PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Se encuentra demostrada la relación de causalidad entre la acción

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla del servicio de un Patrullero de la Policía Nacional al ocasionar lesiones personales a un ciudadano FALLA DEL SERVICIO-El ciudadano fue arremetido con arma de fuego por el uniformado al hacer caso omiso de pare en un retén/DAÑO ANTIJURÍDICO-Se encuentra demostrada la relación de causalidad entre la acción exagerada del agente y el daño sufrido Del material probatorio legalmente recaudado se concluye que se demostró la existencia del daño consistente en las lesiones personales sufridas por el demandante, el día 5 de febrero de 2000, cuando fue arremetido con arma de fuego por el Patrullero de la Policía Nacional, al hacer caso omiso de “pare” en el retén que se estaba efectuando, pues así se evidencia de igual forma en el dictamen médico legal y por los testimonios rendidos de quienes se encontraban en el momento de los hechos, que permiten acreditar la relación de causalidad existente entre la acción exagerada del agente y el daño sufrido, del cual el actor no estaba en la obligación de soportar, por cuanto es obligación de la Policía Nacional proteger la vida de las personas y propender por un espacio de tranquilidad y de paz, máxime cuando no obra dentro del sub examine, elementos probatorios que demuestren una agresión o un hecho ilícito por parte de la víctima que se pudiera considerar como una amenaza o peligro. FALLA DEL SERVICIO-El actuar de los uniformados no fue adecuado, proporcionado ni racional

Por consiguiente, ésta Delegada se remite a los criterios estipulados por el Tribunal para acceder a las pretensiones, pues es evidente que al momento de la ejecución del operativo por parte de los miembros de la Policía Nacional, el actuar de los uniformados no fue el mas adecuado, proporcionado y racional, teniendo en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se presentaron los hechos, pues del material probatorio obrante no se evidencia agresión alguna por parte del actor, sólo se concreta en huir del lugar sin ningún tipo de amenazas y haciendo caso omiso del “pare”, constituyéndose en una extralimitación en las funciones que tiene a su cargo la entidad demandada y por consiguiente violando garantías constitucionales a las cuales tiene derecho todo ciudadano colombiano, cuando se presentan estos tipos de requerimientos policiales. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-En razón a que se configuró falla del servicio/INDEMNIZACIÓN-Por los perjuicios morales Cabe señalar además que mediante sentencia penal por lesiones personales en contra del Patrullero, situación está que fundamenta aún más la responsabilidad del patrullero, aspecto que torna en temeraria la apelación interpuesta por la Policía Nacional. De conformidad con los lineamientos expuestos en el marco teórico y teniendo en cuenta los medios de prueba al expediente, para esta Delegada del Ministerio Público, al igual Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.29142 760012331000200002422 01 I.J.C.B que lo consideró el a-quo, es posible concluir que en el presente caso se encuentran demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial, bajo el titulo de imputación de falla en el servicio. Por consiguiente, en lo relacionado con los perjuicios solicitados, cabe advertir que la indemnización otorgada por los perjuicios morales, la misma no es restitutoria, ni reparatoria, pero si compensatoria, lo cual supone igualar el daño en sentido opuesto, con su reparación, reconocimiento que debe sujetarse a los preceptos legales y constitucionales que se han establecido y que por tanto esta Delegada, se remite a lo estipulado por el ad quo. CONCILIACIÓN-Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos y adicionalmente una manera eficaz de preservar las arcas del Estado De otro lado es importante resaltar que en el artículo 16 del Decreto 1716 de 2009, señala que no hay lugar a responsabilidad fiscal ni disciplinaria por conciliar respecto a los Comités de Conciliación, por lo que a contrario sensu si las hay (responsabilidades disciplinarias y fiscales) cuando existiendo elementos probatorios suficientes, basados además en la ley y jurisprudencia, no se facilita la conciliación, significando con el tiempo mayor incremento de las condenas a reclamar y con ello elevadas cargas económicas contra el erario público, aspecto frente al cual estará atento el Ministerio Público, en cumplimiento de las funciones legales y constitucionales, dentro de las cuales se encuentra la preservación del patrimonio público. En resumen, el artículo mencionado

