PGN - ACCION POPULAR - Son medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectiv

ACCIÓN POPULAR-Son medidas procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS-Los municipios son los competentes para controlar la prestación eficiente de los servicios públicos El artículo 88 de la C.P. fue reglamentado por la Ley 472 de 1998, “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones” y en su artículo 2°, previó que las acciones populares son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. La Ley 142 de 1994, “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, fijó la competencia de los municipios en relación con la prestación de los servicios públicos y ordenó que estos entes deben asegurar que se preste a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios, entre ellos, los de acueducto y alcantarillado. ACCIÓN URBANÍSTICA-Función pública de ordenamiento del territorio por parte de los municipios El artículo 8° de la Ley 388 de 1997, “por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”, define la acción urbanística como la función pública de ordenamiento del territorio local por parte de los municipios, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo. 2

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 236-2013

IUS No. 165126

Bogotá D.C., junio 4 de 2013 Doctor

GUILLERMO VARGAS AYALA

MAGISTRADO PONENTE

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

H. CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

No. RADICACIÓN: 760012331000201001446 01

ACTOR: LUCIANO GEOFFREY YARPAZ

DEMANDADO: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL

VALLE DEL CAUCA

ACCIÓN: ACCIÓN POPULAR

ASUNTO: PROTECCIÓN DERECHO COLECTIVO DE ACCESO DE

LOS USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA 1.1. PRETENSIONES El señor LUCIANO GEOFFREY YARPAZ, en ejercicio de la acción popular, pretende la protección al derecho colectivo de acceso de los usuarios del servicio público de Administración de Justicia, en especial de la población minusválida que debe concurrir a realizar diligencias 3 judiciales en el Edificio Agualimpia donde funcionan los juzgados civiles municipales de Cali, que considera vulnerado por parte del CONSEJO

SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL VALLE DEL CAUCA.

En consecuencia, pide la construcción de rampas y ascensores en la mencionada edificación que permitan el fácil acceso y tránsito de las personas minusválidas a los despachos judiciales que allí funcionan. Pide el pago del incentivo ordenado en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

1.2. HECHOS Indica la demanda que, en el Edificio Agualimpia funcionan los juzgados civiles municipales de Cali. Recalcó que esa construcción vulnera el derecho colectivo de acceso de los usuarios del servicio público de Administración de Justicia, en especial de la población minusválida que debe concurrir a realizar diligencias judiciales e la citada edificación. Añadió que ese edificio no cuenta con rampas ni ascensores que permitan el fácil acceso y tránsito de las personas minusválidas a los despachos judiciales que allí funcionan, impidiendo su libre desplazamiento y acceso al mismo.

1.3. FUNDAMENTOS NORMATIVOS

4 El demandante invocó como fundamentos de derecho los artículos 88, 93 y 94 de la C.P., artículos 4 y 9 de la Ley 472 de 1998 y artículos 277 y 252 del C.P.C. (Fls. 3° a 4° y vto.).

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda. Invocó que se encuentra frente a un acontecimiento de fuerza mayor, pues se ordenó el cierre de los despachos judiciales ubicados en el Palacio de Justicia, mediante los Acuerdos 030 a 070 de 2008, por decisión de la

Sala Administrativa. Añadió que a raíz de un atentado la Corporación ordenó el cierre de los despachos judiciales, pues los daños causados impedían el acceso a la edificación. Sobre el Edificio Agualimpia, lugar donde funcionan los juzgados civiles municipales de Cali, refirió que el mismo cuenta con instalaciones

amplias y adecuadas para la prestación eficaz y eficiente del del servicio público de Administración de Justicia y que el mismo fue tomado en arriendo a raíz del atentado ocurrido en el Palacio de Justicia. (Fls. 42 a 48 c.p.).

3. FALLO DEL TRIBUNAL El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca amparó los derechos colectivos relativos a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de 5 manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, consagrado en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

El a quo constató que no hay posibilidad de paso para las personas con movilidad reducida, en forma autónoma hacia los despachos judiciales y que todos los medios de atención están precedidos de barreras de mayor o menor envergadura que limitan el acceso al inmueble cuestionado. (fls. 104 a 118).

