PGN - ACCION DE REPETICION - En contra del fiscal y el juez de control de garantías

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-No se pudo identificar al verdadero autor del punible Observa esta Delegada que la privación de la libertad del señor, fue basada en simples especulaciones lo cual constituye una verdadera falla en el servicio. De hecho tampoco se puede hablar de la existencia de indicios, porque el operador judicial en rigor debe explicitar cual es el hecho indicador y cual el indicante lo cual se colige de la lectura de la decisión, al afirmar que se encuentra demostrado probatoriamente de acuerdo a las declaraciones que tuvo en cuenta la Fiscalía y la Rama Judicial para dictar medida de aseguramiento contra el señor, que éstas personas no podían determinar por la distancia en la que se encontraban, cuál de los dos mellizos fue el verdadero autor del punible. Por lo tanto la detención de tres meses del hoy demandante fue arbitraria y desproporcionada. Luego las decisiones de la Fiscalía y de la Rama Judicial no fueron sesudas ni mucho menos profundas, ni serias como advierte la defensa de la parte demandante en el recurso de apelación, tampoco se avinieron al cumplimiento de sus funciones señaladas en la Constitución y la Ley, porque ellas deben ser regladas y sujetas a todo el ordenamiento jurídico. ERROR JURISDICCIONAL-Por falta de tipicidad/FALLA DEL SERVICIO-El indicio fue mal construido por el fiscal del conocimiento Conforme a los lineamientos planteados en el marco teórico de este concepto, el presente caso se enmarca como un inobjetable error jurisdiccional, pues la falta de tipicidad se

encuentra como uno de los errores que genera responsabilidad por la detención, que se convierte en injusta, es decir una carga que no tenían el deber de soportar. Por lo tanto conforme lo señala el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, las actuaciones de la Fiscalía y la Rama Judicial constituyeron una falla del servicio, pues para que proceda una medida de esa calibre, exigía que contra el sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas recaudadas el indicio fue mal construido por el Fiscal del conocimiento, que a partir de especulaciones más no indicios impone medida de aseguramiento, lo que significa que la privación fue injusta y de suyo se produjo un fallo, que es cuantificable, según los parámetros de los desarrollos jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado. Adicionalmente se comprobó que no había cometido el ilícito que se le enrostraba. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Atribuibles a la Fiscalía General de la Nación y la Rama judicial/RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Positivo para conciliación Para esta Delegada del Ministerio Público, al igual que lo consideró el a-quo es posible concluir que en el presente caso están demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial, como quiera que la valoración del acervo probatorio allegado y el decreto de la medida de aseguramiento son atribuibles a la Fiscalía General de la Nación y la Rama Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46571 760012331000200500730 01 E.A.S.T judicial. Lo anterior dio lugar a la demostración de responsabilidad administrativa, que de suyo permite la conciliación para dar por terminada la controversia en sede judicial. PERJUICIOS MORALES-Se debe indicar cuanto le corresponde a cada una de las hermanas de la víctima Respecto a la solicitud que hace la parte demandante en la apelación sobre la aclaración de la sentencia en el sentido de que la indemnización de los perjuicios morales asignada a las hermanas de la víctima directa no quedó establecido si eran 5 SMLV para cada una de ellas o en total para las tres, esta Delegada del Ministerio Público considera acertada la aclaración en razón a que se debe indicar a cada una cuanto le corresponde, ya que una es la suma asignada a la víctima directa y otra la suma correspondiente por perjuicios morales a los familiares de la víctima que se deben establecer conforme a los parámetros establecidos por la jurisprudencia en proporción a cada uno. Por lo tanto se solicita sea aclarada la sentencia en este sentido. Se sugiere la aplicación de la sentencia de unificación de fecha 28 de agosto de 2013 para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, en tanto que si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses se insinúa el reconocimiento de 35 SMLV. Por lo tanto el presente caso correspondería a 35 SMLV para el directo afectado privado de la libertad el señor y los porcentajes para

cada uno de los demandantes. ACCIÓN DE REPETICIÓN-En contra del fiscal y el juez de control de garantías Recomienda esta Delegada, que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial incoen acción de repetición, porque se evidencia responsabilidad de la Fiscalía 43 Seccional de la URI de Cali y el Juzgado 18 Municipal de Control de Garantías, conforme al artículo 6 de la Ley 678 de 2001 numeral 4, quienes fueron los que llevaron a cabo las etapas de instrucción y acusación en contra del hoy demandante el señor, en donde se concluye falta de rigor jurídico, lo que constituyó detención arbitraria. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T CONCEPTO PARA CONCILIACIÓN No. 54 / 2013

Bogotá, 15 de octubre de 2013. Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B

Consejero Ponente: Doctor Hernán Andrade Rincón.

