PGN - ACCION POPULAR - Para que se amparen derechos colectivos

Radicación No 2018-00145-01

Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Concepto: Ministerio Público ACCION POPULAR-Para que se amparen derechos colectivos vulnerados por no realización de obras en vía entre el municipio de Trinidad y Bocas del Pauto MINISTERIO DE TRANSPORTE-No se cumplen los supuestos sustanciales para que proceda acción popular en contra Los supuestos sustanciales para que proceda la acción popular en contra de la Nación – Ministerio de Transporte, no se cumplieron en el caso concreto, pues mal puede predicarse una omisión de sus obligaciones o responsabilidades respecto de una vía que no estaba a su cargo, por ende carece de verdad que se le pueda imputar una vulneración o agravio de los derechos colectivos invocados de la demanda, máxime cuando es evidente la inexistencia de una relación de causalidad entre la omisión que se reclama del Ministerio de Transporte y la afectación de los derechos e intereses colectivos que se invocan por accionantes JUEZ POPULAR-Debe otorgar plazos más flexibles que atiendan los trámites administrativos ordenados En concepto del Ministerio Público si bien resultan pertinentes y adecuadas las medidas dispuestas por el Tribunal de primera instancia, en cuanto a “(i) realizar las gestiones administrativas, técnicas y presupuestales para definir si optará por pavimentación o readecuación de la vía Trinidad — Bocas del Pauto, (ii) Establecer si con el presupuesto de la entidad puede asumir o no la financiación de la medida que adopte, (iii) En caso de que sea necesaria la cofinanciación, presentar ante el Gobierno Nacional a través del

Ministerio de Transporte la solicitud pertinente con los documentos necesarios para el efecto, (iv) Contratar la medida que se adopte y (v) proceder a la ejecución del contrato”, también resulta atendible lo solicitado por el departamento de Casanare en su recurso de alzada, en el sentido de otorgar unos plazos más flexibles para concretar todas y cada una de las precitadas actividades, pues en caso contrario, se estarían desconociendo los trámites administrativos que se requieren para realizar los estudios técnicos y presupuestales al interior del ente territorial, al igual que las gestiones que corresponde adelantar ante las autoridades nacionales para lograr la cofinanciación de la obra, así como la realización de los estudios previos que constituyen el soporte para elaborar el proyecto de pliegos de condiciones, el pliego de condiciones, la apertura de la licitación pública y por supuesto las variables, condiciones y demás aspectos que serán objeto de evaluación para la selección del contratista y la consecuente adjudicación y ejecución del contrato, ya sea para contratar la pavimentación de la vía o mejorar la vía existente SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA-Debe modificar la sentencia revocando declaratoria de transgresor del Ministerio de Transporte 1

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Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos

Concepto: Ministerio Público

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No 016 /2020

Bogotá, D. C., 11 de marzo de 2020 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente Dra. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

E. S. D.

Ref: PROCESO N° 85001-23-33-000-2018-00145-01

ACCION POPULAR

Actores: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ GARCIA y JOSE ISMAEL

CORDOBA.

Demandados: NACION - MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO

NACIONAL DE VIAS (INVIAS) - AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA (ANI); DEPARTAMENTO DE CASANARE;

DEPARTAMAMENTO DE VICHADA; MUNICIPIO DE TRINIDAD y MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA (Vichada) El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

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Concepto: Ministerio Público 1.1. DEMANDA.- CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÍA y JOSÉ ISMAEL CÓRDOBA, presentaron demanda1, en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos2, a la postre coadyuvada por el

ciudadano Ángel Daniel Burgos, contra la NACION - MINISTERIO DE

TRANSPORTE, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA; LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE Y VICHADA,

