PGN - DEBIDO PROCESO Como garantía constitucional exige términos de acuerdo a la jurisprud

Dependencia Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa Radicación 013-86707/03 Disciplinado Guillermo Vega Cargo y entidad Secretario General del DAS Quejoso Euler Javier Betancourt Pérez Fecha queja Mayo 22 de 2003 Fecha hechos 1998 a 2002 Asunto Irregularidad en la destinación indebida de vehículos y otras. Bogotá DC, 31 de agosto de 2005 Procede el Despacho a evaluar las diligencias contentivas dentro del expediente 013-86707/03, previa las siguientes, CONSIDERACIONES: Dio origen a la presente actuación copia de las diligencias remitidas por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, para que se investigara las presuntas irregularidades de tipo administrativo atribuible al Secretario General del DAS, para la época de los hechos, GUILLERMO VEGA, por el uso indebido de los vehículos de esa entidad. Este Despacho inició la indagación preliminar mediante auto del 29 de julio de 2003; sin embargo al revisar la documentación, encuentra que, evidentemente, las diligencias no pasaron de la etapa de indagación preliminar. Al analizar la cronología del proceso, se observa que, infortunadamente, se ha excedido ostensiblemente el término legal de seis (6) meses para la etapa de indagación preliminar. Sobre el particular la Corte Constitucional en sentencia C-728/00, proferida dentro del expediente D-2697, al pronunciarse sobre la “demanda de inconstitucionalidad”, entre otros, del artículo 141 de la Ley 200/95, dijo:

“4 (…) el examen de constitucionalidad versará sobre los siguientes apartes del artículo 141 del CDU: “Cuando proceda la indagación preliminar no podrá prolongarse por mas de seis (6) meses (…) al vencimiento de este término perentorio el funcionario solo podrá, o abrir investigación o archivar definitivamente el expediente.” “6. El artículo 144 del Código Disciplinario Único establece que cuando”…el investigador encuentre establecida la existencia de una falta disciplinaria y la prueba del posible autor de la misma, ordenará investigación disciplinaria. Sin embargo, no en todos los casos la queja o el informe disciplinario arrojan claridad sobre la existencia de una falta disciplinaria y sobre el posible autor de la misma.” Precisamente la Sentencia C-430 de 1997, MP ANTONIO BARRERA CARBONEL, señaló: “(…) La indagación preliminar es de carácter eventual y previa a la etapa de investigación, pues sólo tiene lugar cuando no encuentra suficientes elementos de juicio y, por lo tanto, existe duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria…” “8 (…) Corresponde al Congreso, entonces, entre otras cosas, fijar las etapas de los diferentes procesos y establecer los términos y las formalidades que deben cumplir… Sin embargo, en esta labor el legislador tiene ciertos límites, representados fundamentalmente en su obligación de atender los principios y fines del Estado y de velar por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos.” “Un ejemplo de los límites del Congreso a este respecto se observa en la sentencia C-412 de 1993, MP EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, en el cual se declaró la

inconstitucionalidad del artículo 324 del decreto No. 2700 de 1991. (…) En el fallo, la Corte consideró que los términos tienen un contenido garantista a favor de los encartados y que la inexistencia de alguno para la realización de la investigación previa constituía una violación al debido proceso: “El ejercicio anticipado del derecho constitucional al debido proceso (CP art. 29), correlativa al desarrollo de la función investigativa y punitiva del Estado, proscribe la actuación investigativa que se prolongue indefinidamente en el tiempo. La ausencia de término específico para la investigación previa, legitima constitucionalmente las más excesivas dilaciones toda vez que su finalización podría coincidir con el momento de la prescripción de la acción penal. Aparte de que esa eventual arbitrariedad-convalidada por la norma legal acusada-obliga al investigado a soportar una excesiva carga anímica y económica, representa para el Estado costos nada despreciables en términos de recursos humanos y materiales…” “(…) Dado que es el proceso donde con mayor intensidad y plenitud de garantías puede participar el imputado, la investigación previa debe tener un período razonablemente breve, circunscribirse a asegurar las fuentes de prueba y a verificar el cumplimiento de los presupuestos mínimos que se requieran para ejercer la acción penal, que es precisamente lo que se hecha de menos en la disposición acusada.” Precisa el alto tribunal, cómo, en este tipo de controversias se trata de establecer el derecho del encartado a no estar permanentemente subjúdice, y el interés del Estado en fijarle plazos perentorios a los procesos que adelanta. Que no obstante existir la posibilidad de presentarse casos en los que dicho término

