PGN - DEBIDO PROCESO Integración del regímen aplicable

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto sancionatorio disciplinario PROCESO DISCIPLINARIO-Deber de respetar el debido proceso En este aspecto nos remitimos a lo planteado, doctrinariamente, por el Instituto de Estudios del Ministerio Público, en sus Lecciones de Derecho Disciplinario, las que, en síntesis, formulan la legitimidad de la autoridad oficial para disciplinar a sus servidores en aras de la consecución de los fines esenciales estatales, mas mediando, siempre y con el debido rigor, la consolidación del derecho de defensa y el correcto proceso en cada una de las intervenciones a que haya lugar en cada una de las respectivas etapas de instrucción y juzgamiento. DEBIDO PROCESO-Elementos constitutivos DEBIDO PROCESO-Integración del régimen disciplinario aplicable Si bien es cierto, teniendo en cuenta la fecha de comisión de la conducta (de ejecución instantánea) funcional irregular y constitutiva de la falta disciplinaria endilgada -21 de diciembre de 2000 -, el Decreto No. 2584 de 1993 era, en principio, el soporte jurídico para disciplinar al extremo activo, también lo es que el operador disciplinario no integró el régimen disciplinario aplicable, el que, para los casos como el presente ha previsto la jurisprudencia especializada del Consejo de Estado, dadas las condiciones particulares que atañen a la actividad de la fuerza pública, en general, y, de la policía, en particular. DERECHO DISCIPLINARIO-Busca asegurar la obediencia, la disciplina, el comportamiento y la eficiencia del servidor público DERECHO DISCIPLINARIO-Los regímenes especiales fijados por la ley no

excluyen el general PROCESO DISCIPLINARIO-Los regímenes especiales fijados por la ley se justifican por la naturaleza específica de las funciones de la entidad/PROCESO DISCIPLINARIO-Diferencias del régimen general con el especial de la fuerza pública PROCESOO DISCIPLINARIO-El régimen especial de la fuerza pública no impide aplicar el CDU en las normas procesales procedentes PROCESO DISCIPLINARIO-Aplicación del principio de favorabilidad Y, para darle efectiva aplicación a lo antedicho, es de detallar que el auto de cargos se corrió mucho después de entrar en vigencia la Ley 734 de 2002, exactamente el 19 de 2 Proc. 3 Del. Ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No.222 de 2014 -1° julioContencioso subjetivo de José Luis Larrahondo Pineda Vs. Nación – Mindefensa - Policía Nacional Exp. No. 110010325000201200246 00

R. I: No. 0929 / 12. SIAF: 2014 - 206866 octubre de 2004, previa la declaratoria de nulidad de todo lo actuado hecha a través del auto del 3 de julio de 2002, con lo cual se significa que la aplicabilidad de sus principios (los de la ley 734), según lo decidido por la jurisprudencia precedente, entre estos, el de favorabilidad –artículo 14, – debía ser de obligatorio cumplimiento por parte del operador disciplinario y al no haberse atendido tal premisa, el debido proceso del actor le fue conculcado.

3 Proc. 3 Del. Ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No.222 de 2014 -1° julioContencioso subjetivo de José Luis Larrahondo Pineda Vs. Nación – Mindefensa - Policía Nacional Exp. No. 110010325000201200246 00

R. I: No. 0929 / 12. SIAF: 2014 - 206866

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO N° 222 – 2014 1° – VII – 2014

SIAF: 2014 - 206866

S e ñ o r e s

CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B”

CONSEJERA PONENTE: (E) Dra. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ de PÁEZ

E. S. D.

REFERENCIA : EXP. No. 110010325000201200246 00 (R. I: No. 0929/12)

ACTOR : JOSÉ LUIS LARRAHONDO PINEDA

CC 76314866 Popayán

DEMANDADA : NACIÓN – MINDEFENSA - POLICÍA NACIONAL

ACCIÓN : NULIDAD y RESTABLECIMIENTO DERECHO ASUNTO : Concepto del Ministerio Público - Única Instancia Tema : Sanción disciplinaria destitución e inhabilidad 5 años

I. INTRODUCCIÓN En la oportunidad legal, esta Agencia del Ministerio Público conceptúa, en los siguientes términos, dentro del referido plenario que conoce en única instancia la indicada Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de Estado, por ser, los actos acusados, nacionales y versar sobre retiro del servicio.