contiene en su espíritu, la razón de ser del Decreto 1716 de 2009, lo cual no es un requisito de trámite, sino la norma que facilita un mecanismo alternativo de solución de conflictos y adicionalmente una manera eficaz de preservar las arcas del Estado, que se alimentan de los tributos de la sociedad. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por la evidente configuración de falla en el servicio Considera esta Delegada, que el Consejo de Estado, debe recordar a la Policía Nacional el deber de incoar acción de repetición, por la evidente configuración de falla en el servicio, existiendo razones suficientes para presentar la respectiva demanda. En concepto del Ministerio Público se dan las condiciones suficientes, pues están demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial y administrativa de las entidades demandadas, para considerar viable un acuerdo conciliatorio, en razón a las lesiones personales que sufrió el demandante por los hechos injustos ocurridos el día 5 de febrero de 2000, cuando agentes de la Policía Nacional efectuaban un retén. El Ministerio Público considera que en relación con estos daños, la conciliación resulta viable. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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I.J.C.B CONCEPTO PARA CONCILIACIÓN No. 09 / 2013

Bogotá, D.C., 1 de abril de 2013. Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A

Consejero Ponente: Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 760012331000200002422 01(29142)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: John Jairo Rangel Rodríguez y Otros.

DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA

NACIONAL.

Sentido del Concepto: Positivo para conciliación / Se configuró la falla del servicio. / Es obligación de la Policía Nacional proteger la vida de la personas y propender por un espacio de tranquilidad y de paz / El juez debe aplicar los principios de equidad, solidaridad y dignidad humana en la tasación de los perjuicios morales. / No conciliar cuando existen elementos suficientes, significa para el Comité de Conciliación incurrir en responsabilidades de tipo fiscal y disciplinario. / Deber de incoar la acción de repetición.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto para conciliación en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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I.J.C.B de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

El señor JHON JAIRO RANGEL RODRÍGUEZ y otros, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, presentaron demanda contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, para que se le declare responsable de los daños y perjuicios; morales y materiales ocasionados a la víctima Jhon Jairo Rangel, por hechos originados en un retén organizado por miembros de la Policía Nacional, el día 5 de febrero de 2000 en la ciudad de Cali. 1.2. La contestación La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Contestó la demanda, a través de apoderado, quien se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que, las lesiones del actor fueron provocadas por su actuar sospechoso e imprudente al hacer caso omiso a las señales de “pare”, efectuadas por los uniformados, situación que da lugar a que se configure la causal exonerativa de responsabilidad de la demandada conocida como “culpa exclusiva de la víctima” 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 20 de febrero de 2004, declaró administrativamente responsable a las entidades demandadas por 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.29142 760012331000200002422 01 I.J.C.B los perjuicios ocasionados a la víctima, pues de acuerdo con la pruebas analizadas, la responsabilidad de la entidad en los hechos quedó demostrada, toda vez que las heridas causadas en el señor John Jairo Rangel, ocurrieron por causa de la actividad proveniente de los agentes de la Policía al hacer uso de armas de dotación oficial, cuando sólo bastaba con inmovilizar la motocicleta, disparándole a las llantas y no al conductor, en el momento que se realizaba un retén. Por tanto no se cumple con los presupuestos para que se configuré la causal eximente de responsabilidad, pues el único error que cometió la víctima fue conducir una motocicleta sin portar el correspondiente casco, conducta que si bien es sancionada con una medida contravencional de tránsito, no autorizaba a la Fuerza Pública para actuar en la forma acontecida. 1.4. Argumentos de la Apelación  La apoderada de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, solicitó que se revoque la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, manifestando su inconformidad respecto la responsabilidad que le fue declarada por los hechos ocurridos el día 5 de febrero de 2000, pues a su criterio expone que las circunstancias en que se presentaron los sucesos configuran la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad, toda vez que el daño que sufrió el lesionado provinó por no acatar la orden de “pare” realizada por los uniformados en el retén.

 De igual forma manifiesta su inconformidad respecto al reconocimiento de los perjuicios a los accionantes, ya que a su criterio son demasiado excesivos teniendo en cuenta, que la víctima fue la causante de sus propias lesiones. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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I.J.C.B