E. S. D.

EXPEDIENTE: (760012331000200500730 01) (46571)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Jhon Edinson Escobar Domínguez y otros.

DEMANDADO: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la

Nación.

Sentido del Concepto: Positivo para conciliación / Condena por perjuicios morales y materiales en persona privada injustamente de su libertad. / Carencia de pruebas / Falta de rigor jurídico en la construcción de los indicios / Procede la aclaración de la sentencia.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto para conciliación en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46571 760012331000200500730 01

E.A.S.T

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

El señor John Edinson Escobar Domínguez y otros, en ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial presentó demanda contra la Nación Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, con la pretensión de que se les declare administrativamente responsables de la totalidad de los perjuicios morales y materiales originados por la privación injusta de la libertad de que fue objeto El señor John Edinson Escobar Domínguez desde el 4 de abril hasta el 4 de julio de 2006, para un total de 3 meses.

La Fiscalía 43 Seccional de la URI de Cali solicitó audiencia de legalización de captura del señor John Edinson Escobar Domínguez, la cual fue llevada a cabo por el Juzgado 18 Municipal de Control de Garantías, en la que se argumentó por parte de la Fiscalía que había pruebas suficientes para dictaminar la medida de aseguramiento en contra del indiciado, toda vez que existían dos testimonios que lo inculpaban del homicidio del señor John James Angulo Preciado. 1.2. La contestación 1.2.1. La Nación – Fiscalía General de la Nación, contestó la demanda (folios 132 a 147) del cuaderno principal), a través de apoderado, quien se opuso a las pretensiones de la demanda:  Arguyó que en el presente asunto no se configuran los elementos esenciales que permitan estructurar una responsabilidad patrimonial en cabeza de la Fiscalía porque para la época de los hechos correspondía al 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46571 760012331000200500730 01 E.A.S.T ente acusador investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores de la ley.  Aduce que en el actual proceso no existe ninguna falla para que se despache favorablemente las pretensiones de la demanda, porque el fiscal se apegó a las normas legales vigentes, por lo cual no es viable predicar

hechos y omisiones que constituyen faltas o fallas en el servicio de la administración de justicia.  Concluyó que la Fiscalía no tuvo conocimiento del caso que hoy se cuestiona ya que solo hizo las veces de parte dentro del proceso penal, ante el Juzgado Décimo Penal del Circuito con función de conocimiento. 1.2.2. La Nación – Rama Judicial, contestó la demanda (folios 123 a 131) del cuaderno principal), a través de apoderado, quien se opuso a las pretensiones de la demanda:  Manifestó que de los hechos presentados por el actor, la sindicación por homicidio se hizo por el señalamiento de dos testigos que afirmaron bajo la gravedad de juramento que el demandante era el autor del homicidio y que tiene un hermano mellizo conocido con el alias de “mellizo malo” quien fue aprehendido por la Policía y confirmó el crimen por él cometido sobre la humanidad de Jhon James Agudelo Preciado por el cual estaba siendo procesado su hermano Jhon Edison Escobar Domínguez.  Arguyó que de las pruebas arrimadas al expediente por parte de la Fiscalía, aunque en principio constituyeron indicio grave en contra del acusado, no alcanzaron a ser suficiente siquiera para que procediera la resolución de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46571 760012331000200500730 01 E.A.S.T  Propuso como excepción la falta de legitimación por pasiva al considerar que dentro de lo aportado a la demanda la prueba que responsabiliza a la Rama Judicial es el haber aceptado la solicitud de preclusión de la Fiscalía. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca accede a las pretensiones de la demanda mediante sentencia proferida el treinta (30) de marzo de dos mil doce (Fls. 197 – 225 del C. Consejo de Estado) manifestando:  Arguyó que el John Edinson Escobar Domínguez fue exonerado de responsabilidad penal por el Juzgado 10 Penal del Circuito con funciones de conocimiento en Cali, por lo tanto la detención preventiva no se produjo como consecuencia de un hecho que fuere atribuible al sindicado, toda vez que no se acreditó en este asunto, causa alguna que permita establecer que las decisiones se hubieren adoptado con fundamento en una actuación directa y exclusiva de él.  Manifestó que el hoy demandante estuvo privado injustamente de su libertad porque antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado, siempre mantuvo intacta la presunción de inocencia que lo ampara y que el Estado a través de las entidades ahora demandadas, jamás lo desvirtuaron. 1.4. Argumentos de la apelación 1.4.1. La Fiscalía General de la Nación. El apoderado de la Fiscalía, incoa 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46571 760012331000200500730 01 E.A.S.T recurso de apelación en contra de la sentencia argumentando lo siguiente:  La competencia legal y constitucional atribuida a la Fiscalía General de la Nación constituye la expresión de la función del Estado y en ejercicio de esa atribución se profirió resolución de acusación por el delito de rebelión.  Señaló que no es viable, afirmar que la Fiscalía General de la Nación incurrió en deficiencias, negligencias, arbitrariedades, omisiones y errores que produjeran falla o falta del servicio de justicia o de la administración, que genera perjuicios con la realización de una investigación la cual se desarrolló en debida forma y que se falló por otro órgano judicial.  Concluyó que no se configuró ningún tipo de error en las actuaciones de la demandada y no se encuentra error jurisdiccional, por cuanto las actuaciones se encuentran ajustadas a la Constitución Política y a la Ley. 1.4.2. La apoderada de la parte demandante, incoa recurso de apelación, solicitando aclaración de la sentencia en los siguientes puntos:  Consideró que de acuerdo a la sentencia se condenó a pagar a la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial por concepto de perjuicios morales a los menores de edad (hijos del afectado) la suma de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia; a los señores Edinson Escobar y Gladys Domínguez Victoria (padre y madre del afectado) la suma de 10 salarios mínimos legales

