PGN - ACOSO LABORAL - Presupuestos para que se configure esta conducta según regulación legal

ARCHIVO DEFINITIVO-Se confirmó respecto a conducta de acoso laboral endilgado a Capitán de la Policía Nal como Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario al no demostrarse el hecho constitutivo de falta disciplinaria RECURSO DE APELACIÓN-Procede únicamente contra las decisiones que niegan práctica de pruebas solicitadas en descargos, decisión de archivo y fallo de primera instancia ACOSO LABORAL-Definición según sentencia de la Corte Constitucional ACOSO LABORAL-Modalidades de este según regulación legal ACOSO LABORAL-Presupuestos para que se configure esta conducta según regulación legal POLICÍA NACIONAL-Cuenta con facultades discrecionales para trasladar a su personal dentro del territorio del país, según necesidad del servicio ….En cuanto a su estadía y posterior trasado del lugar que asevera acontecieron los hechos fundantes de la queja, debemos destacar que no está demostrado que sea producto de una represalia dado los inconvenientes que dice se presentaron con su superior inmediato…., observemos como por ejemplo existen aspectos atinentes a su bajo rendimiento laboral que con detalles fueran expuesto como consecuencia de haberse tomado dicha determinación. Se debe tener en cuenta que, la policía nacional cuenta con facultades discrecional para trasladar a todo su personal dentro del territorio del país según razones válidas y necesidades del servicio, aspectos que fueron abordados con suficiencia y de manera detallada en la tutela conocida por la Corte Suprema de Justicia donde también se ventilaron situaciones relacionadas con el tema objeto de estudio PRUEBAS OBRANTES-No son demostrativas de la ejecución de actos de acoso laboral ACOSO LABORAL-Actos constitutivos de este no están plenamente demostrados

probatoriamente En el caso sub judice, sobre los motivos del recurso de apelación y de su exposición, no se observa la configuración de alguna modalidad de acoso, y no existe una prueba certera de los elementos que configuran su procedencia, es decir, que la conducta sea persistente y demostrable. Igualmente, tampoco surge el hecho sobre bajo qué modalidad y/o qué conductas se configuraron, siendo una exigencia normativa perentoria que debe demostrar el trabajador que sufre el presunto acoso o persecución laboral. ARCHIVO DEFINITIVO-Debe ser confirmado en el sub examine 1 Radicado N° 161-8359 Bogotá, D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Aprobado en Acta de Sala N°30 Radicación IUS -2017-541078 / IUCD-2017-949234 (161-8359)

Implicado: EDWIN ORLANDO CRUZ JIMÉNEZ.

Cargo y Entidad: Jefe Oficina Control Disciplinario Interno MECAR – PONAL.

Quejoso: Luis Guillermo Molina Ramírez - Intendente – PONAL.

Fecha queja: 13 de marzo de 2017

Fecha Hechos: Vigencia de 2017

Conducta: Presunto Acoso Laboral.

Resuelve recurso de apelación contra auto que archivó la Decisión: investigación disciplinaria – confirma.

P.D. Ponente: ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA.

I. ASUNTO POR TRATAR La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento resuelve la apelación interpuesta por el quejoso Luis Guillermo Molina Ramírez, contra la

decisión que dispuso el archivo del proceso, proferida el 9 de septiembre de 2020 por parte de la procuraduría Regional de Bolívar.

II. HECHOS INVESTIGADOS Luis Guillermo Molina Ramírez, presentó queja el 17 de marzo de 2017 por un presunto acoso laboral, contra el Capitán de la Policía Nacional - Edwin Orlando Cruz Jiménez, en su condición de jefe de la oficina de Control

Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana de Cartagena – MECAR. Señaló el quejoso que, desde el 2016 quien fuera su superior inmediato Edwin Orlando Cruz Jiménez ejerció un trato denigrante y lesivo frente a su dignidad personal y laboral por cuanto se opuso a sus indicaciones de sugerirles a los disciplinados y sus apoderados, que se acogieran a una medida correctiva de multa sin apelar, en lugar de la medida correctiva que les correspondía, como, por ejemplo, una suspensión o destitución de acuerdo con la falta cometida y demostrada procesalmente. Indicó también que recibió amenazas en ser desvinculado de la Inspección General y excluido de la oficina de control interno disciplinario por parte de dicho oficial, al considerarlo un obstáculo y lograr sin justificación alguna su traslado, registrando anotaciones en su folio de vida o formulario de seguimiento; manifestando que ante esas decisiones interpuso los recursos respectivos y reclamaciones. Precisó que para un mes de diciembre no le permitió que saliera de vacaciones de acuerdo con los planes y necesidades para cada funcionario, haciéndole saber que debía tomarlas cuando él lo decidiera y de manera burlesca y denigrante le muestra una bolsa y le dice que saque un papel y

con el mes que indique salía de vacaciones, a lo que se opuso, sin 2 Radicado N° 161-8359 embargo; el oficial lo sacó en su lugar para ordenarle finalmente que era para el mes de octubre de 2017 que debía tomarlas. Manifiesta que estuvo incapacitado por una operación de su rodilla, sin embargo, dada las amenazas de la cual fue víctima tuvo afectación en su salud al punto que estuvo hospitalizado por depresiones dada las constantes discusiones que mantenía con dicho oficial. Por último, destacó que ese mismo oficial adelanta en su contra una investigación disciplinaria con violación manifiesta a todos sus derechos y garantías fundamentales.

III. ANTECEDENTES PROCESALES Mediante auto del 28 de marzo de 2017 desde la procuraduría Regional de Bolívar remitió dicha queja ante el comité de convivencia laboral de la Policía Metropolitana de Cartagena (MECAR), para efectos de agotar el trámite conciliatorio previsto en el artículo 9° de la Ley 1010 de 2006.

Para el día 19 de abril de 2017 se adelantó dicho trámite ante el Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena en donde el Intendente Luis Guillermo Molina Ramírez adujo que no era su deseo conciliar1. Razón por la cual y con fundamento en la mentada queja, desde la procuraduría Regional de Bolívar mediante auto del 07 de junio de 2017 se dispuso a iniciar una indagación preliminar2 en contra del capitán Edwin Orlando Cruz Jiménez por la posible conducta de acoso laboral; ello, con el fin de agotar los presupuestos señalados en el artículo 150 de la norma

disciplinaria. Allí se reconoció como víctima al quejoso - Art. 17 Ley 1010 de 2006, quien luego de citarse, no asistió ampliar y ratificar su queja. Agotada aquella etapa, mediante auto del 15 de febrero de 2018, la procuraduría Regional de Bolívar ordenó investigación disciplinaria3 en contra del Capitán Edwin Orlando Cruz Jiménez, en su condición de jefe de la oficina de control interno disciplinario de la Policía Metropolitana de Cartagena, se escuchó en declaración jurada al quejoso quien se ratificó y amplió su denuncia; también, se escucharon distintos testigos.

IV. DECISIÓN DE ARCHIVO RECURRIDA Luego de agotarse el trámite investigativo (Art. 152 de la Ley 734 de 2002) y verificarse si se presentaron los actos constitutivos de acoso laboral denunciados por el quejoso, la procuraduría Regional de Bolívar dispuso la terminación del proceso por considerar que no se evidenciaron aspectos atinentes a la realización de una conducta persistente y demostrable como lo 1 Véanse los folios 157 y 168 del C.O 1 2 Folios 348 y 349 C.O 2. 3 Folio 230 al 231 ídem.

3 Radicado N° 161-8359 exige la Ley 1010 de 2006 para poder endilgarle algún reproche desde el ámbito disciplinario al encartado.