Y LOS MUNICIPIOS DE TRINIDAD (CASANARE) Y SANTA ROSALÍA

(VICHADA), para que se amparen los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la seguridad y salubridad pública, el goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos humanos, la defensa del patrimonio público, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y a que su prestación sea eficiente y oportuna, acceso a la salud conexo con el derecho a la vida, a la sostenibilidad económica, acceso al servicio público de transporte y acceso a la educación, pues según los accionantes, estos derechos le vienen siendo vulnerados a los habitantes y vecinos del municipio de Trinidad y Santa Rosa, así como a la población del departamento de Vichada – municipio San Luis de Palenque, por razón del deterioro de la vía que conduce desde el kilómetro 10 del municipio de Trinidad hasta el corregimiento de Bocas de Pauto y la inexistencia de un puente sobre el río Meta que permita intercomunicar los municipios de Trinidad y Santa Rosalía. Como soporte fáctico de las pretensiones, aducen en términos generales que la vía que conduce al corregimiento de Bocas del Pauto desde el casco urbano del municipio de Trinidad, tiene aproximadamente 103 kilómetros de longitud, de los

cuales solo 10 se encuentran pavimentados y en regular estado, y el tramo restante se encuentra en pésimas condiciones, con alcantarillas rotas y por ende intransitable para los vehículos de carga y transporte de pasajeros, lo cual afecta a los habitantes de las veredas y corregimientos de La Caña, Chaparrito, San 1 Incoada el 25 de octubre de 2018 (fl 19 c. ppal) 2 Artículo 144 del CPACA: 3

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Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Concepto: Ministerio Público Joaquín, Bélgica , Calvario, La Esperanza, San Vicente, La Morita, El Convento, El Toro, El Palmar, Mandarinos, Reforma, La Unión de Cojumo, Lagunitas, Santa Irene, Zambanero, Arrayanes, Cafifi, Los Patos, Porvenir de Guachiria, Santa María del Loro, Bocas del Pauto, entre otros, pues dificulta la explotación petrolera, así como la ganadería y comercialización de productos (arroz, plátano, yuca y maíz) y la movilidad de estudiantes, como también el acceso a la salud.

En pro del amparo de los derechos colectivos que se afirman vulnerados, solicitan que se ordene a las entidades demandadas apropiar los recursos y realizar todas las obras necesarias para la pavimentación de la vía que inicia desde el área urbana del municipio de Trinidad y que conduce al corregimiento de Bocas de

Pauto, así como la construcción de un puente que comunique a los departamentos de Casanare y Vichada. 1.2 CONTESTACION DE LA DEMANDA. 1.2 (i) La NaciónMinisterio de Transporte3, se opuso a las pretensiones y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues aduce que dentro de sus funciones no se encuentra la construcción, mantenimiento y conservación de las vías, sean de orden nacional, departamental o municipal, para corroborar sus afirmaciones invoca el Decreto 101 de 2000, el Decreto 1800 de 2003, el Decreto 087 de 2011, el Decreto 4165 de 2011, los artículos 5. 7, 68 y 70 de la Ley 489 de 1998, 16 y 17 de la Ley 103 de 1993. 1.2 (ii) El Instituto Nacional de Vías4, se opuso a las pretensiones y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues advierte que el mantenimiento y conservación de la vía Trinidad -Bocas del Pauto, le corresponde al departamento de Casanare, precisando además que la referida vía no se encuentra incluida dentro de la red nacional o terciaria a cargo del Invias y que en 3 (fls 191 a 201) 4 (fls 222 a 223) 4