mensuales vigentes y a las señoras Maria Isabel, Yudi Constanza y Luisa Escobar Domínguez (hermanos del afectado) la suma de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sin que al respecto de las cantidades concedidas como indemnización del daño especificado se haya 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46571 760012331000200500730 01 E.A.S.T determinado si tales cuantías se reconocen para cada uno de los de los demandantes enunciados como beneficiarios de dicho pago o se trata de una suma determinada en salarios mínimos que comprende el total del pago frente a todos los beneficiarios, es decir que no estipula el Tribunal si la cifra relacionada debe ser compartida por los beneficiarios enunciados respectivamente o se concede suma igual a cada uno de ellos, como si lo hizo frente al pago de daño a la vida en relación, en donde mencionó a todos los demandantes beneficiados con la condena a pago de 5 s.m.l.v estipulando que dicha suma es para cada uno de los enunciados.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Es posible conciliar a partir de la sentencia proferida el treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012) por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle

del Cauca? 2.1.2. ¿La detención de que fue objeto el señor John Edinson Escobar Domínguez fue injusta deviniendo de ella un daño antijurídico que no estaba obligado a soportar? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46571 760012331000200500730 01 E.A.S.T 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el

derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...”. 2.2.2. Valoración probatoria. Deber de análisis para el funcionario instructor. Tal como se anotará en el numeral posterior, el Fiscal cumplía funciones jurisdiccionales al momento de indagar, vincular y detener a la hoy demandante. Por ello debía atenerse a las reglas del debido proceso y con ello la obligación de valorar adecuadamente el material probatorio, dentro del cual, figuraban denuncias, testimonios. El funcionario instructor en esa medida tenía el deber u obligación de analizar las denuncias, confrontándolos con otras pruebas, a fin de determinar si estos eran suficientes para impartir medida de aseguramiento 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46571 760012331000200500730 01 E.A.S.T consistente en detención preventiva, tras el riguroso análisis a que estaba obligado. Respecto a los deberes constitucionales del juez, reiterándose que el Fiscal para entonces cumplía funciones jurisdiccionales, son recordados por la Honorable Corte Constitucional de la siguiente manera:

