PGN - DEBIDO PROCESO El objetivo primordial es el esclarecimiento de la verdad

FALLO ABSOLUTORIO-En favor de unos funcionarios adscritos a la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas por atipicidad en la conducta FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN-Por la negación de la inscripción de un predio en el registro de Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente Se observa que como argumento del fallo la primera instancia estipuló que la conducta que se investiga es la negación de la inscripción en el registro de Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente bajo los supuestos del incremento de los ingresos de los solicitantes demostrados en la declaración de renta y sobre los registros de vacunación por parte de FEDEGAN, lo cual indica un análisis valoratorio y cuestionamiento a la motivación del acto administrativo. De la misma manera otro argumento esgrimido es el relacionado con el reproche que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Territorial Valle, bajo la Dirección del Investigado y bajo la Coordinación Jurídica de la Investigada, tomó como referentes principales en las decisiones de fondo los mismos argumentos con los que sustentaron la inclusión en el Registro los predios de BolívarValle, para negar la inclusión de la solicitud al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente lo predios de El Dovio Valle, como se puede evidenciar en las Resoluciones de fecha 26 de diciembre de 2013. VALORACIÓN PROBATORIA-Para la primera instancia la solicitud de incluir el predio en el Registro de Tierras Despojadas se fundamentó por fuera de la ley Otro argumento traído a colación y citado en el precedente de la Procuraduría Regional

del Valle, es que la Unidad Administrativa al apreciar las pruebas con las cuales negó la inclusión de la solicitud del señor al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, con relación a los predios del municipio de El Dovio, lo hizo bajo la conducción de una interpretación formalmente restrictiva de la prevalencia de los derechos de protección especial del señor. Otro aspecto que llama la atención de este despacho es que como lo señaló la primera instancia en el fallo, se estableció que se constituye plena prueba los hechos objeto de investigación, porque de los mismos se colige que la negativa de incluir en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente y la solicitud del señor se fundamentó con requisitos por fuera de lo ordenado legalmente, como se puede observar en las Resoluciones de fecha 26 de diciembre de 2013 suscritas por el Investigado. PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS-Opera a favor de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos con ocasión del conflicto armado interno La ley 1448 de 2011, estableció en los artículo 3 y 75 que el derecho a la restitución de tierras opera a favor de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, ocurrida a partir del 1 de enero de 1985, con ocasión del conflicto armado interno y de las que derivan de forma directa o indirecta en abandono o despojo forzado de tierra. La primera etapa de naturaleza administrativa está a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras y tiende a la inscripción de predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, registro que de acuerdo al artículo 105 de la Ley 1448 del

2011, dicha unidad diseña, administra y conserva. La segunda fase es de índole judicial y requiere como requisito de procedibilidad la inscripción en el mencionado registro, fase judicial que debe ser adelantada ante los jueces o magistrados especializados en restitución de tierras, quien mediante sentencia

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Cra. 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 –fax: 10896 Ext. 10817 www.procuraduria.gov.co Página 1 y conforme a lo normado en el artículo 91 de la citada Ley debe pronunciarse de manera definitiva sobre la propiedad, posesión u ocupación de los predios objeto de demanda así como sobre los derechos a la restitución cuando a ello haya a lugar o sobre la compensación de manera subsidiada cuando la restitución se torna imposible. PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS-Se mantiene la presunción de legalidad Para esta instancia disciplinaria luego del análisis procesal de los argumentos esgrimidos tanto por los apelantes como por el fallador de primera instancia, se encuentra claro que los actos administrativos que expidió la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en las Resoluciones Nos. 0241, 0313, 0637, 0632, que refieren al proceso administrativo en el cual obra como solicitante la víctima, pretendiendo la inscripción de unos predios en el registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, gozan de presunción de legalidad, y no hay prueba en el proceso que establezca que fueron demandados ante la jurisdicción de lo contencioso