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Concepto: Ministerio Público

la actualidad no es objeto de inclusión en los programas nacionales para el mantenimiento de carretera. 1.2 (iii). El Departamento del Vichada5, aduce que no se configuran los presupuestos sustanciales para la procedencia de la acción popular. Planteó como excepciones la inexistencia del daño a los derechos colectivos e inexistencia de vulneración o afectación de derechos colectivos, pues advierte que por parte del departamento no existe una conducta omisiva, aunado al hecho que ninguno de los demandantes solicitó la ejecución de actividades relacionadas con las pretensiones de la demanda. Que no se agotó el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, lo cual se traduce en una falta de reclamación administrativa en cuanto al departamento del Vichada. Sobre la necesidad de la construcción de un puente sobre el rio Meta, señaló que “(i) Los departamentos de Vichada y Casanare se encuentran adelantando el proyecto BPIN 2013000070050 cuyo objeto se definió de la siguiente manera "estudios y diseños definitivos para la construcción del puente sobre el río Meta entre la inspección de Bocas del Pauto — municipio de Trinidad y el municipio de Santa Rosalía (Vichada)"; (ii) Se está ejecutando el contrato de consultoría 1006 de 2015, con fecha de inicio el 2 de diciembre de 2015 cuyo objeto es la ejecución del estudio de impacto ambiental; (iii) Que la Gobernaciones del Vichada y de Casanare tienen rubros disponibles” 1.2 (iv) El Municipio de Trinidad6, se opuso a las pretensiones y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues afirma que el

mantenimiento y conservación de las obras que se reclaman son de competencia del departamento de Casanare. 5 (fls 237 a 244) 6 (fls 254 a 258) 5

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Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Concepto: Ministerio Público 1.2 (v) El Departamento de Casanare7, se opuso a las pretensiones, pues advierte que se vienen adelantando las gestiones tendientes a la recuperación de la vía y a la construcción del puente sobre el río Meta entre el municipio de Santa Rosalía (Vichada) y el corregimiento de Bocas del Pauto, por lo que, en su criterio no procede emitir nuevas órdenes ya que con la implementación del proyecto que está en curso se superan las condiciones de deterioro e intransitabilidad que se indican en la demanda. 1.2 (vi) La Agencia Nacional de Infraestructura8, se opuso a las pretensiones y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no obra prueba en el proceso que acredite algún perjuicio que se le pueda imputar y porque conforme a la dispuesto en el Decreto 4165 de 2011, solo es responsable de la infraestructura previamente determinada por el Gobierno Nacional. 1.3 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.- El Tribunal Administrativo de Casanare, en sentencia de 22 de noviembre de 20199, se pronunció en el

siguiente sentido: “PRIMERO: Declarar que el departamento de Casanare y la Nación - Ministerio de Transporte, transgredieron los siguientes derechos colectivos: goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; la seguridad y salubridad públicas; goce de un medio ambiente sano; existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales; la defensa del patrimonio público; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y a que su prestación sea eficiente y oportuna; el acceso a los servicios de salud, educación y transporte público, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Para garantizar los citados derechos. se disponen las siguientes

medidas: MEDIDA RESPONSABLE TERMINO Realizar las gestiones Departamento de Casanare 2 meses siguientes a la administrativas, técnicas, ejecución del fallo presupuestales para definir si optara por pavimentación o readecuación de la vía Trinidad 7 (fls 266 a 268) 8 (fls 290 a 293 c.2) 9 (fls 743 a 760) 6

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Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Concepto: Ministerio Público - Bocas del Pauto Establecer si con el Departamento de Casanare 1 mes contado a partir del presupuesto de la entidad vencimiento del plazo anterior. puede asumir o no la

financiación de la medida que adopte. Si no puede financiar las obras que opte, deberá expedir certificación en tal sentido expresando las razones que impiden asumir la totalidad de la financiación. En caso de que sea necesaria Departamento de Casanare 2 meses contados a partir del la cofinanciación, presentar vencimiento del plazo anterior ante el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte la solicitud pertinente con los documentos necesarios para el efecto. Estudio y respuesta del Ministerio de Transporte 2 meses contados a partir del Gobierno Nacional de la vencimiento del plazo anterior petición de financiación, en caso de que sea necesaria y se solicite. Contratar la medida que se Departamento de Casanare 4 meses contados a partir del adopte vencimiento del plazo anterior Ejecución del contrato Departamento de Casanare 33 meses contados a partir del vencimiento del plazo anterior.