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Es posible conciliar a partir de la sentencia proferida el veinte (20) de febrero de dos mil siete (2004) por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca? 2.1.2. ¿Se configuró causal exonerativa de responsabilidad denominada “culpa exclusiva de la víctima” en el sub examine? 2.1.3. ¿El monto de perjuicios reconocidos por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca a los demandantes, reúne los requisitos establecidos por los preceptos legales y constitucionales? 2.2. Marco Teórico. Premisa Normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No.29142 760012331000200002422 01 I.J.C.B 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” Cuando se invoca la figura de la falla del servicio como título de imputación responsabilidad al Estado, tal y como ocurre en la presente demanda, para que

surja el deber de resarcimiento patrimonial a cargo del primero, se deben dar los siguientes elementos: a) Una actuación irregular del Estado b) El daño antijurídico c) El nexo de causalidad entre el daño y el actuar activo u omisivo de la administración. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.29142 760012331000200002422 01 I.J.C.B 2.2.2. Existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo del Estado – Policía Nacional En este sentido tenemos que, la Constitución Política de Colombia radica el deber de defensa de la Nación en las Fuerzas Militares y la protección de la población civil principalmente en cabeza de la Policía Nacional, la cual además debe velar y garantizar la convivencia pacífica de los habitantes, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 217 y 218 de la C.P., los cuales consagran: "Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen

especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio. (. . .) Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz". (Negrillas fuera del texto original) 2.2.3. Culpa exclusiva de la víctima Sobre este tema, se refirió el consejo de Estado en la sentencia de fecha 24 de marzo de 2011: 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.29142 760012331000200002422 01 I.J.C.B “Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad ; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su

exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido lo siguiente: (…) Por otra parte, a efectos de que operen los mencionados eximentes de responsabilidad (hecho de la víctima o de un tercero), es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder  activo u omisivo  de aquellos tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. (negrilla y subrayado fuera de texto). 2.2.4. Los criterios que debe tener el Juez Contencioso Administrativo en la tasación de los perjuicios morales. Según la Constitución Política en su titulo Primero: “De los principios fundamentales” fija los principios básicos del Estado social de derecho: “Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. La valoración del daño moral, tiene en cuenta varios factores a saber: el status de las personas que lo reclama y el pretium affectionis o doloris de los parientes y allegados. Naturalmente, estos deben ser reconocidos de manera proporcional al daño que se supone sufren quienes acuden en demanda de reparación, en virtud 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.29142 760012331000200002422 01 I.J.C.B de la obligación que le asiste al Estado de resarcir patrimonialmente el daño causado En materia de valoración del daño se atiende al principio de equidad. En lo que atañe al daño moral, la indemnización no es restitutoria, ni reparatoria, pero si compensatoria, lo cual supone igualar el daño en sentido opuesto, con su reparación. A partir de las anteriores consideraciones, el principio de equidad, se impone de conformidad con la ley 446 de 1998, art. 16, pero adquiere mayor entidad en la medida en que la naturaleza del daño extrapatrimonial determina por si mismo que para restablecer el equilibrio conculcado, debe acudirse a la discrecionalidad del Juez, que aplica su criterio a partir de las pruebas debidamente allegadas en el curso del proceso. La norma antes mencionada introduce la concepción de que la indemnización del daño no tiene límites distintos a los de su propia y verdadera magnitud, de forma tal que si el daño es material, su resarcimiento es necesariamente integral. Pero en tratándose del daño moral, que por su naturaleza no es reparable, sino compensable, de forma tal que acudiendo al principio de la equidad, hay el deber de compensar solamente el daño sufrido, pues compensar significa: “igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra” 2.3. Las pruebas obrantes. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No.29142 760012331000200002422 01 I.J.C.B Para que sean consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, se adjuntaron los siguientes documentos:  Dictamen No 2002110023, emitido por el perito forense y el reconocimiento efectuado del día 9 de junio del 2000, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante los cuales se demuestra que el señor Jhon Jairo Rangel fue herido por arma de fuego ocasionándole paraplejía permanente.  Copia de la sentencia 003 del 9 de abril de 2003 del Juzgado de Primera Instancia, donde se resuelve condenar al Pt. Nelson Solís Carabalí, como autor responsable del delito de Lesiones Personales, en la humanidad de Jhon Jairo Rangel, según hechos ocurridos en Cali, el 5 de febrero de 2000.  Todas las demás que se encuentran relacionadas en la sentencia apelada. 2.4. Caso concreto Realizado el estudio del expediente en su totalidad, se advierten los siguientes aspectos que son de relevancia para otorgar concepto favorable para conciliación:  Del material probatorio legalmente recaudado se concluye que se demostró la existencia del daño consistente en las lesiones personales sufridas por el señor JHON JAIRO RANGEL RODRÍGUEZ, el día 5 de febrero de 2000,