administrativo en medios de control de que trata la Ley 1437 de 2011. COMPETENCIA DISCIPLINARIA-A la Procuraduría no le corresponde pronunciarse sobre la legalidad o no de los citados actos administrativos Como quiera que la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, según las consideraciones consignadas en el fallo para motivar la sanción se refirió a que se juzga disciplinariamente el haber sustentado los actos administrativos de negación de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas o Abandonados Forzosamente sobre la declaración de renta del solicitante y de unos certificados de vacunas expedidos por FEDEGAN, aspectos que controvierten las pruebas que soportaron el proceso administrativo, como quiera que se está en presencia de un juicio de legalidad a este tipo de actuación administrativa, lo cual está vedado a este órgano de control. Para esta Delegada la primera instancia al considerar que las pruebas testimoniales como documentales demostrativos dentro del expediente, en criterio de esa Procuraduría Regional constituyen plena prueba de los hechos objeto de investigación, y donde indica que de los mismos se colige la negativa de incluir en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, la solicitud del señor se fundamentó con requisitos por fuera de lo ordenado legalmente, como se puede observar en las Resoluciones de fecha 26 de diciembre de 2013, números RV-0632, RV-0633, RV-0634, RV-0635, RV-0636,

RV-0637, RV-0638, RV-0639, RV-0640, RV-0641, RV-0642, RV-0643 y RV-0644, está

haciendo un juicio de legalidad de los actos administrativos antes citados, situación que desborda la competencia de la Procuraduría General de la Nación, pues como bien indican los apelantes y advertido por esta instancia al inicio de la parte considerativa no nos corresponde pronunciarnos frente a la legalidad o no de los citados actos administrativos, siendo competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo. VALORACIÓN PROBATORIA-No existe prueba de que los actos administrativos hayan violado norma superior/ACTOS ADMINISTRATIVOS-Se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo No hay prueba allegada al proceso donde señale que los actos administrativos hayan violado norma superior, situación jurídica que se debe inferir como presunción de legalidad del acto administrativo como lo establece la Ley 1437 de enero 18 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El nuevo Código contempla de manera expresa, que los actos

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Cra. 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 –fax: 10896 Ext. 10817 www.procuraduria.gov.co Página 2 administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar. (Art.88). COMPETENCIA DISCIPLINARIA-La primera instancia desbordó sus

competencias para pronunciarse sobre la legalidad del proceso administrativo Para este despacho los argumentos de los apelantes en cuanto a que la Procuraduría Regional del Valle se ocupó de hacer un juicio de legalidad del procedimiento administrativo tramitado en la Dirección Territorial del Valle de la Unidad ya señalada está llamada a prosperar como quiera que le asiste razón, toda vez que a juicio de esta Delegada, la primera instancia desbordo sus competencias para pronunciar sobre la legalidad del proceso administrativo, cuestionado el procedimiento no solo en el material probatorio sino a la decisión tomada. Por consiguiente no será necesario entrar a pronunciarnos sobre otros aspectos planteados como quiera que con esta consideración la alternativa viable jurídicamente recae en una revocatoria del fallo sancionatorio y la absolución de los disciplinados. PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS-No presenta irregularidades El a-quo debió haber observado para proferir fallo que el peticionario fue asistido por un profesional del derecho de la Defensoría del Pueblo quien manifestó, como se reseñó en el precedente, que el proceso administrativo no presentaba irregularidades y de igual forma no observó que el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Guadalajara Buga Valle del Cauca, solicitó la revisión del proceso y que el Director Jurídico de Restitución de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas en la ciudad de Bogotá, conceptuó que no existieron irregularidades en el proceso indicando que desde el punto de vista procesal las actuaciones administrativas revisadas daban cuenta del cumplimiento de las etapas procesales