II. ANTECEDENTES

2. 1. Peticiones de anulación El ciudadano JOSÉ LUIS LARRAHONDO PINEDA - C. C. 76. 314. 866 de Popayán –Cauca -, ex servidor público de la Policía Nacional, a través de apoderada especial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (arts. 85 C. C. A. y 15 D. L. 2304 de 1989)1, demandó del Tribunal Administrativo del Cauca el día veintisiete (27) de febrero de 2006

(fl. 97), las siguientes declaraciones; “...la nulidad del fallo de primera instancia proferido por el Comandante de Policía Cauca del 11 de agosto de 2005 por medio del cual se sanciona al agente JOSE LUIS LARRAHONDO PINEDA y otros miembros de la institución con el correctivo disciplinario de DESTITUCIÓN por estar incursos en faltas constitutivas de mala conducta enumeradas en el art. 39, numerales 16 y 19 del Decreto 2584 del 22 de diciembre de 1993 e impone como sanción accesoria la INHABILIDAD para ejercer funciones públicas por un término de cinco (5) años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Decreto 2584 de 1993 (...) la nulidad del fallo de segunda instancia dictado por el Director General de fecha 27 de octubre de 2005 mediante el cual no se accede a las pretensiones del recurso de apelación y confirma el fallo de primera...”. 2. 2. Restauración A título de restablecimiento del derecho deprecó la parte actora y en los

términos de ley, la reincorporación “al cargo del cual fue retirado por destitución o uno de igual categoría”, y el pago indexado de todos los haberes laborales y 1 Norma adjetiva vigente para la data de presentación de la demanda -27 de febrero de 2006, fl. 97-, según lo dispuesto por el art. 308 del Copaca o Ley 1437 de 2011 -18 de enero -. 4 Proc. 3 Del. Ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No.222 de 2014 -1° julioContencioso subjetivo de José Luis Larrahondo Pineda Vs. Nación – Mindefensa - Policía Nacional Exp. No. 110010325000201200246 00

R. I: No. 0929 / 12. SIAF: 2014 - 206866 prestacionales dejados de percibir a consecuencia de la sanción, sin perjuicio del reconocimiento de perjuicios materiales por valor de $1.500.000.oo como costo de honorarios profesionales del proceso disciplinario, y de perjuicios morales “en cuantía de 1000 salarios mínimos mensuales, como resarcimiento a las angustias y problemas familiares generados a causa del proceso disciplinario”. 2. 3. Normativa violada y razón de ello La preceptiva jurídica que la parte demandante planteó como infringida con la actuación de las dependencias disciplinarias de la Policía Nacional, la cual incurrió en expedición irregular de los actos acusados, se contrajo a los artículos 4° (“Supremacía normativa de la Constitución”), 21 (“Derecho a la honra”) y 29 (Del debido proceso) de la Constitución Política, por cuanto: “En el

momento en que el Director de la Policía Nacional se opone a aplicar la favorabilidad, además de decir que tiene la facultad de decidir aplicar la máxima sanción a una conducta que no es correcta cuando existe una norma posterior como es la ley 734 de 2002, que le dice como se debe realizar la graduación de las sanciones y que debió aplicarse por ser favorable, sino se estarían trasgrediendo las normas constitucionales, dándoles a algunos entes la facultad de retirar así la falta sea leve, en este orden de ideas sobrarían los artículos de la ley que hablan sobre las faltas leves y graves, pues para que esto si al final se sancionaran (sic) como gravísimas (...) como se demostrará, al actor no se le respetó este derecho, primero porque se le eleva pliego de cargos con base en pruebas que no fueron legalmente obtenidas en el proceso, como son los testimonios recepcionados por el señor Capitán, hoy Mayor Vega Sánchez, los cuales no fueron debidamente ratificados como se había ordenado en el auto de nulidad del proceso, en segundo lugar por no aceptar aplicar la norma más favorable al disciplinado y en tercer lugar porque no se tuvieron en cuenta al momento de fallar normas procedimentales obligatorias, exactamente los artículos 43 y 47 de la ley 734 de 2002(...) En los procesos disciplinarios se debe respetar el precepto constitucional para garantizar al investigado el debido proceso, en el fallo se nombra la sentencia C-597-96 y trascribe unos apartes de la misma que dicen que en materia disciplinaria se aplican los principios del debido proceso con cierta flexibilidad, en relación con el derecho

