PGN - DAÑO Debe ser directo, actual y cierto

ACCION DE REPARACION DIRECTA-Ocupación total y temporal por construcción de puente peatonal LEGITIMACION EN LA CAUSA-Por pasiva La entidad pública demanda cuenta con legitimación en la causa por pasiva en cuanto el daño que se alega deviene de la realización de obra pública – puente peatonal. DAÑO ESPECIAL-A título de imputabilidad objetiva Indicó que el asunto debe estudiarse bajo el título de responsabilidad por daño especial, concepto conforme al cual se ha de estar ante actividad lícita, regular y ajustada al ordenamiento jurídico del Estado, actividad de la administración de la que debe surgir un daño el que a su vez debe generar desequilibrio frente a las cargas públicas, daño que bajo tal alcance el afectado no tendría la obligación de soportar. DAÑO ANTIJURIDICO-Concepto según la jurisprudencia del Consejo de Estado DAÑO–Directo, actual y cierto Como requisitos fundamentales del daño se ha reiterado por el Ministerio Público con fundamento en lineamientos jurisprudenciales que el daño debe ser: Directo, es decir, que exista un adecuado y determinante nexo de causalidad entre el perjuicio y la conducta de la persona a quien se pretende responsable. Actual, lo cual descarta la posibilidad de resarcir el daño eventual Cierto, esto es, debe haber pleno convencimiento de su existencia, se contrapone por tanto al daño hipotético 2 Expediente No.61659

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 0232/18

Bogotá, D.C., 31 de octubre de 2018 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente doctor JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

Ref: Proceso 61659 (68001-23-31 000 2002 00137 01)

Acción de Reparación Directa

Actor: Orlando Laguado Gamboa Demandado: Municipio de Bucaramanga El Ministerio Público, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1.- Mediante la acción de Reparación Directa el señor Eduardo Laguado Gamboa demandó al Municipio de Bucaramanga, para que a éste se le declare administrativamente responsable por los perjuicios padecidos como consecuencia de la “ocupación total y temporal” por la construcción de puente peatonal, pues con la construcción de la base y zapatas del mismo se invadió y ocupó el frente del inmueble, el de dos locales y el de establecimiento de comercio de propiedad del demandante denominado

“SISTEMAQ”, ubicados en carrera 17 No. 51ª-34 del Barrio San Miguel de dicha localidad, a más que por haber quedado cubierta la fachada del inmueble perdieron tales locales la visibilidad y generando problemas de seguridad pues la cercanía del puente con el inmueble ha facilitado la entrada de extraños por el techo del bien. 3 Expediente No.61659 Obra pública que fue realizada por el ente territorial durante los meses de diciembre de 1999 y enero de 2000, período de máxima temporada comercial, tiempo durante el cual el demandante no pudo ejercer en debida

forma la actividad mercantil que venía realizando normalmente. Ocupación ante la cual solicitó le sean resarcidos los perjuicios padecidos por tal obra pública, los que estimó en 300 s.m.l.m.v. por el daño moral; 200 millones por el daño emergente y por lucro cesante lo dejado de percibir por la merma en la venta de servicios y bienes dada su actividad comercial, sumas que solicita sean actualizadas conforme al IPC (Cfr. fls. 2 a 7 y 10 a 22 C.1). 1.2. El Municipio de Bucaramanga contestó la demanda extemporáneamente (Cfr. fl. 60 C.1). 1.3. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia el 29 de septiembre de 2017 denegó las pretensiones de la demanda. Indicó que el asunto debe estudiarse bajo el título de responsabilidad por daño especial, concepto conforme al cual se ha de estar ante actividad lícita, regular y ajustada al ordenamiento jurídico del Estado, actividad de la administración de la que debe surgir un daño el que a su vez debe generar desequilibrio frente a las cargas públicas, daño que bajo tal alcance el afectado no tendría la obligación de soportar. Señaló frente a la pérdida del valor del inmueble y la disminución de los ingresos que percibía el demandante por su actividad comercial, que contrario a ello el valor del inmueble se incrementó considerablemente, pues conforme a la certificación de la Secretaría del Grupo de Impuestos del Municipio de Bucaramanga para el año 2000 cuando fue entregada la obra, el valor del bien aumentó, incremento que se mantuvo hasta el año 2002,