legales y reglamentarias previstas dentro del procedimiento administrativo de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente y que se tramitó el análisis previo, e inicio de estudio, comunicación de esa decisión, etapa probatoria y decisión de fondo, acorde al ordenamiento jurídico. COMPETENCIA DISCIPLINARIA-La primera instancia se extralimitó en sus funciones invadiendo la órbita de la jurisdicción de lo contencioso administrativo Para esta instancia disciplinaria es claro que con las pruebas existentes en el proceso está demostrado el a-quo se extralimitó en sus funciones invadiendo la órbita e competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por consiguiente se debe absolver de todo cargo formulado en la presente investigación disciplinaria. Todo lo anterior de acuerdo a los reiterados pronunciamientos de las altas cortes en cuanto al factor de competencias y las diferencias entre el control disciplinario y el control de legalidad, el cual es exclusivo de la Justicia Contencioso administrativo a donde debe acudir el quejoso para la respectiva revisión y eventual nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se le negó la inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA-El comportamiento desplegado por los disciplinados no constituye falta disciplinaria/DEBIDO PROCESO-El objetivo primordial es el esclarecimiento de la verdad

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Página 3 Para el despacho el cargo endilgado y las normas jurídicas que lo soportan constituyen un señalamiento de una conducta atípica para el derecho disciplinario, como quiera que el comportamiento desplegado por los disciplinados no constituye falta disciplinaria, ni violación a una norma jurídica, por consiguiente la única alternativa viable jurídicamente es la de revocar el fallo sancionatorio de fecha 07 de marzo de 2016, expedido por el Procuraduría Regional del Valle del Cauca y en su lugar absolver a los disciplinados del cargo formulado y de la conducta endilgada por atipicidad en la misma, por no existir elementos probatorios que lleven al convencimiento para declararlo disciplinariamente responsables y por cuanto no hay certeza que apunte a declarar la responsabilidad y de hacerlo se podría estar en el terreno vías de hecho, que no se pueden permitir por este órgano de control. Para este despacho es claro que el A-quo no hizo un análisis juicioso del material probatorio y dejó de valorar las pruebas que llevaran a demostrar la certeza de los hechos. Por consiguiente el no comprenderlo así, es desconocer en términos generales, la prueba que no solo favorecen y está dirigida a demostrar la ausencia de responsabilidad de los disciplinados, es decir, no solo sirve al propio interés particular de los disciplinados, sino también al esclarecimiento de la verdad, objetivo primordial del debido proceso. LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO-Jurisprudencias del Consejo de Estado CONTROL DE LEGALIDAD-Diferencias con el control disciplinario según jurisprudencias de la Corte Constitucional

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ADMINISTRATIVA

Radicación IUS 2015-7793 IUC-D2015-90-738749

Disciplinado SERGIO ENRIQUE RODRIGUEZ TOVAR Y NURY LUZ

PERALTA CARDOSO

Entidad y cargo DIRECTOR TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA Y EJE

CAFETERO/ COORDINADORA JURÍDICA DE LA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE

RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS Quejoso SERVIDOR PUBLICO Fecha de la queja 06 DE FEBRERO DE 2015

Fecha hechos 09 DE ABRIL DE 2013

Asunto FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

Bogotá D.C., 10 de Noviembre de 2016

I. ASUNTO POR TRATAR.

Este Despacho, con fundamento en la competencia otorgada por el numeral 4 del artículo 25 del Decreto Ley 262 de 2000 (Conocer en segunda instancia los procesos que en primera instancia sean de competencia de los procuradores regionales, distritales y judiciales II), y lo establecido en la Resolución No. 017 de 2000, emanada del Despacho del señor Procurador General de la Nación, se procede a proferir fallo de segunda instancia dentro de la presente actuación disciplinaria, teniendo en cuenta que no hay

causal de nulidad en la presente actuación.