penal, se cita esta jurisprudencia como fundamento para no aplicar la favorabilidad y también como una forma de reforzar la potestad que dicen tener para aplicar la sanción más rígida, como una forma de constreñir al resto de personal uniformado para que no cometan las mismas conductas, como quien dice un castigo ejemplarizante que infunda temor a los demás, esto se puede deducir al analizar el proceso, se verá a través del mismo que nunca se tuvo en cuenta lo que representaba el funcionario para la institución, su trayectoria, se limitó a investigar para castigar, no se utilizó la imparcialidad, o al menos creer algo de lo que el funcionario aducía en su defensa, siempre pesaron otras pruebas, así no fueran legalmente aportadas al proceso, entrando aquí en otro motivo de nulidad pues se están pasando por alto los principios fundamentales del proceso disciplinario, como son la presunción de inocencia, la imparcialidad en la investigación y la favorabilidad (...) Por otro lado, otro aspecto es que en el momento en que el funcionario sanciona al actor con la máxima sanción, DESTITUCIÓN, incluyendo la sanción accesoria de la inhabilidad por 5 años para ejercer cargos públicos, por una conducta que es considerada en el código como falta grave, se está excediendo. Lo que equivale a decir, que al ser la sanción impuesta excesiva es ilegal; porque se quebranta el principio de proporcionalidad que debe mediar entre la conducta y la sanción, lo que igualmente conllevaría a la nulidad de los actos administrativos”: 2. 4. Cuestión fáctica .- Ingresó, el demandante LARRAHONDO PINEDA, a la Escuela EDUARDO

CUEVAS a realizar el curso de Agente de Policía el 1° de marzo de 1993 y 5 Proc. 3 Del. Ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No.222 de 2014 -1° julioContencioso subjetivo de José Luis Larrahondo Pineda Vs. Nación – Mindefensa - Policía Nacional Exp. No. 110010325000201200246 00

R. I: No. 0929 / 12. SIAF: 2014 - 206866 se le vinculó como Agente Profesional el 11 de agosto de 1993 mediante

Resolución No. 6265 e inició carrera el 1° de septiembre de dicha anualidad. .- El 26 de febrero de 2001 se le retiró del servicio en ejercicio de la facultad discrecional del Director de la Policía, a tiempo de estar desempeñando funciones de policía judicial en la Unidad El Bordo. .- Si bien el retiro tuvo lugar por el ejercicio del poder discrecional, “los verdaderos motivos de su retiro fueron los hechos ocurridos el 21 de febrero de 2001, por los cuales se le siguió un proceso disciplinario, situación irregular demandada administrativamente y que en la actualidad se encuentra en etapa probatoria, así como lo hicieron separadamente sus otros compañeros: S.. NURBEY UBEIMAR BOLAÑOS GONZÁLEZ, AG. OSCAR ANGEL FRANCO, AG. FREDY ANTONIO FERNÁNDEZ GALLARDO y AG. JUAN IGNACIO HERNÁNDEZ DUARTE, de los cuales los tres primeros ya obtuvieron sentencia favorable...”. (Folios 221 a 235). A la demanda se le adjuntó el memorial poder judicial (Folio 1), las fotocopias