por lo que descartó tal perjuicio. Planteamiento anterior que reafirmó el a quo con la conclusión del perito según la cual por tratarse de una construcción antigua no era viable su adecuación ya que su desarrollo implicaría la demolición del bien, experticia 4 Expediente No.61659 en la que se indicó que el puente peatonal no generó impacto negativo sobre el valor del inmueble. Indicó que se adolece de medios de prueba que acrediten la merma del ingreso del actor como comerciante, que además conforme a la inspección judicial y el dictamen pericial la estructura del puente no generó obstrucción o afectación visual, y que no se vio restringido el tráfico peatonal en la zona, pues tampoco se afectó el ingreso o salida de personas del establecimiento de comercio del demandante. Demeritó los testimonios que fueron recibidos para acreditar el perjuicio, y destaca que no se aportaron los libros y soportes contables para acreditar la merma en los ingresos, ante lo cual concluyó el a quo que no se cumplió por la parte actora con la carga de la prueba para acreditar la existencia del daño que se alega (Cfr. fls. 267 a 276 C.2). 1.4. Apelación El demandante cuestiona por una parte la valoración probatoria hecha por el a quo, en cuanto señala que el a quo no realizó el análisis integral del acervo probatorio y, por otra parte alega la existencia de error grave en el dictamen pericial ya que en el mismo se incurrió en graves contradicciones al indicar: i) que si bien con el puente peatonal se presentó la pérdida de visibilidad del

local comercial, lo que en sana lógica lleva a inferir que por ello se afectó el valor comercial del inmueble y, por otra parte se sostiene en el dictamen que la circulación peatonal por el lugar no presenta ningún tipo de obstrucción, lo que entiende se contrapone a la merma de la visibilidad del local; ii) que en el dictamen se alude a la existencia de factores de desmejoramiento y pese a ello se indica que no existe daño y que no procede efectuar cuantificación del mismo. Manifestó el apelante que con las pruebas allegadas al proceso se acreditó la existencia de los perjuicios materiales por la devaluación de la edificación y la disminución de las ventas, aduciendo la pérdida de la oportunidad de venta del bien o arriendo de los locales frente a potenciales compradores o arrendatarios, sin descontar la inseguridad creada en torno al inmueble, 5 Expediente No.61659 mencionando para el efecto la existencia de hurtos efectuados por el techo del bien (Cfr. fls. 279 a 284 C.2).

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Cuestión previa En el presente asunto no se cuestiona la realización y existencia de la obra pública - puente peatonal, de igual forma tampoco hay lugar a efectuar análisis alguno en torno a la condición del demandante como propietario del inmueble y del establecimiento de comercio, hechos que no se controvierten y que están acreditados con la copia de la respectiva escritura pública de compraventa, el folio de la matrícula inmobiliaria y la certificación de la

Cámara de Comercio de Bucaramanga de registro del establecimiento de comercio denominado Sistemaq (Cfr. fls. 29 a 38 C.1). Se centra entonces el asunto en determinar si se acreditó la existencia del daño y de los perjuicios que se alegan como padecidos por la parte actora. 2.2. Previo a lo anterior hay que señalar que el problema jurídico consiste en determinar si le cabe responsabilidad administrativa y extracontractual al Municipio de Bucaramanga bajo el título de imputación de daño especial, en razón de la obra pública realizada por el Municipio de Bucaramanga. De ser así se habría de determinar si se procede el resarcimiento de los perjuicios materiales que alega el demandante le fueron causados por el ente territorial al que demanda. 2.3. Supuestos procesales a.- Competencia y capacidad El Delegado encuentra cumplidos los presupuestos procesales, es decir, los requisitos o exigencias de derecho para que las peticiones puedan ser resueltas de fondo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene 6 Expediente No.61659 competencia para resolver los asuntos que se plantean en este proceso, en relación con el estudio sobre la posible responsabilidad administrativa imputable a la demandada. Ninguna duda existe en cuanto a la capacidad para ser parte que tienen tanto la entidad pública demandada como la parte actora. b.- Legitimación en la causa La entidad pública demanda cuenta con legitimación en la causa por pasiva en cuanto el daño que se alega deviene de la realización de obra pública – puente peatonal. c. Daño Sobre el daño, en sentencia de 12 de noviembre de 1998 se indicó:

“debe ser comprendido a partir del contexto axiológico y teleológico del Estado social de derecho, que propugna por un orden político, económico y social justo, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de los asociados. De aquí se deriva un principio que es esencial a todo Estado de derecho: la igualdad de todas las personas frente a la ley, y uno de cuyo desarrollo es la igualdad ante las cargas públicas”. […] “… el daño antijurídico equivale a la lesión producida a un interés legítimo, ya sea patrimonial o extramatrimonial, cuyo titular no está obligado jurídicamente a soportarlo; de esta manera se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo, constituyendo un elemento estructural del daño indemnizaba (sic) y objetivamente comprobable”1 Como requisitos fundamentales del daño se ha reiterado por el Ministerio Público con fundamento en lineamientos jurisprudenciales que el daño debe ser: i.- Directo, es decir, que exista un adecuado y determinante nexo de causalidad entre el perjuicio y la conducta de la persona a quien se pretende responsable. 1 Anales Consejo de Estado, Tomo CLXVII, 4 trim, 2ap; pág. 82 7 Expediente No.61659 ii.- Actual, lo cual descarta la posibilidad de resarcir el daño eventual2. iii.- Cierto, esto es, debe haber pleno convencimiento de su existencia, se contrapone por tanto al daño hipotético3. Vale la pena destacar que sobre estos dos últimos presupuestos el Consejo de Estado ha señalado: “No se escapa a la Sala la relatividad del objetivo "cierto" que debe

acompañar al daño futuro, pero estima que para los efectos de ser indemnizado debe tomarse como criterio la consideración de ser tal aquel en que sólo falte el transcurso del tiempo para que el daño se produzca y ese transcurso ya no se producirá con respecto a la víctima debido al hecho del responsable. “4 “Para que un daño futuro sea indemnizable debe revertir certidumbre sobre su real ocurrencia, de lo contrario constituye un hecho hipotético condicionado en su existencia a circunstancias impredecibles. En el caso en concreto, la Sala no accederá a la indemnización solicitada, debido a que este hecho constituye un daño eventual, por tratarse de una ganancia o ayuda que ante la posibilidad de existir, no se tiene certeza sobre la misma”. “Cuando se trata de perjuicios materiales en general, para poder pronunciar una sentencia sobre ellos, es necesario que al momento de fallar, de las pruebas que obren en el proceso pueda deducirse fácilmente su certeza, es decir que efectivamente se causaron o, si se tratare de daños futuros, que los ingresos u otros beneficios en que consistan, dejarán de percibiese como consecuencia necesaria de los hechos que dieron lugar a ellos. Por 2 “(…) para que el daño futuro sea resarcible, se requiere que el mismo no sea eventual, lo que implica que la probabilidad de su acaecimiento sea demostrada en juicio, al menos en cuanto a su alta probabilidad. El daño debe ser ante todo real, cierto y existente, pues proceder a la reparación de un daño eventual o hipotético, aunque sea susceptible de producirse en el futuro, pero todavía no realizado, equivaldría a enriquecer sin causa a la

víctima (…)”(LÓPEZ MESA, Marcelo J, En ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL – Examen contemporáneo – Colección internacional No. 11Pontificia Universidad Javeriana – Facultad de ciencias jurídicas y Biblioteca Jurídica Dike, Julio de 2009. Pag. 67). 3 “La noción de daño causado está en esencial contradicción con la eventualidad de ese daño. El daño que eventualmente puede ocurrir, no ha sido causado todavía y como tal no es indemnizable, pues bien puede suceder que nunca se concrete. Como expusiera Elena Vicente Domingo, “daño cierto equivale a daño existente, a daño no imaginado y que tiene consistencia. En definitiva, a daño que se puede probar: Cuando un daño no se prueba como cierto, no es reparable” (VICENTE DOMINGO, Elena, El daño. En Lecciones de responsabilidad civil”, cit., p.72) (…) el daño cierto es aquél cuyo acaecimiento no es conjetural o dudoso, sino demostrable en cuanto a su existencia y extensión. […] (…) El daño cierto es cuando se puede ponderar, cuando es tangible, cuando su reclamo no constituye un “castillo de arena” (…). […] (…) Un daño incierto no resulta indemnizable, porque el derecho no indemniza ilusiones sino realidades (…)” (LÓPEZ MESA, Marcelo J, En ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL – Examen contemporáneo – Colección internacional No. 11Pontificia Universidad Javeriana – Facultad de ciencias jurídicas y Biblioteca Jurídica Dike, Julio de 2009. Pags. 66 y 68) 4 Sentencia del 23 de febrero de 1990Radicación número: 5701.