V. RECURSO DE APELACIÓN Contra aquella decisión, el quejoso dentro de la oportunidad legal presentó recurso de apelación, indicando que fue injusto el archivo del proceso

disciplinario al no observarse debidamente las pruebas obrantes en el plenario que demuestran el acoso laboral, así como, evidenciarse claras falsedades y poco análisis en los argumentos expuestos por el a quo. Reitera en gran parte lo dicho en la queja inicial que como sustanciador de procesos no atendió las sugerencias de su jefe inmediato - Capitán Edwin Orlando Cruz Jiménez, quien, aprovechando su cargo y grado, le pidió proponerles a los abogados e investigados una sanción más benigna y/o favorable a cambio de no apelar la decisión; situación aquella que no aceptó. Por lo anterior asevera, que el oficial inició en su contra una persecución laboral, sometiéndolo a todo tipo de agravios y tratos denigrantes, lo amenazaba de sacarlo de la oficina de Control Interno de Cartagena, le hacía afectaciones ilógicas a su formulario de seguimiento, no tomaba decisiones en los procesos que estaban bajo su cargo para que se acumularan en su portal (SIJUR), con el propósito de reflejar falsamente que no los instruía. Precisó que el Capitán Cruz Jiménez redactaba los oficios para la firma del comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena donde sugería su traslado a otra ciudad, para con ello, generarle inestabilidad laboral y familiar; así como para que no estuviese atento a las acciones legales que él iniciara y de paso defenderse de sus ilegítimas actuaciones, pruebas que asegura, se encuentran en el expediente. Señaló que su superior como evaluador de su hoja de vida para sustentar

su inconveniencia en el cargo de sustanciador efectuaba múltiples anotaciones demeritorias, injustificadas, temerarias e infundadas en su formulario de seguimiento u hoja de vida que luego él apelaba; sin embargo, de manera dolosa el Capitán Cruz Jiménez no les daba el respectivo trámite procesal; por ese motivo dice que lo denunció ante la Inspección General delegada Región de Policía No. 8, autoridad que según lo indica, elevó pliego de cargos en su contra dentro de la investigación REGI8-2017-60, proceso que por solicitud del oficial fue asumida mediante el poder preferente y luego acumulada a esta tramitada por acoso laboral. Advierte que, pese a todos los inconvenientes que habían tenido, el Capitán Cruz Jiménez de manera abusiva le inició y adelantó tres investigaciones disciplinarias, en donde una de ellas, fungía como quejoso siendo juez y parte, recusándolo. Sin embargo, hasta que no adelantó todas las pruebas 4 Radicado N° 161-8359 en cada una de las investigaciones en su contra, no se declaraba impedido, sin notificarlo y negándole su intervención en la práctica de estas y de paso, su derecho de contradicción y defensa. Indicó, que la primera instancia en el sub examine miente cuando adujo que el quejoso fue trasladado a Bogotá por propuesta del director de recursos humanos y no por inconvenientes con el denunciado, toda vez que probado está que los oficios donde se solicitaba su traslado eran redactados e ideados por el mismo disciplinable, lo que se puede evidenciar en las firmas y puntos que tienen esos documentos oficiales, adjuntos al proceso.

Dice que también miente el a quo cuando afirma que como [quejoso] - sujeto procesal y sus testigos fueran notificados del auto fechado el 25/02/2019 donde se amplió el término de investigación y se ordenaban pruebas, cuando jamás se hizo notificación alguna, como tampoco se citaran sus testigos. Adujo que, el Capitán Cruz Jiménez, afronta otra investigación por el mismo comportamiento ante denuncia del patrullero SINAR FUENTES, lo que demuestra que el Oficial es recurrente en atacar a sus subalternos.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia. Esta Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de archivo proferida por la procuraduría Regional de Bolívar el 9 de septiembre de 2020, con fundamento en la designación especial dispuesta por el Viceprocurador general (e) con funciones de Procurador General de la Nación, mediante la Resolución interna 138 del 29 de abril de 2022, que fuera aclarada por la resolución 183 del 2 de junio de la misma anualidad4, en los siguientes términos: Artículo 1. Aclarar la Resolución No. 138 del 29 de abril de 2022, en el sentido que la Sala Ordinaria de Juzgamiento conocerá como funcionario especial de segunda instancia, todos los expedientes señalados en el artículo 1 de la Resolución No. 138 del 29 de abril de 2022, que cursen en etapa de instrucción o de Juzgamiento. Resoluciones que formaran parte de esta decisión. (se adjunta fotocopia de cada una de ellas).

