ministerio Público, de conformidad con las providencias referidas, los

documentos aportados por la parte actora para probar el pago resultan suficientes, toda vez que de su contenido es posible deducir el mismo en los términos que lo exige la jurisprudencia. 2.3.3. De la conducta dolosa o gravemente culposa del agente. Previo a analizar el elemento subjetivo, se hace necesario estudiar la calidad de servidores públicos de los demandados. Sobre la forma idónea para acreditar la calidad de servidor público, el Consejo de Estado ha precisado11: “Pues bien, como la vinculación al servicio público requiere de nombramiento y la respectiva posesión (en caso de relación legal y reglamentaria) (…), entonces ellos constituyen la prueba documental válida para tales efectos, además de las certificaciones que sobre dichos 11 Sección Tercera, sentencia del 22 de enero de 2014. Expediente 39730

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-02682-02 (64846)

Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público aspectos expidan las autoridades competentes teniendo en cuenta las pruebas que tengan y sean relevantes.

Ahora bien, tal como lo mandan los arts. 7º a 9º de la Ley 50 de 1886, sólo en las circunstancias de ausencia insalvable de la prueba documental pertinente es posible recurrir a la PRUEBA TESTIMONIAL para buscar demostrar con ella lo que normalmente se hace con documentos públicos respecto de los servicios a las Entidades Públicas.

La Ley, como aparece en la transcripción previa, es rigurosa para la admisibilidad de esta prueba y la somete a los requisitos generales además de unos especiales que ella contempla; de manera que no es de recibo cuando de cualquier manera se trata de reemplazar la prueba documental por la testimonial para estos efectos, pues deben darse las situaciones y exigencia de ley”. De manera más reciente, el Consejo de Estado ha sostenido la posibilidad de acreditar la calidad de servidor público por medio de cualquier prueba documental en la que la entidad a la que se encontraba vinculada la persona acusada de producir el daño cuya reparación tuvo que sufragar la primera, certifique o dé cuenta, por lo menos, de la forma de vinculación del agente, las funciones correspondientes a su cargo y el tiempo durante el cual prestó

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext: 12056

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 15

Expediente: 25000-23-36-000-2015-02682-02 (64846)

Medio de Control: Repetición Concepto Ministerio Público sus servicios a la entidad12.” (Resalto y subrayo) En el cas