8 Expediente No.61659 esto la jurisprudencia ha dicho que la indemnización debe negarse cuando el perjuicio de la víctima sea eventual. […] Sobre la apelación adhesiva presentada por la parte demandante, respecto a la cuantía de la indemnización a la que se condenó a la Nación-Ministerio de Defensa -Policía Nacional, por concepto de perjuicios materiales a favor de los demandantes, teniendo en cuenta el futuro ascenso de patrullero a Subintendente y el salario y demás ingresos promedio, al momento de proferir el fallo. (…) En el caso sub examine se trata precisamente de un evento en que el ascenso del patrullero y su consiguiente remuneración era eventual, es decir no cierto, o en otras palabras, se trata de un caso en que los actores no pueden asegurar que el daño necesariamente habría de realizarse, para usar la terminología de Alessandri Rodríguez, o de una simple posibilidad de recibir auxilios, para emplear la de Adriano de Cupis o en fin, de simples suposiciones o conjeturas sobre una ayuda que no se sabe si llegaría o no, para aplicar la concepción del jurista Pierano Facio. No puede decirse que en este preciso evento (el subjudice) se hubieran ya creado unas condiciones de hecho en las cuales sólo faltaba el transcurso del tiempo para que el daño se produjera.”5 (negrillas y subrayado fuera de texto) “La Sala ha dicho, en reiterada jurisprudencia, que para que un daño sea indemnizable debe ser cierto, es decir que no trate de meras posibilidades, o de una simple especulación. Así el daño sea futuro debe quedar establecida la certeza de su ocurrencia, no puede depender de la

realización de otros acontecimientos. Cuando de la muerte de un niño se trata, la Corporación ha negado, tradicionalmente, la indemnización de un daño futuro, consistente en el reconocimiento de lucro cesante por unos hipotéticos ingresos del menor, por tener carácter de eventual. En efecto, en estos casos el daño futuro está sometido a una doble incertidumbre, por una parte que el menor llegara a obtener algún ingreso y, que de cumplirse la primera condición, este se destinaría al sostenimiento de sus padres y hermanos, y no, por ejemplo, que se dedique al sostenimiento propio o a la formación de un nuevo hogar. En el caso que ocupa esta providencia, ninguna de las dos eventualidades por las cuales se niega este tipo de indemnización fue desvirtuada en el proceso. El perjuicio se redujo a un cálculo de vida probable de la víctima y de sus padres, y de sus posibles ingresos en este período de tiempo. El apoderado de la actora ni siquiera dio razón de las posibilidades laborales futuras de la víctima y menos el por qué los eventuales ingresos iban a dedicarse al sostenimiento de sus padres. Por lo anterior, la Sala negará la pretensión alegada de pérdida de oportunidad.”6 (negrillas y subrayado fuera de texto) 5 Sentencia del 21 de febrero de 2011Radicación número: 25001-23-26-000-1997-03604-01(18199) 6 Sentencia del 10 de agosto de 2001 - Radicación número: 25000-23-26-000-1993-9314-01(12555) 9 Expediente No.61659 Bajo tales lineamientos se puede sostener que conforme a la doctrina y la