II. ANTECEDENTES PROCESALES.

El origen de la presente actuación se da por la compulsa de copias efectuada dentro de la Sentencia No. 010 de fecha 31 de octubre de 2014 dentro del proceso No. 76-111-31-21-002-2013-00045-00, tramitado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en restitución de Tierras de Guadalajara de Buga Valle del Cauca, donde en la parte resolutiva se estableció lo siguiente: “(…), Décimo tercero.- Con miras a que se indague sobre las irregularidades advertidas por la delegada del ministerio público y las mismas afirmaciones de la víctima se ORDENA: a) COMPULSAR copias de todo el trámite a la Procuraduría Provincial de la ciudad de Cali, Valle, para que se investigue la conducta de los funcionarios que intervinieron en el trámite administrativo y decidieron no incluir en el Registro los predios

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Cra. 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 –fax: 10896 Ext. 10817 www.procuraduria.gov.co Página 5 propiedad del señor JARAMILLO GRANADA ubicados en el municipio de El Dovio Valle; …” . Agotado el respectivo trámite procesal, la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, mediante fallo verbal de primera instancia proferido el día 07 de marzo de 2016, sancionó a los señores: SERGIO ENRIQUE RODRÍGUEZ

TOVAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.708.296 expedida en Neiva (Huila), en su condición de Director Territorial Valle del Cauca y Eje Cafetero de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, y NURY LUZ PERALTA CARDOSO, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.067.413 expedida en Neiva (Huila), en su condición de Coordinadora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con la sanción consistente en SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL por el término de TRES (03) MESES, para ambos disciplinados. Inconformes con la decisión, los disciplinados interpusieron recurso de apelación en contra del fallo sancionatorio, para lo cual la doctora CAROLINA MIREYA VARELA LORZA, representó al disciplinado SERGIO ENRIQUE RODRIGUEZ TOVAR y la disciplinada NURY LUZ PERALTA CARDOSO actuó en su propio nombre, presentando los recursos en debida forma, dentro del término legal y en audiencia interpusieron recursos de apelación como consta a folios 703 y 704 del cartulario, razón por la cual la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, mediante actuación de fecha 14 de marzo de 2016, concedió el recurso de apelación ante esta Instancia Disciplinaria. La presente actuación disciplinaria fue recibida el día 30 de marzo de 2016, mediante oficio N. 2016-3355, proveniente de la Procuraduría Regional del

Valle del Cauca, y fue asignada el día 18 de abril de 2016, para impartir el trámite que en derecho corresponda. (Folio 707). Esta Delegada mediante auto de fecha 21 de abril de 2016, corrió traslado a los sujetos procesales de conformidad con el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, que modificó el artículo 180 de la Ley 734 de 2002, vencido el término de traslado se guardó silencio por parte de los disciplinados SERGIO

ENRIQUE RODRIGUEZ TOVAR y NURY LUZ PERALTA CARDOSO.

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III. IDENTIDAD DE LOS INVESTIGADOS Los Servidores Públicos investigados son: SERGIO ENRIQUE RODRÍGUEZ TOVAR, identificado con la cédula de ciudadanía 7.708.296, expedida en Neiva (H), en calidad de Director Territorial Valle del Cauca y Eje Cafetero de la Unidad Administrativa

Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. NURY LUZ PERALTA CARDOSO, identificada con la cédula de ciudadanía 36.067.413 en calidad de Coordinadora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Territorial Valle del Cauca.

IV. RESUMEN DE LOS HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

Originó la presente actuación el informe de servidor público a través del Oficio N° 1137 de fecha 31 de octubre de 2014, radicado ante la Procuraduría Regional del Valle del Cauca con fecha 04 de febrero de 2015, mediante el cual la Procuradora Delegada para Restitución y Formalización de Tierras de Buga, colocó en conocimiento a la Procuraduría Regional del Valle la Sentencia N° 10 del 31 de octubre de 2014, proferida dentro del Proceso de Restitución y Formalización de Tierras Abandonadas y Despojadas del Proceso bajo radicado N° 2013-00045-00, donde en el punto Decimotercero, el Juez ordenó compulsar copias de todo el trámite a la Procuraduría para que se investigue la conducta de los funcionarios que intervinieron en el trámite administrativo y decidieron no incluir en el Registro los predios de propiedad del señor LUIS FERNANDO JARAMILLO GRANADA ubicados en el municipio de El Dovio Valle. (fl. 1-63) Mediante Informe de finalización de caso de fecha 16 de enero de 2015, la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, considera pertinente cerrar la solicitud para dar paso a la Acción Disciplinaria, a efecto de que se investigue la conducta de los funcionarios que intervinieron en el trámite administrativo y decidieron no incluir en el registro los predios de propiedad del señor JARAMILLO GRANADA, ubicados en el municipio de El Dovio Valle del Cauca, por lo cual sometió el asunto a reparto. (fl. 65-66).