de los actos acusados (2 a 157), el pliego de cargos del 21 de febrero de 2001 (158 a 173), el pliego de cargos del 19 de octubre de 2004 (174 a 194), el oficio No. 630 de 2002 -27 de junio – de la Procuraduría Provincial de Popayán por medio del cual, en ejercicio de la supervigilancia administrativa dispuesta sobre el expediente disciplinario, le pone en conocimiento del Comandante de Policía –Cauca – unas precisiones de índole procesal y de interpretación de la ley disciplinaria –específica y general – (195 a 198), el auto del 3 de julio de 2002 del Comando de Policía –Cauca – declarando la nulidad del auto de apertura de investigación y de los acusatorios; ordenando ratificar unas declaraciones; declarando válidas las pruebas legalmente acopiada; y, disponiendo la apertura de investigación y la respectiva información a los implicados (199 a 201 del cuaderno No. 1.). Del cuaderno No. 2, al que, se le tachó la foliatura que venía de su precedente cuaderno No. 1, se anexaron al libelo introductorio: Las ejecutoriadas sentencias de primera instancia proferidas por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro de las causas de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución No. 00578 de 2001 - 22 de febrerode la Dirección General de la Policía por medio de la cual se ordenó el retiro del servicio por facultad discrecional, de los policiales FREDY ANTONIO

FERNÁNDEZ GALLARDO, OSCAR ÁNGEL FRANCO y NURBEY UBEIMAR

BOLAÑOS GONZÁLEZ (Folios 1 a 64), constancia, del 20 de noviembre de 2005, de ejecutoria del fallo disciplinario de segunda instancia proferido por el Director General y suscrita por el Coordinador – E – Grupo Control Interno Disciplinario de la Policía Cauca (65), prueba documental de parentesco (66 a 68), constancia de asistencia a terapia familiar del demandante y familia, suscrita por la Dra. ENITH ROSANA GUAUÑA C (69), Certificación de sueldo devengado en el mes de abril de 2005 por un policial activo (70), y constancias de pago honorarios profesionales abogada por asistencia en proceso disciplinario (71 a 73). La apoderada del demandante alegó de conclusión, como consta a folios 238 a 243, momento procesal que aprovechó para solicitar que se decrete el recaudo del fallo preclusivo de la investigación penal que se surtió en contra de su mandante dictado por “la Fiscalía 001 seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Balboa” y que se tenga, oficiosamente, como prueba “el fallo del 12 de julio de 2010 del juzgado cuarto administrativo de Popayán a favor de Norbey Ubeimar Bolaños, persona retirada junto con el actor por los mismos 6 Proc. 3 Del. Ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No.222 de 2014 -1° julioContencioso subjetivo de José Luis Larrahondo Pineda Vs. Nación – Mindefensa - Policía Nacional Exp. No. 110010325000201200246 00

R. I: No. 0929 / 12. SIAF: 2014 - 206866

hechos, la (sic) cual fue impugnada por la policía y ratificada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Cauca”. Con base en esta última decisión judicial consideró pertinente la aplicabilidad del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 14 del CDU y del derecho administrativo constitucionalizado –más allá del CCA – en todo juicio de responsabilidad2. Arrimó a su escrito de cierre las enunciadas sentencia proferida el 12 de julio de 2010 por el Juzgado 4° Administrativo de Popayán (Folios 223 a 230) y la determinación preclusiva adoptada la Fiscalía 001 Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Balboa, del 24 de abril de 2013 (Folios 231 a 237).

III. CONTESTACIÓN La Policía Nacional concurrió al proceso3, se opuso a las pretensiones y en guarda de la legalidad de los actos acusados expuso la imposibilidad de que en sede judicial contenciosa administrativa se pueda abrir de nuevo el debate probatorio -como si de una tercera instancia se tratara-, pues en vía gubernativa quedó finiquitada la discusión; que las decisiones adoptadas en contra del acto de retiro discrecional tienen efectos inter partes y se generaron en situaciones fácticas y jurídicas diferentes de las que se ocupa el proceso disciplinario; que el trámite procesal se surtió atendiendo el debido proceso y contó con la intervención del accionante, y que, por lo demás, en razón a la presunción de legalidad de que se hallan amparados los cuestionados actos la decisión administrativa disciplinaria atacada hizo tránsito a cosa juzgada.

Con todo, propuso la excepción de “Falta de sustentación fáctico-jurídica de la causal de nulidad de los actos administrativos impugnados”. (Folios 186 a 197). Básicamente, en el mismo sentido, alegó de conclusión, como se detalla a las páginas 251 a 256.