6.2. Análisis del caso. 4 Aclarada mediante Resolución No. 183 del 2 de junio de 2022 en el sentido que esta Sala Disciplinaria de Juzgamiento conocerá como funcionario especial en segunda instancia los procesos señalados en el artículo primero de la misma resolución, incluido el asunto aquí bajo estudio. 5 Radicado N° 161-8359 La Sala para resolver el asunto verificará si fueron realizados actos constitutivos de acoso o persecución laboral según los criterios establecidos por la Ley 1010 de 2006 por parte del Capitán Edwin Orlando Cruz Jiménez como jefe de la oficina de control interno disciplinario de la Policía Metropolitana de Cartagena – MECAR, en contra del también uniformado Luis Guillermo Molina Ramírez como sustanciador de esa misma dependencia; caso en el cual, revocará la decisión atacada, si se constatara todo lo contrario, confirmará la decisión primaria. Indiquemos en primer lugar que el recurso de apelación según lo señala el artículo 115 Ley 734 de 2002 procede únicamente contra las decisiones “… que niega la práctica de pruebas solicitadas en los descargos, la decisión de archivo y el fallo de primera instancia…”. Se Precisa de manera inicial que el auto que dispone el archivo es una decisión de fondo que pone fin a la actuación disciplinaria y como tal debe sujetarse aquellos parámetros señalados en los artículos 73 y 156 de la Ley 734 de 2002, es decir, en el evento que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una

causal de exclusión de responsabilidad o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse. Sobre los argumentos expuestos por el recurrente y trasegar procesal, debemos destacar que, según el testimonio de servidores que se desempeñaron junto al quejoso en la oficina de control interno donde fungía como jefe el oficial Cruz Jiménez a quien se acusara; fueron uniformes en precisar que dicho superior nunca les insinuó informarles a los abogados que no apelaran decisiones a cambio de imponerles multas u otra sanción más benévola. También indicaron que no observaron insultos, ni maltratos por parte del superior inmediato ante el señor Luis Guillermo Molina Ramírez, precisando que tal evento antes ellos nunca se presentaron. Aspectos que como bien se analizaron por el a quo, coinciden atendiendo el rol de compañerismo que se ventilaba en la oficina donde de manera precisa desempeñaban normalmente sus funciones; ahora, en el evento en que existieran esos actos persistentes encaminados a infundirle amenaza, o causarle algún perjuicio en el ámbito laboral, muy extraño sería que ninguno de sus homólogos se hubiera dado cuenta de esa situación. Destaca la Sala que, sobre el manifiesto del quejoso, no existe ninguna prueba demostrativa, pues solo está su afirmación, que de paso, fue desvirtuada por parte de quienes precisamente eran sus compañeros de trabajo, y extraño resultaría que, en el supuesto de haberse presentado tal situación, el superior teniendo cierta animadversión hacia él según lo dice, precisamente lo escogiera para realizar las propuestas que en principio