“La afirmación de que el juez constitucional debe guiarse por los principios de la cautela y la discreción cuando se trata del análisis del acervo probatorio debatido en una sentencia impugnada por supuesta violación de los derechos fundamentales, se hace aún más perentoria cuando las pruebas en discusión son fundamentalmente testimonios. En estas situaciones no cabe sino afirmar que la persona más indicada, por regla general, para apreciar tanto a los testigos como a sus aseveraciones es el juez del proceso, pues él es el único que puede observar el comportamiento de los declarantes, sus relaciones entre sí o con las partes del proceso, la forma en que responde al cuestionario judicial, etc. Lo anterior significa ni mas ni menos, que solo quien puede valorar los testimonios, previa lectura y confrontación con otras pruebas, teniendo en cuenta la calidad de los testigos, su credibilidad, etc, es única y exclusivamente el Juez y no puede éste delegar tal potestad en cabeza de otra autoridad, mucho menos dejar de lado tal obligación, ateniéndose a las calificaciones presentadas por la Policía Nacional”. 2.2.3. El In dubio pro reo y la carencia de pruebas. Uno de los problemas más frecuentes que se observan dentro del proceso penal es el del manejo inadecuado del in dubio pro reo o duda razonable; situación que se produce en el evento de pruebas, dentro de las cuales unas ofrecen argumentos para proceder a reconocer la responsabilidad penal, en tanto que otras, con igual peso, descartan tal responsabilidad, razón por la cual de vieja data, ante tal incertidumbre se le ofrece al juzgador la posibilidad de absolver, en aplicación a principios universales, de manera tal que la duda se torna favorable

para el sindicado. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46571 760012331000200500730 01 E.A.S.T La doctrina informa lo siguiente: “Duda en favor del sindicado, duda favorable. Principio en virtud del cual si tiene duda no puede condenar al acusado por un hecho criminal. Pertenece al elemento de la valoración probatoria y a la duda racional sobre los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo. Como tiene dicho la jurisprudencia, este principio sólo entra en juego cuando, efectivamente practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la presunción de inocencia o, dicho de otra manera la aplicación del referido principio se excluye cuando el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas” Por tanto, para aplicar este principio, debe mediar un análisis suficiente sobre la prueba allegada a la investigación, que no es más que la aplicación sistemática de las normas y principios penales, entre ellos la obligación al operador judicial de la investigación integral de que se trató anteriormente. Distinto es cuando no hay prueba, cuando lamentablemente desde un comienzo el proceso de investigación penal fue huérfano de prueba por la inactividad del funcionario estatal encargado de administrar justicia, pero al momento de hacerse ostensible el error, de manera cómoda, se invoca la presencia de indicios para ocultar dicha inactividad

y con ello enmascarar la responsabilidad del funcionario jurisdiccional, cuando ha mediado la detención preventiva. 2.2.3. Aclaración de la sentencia. El Código Contencioso Administrativo no reguló lo pertinente a la aclaración de la sentencia1, razón por la cual es necesario acudir a las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil, en virtud de la remisión expresa que al efecto dispone el artículo 267 del citado C.C.A. 1 Salvo en los procesos electorales, para los cuales existe norma especial en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 246. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46571 760012331000200500730 01 E.A.S.T El artículo 309 del Código de Procedimiento Civil prescribe: “Art. 309. Aclaración: (modificado por el Decreto 2282 de 1989, Artículo 1. Numeral 139). La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella”. 2.3. Los supuestos fácticos

Para el caso concreto, son relevantes las siguientes pruebas allegadas al plenario:  A folio 12 del cuaderno 2 de pruebas obra copia del acta de derechos del capturado el señor John Edinson Escobar Domínguez.  A folio 29 del cuaderno 2 de pruebas obra copia de la solicitud de audiencia preliminar por parte del Fiscal Seccional 69 de la U.R.I.  A folio 30 del cuaderno 2 de pruebas obra copia del acta de la audiencia realizada el 6 de abril de 2006 por el Juzgado 18 Penal Municipal en Función de Control de Garantías en la cual se legaliza la captura del señor John Edinson Escobar Domínguez imponiéndose medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.  A folios 133 a 135 del cuaderno de pruebas obra copia de la certificación expedida por el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cali donde consta que estuvo detenido el señor John Edinson Escobar Domínguez desde el 4 de abril de 2006 hasta el 4 de julio de 2006. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46571 760012331000200500730 01 E.A.S.T  A folio 52 del cuaderno de pruebas obra copia del acta de la audiencia celebrada el día 30 de junio de 2006 en la cual el Juzgado 18 Penal

Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali revoca la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario impuesta al señor John Edinson Escobar Domínguez.  A folio 104 del cuaderno de pruebas obra copia de la boleta de libertad fechada el 4 de julio de 2006 por parte del Juzgado 18 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali a favor del señor John Edinson Escobar Domínguez.  Las demás pruebas constitutivas de la declaratoria de responsabilidad, se encuentran debidamente relacionadas en el fallo de primera instancia. 2.4. Caso concreto Realizado el estudio del expediente en su totalidad, se advierten los siguientes aspectos que son de relevancia para otorgar concepto favorable para conciliación:  Del material probatorio legalmente recaudado se concluye que el señor John Edinson Escobar Domínguez fue privado de la libertad desde el 4 de abril de 2006 hasta el 4 de julio de 2006.  En el cd de la audiencia de solicitud de orden de captura por el delito de homicidio en contra del señor Jhon Ermiz Escobar Domínguez el Juzgado 13 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías a minuto 45 y 34 segundos manifestó lo siguiente: (..) 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46571 760012331000200500730 01 E.A.S.T “El señor John Edinson Escobar Domínguez desde el momento que fue privado de su libertad siempre negó haber cometido el ilícito que se le endilgaba, sostenía que a él lo habían retenido físicamente sin haber cometido el homicidio en contra de Jhon James Angulo. La Fiscalía al recibir las declaraciones de los señores Edier Fabián Pedraza y Oscar Alejandro Quintero Quiñones se dio cuenta que dichos testigos al dar su exposición eran evasivos y no eran contundentes en lo que respecta a la completa identificación del autor del ilícito surgió entonces la aparición de un posible autor mellizo con el imputado en la investigación, apareció Jhon Ermiz Escobar Domínguez que por el recuento de los hechos al parecer era el posible autor de la muerte de Jhon James Angulo. De igual manera en el cd la audiencia preliminar de control de garantías sobre la revocatoria de medida de aseguramiento del señor John Edinson Escobar Domínguez por el delito de homicidio, el Juzgado 18 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantía concluyó a minuto 57 38 segundos: (…) Desapareció el segundo requisito del artículo del 308 como son los fines de la medida de aseguramiento, los argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa desvirtúan el primer elemento del artículo 18 el presupuesto objetivo como es el elemento material probatorio, la evidencia física y la información legalmente obtenida. (…) De las declaraciones de los señores Edier Fabián Pedraza y Oscar Alejandro Quintero Quiñones se pudo evidencia que no

podía determinar por la distancia en la que se encontraban cual de los dos mellizos fue el verdadero autor del punible, además de las anteriores sobreviene la declaración del señor Jhon Edward Mosquera Lasso quien es el testigo presencial quien da fe que el autor del homicidio de Jhon James Angulo fue el hermano del aquí presente John Edinson Escobar Domínguez y el hermano se trata de Jhon Ermiz Escobar Domínguez quien ya fue capturado y aceptó los cargos formulados en el día de hoy por la misma Fiscalía 46 Seccional en diligencia preliminar, al haberse desvirtuado los fines del artículo 308 del C.P.P procede entonces a revocarse esta medida de aseguramiento que pesa contra el señor John Edinson Escobar Domínguez y en consecuencia se decreta su libertad”.  De lo antes transcrito se infiere que la revocatoria de la medida de aseguramiento se fundamentó en la carencia de pruebas y en falta de 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46571 760012331000200500730 01 E.A.S.T tipicidad, lo cual es distinto del in dubio pro reo, porque en la audiencia preliminar de control de garantía de legalización de captura del señor Jhon Ermiz Escobar Domínguez, el Juzgado fundamenta que no se configuró el delito de homicidio porque el señor John Edinson Escobar Domínguez

nunca cometió el delito, pues se desempeñaba como vigilante y el día de los hechos se encontraba trabajando y de acuerdo a lo expuesto por la misma Fiscalía en la audiencia de revocatoria de la medida de aseguramiento del señor John Edinson Escobar Domínguez arguyó que al recibir las declaraciones de los señores Edier Fabián Pedraza y Oscar Alejandro Quintero Quiñones, dichos testigos eran evasivos y no eran contundentes en lo que respecta a la completa identificación del autor del ilícito.  Observa esta Delegada que la privación de la libertad del señor John Edinson Escobar Domínguez, fue basada en simples especulaciones lo cual constituye una verdadera falla en el servicio. De hecho tampoco se puede hablar de la existencia de indicios, porque el operador judicial en rigor debe explicitar cual es el hecho indicador y cual el indicante lo cual se colige de la lectura de la decisión, al afirmar que se encuentra demostrado probatoriamente de acuerdo a las declaraciones que tuvo en cuenta la Fiscalía y la Rama Judicial para dictar medida de aseguramiento contra el señor John Edinson Escobar Domínguez, que éstas personas no podían determinar por la distancia