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Cra. 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 –fax: 10896 Ext. 10817 www.procuraduria.gov.co Página 7 4.1. Indagación Preliminar. La Procuraduría Regional del Valle del Cauca mediante Auto N° 161 del 10 de febrero de 2015, adelantó Indagación Preliminar contra los señores ANDRÉS MEJÍA ISAACS y NURY LUZ PERALTA CARDOSO, como consta a folios 67 a 69, con la finalidad de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si eran constitutivos de falta disciplinaria, individualizar a los servidores públicos presuntamente comprometidos y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad. Esa Procuraduría Regional del Valle del Cauca consideró que no se podía predicar que el señor ANDRÉS MEJÍA ISAACS, en su condición de Abogado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Territorial Valle del Cauca, para la época de los hechos, haya incurrido en presuntas irregularidades administrativas en el trámite de solicitud de registro de tierras despojadas impetrada por el señor LUIS FERNANDO JARAMILLO GRANADA, por lo cual se excluyó de responsabilidad al señor MEJÍA ISAACS sobre el objeto de la presente actuación disciplinaria. (fl. 169-170). 4.2. Citación a proceso verbal.

La Procuraduría Regional del Valle del Cauca consideró vincular a dicha actuación disciplinaria al señor SERGIO ENRIQUE RODRÍGUEZ TOVAR, en su condición de Director Territorial Valle del Cauca y Eje Cafetero de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, y procede a dar aplicación al procedimiento dispuesto en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011 o “Estatuto Anticorrupción”, por reunirse los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos. Mediante Auto N° 1600 del 31 de diciembre de 2015, se calificó el procedimiento a seguir ordenando el proceso verbal y citando a audiencia pública a los señores SERGIO ENRIQUE RODRÍGUEZ TOVAR, CC. N° 7.708.296 de Neiva (H), y a NURY LUZ PERALTA CARDOSO, CC. N° 36.067.413 de Neiva (H), para la época de los hechos, en su orden respectivamente, Director Territorial Valle del Cauca y Eje Cafetero de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Coordinadora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Valle del Cauca . (fl. 130 a 172).

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V. CARGO ÚNICO PARA LOS DOS DISCIPLINADOS 5.1. Al señor SERGIO ENRIQUE RODRÍGUEZ TOVAR. “De acuerdo con las pruebas recaudadas, el señor SERGIO ENRIQUE RODRÍGUEZ TOVAR, en su condición de DIRECTOR TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA Y EJE CAFETERO de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, al negar incluir en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente los predios de propiedad del señor LUIS FERNANDO JARAMILLO GRANADA, ubicados en el municipio de El Dovio, Valle del Cauca, solicitud hecha por el señor JARAMILLO GRANADA con los requisitos de ley”.

Lo anterior puede configurar falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Código Disciplinario Único, por la probable inobservancia del deber consagrado en los artículos 3, 72, 74, 75, 76, 78, 79 y 81 de la Ley 1448 de 2011. 5.2. Para la señora NURY LUZ PERALTA CARDOSO. “De acuerdo con las pruebas recaudadas, la señora NURY LUZ PERALTA CARDOSO, identificada con cédula de ciudadanía 36.067.413, en su condición de COORDINADORA JURÍDICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS – TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA, al incumplir los deberes contenidos en la Constitución y la Ley al revisar y

aprobar con fundamentos por fuera de ley, los actos administrativos mediante los cuales se niega la inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente los predios solicitados por el

señor LUIS FERNANDO JARAMILLO GRANADA”.

