PGN - ACCION POPULAR - Derechos invocados en el caso que nos ocupa

Procuraduría General de la Nación

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Título
PGN - ACCION POPULAR - Derechos invocados en el caso que nos ocupa
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

ACCIÓN POPULAR-Por violación de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público ACCIÓN POPULAR-Finalidades/ACCIÓN POPULAR-Procedencia/ACCIÓN POPULAR-Presupuestos procesales La acción popular está establecida en el artículo 88 de la C.P. y regulada por la ley 472 de 1998 como medio procesal para garantizar la defensa y protección de los intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que defina la ley. Y se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. Uno de los presupuesto procesales de la citada acción es la de indicar el derecho colectivo que con la acción u omisión de las autoridades o los particulares se haya violado o amenacen violar, y obviamente indicar la autoridad de la persona natural o jurídica o la autoridad pública responsable de la amenaza o del agravio. Pero especialmente el actor asume la responsabilidad de probar los fundamentos fácticos en que sustenta la violación o la amenaza. ACCIÓN POPULAR-Derechos invocados en el caso que nos ocupa/ACCIÓN POPULAR-En el caso bajo estudio el actor tenía la obligación de probar los supuestos fácticos que señalaban las acciones u omisiones

Para estructurar cualquiera de las dos causales argüidas como fundamento del ejercicio de la acción, el actor tenía la obligación de probar los supuestos fácticos que señalaban las acciones u omisiones en que habían incurrido las entidades demandadas. Así por ejemplo, si alegó la moralidad administrativa debió expresar con claridad que norma del ordenamiento jurídico dejó de aplicar o aplicó indebidamente que hizo ilegal la actuación administrativa correspondiente, haciendo patente la desviación de las atribuciones del funcionario o corporación, transmutando el interés general por el particular, al punto que su actuación u omisión ponga en peligro el patrimonio del Estado con una eventual reclamación por parte del afectado por los perjuicios causados. En otras palabras le correspondía al actor demostrar además de la acción u omisión aquellos elementos subjetivos como conductas amañadas, irregulares y corruptas que favorecían al interés particular a costa de ignorar los fines y principios de la administración, como reiteradamente lo ha exigido la Jurisprudencia del Consejo de Estado; es decir, que la vulneración de la moral administrativa no puede ser un criterio subjetivo del actor, sino una conclusión objetiva de las conductas groseras, arbitrarias y alejadas de las normas en que debía sustentarse que indiquen palmariamente la intención del funcionario de violar los deberes propios de su cargo. Y son precisamente estos elementos los que no se observan en el plenario. Por el contrario, como se dijo en párrafos anteriores, el actor popular se limita a especular sobre cifras indeterminadas, de un número incierto de activos fijos productivos, que

presume han sido objeto de negociación y adicionalmente, solicita el concurso de la

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Demandante: Nery Devia Tafur DIAN para que levante un inventario de tales bienes y determine cuales de ellos habrían de ser objeto de la devolución contemplada en el inciso final del artículo 3º del Decreto 1776 de 2.004 y cuales no, a fin de establecer si eventualmente existe algún valor a restituir por parte de BP Exploration Company Colombia Limited al tesoro de la Nación, pero nótese cómo el demandante no hace una configuración concreta del cargo; es decir, no va más allá de conjeturar respecto de la negociación y sus eventuales consecuencias fiscales pero de modo alguno establece la manera en que por acción u omisión de las entidades demandadas, se está vulnerando el derecho colectivo a la moralidad administrativa y/o el patrimonio público.

Las reflexiones consignadas en respuesta a los problemas jurídicos planteados indican, por un lado, que el actor no probó los supuestos fácticos esbozados como definidores de los intereses colectivos invocados como sustento de sus pretensiones. ACCIÓN POPULAR-Las pretensiones del actor popular no están llamadas a prosperar En ese orden de ideas, las pretensiones del actor popular no están llamadas a prosperar, pues como ya se dijo, no basta enunciar los derechos colectivos aparentemente vulnerados basando su vulneración en circunstancias nada concretas y

soportadas en suposiciones, ya que la alegada vulneración de estos derechos ha de estar ampliamente soportada en hechos claros, concretos, demostrados y jurídicamente soportados. Por lo tanto, considera esta Delegada que como el actor no demostró el detrimento patrimonial con las conductas imputadas a los entes demandados, se deben desechar las pretensiones de la demanda y en consecuencia, confirmar la sentencia apelada. ACCIÓN POPULAR-No es posible reconocer al actor popular el incentivo económico reclamado Frente a este interrogante debemos concluir que no es posible reconocer al actor popular el incentivo económico reclamado; dado que por virtud de la entrada en vigencia de la ley 1425 de 2010, se derogaron expresamente lo artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, siendo éste último el que trataba el tema del incentivo económico al demandante que le prosperase una acción popular; luego en ese orden de ideas, al carecer dicha pretensión de sustento legal pues éste ya no existe, hace que no sea posible su reconocimiento y, en consecuencia, tal pretensión también habrá de denegarse. ACCIÓN POPULAR-No se debe reconocer incentivo económico al actor popular Así mismo, se estableció que como carece de soporte jurídico, no es dable reconocer incentivo económico alguno al actor popular.