rayarían con el principio de legalidad dentro del ámbito disciplinario. 6 Radicado N° 161-8359 En cuanto a su estadía y posterior trasado del lugar que asevera acontecieron los hechos fundantes de la queja, debemos destacar que no está demostrado que sea producto de una represalia dado los inconvenientes que dice se presentaron con su superior inmediato Cruz Jiménez, observemos como por ejemplo existen aspectos atinentes a su bajo rendimiento laboral que con detalles fueran expuesto como consecuencia de haberse tomado dicha determinación. Se debe tener en cuenta que, la policía nacional cuenta con facultades discrecional para trasladar a todo su personal dentro del territorio del país según razones válidas y necesidades del servicio, aspectos que fueron abordados con suficiencia y de manera detallada en la tutela conocida por la Corte Suprema de Justicia5, donde también se ventilaron situaciones relacionadas con el tema objeto de estudio, señalando entre otros aspectos los siguientes: “…El {ius variandi} ha sido definido como la potestad del patrono en ejercicio de su poder subordinante para alterar las condiciones en cuanto al modo, lugar, cantidad o tiempo de trabajo de sus empleados6, destacando que, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, en virtud de los artículos 25 y 32 superiores, la posibilidad de determinar las características de la labor no es absoluta, pues debe sujetarse a los parámetros constitucionales y legales, sin alterar las condiciones dignas y justas en las que los empleados realizan sus labores7(…), precisando que, no se evidenció que la decisión se haya tomado de manera arbitraria y que las circunstancias expuestas por el accionante no tenían

la entidad suficiente para concluir que los traslados vulneraban sus derechos fundamentales o los de su núcleo familiar (…).También allí se dijo que la decisión administrativa obedeció a los resultados de la evaluación de desempeño realizada en octubre de 2016, según la cual, el allí demandante y sustanciador de procesos {había evacuado solamente un total de cuatro procesos en diez meses, sin mayor rendimiento, es decir, que para esa época debió haber evacuado cincuenta (50) procesos y solamente desarrolló y terminó cuatro...” Por esos y otros motivos, se concluyó que la reasignación de Luis Guillermo Molina Ramírez al servicio de la MEBOG, en primer lugar, se hizo por disposición del director de recursos humanos de la policía nacional y no por los inconvenientes que hayan surgido con su superior inmediato; y de otra parte, dicha medida per se no puede ser considerada como un acto arbitrario menos aún vindicativo; por el contrario, dicha determinación obedeció a que la institución, en aras de optimizar la prestación del servicio, dados los resultados de la evaluación de desempeño, aunado al interés de preservar el adecuado desarrollo de las investigaciones disciplinarias que se siguen en su contra, resolvió reubicarlo en aquella dependencia. 5 Véanse los folios 318 al 338 del C.O, donde se observa la impugnación decidida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del cinco (5) de julio de 2017, M.P José Francisco Acuña Vizcaya, que confirmó la improcedencia del amparo a los

derechos fundamentales supuestamente vulnerados al quejoso por parte de la Policía Nacional y el jefe de la Oficina de asuntos Disciplinarios de la Policía Metropolitana de Cartagena. 6 Refiere la sentencia de tutela T-468 de 2002. 7 Sentencia T-608 de 2014. 7 Radicado N° 161-8359 De otra parte, señala el recurrente que las amenazas objeto de la queja nadie las escuchó, aunado al hecho que, al ser interrogado sobre el motivo de su retiro dijo que tomó esa iniciativa a raíz de los continuos actos de acoso laboral a los cuales se vio sometido por parte del oficial Edwin Cruz Jiménez, aspectos que no resultan congruentes para la Sala, puesto que, de una parte se acusa al disciplinable de haber iniciado una persecución en su contra al punto de lograr su traslado como sustanciador desde la oficina de control interno disciplinario de Cartagena hasta la MEBOG en Bogotá; y desde otra perspectiva, es el mismo denunciante quien afirma, luego de ser interrogado, que esa iniciativa surgió de su parte por evitar el supuesto acoso laboral. Ahora, al indagársele sobre los parámetros de las afectaciones psicológicas que asegura le surgieron por el constante acoso al cual se vio sometido por su superior, el quejoso fue evasivo en su respuesta, negándose a contestar, argumentando intromisión a su vida personal e intimidad, no aportó en dicha diligencia las pruebas que decía tener y que constataran su dicho; sumado al hecho, que no se interesó en comparecer a algunas diligencias que incluso él mismo solicitó. En cuanto a la serie de anotaciones y afectaciones que dice se realizaban