Lo anterior puede configurar falta disciplinaria, toda vez que el artículo 23 del Código Único Disciplinario por la probable inobservancia del deber consagrado en artículos 3, 72, 74, 75, 76, 78, 79 y 81 de la Ley 1448. Esto por cuanto al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 34 y numeral 1° del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, constituye un deber cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en las leyes. Frente al cargo se les citaron como normas presuntamente infringidas: La trasgresión de este precepto constituye falta disciplinaria al tenor de los artículos 23 y 50 CDU.

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1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contendidos en la

Constitución, las leyes (…). (…) 2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función (…)” (Subrayado con negrita nuestro). A la disciplina NURY LUZ PERALTA CARDOSO, le citaron como normas presuntamente violadas artículos 23 y 50 CDU. Numeral 1 del artículo 35 de la ley 734 de 2002. Articulo 35 PROHIBICIONES.- A todo servidor público le está prohibido.

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contendidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, lo decretos (…).” De igual forma se le llamo a responder por haber vulnerado los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 1 . “Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contendidos en la Constitución, las leyes (…). 2 . Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función (…)” (Subrayado con negrita nuestro). 13.- Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley”.

VI. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional del Valle del Cauca, en audiencia del 7 de marzo de 2016, profirió fallo de primera instancia, según lo visto a folios 673 a 697

del expediente, sancionando a los disciplinados doctor SERGIO ENRIQUE

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Cra. 5 No. 15-80 Piso 8º PBX 5878750 –fax: 10896 Ext. 10817 www.procuraduria.gov.co Página 10 RODRÍGUEZ TOVAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.708.296 expedida en Neiva (Huila), en su condición de Director Territorial Valle del Cauca y Eje Cafetero de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, y a la señora NURY LUZ PERALTA CARDOSO, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.067.413 expedida en Neiva (Huila), en su condición de Coordinadora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con la sanción consistente en SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL por el término de TRES (03) MESES, para ambos disciplinados; decisión que fue apelada por la apoderada del primer disciplinado y por la disciplinada antes citada conforme al artículo 180 de la Ley 734 de 2002, correspondiendo ahora a esta Delegada desatar la segunda instancia de conformidad con lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 25 del Decreto 262 de 2000.

VII. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN La apoderada del disciplinado SERGIO ENRIQUE RODRIGUEZ TOVAR

doctora CARLINA MIREYA VARELA LORZA, en la audiencia de fecha 7 de marzo de 2016, interpuso el recurso de apelación en contra del fallo proferido y en la audiencia sustentó el recurso, cuyos apartes más importantes de su defensa se extraen a continuación:

1. Manifestó la apoderada que el material probatorio no fue objeto de examen por parte de la Procuraduría y que extralimitándose en sus funciones, atribuyéndose y competencias que son vedadas, retrajo la actuación administrativa para realizar un nuevo análisis a los hechos y de los elementos que allí se recogieron para concluir que el disciplinado se había equivocado en la decisión de no incluir en el Registro de predios abandonados los del señor LUIS FERNANDO JARAMILLO, situados en El Dovio como si dicha negativa constituyera falta disciplinaria.

2. Señala que todo el análisis que se advierte en el fallo esta fincado en criticar los medios de prueba que se adujeron en la actuación administrativa que adelantó el señor SERGIO RODRIGUEZ, para concluir que el valor probatorio que a los mismos le otorgó eran equivocados y que, en su lugar, a debido dar una interpretación diferente; análisis que solo y únicamente podía hacer en la instancia correspondiente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y que en el Estado de Derecho cada

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Página 11 autoridad tiene sus propias competencias y mal puede otra, sugerir el sentido de su decisión so pretexto de falta disciplinaria.

3. Expone que la jurisdicción disciplinaria no puede de ninguna manera entrometerse en la función administrativa propia de la

Unidad de Restitución.

4. Que el sentido de la decisión del operador administrativo solo puede controvertirse a través de las acciones contenciosas y que en el proceso administrativo se respetó las reglas y se brindó las garantías del derecho de defensa del accionante y que dicha actuación no puede constituir vía de hecho que amerite intervención disciplinaria y que solo cu