TERCERO: CONFORMAR el Comité de Verificación en la forma y con las funciones señaladas en las consideraciones.

CUARTO: NO CONDENAR en costas en la instancia.

QUINTO: ORDENAR la publicación de la parte resolutiva de esta sentencia en un diario de amplia circulación nacional a costa del departamento de Casanare dentro de los cinco días hábiles siguientes a su ejecutoria (...)" 1.4 APELACION,- Las entidades declaradas transgresoras de los derechos colectivos invocados en la demanda, recurrieron el fallo en apelación. 1.4 (i) El Ministerio de Transporte10, solicita que se revoque parcialmente la sentencia, en el sentido de declarar que esa cartera ministerial no ha vulnerado ninguno de los derechos colectivos que se aducen en la demanda, pues de

acuerdo a lo probado en el proceso, no existe ninguna acción u omisión que le 10 (fls 779 a 787) 7

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Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Concepto: Ministerio Público resulte imputable, pues afirma que dentro de su competencia funcional no se encuentra la responsabilidad de hacer vías de primer, segundo o tercer nivel, máxime cuando desde lo normado en Constitución de 1991, la Ley 60 de 1993 y la Ley 489 de 1998, la Nación - Ministerio de Transporte y las gobernaciones cumplen tareas distintas.

Que para el caso concreto, quedó demostrado que el departamento de Casanare es el único responsable del mantenimiento y conservación de la vía Trinidadcorregimiento de Bocas del Pauto, pues la resolución 5054 de 25 de noviembre de 2016, precisó y aclaró que la "VIA TRINIDAD EL BANCOBOCAS DE PAUTO" corresponde a la categoría se SEGUNDO ORDEN, por tanto se encuentra a cargo del departamento en comento. 1.4 (ii) El departamento de Casanare11, solicita la revocatoria de la sentencia y en su lugar se declare que el departamento no ha vulnerado los derechos colectivos que se aducen en la demanda, pues advierte que desde la contestación de la demanda ha puesto de presente las acciones que de manera conjunta ha venido ejecutando con el municipio de Trinidad, en pro de buscar una solución al

mal estado de conservación de la vía objeto de reclamación. Afirma que el ente territorial en la medida de su capacidad financiera, administrativa y de su recurso humano, ha puesto todo el interés en la solución de la problemática que se reclama en la acción popular, lo que permite inferir que el departamento de Casanare no necesitó de medidas cautelares u órdenes judiciales para actuar, ni para garantizar el goce de los derecho colectivos que se aducen en la demanda, por lo que considera que la sentencia carece de cimiento fáctico y se torna en innecesaria, dado que ahora el tribunal de instancia impuso una serie de actividades con términos perentorios, desconociendo la realidad administrativa de los trámites que se requieren, no solo al interior del ente territorial sino ante terceros entes gubernamentales, lo cual resulta lesivo para la 11 (fls 794 a 798) 8

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Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Concepto: Ministerio Público administración departamental al imponer obligaciones que hoy son imposibles de cumplir no solo desde el aspecto económico, sino en los plazos cortos concedidos por el Tribunal.

Solicita de manera subsidiara, que en el evento de persistir que el departamento de Casanare ha vulnerado los derechos colectivos que se invocan en la demanda, se eliminen los plazos establecidos por el Tribunal para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del departamento.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Previo a resolver sobre la controversia jurídica, corresponde precisar sobre el tratamiento constitucional, legal y jurisprudencial de las acciones populares. El artículo 88 de la Carta Política, establece: “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. “También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. “Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos” La Ley 472 -de 1998–, que es el desarrollo legislativo del citado precepto constitucional, en su artículo 2° preceptúa: “Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.” 9