en su folio de hoja de vida o formulario de seguimiento por parte de su superior inmediato de manera injustificada, ese hecho por sí solo no constituye acoso laboral conforme lo señala; pues, es el mismo recurrente quien indica que ante ellos presento su inconformidad y reclamo en las instancias encargadas de decidir si la medida fue tomada acorde a las circunstancias laborales que hayan o no podido presentarse. Por consiguiente y del estudio de la decisión recurrida la Sala observa que no se arrimó al plenario algún elemento de prueba fehaciente y demostrativo sobre la realización de los actos persistentes y/o sistemáticos que señala la ley 1010 de 2006, que hubiese desplegado el Capitán Edwin Orlando Cruz Jiménez en contra del Subintendente de la policía nacional Luis Guillermo Molina Ramirez. Tampoco las distintas situaciones administrativas que dice el quejoso se presentaron en el ámbito laboral fueran consecuencia de actos de persecución o maltrato laboral, máxime aún, si se advierte poca consistencia en su dicho cuando afirma de un lado que él fue quien solicitó dicho traslado y desde otra óptica advera que fue su jefe inmediato que lo provocara dada la persecución que tenía en su contra. En cuanto las investigaciones disciplinarias que se iniciaron en su contra y destacara que el Capitán Edwin Orlando Cruz Jiménez fungía como juez y parte, en primer lugar, debemos tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 734 de 2002 en cuanto al deber que tiene todo servidor público de informar cualquier acto que constituya falta disciplinaria o delito; y en segundo lugar, se demostró que el mismo oficial fue relevado de continuar

8 Radicado N° 161-8359 conociendo de dichos procesos luego de haberle aceptado el impedimento formulado ante su superior jerárquico. El quejoso indica que algunos quebrantos en su salud se generaron en razón a las amenazas y trato denigrante que recibió por parte de su jefe inmediato, situación que itera la Sala no está probada dentro del proceso. Ahora, las apreciaciones del quejoso, quien realiza una valoración en su favor sobre algunos medios de prueba que existen en el expediente, y en gracia de discusión, sería válido en principio que así lo hiciera dado el interés que le asiste frente a la queja presentada. Sin embargo, la Sala debe precisar que se trata solo de meras apreciaciones subjetivas sobre los sucesos para reforzar ante el ente investigador que sean tenidas en cuenta; se itera, precisamente dado el interés que le asiste de las resultas que pretende sobre la investigación. Si bien es cierto, la norma (Ley 1010 de 2006) indica que excepcionalmente un solo acto hostil puede bastar para acreditar el acoso laboral, también señala que la autoridad competente debe apreciar tales circunstancias, según la gravedad de la conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola, no sólo la dignidad humana, sino también la vida y la integridad física, la libertad sexual y demás derechos fundamentales. Situación que en el presente caso no se advirtió, por cuanto, es el mismo quejoso quien se apersona de comentarios y situaciones que indica desplegó en su contra el oficial disciplinable, no existiendo en el plenario una prueba certera que lo demuestre, o por lo menos corrobore su mero

dicho, basta con analizar los distintos testimonios ofrecidos frente a los cuales tampoco nada en concreto se dijo al respecto; por el contrario, manifestaron circunstancias totalmente distintas al dicho del recurrente. desde la entrada en vigor de la Ley 1010 de 2006 que reguló el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, se definieron las modalidades de acoso: maltrato laboral; persecución laboral; discriminación laboral; entorpecimiento laboral; inequidad laboral; y desprotección laboral. Dentro de la misma disposición se definió el acoso laboral como: “(…) toda conducta persistente y demostrable, (…) encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo” (Subrayado fuera de texto). A su vez, en el artículo 7º definió las conductas que constituyen presunción de acoso laboral, sin embargo, se precisó que no sólo basta su realización, en cuanto debe acreditarse “(…) la ocurrencia repetida y pública de cualquiera (…)” (Subrayado fuera de texto). De otro lado, la Corte Constitucional en sentencia C-780 de 2007, precisó: “El acoso laboral constituye una práctica, presente en los sectores público y privado, mediante la cual de manera recurrente o sistemática se ejercen contra un trabajador actos de violencia psicológica, que incluso pueden llegar a ser 9 Radicado N° 161-8359 físicos, encaminados a acabar con su reputación profesional o autoestima,