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

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Demandante: Nery Devia Tafur

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., febrero 21 de 2.012 Doctora

OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección C

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 12-32

Acción Popular: 250002324000-2010-00586-01

Demandante: Nery Devia Tafur

Demandados: U.A.E. Unidad Administrativa

Especial DIAN y B.P. Exploration Company Colombia Limited Honorable Señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente, esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación presentado por el accionante contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La Demanda

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Demandante: Nery Devia Tafur El señor Nery Devia Tafur obrando por intermedio de apoderado judicial, presentó acción popular en contra de la U.A.E. Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN” y la B.P.

Exploration Company Limited., por la violación de los derechos colectivos

a la moralidad administrativa y al patrimonio público. Mediante el ejercicio de dicha acción, el actor popular solicita al Tribunal Administrativo de Cundinamarca acceder a las siguientes pretensiones: (…) 1.- Sírvase declarar responsables a ala U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN”, y B.P. Exploration Company Colombia Limited, por la afectación y/o amenaza de afectación (sic) de los derechos colectivos consagrados en los literales b) y e) del artículo 4 de la ley 472 de 1.998. 2.- Que se ordene al Director General de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN” y al representante en Colombia o quien haga sus veces o tenga capacidad de representación en Colombia de la empresa B.P. Exploration Company Colombia Limited, para que la DIAN participe en representación de los intereses de Colombia, dentro de la negociación que tiene por objeto la compra, por parte de ECOPETROL, de los activos que posee la empresa B.P. Exploration Company Colombia Limited en este país y que fueron cobijados, total o parcialmente, por el beneficio consagrado en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario (Decreto Extraordinario 624 de1989), “Deducción por inversión en activos fijos”; pues de lo que se desprende de dicha negociación es que la voluntad de B. P. Exploration Company Colombia Limited es no seguir con sus actividades en Colombia, por lo cual dentro de la negociación el Director General de la DIAN debe procurar que la porción de dicho beneficio sobre la cual B.P. Exploration Company Colombia Limited no tendría derecho, sea restituida a la nación, en cabeza de la DIAN. 3.- Que se ordene a la DIAN, a través de su dependencia

competente, se establezca el inventario de los activos fijos reales productivos cobijados por el beneficio establecido en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, de propiedad de la B.P. Exploration Company Colombia Limited y que entrarán en la venta a ECOPETROL y Talisman; se establezca cual ha sido la

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Demandante: Nery Devia Tafur porción de tiempo en que dichos activos han sido productivos y por consiguiente se establezca la proporción sobre la cual B.P.

Exploration Company Colombia Limited sí tiene derecho a dicha deducción y cual, por defecto, la proporción sobre la cual la B.P. Exploration Company Colombia Limited no tendría derecho a la deducción y por consiguiente su restitución al Estado Colombiano, en cabeza de la DIAN del beneficio fiscal concedido en los años de su adquisición, a título de renta líquida gravable, conforme a lo establece el artículo 3º del Decreto Reglamentario 1766 de junio 2 de 2.004. 4.- Se ordene a la DIAN, conforme lo disponen las normas y de acuerdo a lo solicitado en el numeral anterior, liquidar cual sería la renta líquida gravable resultante para la B.P. Exploration Company Colombia Limited, producto de esta negociación y que afectan a los activos fijos reales productivos que han de ser transados. 5.- Se ordene a la DIAN, un monitoreo y seguimiento suficiente

y oportuno para garantizar que la B.P. Exploration Company Colombia Limited, en su declaración de renta líquida gravable resultante y si no fuere así, tome las medidas inmediatas para que se produzca la corrección pertinente, de manera que se garantice que dicha empresa, la B.P. Exploration Company Colombia Limited cierre sus operaciones y salga del país, si se da su salida, sin irregularidades de orden fiscal. 6Se reconozca a la parte actora el incentivo contemplado en el artículo 40 de la ley 472 de 1.998, es decir el 15% de la sumas recuperables para las arcas del Estado Colombiano, como consecuencia de esta acción popular y de sus procesos derivados o que se llegaren a generar, así como de las correcciones a las declaraciones tributarias. (…)” Como sustento de sus pretensiones, el demandante narró los siguientes: Según comunicado de prensa de agosto 3 de 2010 titulado “Ecopetrol y Talismán adquieren B.P. Exploration Company Colombia Limited” se indicaba que Ecopetrol y la compañía Canadiense Talismán adquirían a B.P. Exploration Company Colombia Limited, con una participación del