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Concepto: Ministerio Público La Corte Constitucional precisó12: “Las acciones populares protegen a la comunidad en sus derechos colectivos y por lo

mismo, pueden ser promovidas por cualquier persona a nombre de la comunidad cuando ocurra un daño a un derecho o interés común, sin más requisitos que los que establezca el procedimiento regulado por la ley. El interés colectivo se configura en este caso, como un interés que pertenece a todos y cada uno de los miembros de una colectividad determinada, el cual se concreta a través de su participación activa ante la administración de justicia, en demanda de su protección. En la exposición de motivos correspondiente al proyecto de ley que después se convirtió en la Ley 472 de 1998, se lee: “Es así como, de acuerdo con la naturaleza de los intereses amparados, las acciones populares pueden formularse en defensa de la calidad sobre los bienes y servicios que le son ofrecidos y prestados; a disfrutar de un ambiente sano; a que se prevengan y controlen los factores de deterioro ambiental; a que no se fabriquen, importen ni usen en el territorio nacional armas químicas, biológicas o nucleares; a que se proteja y conserve la integridad del espacio público y su destinación al uso común; el derecho a la paz y todos aquellos inherentes a una convivencia pacífica, democrática y participativa; los que asisten a las comunidades indígenas y demás grupos étnicos a orientar y desarrollar sus actividades, de conformidad con sus tradiciones. Además, llama la atención la definición de intereses colectivos como la administración clara, transparente y eficaz de la cosa pública; la protección del patrimonio cultural y el acceso garantizado a una infraestructura adecuada de servicios públicos con fundamento en el principio de solidaridad social.”13 La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado14, calificó los

derechos colectivos como los “que corresponden a una pluralidad de individuos” y para cuya efectividad se aplican las acciones populares: “La Carta garantiza el acceso de todas las personas a la administración de justicia -art. 228-, en defensa de sus intereses particulares o de aquellos - entre otros - que corresponden a una pluralidad de individuos, caso este último que hace viable intentar las acciones populares para la defensa de los derechos colectivos - art. 88 -. Esta garantía quedaría vacía si el Estado no asegurara, de manera efectiva, la cabal y oportuna ejecución de las decisiones judiciales definitivas.” Consecuente con lo anterior, es dable inferir que los supuestos sustanciales para que proceda la acción popular son los siguientes: a) una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, peligro o amenaza que no es en modo 12 C-215/99 13 (pie de página de la cita) Proyecto de ley No. 69 de 1993. 14 En concepto de 13 de agosto de 2003 Radicación No 1519 10

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Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Concepto: Ministerio Público alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y, c) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben ser demostrados de manera

idónea en el proceso respectivo15 2.1 Problema jurídico Para resolver los planteamientos de los apelantes, corresponde determinar (i) Sí los derechos colectivos relacionados con: "el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; la seguridad y salubridad públicas; goce de un medio ambiente sano; existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales; la defensa del patrimonio público; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y a que su prestación se eficiente y oportuna; el acceso a los servicios de salud, educación y transporte público", se encuentran vulnerados o amenazados por la omisión de la Nación – Ministerio de Transporte y el departamento de Casanare, en la no realización de obras necesarias para la pavimentación y conservación de la vía que inicia desde el área urbana del municipio de Trinidad y conduce al corregimiento de Bocas del Pauto, (ii) En caso afirmativo, establecer sobre las medidas que corresponde adoptar para solucionar la problemática que presenta la vía en cuestión y que en sentir de los accionantes vulnera los derechos colectivos de los habitantes del municipio de TrinidadCasanare, Santa Rosalía –Vichada. Al margen de lo anterior, destaca el Ministerio Público que en esta instancia, no procede abordar análisis alguno respecto de lo solicitado por los accionantes en cuanto a la vulneración de los derechos colectivos referidos en precedencia, por razón de la no construcción del puente sobre el Río Meta para intercomunicar a los departamentos de Casanare y Vichada por el corregimiento de Bocas del

15Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de octubre de 2006. Radicación número: 44001-23-31-000-2004-00977-01(AP) 11