4. APELACIÓN DEL DEMANDANTE El demandante apelo del fallo en cuanto el tribunal denegó el pago del incentivo previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998 y solicitó se proceda a fijar el incentivo al actor popular. (fls. 120 a 121.).

La entidad demandada solicitó se nieguen por improcedentes las pretensiones. Señaló que sobre el edificio cuestionado la administración de justicia sólo lo emplea en calidad de arrendatario, por lo cual no resulta ajustado ordenar la realización de adecuaciones locativas en el mismo. (Fls. 122 a 124).

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

El problema jurídico consiste en determinar, si la orden dada por el a quo, con miras a la protección del derecho colectivo de acceso al servicio público de agua potable, de adelantar las obras necesarias para la construcción de redes de acueducto y alcantarillado en la urbanización BOSQUES DE POZO AZUL, se hizo de conformidad con 6 la ley.

1. En el propósito de dilucidarlo, se considera pertinente señalar las normas que rigen el asunto sub examine: 1.1. El artículo 88 de la C.P. consagró las acciones populares, las cuales están instituidas para la protección de los derechos colectivos, entre otros, la salubridad pública y el medio ambiente: ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. 1.2. El artículo 313 ibídem, prevé que corresponde a los concejos municipales la reglamentación correspondiente para la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio: ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 1.3. El artículo 313 ejusdem, asigna como obligación a cargo de los

alcaldes, asegurar la prestación de los servicios a su cargo: 7 ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.

2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 1.4. El artículo 88 de la C.P. fue reglamentado por la Ley 472 de 1998, “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones” y en su artículo 2°, previó que las acciones populares son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos: Artículo 2º.- Acciones Populares. Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos.

Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente,

hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. 1.5. La Ley 142 de 1994, “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, fijó la competencia de los municipios en relación con la prestación de los servicios públicos y ordenó que estos entes deben asegurar que se 8 preste a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios, entre ellos, los de acueducto y alcantarillado: Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: 5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.

2. Es decir, las normas Constitucionales y legales analizadas señalan como obligación en cabeza de los municipios y de los alcaldes, la de asegurar de manera eficiente, la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en particular al caso debatido, los de acueducto y alcantarillado. 2.1. Nótese que la comunidad demandante, pide cabalmente a través

de la presente acción popular, la instalación inmediata del servicio de agua potable en dicho asentamiento, en su condición de ciudadanos de Estrato Uno del Sisbén, toda vez que como lo afirman en la demanda, fueron engañados por la asociación de vivienda comunitaria ASOCOMÚN, en su intención de adquirir vivienda de interés social en la Ciudadela Bosques de Pozo Azul, desde mayo de 2000. 2.2. En efecto, el Anteproyecto General y Proyecto Urbanístico “CONDOMINIOS CAMPESTRES POZO AZUL”, fue aprobado por la Oficina de Planeación del municipio de Girardot, a través de la Resolución No. 003 de abril 22 de 1992, dentro de la cual se definieron 9 entre otros compromisos, la viabilidad de los servicios públicos prestados por las empresas correspondientes, la construcción de las obras de saneamiento y los planos de tratamiento de aguas residuales. (Ver arts. 4°, 5° y 6° R. 003/92, fls. 563 y 564). 2.3. Además, a través de la Resolución No. 003 de diciembre 17 de 1997, por la cual se aprobó el Proyecto Urbanístico “VILLA POZO AZULASOCOMUN”, se estableció como obligación del urbanizador responsable, la viabilidad de los servicios públicos prestados por las empresas correspondientes, que conforman el expediente abierto para el trámite de ese proyecto. (Ver art. 4° R. 010/97, fls. 566 a 568). 2.4. Según oficio del gerente de AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE Y LA REGIÓN S.A. ACUAGYR, menciona que al asentamiento

subnormal Bosques de Pozo Azul se les suministra agua en carro tanque, a través del Cuerpo de Bomberos. (fl. 594 y 595).

3. El artículo 8° de la Ley 388 de 1997, “por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”, define la acción urbanística como la función pública de ordenamiento del territorio local por parte de los municipios, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo.