IV. OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 4. 1. Exposición genérica En criterio de esta Agencia Fiscal, las pretensiones declarativas de invalidez y las de condena de restauración, sin costas procesales, promovidas por el ex_policial JOSÉ LUIS LARRAHONDO PINEDA, DEBEN SER DESPACHADAS FAVORABLEMENTE, por las siguientes razones. 4. 2. De la controversia Se circunscribe a determinar, según el planteamiento del interviniente activo, si en el diligenciamiento disciplinario surtido por las dependencias 2 Jurisprudencia emanada del Consejo de Estado, Sección 1ª: Sentencia del 24 de julio de 2003, rad. 8365 C. P. URUETA AYOLA y de la Sección 3ª: Sentencia del 23 de junio de 2010, rad. 16367,

C. P. GIL BOTERO. 3 Se tiene en cuenta la contestación efectuada por ante el CE una vez éste asumió el conocimiento del proceso (Folios 157 a 162, auto del 10 de septiembre de 2012).

7 Proc. 3 Del. Ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No.222 de 2014 -1° julioContencioso subjetivo de José Luis Larrahondo Pineda Vs. Nación – Mindefensa - Policía Nacional

Exp. No. 110010325000201200246 00

R. I: No. 0929 / 12. SIAF: 2014 - 206866 competentes de la Policía Nacional4, en contra del mentado LARREHONDO PINEDA (entre otros policiales), en su condición laboral administrativa, para la época de los hechos (diciembre de 2000) de Agente adscrito al Departamento de Policía del Cauca, proceso radicado al número interno 001/2001 DECAU-2003-2-, el que generó los actos administrativos censurados, se violó el debido proceso en lo referente a la inaplicabilidad del postulado de la favorabilidad, porque con la entrada en vigencia de la Ley 734 de 2002, la conducta funcional presuntamente irregular que se le imputó, se encontraba gobernada por norma más benigna al no ser considerada como falta gravísima sino como grave, y, por ende, castigada con sanción disciplinaria de suspensión, que no de destitución e inhabilidad.

No habrá lugar, de otra parte, a pronunciarnos acerca de la excepción propuesta porque, además de que el ente oficial accionado no desarrolló el concepto de la misma, pues lo que se observa es una mera enuncianción al simplemente consignar: “Falta de sustentación fáctico-jurídica de la causal de nulidad de los actos administrativos impugnados”, sabido es que debe propenderse por la efectividad del derecho sustantivo por sobre estimaciones procedimentales. 4. 3. Análisis 4. 3. 1. Del régimen disciplinario En este aspecto nos remitimos a lo planteado, doctrinariamente, por el

Instituto de Estudios del Ministerio Público, en sus Lecciones de Derecho Disciplinario. Volumen 2. Obra Colectiva. Procuraduría General de la Nación, Bogotá, D. C., julio 2007, pág. 70, y, vía jurisprudencia, a lo concebido por la pluma de la Dra. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ de PÁEZ dentro del radicado número 110010325000200900140 00 (R. I: 2038 – 2009) del nueve (9) de febrero de 2012, las que, en síntesis, formulan la legitimidad de la autoridad oficial para disciplinar a sus servidores en aras de la consecución de los fines esenciales estatales, mas mediando, siempre y con el debido rigor, la consolidación del derecho de defensa y el correcto proceso en cada una de las intervenciones a que haya lugar en cada una de las respectivas etapas de instrucción y juzgamiento. 4. 3. 2. Acopio probatorio conducente y pertinente a la acusación en concreto en esta sede judicial. Se destaca de importancia para las resultas de esta intervención fiscal: .- La investigación disciplinaria adelantada en contra del disciplinado-actor y otros, se originó con base en el Oficio No. 1241 del 22 de diciembre de 2000 suscrito por el My. CARLOS ENRIQUE VEGA SÁNCHEZ, Comandante Distrito 3 El Bordo –Cauca -, por intermedio del cual informaba de un irregular operativo llevado a cabo por policiales a su mando al solicitar la suma de $3.500.000.oo para “arreglar” un asunto relacionado con el descubrimiento de

un plantío de coca en dicha jurisdicción municipal (Fl. 5 y ss, Antecedentes fácticos del primero de los actos acusados. .- Pliego de cargos del 19 de octubre de 2004 en el que, previa la descripción del hecho puntual, se le indicaron las normas presuntamente violadas, el concepto de la violación y la modalidad específica, de la siguiente y literal 4 En este caso el Grupo Interno Disciplinario del Departamento de Policía Cauca y la Dirección General. 8 Proc. 3 Del. Ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No.222 de 2014 -1° julioContencioso subjetivo de José Luis Larrahondo Pineda Vs. Nación – Mindefensa - Policía Nacional Exp. No. 110010325000201200246 00