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Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Concepto: Ministerio Público Pauto, pues el Tribunal de primera instancia no encontró prueba que acredite la vulneración de esos derechos, sin que ninguna de las partes involucradas en la presente controversia, hubiesen manifestado inconformidad al respecto, lo cual releva al operador judicial de segunda instancia de abordar temas que no fueron objeto de cuestionamiento. 2.2 En cuanto a las inconformidades planteadas por los recurrentes, esta Agencia Fiscal abordara su estudio en el siguiente orden: 2.2 (i) En cuanto a los cuestionamientos formulados por la NaciónMinisterio de Transporte, el Ministerio Público advierte que le asiste razón, cuando afirma que no le cabe ninguna responsabilidad respecto de la construcción, pavimentación y mantenimiento de la vía que inicia desde el área urbana del municipio de Trinidad y conduce al corregimiento de Bocas del Pauto, pues de acuerdo a lo probado en el proceso, se tiene la certeza que la vía en cuestión corresponde a la categoría de segundo orden, en cuyo caso la responsabilidad y atención de lo reclamado sobre la referida vía, recae de manera exclusiva en el departamento de Casanare.

Corrobora lo anterior, la comunicación de 8 de mayo de 2018, suscrita por el Instituto Nacional de Vías –INVIAS, mediante la cual informa que la “vía Trinidad – Corregimiento de Bocas del Pauto es de carácter secundario y se encuentra a cargo del departamento de Casanare” En esa misma línea, se destaca lo dispuesto en la Ley 105 de 199316 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones", la cual define las competencias sobre la Infraestructura de Transporte en el país, estableciendo que las vías nacionales son aquellas a cargo de la Nación, las vías 16 12

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Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Concepto: Ministerio Público departamentales son aquellas a cargo de los departamentos y las vías municipales y distritales a cargo de los municipios.

A su vez la ley 1228 de 2008 "por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del Sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones", en su artículo 1 determina que: "Las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo

orden y vereda/es o de tercer orden. Estas categorías podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante criterios técnicos, determine a qué categoría pertenecen". El Ministerio de Transporte como máxima autoridad en esa materia, expidió la Resolución No 1530 de 2017, mediante la cual adoptó los criterios técnicos, la Matriz y la Guía Metodológica para la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional, la cual sirve de soporte para realizar la respectiva calificación y definición de las categorías de las vías. Según lo informado en el dictamen pericial, prueba válidamente practicada en el proceso, se tiene por demostrado que “el departamento de Casanare en el año 2014 remitió al Ministerio de Transporte la información de varias vías, entre ellas la vía definida “ TRINIDAD - EL BANCO - BOCAS DEL PAUT03, y luego de varias aclaraciones solicitadas por ese ministerio, éste emite la RESOLUCIÓN No. 0005054 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 cuyo artículo primero determinó que la vía TRINIDAD - EL BANCO - BOCAS DEL PAUTO corresponde a categoría de SEGUNDO ORDEN” Dentro del contexto anotado, es viable inferir que los supuestos sustanciales para que proceda la acción popular en contra de la Nación – Ministerio de Transporte, no se cumplieron en el caso concreto, pues mal puede predicarse una omisión de sus obligaciones o responsabilidades respecto de una vía que no estaba a su 13

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Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos Concepto: Ministerio Público cargo, por ende carece de verdad que se le pueda imputar una vulneración o agravio de los derechos colectivos invocados de la demanda, máxime cuando es evidente la inexistencia de una relación de causalidad entre la omisión que se reclama del Ministerio de Transporte y la afectación de los derechos e intereses colectivos que se invocan por accionantes. 2.2 (ii) Con respecto a los cuestionamientos formulados por el departamento de Casanare, si bien se cuenta en el proceso con varios elementos de juicio que permiten evidenciar la serie de gestiones y actividades que se han venido adelantado por el gobierno departamental, tendientes a