jurisprudencia para el reconocimiento de perjuicios es necesario que el daño irrogado además de ser antijurídico cumpla con los tres requisitos fundamentales ya mencionados. 2.4. Antecedentes fácticos Así, como premisa inicial y preámbulo el Ministerio Público estima oportuno advertir desde ya que el fallo recurrido debería de ser confirmado, pues la sentencia de primera instancia sólo fue apelada por la parte actora, se trata de apelante único. En la sentencia apelada se concluyó que no estaba acreditado el daño antijurídico padecido por el actor en razón de la construcción de puente peatonal frente a inmueble de propiedad del demandante, menos aún que se haya visto afectado el acceso a su establecimiento de comercio. Entonces en el caso sub lite en primer término el debate está centrado y restringido a estimar si se encuentra probado el daño antijurídico que se alega por el demandante. 2.5. Del daño que se alega. Frente al citado presupuesto y las supuestas contradicciones del dictamen resulta imperioso señalar que para el Ministerio Público no se presentan las invocadas inconsistencias, y no se aprecian como contradicciones la manifestación hecha sobre la pérdida de visibilidad del local comercial y la ausencia de obstrucción de la circulación peatonal por el lugar, pues se trata de dos circunstancias referidas a hechos diferentes, sin que en este caso la una esté ligada a la otra, en cuanto una cosa es que se haya mermado la percepción de la fachada del inmueble y otra cosa la supuesta obstrucción del paso para ingresar a los locales, sin que por la primera circunstancia se puede inferir que el tráfico peatonal se vio afectado; menos aún resulta

posible concluir que por la pérdida de observación sobre parte del frente o 10 Expediente No.61659 fachada del inmueble se desencadene la imposibilidad de que los transeúntes puedan circular y llegar hasta los establecimientos de comercio que operen en el bien raíz de propiedad del demandante. Por el contrario, bajo tales circunstancias se podría inferir de manera lógica y razonable que todo peatón que vaya atravesar o haya atravesado el puente peatonal necesariamente tendría que partir o llegar hasta el frente del inmueble de la parte actora, lo que como hecho natural inevitable lleva a la conclusión que los locales que funcionen en tal edificación no pasarían desapercibidos a la vista de los peatones, clase de público dentro del cual estarían los clientes potenciales de aquellos negocios. Así, siendo el frente del inmueble del actor el punto inexorable de acceso a un costado de la vía, se reitera que frente a los locales del demandante, resulta contundente e inevitable concluir, conforme a las reglas de la experiencia, que indudablemente el flujo de personas por aquel lugar indefectiblemente debió aumentar o aumentó, pues con la construcción del puente peatonal todos los transeúntes tenían que converger en cualquiera de los extremos del puente y con ello se debió generar el aumento de peatones con la consecuencia siguiente, como es, que por tratarse entre otros de clientes potenciales, muy seguramente se produjo el incremento en las ventas. Es de advertir que no resulta admisible el daño por posibles hurtos en razón de la construcción del puente peatonal, pues sobre tal supuesto de haber sido ciertos se habrían allegado por el demandante copia de las

correspondientes denuncias, lo que no aconteció. Ahora bien, en lo que atañe a la imposibilidad de arrendar los demás locales comerciales que conforman el inmueble hay que señalar que conforme a la inspección judicial que se llevó a cabo dentro de la presente actuación el 18 de agosto de 2005 en el lugar donde está localizado el inmueble del actor, que para dicho momento se dejó constancia precisa que tales locales comerciales estaban siendo explotados comercialmente (sic.), así en un primer local existía una cafetería, en otro una fábrica de plataformas de calzado y en otro funciona la iglesia trinitaria “Movimiento Evangelistico Lluvias de Bendición” (Cfr. fl. 124 C.1). 11 Expediente No.61659 Inspección judicial en la que además se consignó de manera clara que “no se observa que se presenten problemas de seguridad”, que sobre la fachada del bien no se observa que se obstaculice el tránsito de personas, encontrando que no existe impedimento alguno para ello, y que con la obra no se afectó la visibilidad y la luz de los locales (Cfr. fl. 124 C.1). Por otra parte, frente a la disminución de la productividad o merma en la venta de bienes y servicios ofrecidos en el establecimiento de comercio del demandante vale destacar: i.- que no se cuenta con los libros de comercio que permitan confrontar los estándares de ingresos por aquél concepto, con los ingresos percibidos durante la ejecución de la obra y luego de la realización de trabajo, pues se insiste al proceso no se allegaron copias de los libros contables del comerciante para determinar tal disminución, menos aún de facturas o soportes contables que permitan visualizar que el monto