cuando fue arremetido con arma de fuego por el Pt. Nelson Solís de la Policía Nacional, al hacer caso omiso de “pare” en el retén que se estaba 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.29142 760012331000200002422 01 I.J.C.B efectuando, pues así se evidencia de igual forma en el dictamen médico legal y por los testimonios rendidos de quienes se encontraban en el momento de los hechos, que permiten acreditar la relación de causalidad existente entre la acción exagerada del agente y el daño sufrido, del cual el actor no estaba en la obligación de soportar, por cuanto es obligación de la Policía Nacional proteger la vida de la personas y propender por un espacio de tranquilidad y de paz, máxime cuando no obra dentro del sub examine, elementos probatorios que demuestren una agresión o un hecho ilícito por parte de la víctima que se pudiera considerar como una amenaza o peligro.  Por consiguiente, ésta Delegada se remite a los criterios estipulados por el Tribunal para acceder a las pretensiones, pues es evidente que al momento de la ejecución del operativo por parte de los miembros de la Policía Nacional, el actuar de los uniformados no fue el mas adecuado, proporcionado y racional, teniendo en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se presentaron los hechos, pues del material probatorio obrante no se

evidencia agresión alguna por parte del actor, sólo se concreta en huir del lugar sin ningún tipo de amenazas y haciendo caso omiso del “pare”, constituyéndose en una extralimitación en las funciones que tiene a su cargo la entidad demandada y por consiguiente violando garantías constitucionales a las cuales tiene derecho todo ciudadano colombiano, cuando se presentan estos tipos de requerimientos policiales.  Cabe señalar además que mediante sentencia penal por lesiones personales en contra del Pt. Nelson Solís Carabalí, situación está que fundamenta aún más la responsabilidad del patrullero, aspecto que torna en temeraria la apelación interpuesta por la Policía Nacional. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.29142 760012331000200002422 01 I.J.C.B  De conformidad con los lineamientos expuestos en el marco teórico y teniendo en cuenta los medios de prueba al expediente, para esta Delegada del Ministerio Público, al igual que lo consideró el a-quo, es posible concluir que en el presente caso se encuentran demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial, bajo el titulo de imputación de falla en el servicio. Por consiguiente, en lo relacionado con los perjuicios solicitados, cabe advertir que la indemnización otorgada por los perjuicios morales, la misma no es restitutoria, ni reparatoria, pero si compensatoria, lo cual supone igualar el

daño en sentido opuesto, con su reparación, reconocimiento que debe sujetarse a los preceptos legales y constitucionales que se han establecido y que por tanto esta Delegada, se remite a lo estipulado por el ad quo.  De otro lado es importante resaltar que en el artículo 16 del Decreto 1716 de 2009, señala que no hay lugar a responsabilidad fiscal ni disciplinaria por conciliar respecto a los Comités de Conciliación, por lo que a contrario sensu si las hay (responsabilidades disciplinarias y fiscales) cuando existiendo elementos probatorios suficientes, basados además en la ley y jurisprudencia, no se facilita la conciliación, significando con el tiempo mayor incremento de las condenas a reclamar y con ello elevadas cargas económicas contra el erario público, aspecto frente al cual estará atento el Ministerio Público, en cumplimiento de las funciones legales y constitucionales, dentro de las cuales se encuentra la preservación del patrimonio público. En resumen, el artículo mencionado contiene en su espíritu, la razón de ser del Decreto 1716 de 2009, lo cual no es un requisito de trámite, sino la norma que facilita un mecanismo alternativo de solución de conflictos y adicionalmente una manera eficaz de preservar las arcas del Estado, que se alimentan de los tributos de la sociedad. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.29142 760012331000200002422 01 I.J.C.B  Considera esta Delegada, que el Consejo de Estado, debe recordar a la Policía Nacional el deber de incoar acción de repetición, por la evidente configuración de falla en el servicio, existiendo razones suficientes para presentar la respectiva demanda.

III. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público se dan las condiciones suficientes, pues están demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial y administrativa de las entidades demandadas, para considerar viable un acuerdo conciliatorio, en razón a las lesiones personales que sufrió el señor JHON JAIRO RANGEL RODRÍGUEZ por los hechos injustos ocurridos el día 5 de febrero de 2000, cuando agentes de la Policía Nacional efectuaban un retén. El Ministerio Público considera que en relación con estos daños, la conciliación resulta viable.

Del señor Consejero, atentamente,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co