Artículo 8º.- Acción urbanística. La función pública del ordenamiento del territorio local se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el 10 ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo. Son acciones urbanísticas, entre otras:

1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.

2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos.

3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás normas

urbanísticas.

4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción adecuada a las necesidades colectivas.

5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda.

6. Determinar las características y dimensiones de las unidades de actuación urbanística, de conformidad con lo establecido en la presente

Ley.

7. Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés social.

8. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción prioritaria.

9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes.

10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la ley.

11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística.

12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su protección y manejo adecuados.

13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas.

11

14. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento del territorio.

Parágrafo.- Las acciones urbanísticas aquí previstas deberán estar

contenidas o autorizadas en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen o complementen, en los términos previstos en la presente Ley.

4. En este contexto, está a cargo del municipio de Girardot, dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura de los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, como lo señalan las normas arriba indicadas. Por tanto, como está probado que el servicio de acueducto y alcantarillado lo presta la empresa ACUAGYR E.S.P. del municipio demandado, es claro que a su cargo debe adelantar las obras necesarias para la construcción de esas redes, con el fin de proveer de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado a la comunidad de la ciudadela BOSQUES DE POZO AZUL del citado municipio, dentro del término fijado por el a quo, el cual se considera prudencial por esta Delegada del Ministerio Público.

5. La Corte Constitucional en la Sentencia T-544-091 en la cual estaba involucrada la misma comunidad aquí demandante, tuteló los derechos reclamados, bajo estas consideraciones: 3.6. En resumen, de los parámetros constitucionales expuestos puede concluirse que el derecho a la vivienda digna (i) es objeto de tutela cuando se encuentra en conexidad con otros derechos fundamentales, en especial de sujetos de especial protección constitucional; (ii) debe ser tutelado no sólo ante amenazas plenamente ciertas, sino también ante riesgos e incertidumbres; (iii) contempla diversos aspectos, entre

los que están la seguridad jurídica de la tenencia y la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; y (iv) su protección 1 Corte Constitucional. Sentencia T-544/09. del 6 de agosto de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa. 12 supone una orden que garantice el goce efectivo del derecho, pero que respete la autonomía y las competencias de las entidades de tomar las decisiones al respecto. (…) 4.6. En consecuencia, la Sala ordenará a la Alcaldía Municipal de Girardot que si aún no ha entregado el lote correspondiente a cada uno de los accionantes y el resto de sus familias, tome las medidas adecuadas y necesarias para asegurar la tenencia de sus viviendas actuales, hasta tanto no se les haga la entrega correspondiente del nuevo lote individual. En caso de que la Alcaldía no pueda adoptar medidas en tal sentido y los accionantes junto con sus familias sean desalojados, se adoptarán las medidas adecuadas y necesarias para que 48 horas antes del momento en que vayan a ser desalojados, cuenten con una vivienda transitoria. Cuando los lotes individuales sean adjudicados a los accionantes y sus familias, o en caso de que esto ya haya ocurrido, la Alcaldía Municipal deberá adoptar las medidas adecuadas y necesarias para garantizar efectivamente la seguridad jurídica de la tenencia por parte de los accionantes y sus familias, y la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, en especial, los servicios básicos domiciliarios.

6. El derecho que posee dicha comunidad de tener la seguridad jurídica de disponer de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, con una infraestructura adecuada y

eficiente, devienen de la Constitución y la ley; por ende, la entidad demandada debe adoptar las medidas adecuadas y necesarias para garantizar la prestación real y material de tales servicios, con la infraestructura apropiada para la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios reclamados por la comunidad BOSQUES DE

POZO AZUL.

7. Con base en lo anterior, se concluye que se deben proteger los derechos colectivos a la salubridad pública, a un ambiente sano y de acceso a los servicios públicos domiciliarios invocados por la comunidad accionante y, por ello, se deberá confirmar el fallo del tribunal de instancia.

13 CONCEPTO En consecuencia, el suscrito Agente Especial del Ministerio Público, solicita de manera respetuosa a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado, CONFIRMAR EL

FALLO DEL A QUO.

Atentamente,

DIEGO BRAVO BORDA

Procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado

DBB.MÁMC

consejodeestado2@procuraduria.gov.co