R. I: No. 0929 / 12. SIAF: 2014 - 206866 manera: “...Con el presunto comportamiento enunciado anteriormente, el señor AG.

LARRAHONDO PINEDA JOSÉ LUIS, usted, pudo haber incurrido presuntamente en la violación del Reglamento de disciplina y Ética para la Policía Nacional (Decreto 2584 de 1993), TÍTULO II DE LAS FALTAS, CAPÍTULO ÚNICO, FALTAS CONTRA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN ARTÍCULO 39, NUMERALES 16 “No informar los hechos que deben ser llevados a conocimiento del superior, por razón del cargo o servicio o hacerlo con retardo. 19. “Omitir información al superior sobre la comisión de un delito investigable de oficio o de falta disciplinaria, que comprometa la responsabilidad

del Estado o ponga en serio peligro el prestigio y la moral institucional” (Lo subrayado es lo nuestro) El anterior cargo se sustenta en las declaraciones del señor ….”. (Fl. 176 del Cuaderno No. 1). .- Los actos acusados, folios 3 a 92, y 95 a 157 (ibídem encuadernamiento), mantuvieron esa específica calificación jurídica, como particularmente se aprecia, en lo que corresponde a la suerte procesal del demandante, a los folios 13 y 99. 4. 3. 3. Consideraciones del Ministerio Público El artículo 29 del Estatuto Superior dispone: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante La investigación y juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

El primer elemento o componente del citado derecho fundamental constitucional, el de: “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”, y el de hermenéutica favorable, según el cual: “En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”; son los que se echan de menos dentro de la presente controversia, y, baste esta apreciación, para conceptuar la prosperidad de las pretensiones, salvo la de condena en costas procesales. Si bien es cierto, teniendo en cuenta la fecha de comisión de la conducta (de ejecución instantánea) funcional irregular y constitutiva de la falta disciplinaria endilgada -21 de diciembre de 2000 -, el Decreto No. 2584 de 1993 era, en principio, el soporte jurídico para disciplinar al extremo activo, también lo es que el operador disciplinario no integró el régimen disciplinario aplicable, el que, para los casos como el presente ha previsto la jurisprudencia especializada del Consejo de Estado, dadas las condiciones particulares que atañen a la actividad de la fuerza pública, en general, y, de la policía, en particular. Prcedente jurisprudencial5 5 Sentencia del 22 de marzo de 2012. Exp. No. 110010325000201100003 -00 (0029-119). C. P.

ALVARADO ARDILA

9 Proc. 3 Del. Ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No.222 de 2014 -1° julioContencioso subjetivo de José Luis Larrahondo Pineda Vs. Nación – Mindefensa - Policía Nacional

Exp. No. 110010325000201200246 00

R. I: No. 0929 / 12. SIAF: 2014 - 206866 “… “Como los hechos que dieron lugar a la investigación disciplinaria que se adelantó en contra de la accionante, ocurrieron en el mes de julio de 2003 mientras ésta se desempeñaba como Intendente en la Policía Nacional, le son aplicables las disposiciones que entonces se encontraban vigentes, revistas en: “i) La Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario único”, la cual empezó a regir en mayo de ese año. “ii) El Decreto 1798 de 14 de septiembre de 2000 “Por el cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional”, el cual empezó a regir a partir del 1° de enero de 2001 al tenor de su artículo 154. “iii) La Resolución 01626 del 26 de junio de 2002, “por la cual se organiza el Control Disciplinario Interno de la Policía Nacional”, proferida por el Director General de la Policía Nacional. “Sobre el particular, cabe precisar que además del régimen disciplinario general de los servidores públicos, existen unos especiales que no excluyen la aplicación del primero. En efecto, con el propósito de asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos, el legislador expidió el CDU, el cual determina qué conductas se consideran faltas disciplinarias, las sanciones en las que se puede incurrir y el procedimiento que debe seguirse para