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Demandante: Nery Devia Tafur 51% y el $49% respectivamente, negociación por un valor de 1.750 millones de dólares, más 145 millones de dólares por la devolución de

capital ya aprobada de Ocensa. Que en el portal de internet del diario Portafolio se tituló “Operación de Ecopetrol de compra de activos de British Petroleum en Colombia se aproxima a US$1900 millones” y en donde se afirma que el Presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez manifestó que la transacción con la BP se financiaría con los recursos propios de caja, no se descartó la opción de que en un momento dado la compañía acuda a un endeudamiento para cubrir parte del negocio. De igual forma, en el portal de País Minero había un titular “Ecopetrol y Talisman se quedan con operaciones de BP en Colombia” de donde se desprende que efectivamente los intereses y negocios de B.P. Exploration Company Colombia Limited, serán adquiridos por Ecopetrol y Talisman, de lo cual se deduce que en ello están involucrados sus activos fijos reales productivos, de los cuales B.P. Exploration Company Colombia Limited, se habría beneficiado con la deducción del 40% de su valor de adquisición. Que el Decreto Reglamentario 1776 de junio 2 de 2004 en sus artículos 2 y 3 establece qué es un activo fijo real productivo y a su vez, las consecuencias fiscales de cuando un activo real productivo es dejado de utilizar en la actividad productora de renta o es enajenado antes del vencimiento del término de depreciación o amortización del bien. Mencionó además, que si bien es cierto que la información tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada de los

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Demandante: Nery Devia Tafur impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, tiene el carácter de información reservada (art. 583 del Estatuto Tributario), se constituye en un obstáculo para determinar la realidad de si la empresa B.P.

Exploration Company Colombia Limited hizo uso y en qué cuantía del beneficio contemplado en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, la DIAN sí puede tener acceso a la misma, y en su criterio, es esta entidad estatal quien debe establecer la realidad de la B.P. Exploration Company Colombia Limited hizo uso de este beneficio, en cuáles periodos gravables lo hizo y en qué cuantía para así poder determinar si dicha empresa en el caso de vender sus activos afectados de este beneficio, debe declarar como renta líquida gravable la parte no afectada por dicho beneficio de los bienes a vender , conforme lo establece el artículo 3º del Decreto Reglamentario 1776 de 2004. La contestación Admitida la demanda, se ordenó notificar al director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y al representante legal de B.P. Exploration Company Colombia Limited, determinándose además que era necesaria la vinculación de la Empresa Colombiana de Petróleos – ECOPETROL y la empresa Talisman Energy INC., quienes procedieron a contestar la demanda en los siguientes términos: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN A través de su apoderada judicial, se opuso a todas las pretensiones de

la demanda, afirmando que los hechos están conformados por la transcripción de los comunicados publicados en las páginas web e ECOPETROL, Portafolio y País Minero en relación con la transacción

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Demandante: Nery Devia Tafur mediante la cual ECOPETROL y la compañía Canadiense Talisman legaron a un acuerdo con la B.P. Exploration Company Colombia Limited, propietaria de todos los intereses y negocios que posee la multinacional en el país; estimando que carecen de fundamento las conclusiones del actor popular, en lo que respecta a las consecuencias fiscales, ya que no están probadas las condiciones en que se efectuó la transacción, así como tampoco se demostró la situación fiscal de la sociedad B.P. frente a al DIAN.

Afirma que la presente acción es improcedente, por cuanto el actor no probó que la DIAN como entidad encargada del debido recaudo y administración de los impuestos nacionales, haya incurrido por acción u omisión en una situación de riesgo o amenaza a los intereses colectivos. Empresa Colombiana de Petróleos – ECOPETROL También por conducto de su apoderado, manifestó que se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, dado que no es cierto que B.P. Exploration Company Colombia Limited hubiera enajenado activos con fundamento en la adquisición referida, la sociedad continúa el desarrollo del objeto social propuesto en Colombia con el manejo normal

de los activos que posee y que simplemente el cambio se da a nivel de accionistas y que por consiguiente, no se afectan, ni opera el cambio en los beneficios tributarios que le son propios de acuerdo con la Ley Colombiana, quedando fuera de contexto los supuestos incumplimientos de los demandados a las normas que el actor popular cita.