agresiones que pueden generar enfermedades profesionales, en especial, “estrés laboral”, y que, en muchos casos, inducen al trabajador a renunciar” 8(Subrayado fuera de texto). En el caso sub judice, sobre los motivos del recurso de apelación y de su exposición, no se observa la configuración de alguna modalidad de acoso, y no existe una prueba certera de los elementos que configuran su procedencia, es decir, que la conducta sea persistente y demostrable. Igualmente, tampoco surge el hecho sobre bajo qué modalidad y/o qué conductas se configuraron, siendo una exigencia normativa perentoria que debe demostrar el trabajador que sufre el presunto acoso o persecución laboral. Es con la investigación de un caso particular dentro de la órbita del derecho disciplinario que se busca materializar la realidad fáctica de lo sucedido, y frente a lo que se ha logrado demostrar el hecho dentro del proceso sin ningún tipo de dubitación no existió. Lo que se pretende es no aplicar justicia disciplinaria cuando no están suficiente y debidamente demostrados los sucesos, y con ello buscar la satisfacción personal de uno u otro sujeto procesal, sólo analizando en conjunto las pruebas arrimadas, como en efecto se hizo por parte de la procuraduría Regional de Bolívar, para luego concluir que los actos pregonados por el quejoso no están plenamente demostrados, situación que comparte en su integridad esta colegiatura para disponer confirmar, como en efecto lo hará, la decisión recurrida. En esta medida, destaca la Sala que los distintos señalamientos expuestos por el recurrente, están desprovistos de un concreto marco fáctico y

probatorio sobre la conducta del posible acoso laboral por parte del Capitán Edwin Orlando Cruz Jiménez en su condición de jefe de la oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Cartagena Bolívar (MECAR), para que esta colegiatura disponga que se continúe con la investigación disciplinaria, mucho menos, se presentan aquellos señalados en la normativa - artículo 162 ídem para que se formulen cargos. En consecuencia, y por los motivos expuestos, la Sala confirmará en su integridad la decisión, toda vez que en las presentes diligencias se cumplen los presupuestos de los artículos 73 y 164 del Código Disciplinario Único para proceder con el archivo de la actuación disciplinaria, teniendo en cuenta que durante el transcurso procesal no se demostró el hecho constitutivo de falta disciplinaria a la luz de lo establecido por la Ley 1010 de 2006. 8 Corte Constitucional, Sentencia C-780-07 del 26 de septiembre de 2007, Referencia: expediente D-6739, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 10 Radicado N° 161-8359 En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, RESUELVE: PRIMERO: Confirmar en su integridad la providencia proferida el 9 de septiembre de 2020, por medio de la cual, la procuraduría Regional de Bolívar dispuso el archivo definitivo de la investigación disciplinaria que adelantó en contra del Capitán de la Policía Nacional Edwin Orlando Cruz Jiménez, en su condición de jefe de la oficina de control interno disciplinario

de la policía Metropolitana de Cartagena, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: Por la secretaría de esta Sala Disciplinaria, comunicar la presente decisión al quejoso, Luis Guillermo Molina Ramírez, indicándole que contra lo aquí decidido no procede recurso alguno.

TERCERO: Por la secretaría de la Sala Disciplinaria, previos los registros y anotaciones correspondientes, devolver el expediente a la procuraduría Regional de Bolívar, para que allí se surta el archivo definitivo de las diligencias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA

Procurador Segundo Delegado Presidente

LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO

Procuradora Primera Delegada

EXPEDIENTE: IUS -E-2017-541078, IUCD-2017-949234-(161-8359)

EMSH/LEGF/JGMB.

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