determinar la responsabilidad disciplinaria. Con la expedición de este Código se buscó la instauración de un estatuto uniforme y comprensivo de todo el régimen disciplinario aplicable a los servidores del Estado. “No obstante, en razón a la naturaleza específica de sus funciones, la propia Constitución otorgó al legislador la facultad para establecer regímenes especiales de carácter disciplinario aplicables a los miembros de la fuerza pública… “En ese orden, el artículo 224 de la Ley 734 establece: “La presente ley regirá tres meses después de su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias, salvo las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstos en la Ley 190 de 1995 y el régimen especial disciplinario establecido para los miembros de la fuerza pública. “Sin embargo, esta especialidad del régimen disciplinario propio de la fuerza pública y su prevalencia, no impide que también sean destinatarios de las normas del régimen disciplinario de los servidores del Estado, en cuanto ellas resulten procedentes. “Conforme lo ha expresado la Corte Constitucional, “lo que constituye la diferencia específica de este régimen frente al general aplicable a los demás servidores públicos, es el señalamiento de una serie de faltas disciplinarias y de sus correspondientes sanciones, que son diferentes de las que pueden ser impuestas a la generalidad de los mencionados servidores públicos, y cuya provisión, como se mencionó, se justifica por la particular actividad que les compete desarrollar en favor de la conservación del Estado de Derecho y que en ningún caso se identifican con las asignadas alas otras entidades del Estado. Ello, sin embargo, lo

ha aclarado la Corte al interpretar el alcance del principio de especialidad previsto en la Carta y desarrollado por la Ley. No exime a los miembros de la fuerza pública de ser también sujetos activos de las conductas previstas en el régimen disciplinario general. “En relación con este último aspecto, la hermenéutica constitucional también ha resaltado que “lo fundamental y diferencial para el régimen disciplinario propio de la fuerza pública, es sin duda el aspecto subjetivo o sustancial, esto es, lo correspondiente a las faltas y sanciones especiales, y no el aspecto adjetivo o procedimental, es decir, las normas que conjugan el trámite o ritual a seguir en la definición de la responsabilidad disciplinaria, ya que este segundo aspecto puede regirse por las preceptivas que regulan el proceso disciplinario general, contenido en el respectivo estatuto disciplinario básico y en las demás disposiciones procesales que le sean concordantes. 10 Proc. 3 Del. Ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No.222 de 2014 -1° julioContencioso subjetivo de José Luis Larrahondo Pineda Vs. Nación – Mindefensa - Policía Nacional Exp. No. 110010325000201200246 00

R. I: No. 0929 / 12. SIAF: 2014 - 206866 “… “Así las cosas, la Policía Nacional está facultada para investigar disciplinariamente a los uniformados que pertenecen a esa institución del siguiente modo: en lo sustancial de acuerdo con su régimen especial, contenido en el Decreto 1798 de 2000, y, en lo procesal, siguiendo no solo las disposiciones del citado decreto sino

también los principios y las pautas del CDU. “…”. Y, para darle efectiva aplicación a lo antedicho, es de detallar que el auto de cargos se corrió mucho después de entrar en vigencia la Ley 734 de 2002, exactamente el 19 de octubre de 2004, previa la declaratoria de nulidad de todo lo actuado hecha a través del auto del 3 de julio de 2002, con lo cual se significa que la aplicabilidad de sus principios (los de la ley 734), según lo decidido por la jurisprudencia precedente, entre estos, el de favorabilidad – artículo 146 – debía ser de obligatorio cumplimiento por parte del operador disciplinario y al no haberse atendido tal premisa, el debido proceso del actor le fue conculcado. Revisado el listado de las 63 conductas –con sus variantes -, que constituyen faltas gravísimas, no se encuentra la endilgada al actor, ésta es, la de: “No i