Como excepciones propuso: i) Improcedencia de la acción instaurada respecto del derecho colectivo que se imputa como vulnerado o

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Demandante: Nery Devia Tafur amenazado. Ausencia de los requisitos necesarios para la prosperidad de la acción, ii) Ausencia de responsabilidad de ECOPETROL S.A., en relación con los derechos colectivos invocados como transgredidos en la demanda, iii) Falta de capacidad de ECOPETROL S.A. para atender carencia de objeto, iv) inexistencia de violación a intereses colectivos de la moralidad administrativa y al patrimonio público invocados por el accionante. La acción popular no procede para la determinación de impuestos, v) La transferencia de acciones no es base para la determinación de la deducción de activos fijos reales productivos, vi) B.P.

Exploration Company Colombia Limited s sucursal en Colombia de una sociedad extranjera que continúa operando en el país, vii) la transferencia de Acciones no es base para la determinación de la deducción de activos

fijos reales productivos, viii) no se configura el supuesto de hecho contemplado en el artículo 3º del Decreto Reglamentario 1766 de 2.004, para la devolución del beneficio de inversión en activos fijos reales productivos. En síntesis, ECOPETROL manifiesta en sus excepciones que la transferencia de acciones no es base para la determinación de la deducción de activos fijos reales productivos, comoquiera que la adquisición de acciones no constituye base para dicha deducción en la medida en que las acciones se refieren a la representación de un derecho o una participación en el capital de una sociedad anónima y no a la venta de activos fijos. En cuanto a la aplicabilidad del artículo 3º del Decreto 1766de 2.004, afirma que no se configura el supuesto de hecho contemplado en dicha norma para la devolución del beneficio de inversión en activos fijos reales productivos, reiterando que la adquisición de acciones no corresponde a

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Demandante: Nery Devia Tafur la inversión en un activo fijo real productivo base de la deducción del artículo 158-3 del Estatuto Tributario y que aun cuando se dijera por un momento que la adquisición de acciones formara parte de la base de la deducción, se debe aclarar que las inversiones en acciones no son susceptibles de ser depreciadas o amortizadas, luego en ese orden de

ideas, la pretensión del actor popular no está llamada a prosperar. EQUION ENERGIA LIMITED (antes B. P. Exploration Company Colombia Limited) Obrando por medio de apoderado judicial, se opuso también a todas las pretensiones de la demanda, argumentando que de conformidad con las normas tributarias colombianas, la BP es una sucursal contribuyente del impuesto de renta en el país y en virtud de esa calidad, se le otorgó por parte de la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN un número de identificación tributaria. Afirma que no es cierto que en el año 2010 se hayan vendido los activos de propiedad de BP a ECOPETROL S.A. y a Talisman Energy, pues lo que realmente ocurrió en ese año fue la suscripción de un acuerdo encaminado a la adquisición por parte de ésta últimas de la totalidad de las acciones de BP Exploration Company Colombia Limited. Destaca también que la venta efectiva de las acciones de BP Exploration Company Colombia Limited, solo tuvo lugar en el año 2011, cuando se cumplieron la totalidad de las condiciones establecidas en el acuerdo suscrito en el año 2010, acotando que la compañía Británica no fue parte de los negocios jurídicos, sino objeto de los mismos, por lo que en consecuencia, los mismo no pueden afectar su situación tributaria.

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Demandante: Nery Devia Tafur Sostiene que los activos fijos reales productivos respecto de los cuales BP Exploration Company Colombia Limited solicitó la deducción especial establecida en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario no han sido enajenados y, por el contrario, siguen destinados al desarrollo de las mismas actividades productivas, bajo la razón social de EQUION

ENERGIA LIMITED.

Manifiesta que las manifestaciones hechas por el actor no se ajustan a la realidad, sino que simplemente son la consecuencia de un equivocado entendimiento de la transacción realizada entre BP Exploration Company Colombia Limited, ECOPETROL S.A. y TALISMA ENERGY, lo cual a su vez, condujo al actor a una conclusión falsa: que los activos fijos reales productivos de BP, respecto de los cuales se solicitó el beneficio tributario establecido en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario fueron enajenados y que en consecuencia, debe darse aplicación a lo establecido en el inciso final del Decreto Reglamentario 1766 de 2.004. Aclara que no existe amenaza alguna la patrimonio público colombiano, pues es claro que en la operación sobre las acciones de BP Exploration Company Colombia Limited, no modificó la posición de las actividades tributarias colombianas, para las cuales, en términos reales, es indiferente quién es el dueño de una sociedad que cuenta con una sucursal en el país. Enfatiza que a la luz del principio de legalidad contemplado en el artículo 6º de la Constitución Política, son absolutamente incomprensibles las pretensiones del actor popular, consistentes en que el Director General de la DIAN participe en las negociaciones relacionadas con la venta de