de ventas disminuyó, razón por la cual se tiene que concluir que tal perjuicio por lucro cesante no se acreditó. Por otra parte hay que señalar que el éxito mercantil deviene del apremio y acuciosidad con que actúe el comerciante, por ejemplo con el empleo de estrategias de mercado, o el empleo de medios de publicidad, los que no dejaron de estar a su alcance por la realización de la obra pública, pues podían emplearse por el comerciante para dar a conocer del público sus actividades mercantiles, estrategias estas que en nada dependían de la Administración o del Estado, sin que sobre destacar en tal sentido que en la diligencia de inspección judicial se consignó que la parte inferior de la escalera era utilizada como estrategia de publicidad, a más que ambos muros estaban pintados y eran utilizados precisamente para los mismos fines. Con lo dicho hasta ahora, el Ministerio Público considera que antes de estar acreditado el daño que se alega, está desvirtuado el mismo, pues conforme a las leyes de la experiencia tal obra pública terminó redundando en beneficio del demandante, pues las razones mencionadas indudablemente así lo corroboran. En resumen no se acreditaron factores de desmejoramiento del inmueble y de merma en la venta de servicios y bienes, en tal virtud resulta inexorable que se concluya de manera categórica que a más que el daño alegado no 12 Expediente No.61659 existe, por ausencia del mismo el perjuicio tampoco se dio y, en consecuencia resulta improcedente reparar un daño hipotético o eventual. Por lo dicho las pretensiones de la demanda deberán ser denegadas y en

consecuencia confirmada la sentencia apelada. 2.5.1. Perjuicios Resulta suficiente precisar que si no existió el elemento daño, resulta improcedente disponer el reconocimiento de perjuicios de cualquier orden. No sobra puntualizar frente al reconocimiento de perjuicios morales para el demandante que dicha pretensión fue formulada por la parte actora, por lo que se tiene que se cumplió con la carga de la afirmación, más no con la carga de la prueba frente a la indemnización que se reclama, pues en gracia de discusión si se pudiere hablar de la existencia del daño que se reclama, hay que señalar que tampoco existe medio alguno de prueba que acredite tal perjuicio moral subjetivo, no se puede sostener en forma incontrovertible, cierta y real la existencia del daño moral que se pretende, por lo que para el Ministerio Público resulta indefectible concluir que tal perjuicio no fue probado. Por los anteriores se comparte el planteamiento del a quo, como es que carece de soporte probatorio para inferir de manera idónea y conducente el padecimiento moral (aflicción y congoja), sin pasar por alto que tal padecimiento en los casos de obra pública y merma comercial no se presume, pues no es dable asumir en forma intrínseca a la actividad relacionada con la ejecución de obra pública el dolor y la aflicción del demandante , y en tal virtud la única conclusión posible y dable es que no se probó el perjuicio moral y por tal razón no hay lugar a su reconocimiento. 2.5.2. Perjuicios materiales Ahora bien, frente a los perjuicios materiales por merma en las utilidades o

por la pérdida de valor del bien, es pertinente retomar los planteamientos del Tribunal de primera instancia, en cuanto el lucro cesante que se alega no fue probado, no se acompañaron al proceso copias de los soportes contables y financieros como de las declaraciones de renta del comerciante, que permitan inferir tal daño, tampoco se establecieron las condiciones del 13 Expediente No.61659 mercado para la citada época de ejecución de la obra pública, ni se descartaron otros factores de opacidad comercial, menores costos comerciales, o más competencia en el sector o de la variación del propio mercado etc.. Tampoco se acreditó que posibles compradores del bien inmueble se hayan retractado de tal negociación en razón de la obra pública, ni que algún arrendatario en concreto de alguno de los locales haya solicitado la terminación o no renovación del contrato por los supuestos negativos del puente peatonal. Tal falencia probatoria no permite que se reconozca indemnización alguna por perjuicios moral y material - lucro cesante, pues sobre el particular no obra soporte alguno, y como el referido perjuicio no puede presumirse, resulta improcedente que se le reconozca al actor indemnización por valor alguno relacionado con el citado daño. CONCLUSIÓN En virtud de lo expuesto, esta Procuraduría Delegada solicita respetuosamente a la H. Sala, se confirme el fallo de primera instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda De los señores Consejeros atentamente,

NICOLÁS YEPES CORRALES

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

NYC/FBO