no sea suficiente, habrá de respetarse la voluntad del legislador de darle prevalencia al derecho del encartado de no permanecer subjúdice y a su objetivo de que se resuelvan con rapidez las dudas disciplinarias que puedan surgir, incluso en desmedro de la aspiración de que se haga justicia en todas las ocasiones. Concluyendo que la voluntad del legislador no es irrazonable ni constituye una inminente amenaza de los fines del Estado o los derechos fundamentales de los ciudadanos, razón por la cual habrá de respetarse. Este es el sentido material de un derecho garantista que identifica al Estado Social y Democrático de Derecho. Lo descrito nos sitúa frente a la imperiosa necesidad de dar aplicación a lo preceptuado en el art. 141 de la Ley 200/95, en concordancia con el artículo 150 de 2 la Ley 734 de 2002 y, en consecuencia, proceder al archivo definitivo de las diligencias. Ahora, en cumplimiento de la Directiva 06 de agosto 6 de 1997 y la Resolución 077 de diciembre 4 de 2002 del Despacho del Señor Procurador General de la Nación, se establece que no existió mora ni dilación injustificada que pueda adjudicarse a la funcionaria de esta Delegada, GLORIA ISABEL CAMACHO BOLAÑOS, toda vez que las diligencias fueron entregadas a la abogada en septiembre 4 de 2003 y devueltas por ella en mayo 3 de este año con ocasión de su situación de pensión. Teniendo en cuenta que a la funcionaria dentro del período que se analiza se le entregaron para la misma época un total de 285 expedientes y devolvió 149, es decir un promedio de 7.4 por mes; cobijándola además, el período de vacancia judicial

con ocasión de la semana santa y diciembre. De lo anterior se colige, que no existe elemento subjetivo que pueda comprometer a título de culpa o dolo la conducta de la abogada, ya que no se le puede atribuir negligencia o impericia que permita determinar que con su conducta ha vulnerado su deber funcional impuesto por la Ley, pues nadie está obligado a hacer mas de lo que física, logística y psicológicamente puede, máxime cuando el reparto de expedientes a esta Delegada viene creciendo de manera geométrica a partir del año 2001. Por lo expuesto, no se dan los requisitos exigidos en el numeral 2 de la Directiva 06 de agosto 6 de 1997, para ordenar la remisión de copias a Veeduría. En mérito de lo expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, en ejercicio de sus facultades constitucionales y jurídicas, RESUELVE: PRIMERO.- Cesar el procedimiento disciplinario adelantado en contra del Señor EFRÉN ANTONIO HERNÁNDEZ DÍAZ, en su condición de Alcalde de Yopal, para la época de los hechos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia; y, en consecuencia, ordenar el archivo definitivo de las presentes diligencias. SEGUNDO.- Notificar esta decisión al interesado, haciéndole saber que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrese la correspondiente comunicación, indicando la fecha de la providencia y la decisión tomada. En caso de no ser posible notifíquese por estado.

TERCERO: Por Secretaría de este Despacho, comunicar la presente decisión al

quejoso, informándole que contra la misma procede el recurso de apelación por escrito y debidamente sustentado ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, dentro del término de tres (3) días, contados a partir de los cinco (5) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación en la Oficina de correo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 90, en concordancia con los arts. 109, 110 y 115 de la Ley 734/02.

CUARTO: Por Secretaría de este Despacho, háganse las anotaciones y constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

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CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa CAAM Pemc Exp. Nº. 013-86707/03 mbm 4