las acciones de BP. Sólo basta con la lectura del artículo 1º del Decreto

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Demandante: Nery Devia Tafur 4048 de 2.008, que señala cuál es la competencia funcional de la DIAN, para colegir que la entidad no está habilitada para hacerse parte en las negociaciones previas a la suscripción de los contratos de compraventa que tengan a su bien suscribir los contribuyentes actuales o potenciales de los impuestos que la entidad administra.

Sentencia de Primera Instancia Mediante sentencia calendada 6 de octubre de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió negar las pretensiones de la demanda de acción popular, en los siguientes términos: “(…) es evidente para la Sala que el negocio celebrado entre las compañías mencionadas anteriormente, solo tuvo por finalidad la venta del capital social constituido en las acciones que Ecopetrol y Talisman se confirmaron (sic) en el negocio jurídico que se concretó el 24 de enero de 2011, y que no tuvo como objeto la venta de activos fijos productivos, dentro del cual y sin estar probado, dará lugar a que retornara al Estado Colombiano los beneficios tributarios que contempla el artículo 158-3 del estatuto tributario en la forma prevista en el Decreto 624 de 1989. (…) De lo anterior, es claro que de los activos fijos se deben destacar unas

características las cuales comprenden i) que estos activos tengan un carácter de durabilidad y permanencia en el negocio o empresa, ii) que estos elementos no tengan una finalidad de enajenación y iii) que los elementos sean utilizados en la empresa o negocio.

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Demandante: Nery Devia Tafur De otra parte, si en el proceso el actor hubiera logrado probar que el negocio celebrado entre las compañías referenciadas anteriormente, y dedicadas al sector de los hidrocarburos, se hubiera presentado la enajenación de activos fijos, no habría lugar a ordena r a al DIAN, en estos momentos a requerir a BP Exploration Colombia Limited (sic), con el fin de restituir a la Nación, el beneficio de deducción contemplado en el artículo 158-3 del Decreto 624 de 1989, si se dieran los supuestos contemplados en el artículo 3º del Decreto 1776 de junio 2 de 2.004, por cuanto tal y como obra en el expediente el negocio celebrado entre la BP Exploration Colombia Limited (sic), ECOPETROL y Talisman, se cerró el 24 de enero de 2011, lo que quiere decir que la declaración de renta e impuestos generados por la celebración del supuesto negocio jurídico se vería reflejada en el 2012.

De lo anterior es claro y no deja duda alguna, que en el presente asunto

las entidades demandadas no han vulnerado los derechos colectivos alguno (sic) por cuanto la venta de acciones, celebrada entre BP Exploration Colombia Limited (sic), ECOPETROL y Talisman, no comprendió la venta de activos fijos productivos, y sin que esté en la obligación tributaria de presentar la declaración de renta del presente año, dado que tampoco se encuentra evidenciado que BP Exploration Company Colombia Limited, haya sido beneficiada de la deducción de que trata el Decreto 624 de 1989. (…)” La apelación La parte actora presentó recurso de apelación, reiterando los argumentos expuestos en la demanda, manifestando su inconformidad con la

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Demandante: Nery Devia Tafur argumentación hecha por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para negar las pretensiones y, adicionalmente, sostiene que debe reconocérsele el valor del incentivo, por cuanto los eventos contemplados en la jurisprudencia citada por el Tribunal para no concederlo son distintos al presenta caso.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problemas jurídicos.  ¿Se encuentra probado en el proceso que efectivamente la negociación de las acciones de BP Exploration Company Colombia Limited comporta una vulneración a los derechos colectivos a la moralidad pública y al patrimonio público?  ¿Es procedente el reconocimiento del incentivo reclamado por el

actor popular? Análisis jurídico.  Finalidades de la acción popular. La acción popular está establecida en el artículo 88 de la C.P. y regulada por la ley 472 de 1998 como medio procesal para garantizar la defensa y protección de los intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que defina la ley. Y se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e

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Demandante: Nery Devia Tafur intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

Las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. Uno de los presupuesto procesales de la citada acción es la de indicar el derecho colectivo que con la acción u omisión de las autoridades o los particulares se haya violado o amenacen violar, y obviamente indicar la autoridad de la persona natural o jurídica o la autoridad pública responsable de la amenaza o del agravio. Pero esp

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