PGN - DECISION JUDICIAL Jurisprudencia constitucional

Procuraduría General de la Nación

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Detalles

Título
PGN - DECISION JUDICIAL Jurisprudencia constitucional
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia

Administrativa

Radicación: 014-81033-03

Investigados: Bernardo Álvaro Salas Salas Cargo y entidad: Secretario Delegatario con funciones de Gobernador del

Putumayo Quejoso: De oficio Fecha queja: 11 de febrero del 2002

Fecha hechos: 02 de agosto de 1999 (conducta continuada) Fecha prescripción: 01 de agosto del 2004

Asunto: Auto de archivo. Presunta irregularidad cometida al efectuar un nombramiento.

AUTO Bogotá DC, 24 MAR. 2004 OBJETO Procede el Despacho a decidir lo que en derecho corresponde, respecto las diligencias radicadas bajo el No. 014-810333-03, originados en el auto de apertura de investigación disciplinaria proferido por la Procuraduría Regional del Putumayo, fechado el 11 de febrero del 2002 (fls. 2-4), en la cual se pone de manifiesto la existencia de presuntas irregularidades imputables al Secretario Delegatario con funciones de Gobernador del Departamento del Putumayo, Señor BERNARDO

ÁLVARO SALAS SALAS.

HECHOS

1. Que el Secretario Delegatario con funciones de Gobernador del Departamento del Putumayo, Señor BERNARDO ÁLVARO SALAS SALAS, nombró al Señor JOSÉ EVERARDO CUASQUER QUENGUAN, en el cargo de Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la Hormiga, Valle del Guamuéz (Putumayo), sin que cumpliera con los requisitos exigidos para ocupar el

cargo. ANTECEDENTES PROCESALES Mediante auto de fecha 11 de febrero del 2002, la Procuraduría Regional del Putumayo dispuso compulsar copias de los folios pertinentes para iniciar indagación preliminar contra el Secretario Delegatario con Funciones de Gobernador en el Departamento del Putumayo, ÁLVARO SALAS SALAS (fls. 24); por medio del auto de 08 de abril del 2002 esa Procuraduría Regional dispuso la apertura de indagación preliminar y ordenó la práctica de pruebas (fls. 23-25). Mediante auto del 01 de noviembre del 2002, .se dispuso por razones de competencia funcional, el envío de las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, correspondiendo el reparto a esta Delegada (fI. 45). PRUEBAS ALLEGADAS De las pruebas allegadas a la foliatura, son de resaltar:

1. Copia del auto de apertura de investigación disciplinaria de fecha 11 de febrero del 2002, suscrito por el Procurador Regional del Putumayo, Señor URIEL RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ (fls. 3-4).

2. Acta de visita especial a la Gobernación del Departamento del Putumayo, de fecha 16 de octubre del 2002 (fI. 26).

3. Copias auténticas del acta de grado de especialista en alta gerencia, conferida por la Universidad de Nariño, el 18 de diciembre de 1998 al Señor JOSÉ EVERARDO CUASQUER QUENGUAN, y del respectivo diploma (fls. 29-30).

4. Copia auténtica del diploma de economista, conferido por la Universidad de

Nariño, el 18 de julio de 1997, al Señor JOSÉ EVERARDO CUASQUER QUENGUAN, y de la correspondiente tarjeta profesional No.23618, conferida por el Consejo Profesional de Economía (fls. 31 y 36).

5. Copias auténticas del Decreto 0013 del 02 de agosto de 1999, por el cual se hace un nombramiento, suscrito por el Secretario Delegatario con funciones del Gobernador del Departamento del Putumayo, Señor BERNARDO ÁLVARO SALAS SALAS, y acta de posesión de la misma fecha (fls. 32-33).

6. Copia auténtica del Decreto 00054 del 09 de febrero del 2001, por el cual se acepta una renuncia, suscrito por el Señor IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA, Gobernador del Putumayo (fls. 34-35).

7. Copia auténtica de la hoja de vida del Señor JOSÉ EVERARDO CUASQUER QUENGUAN (fls. 37-40).

8. Fax 00350 de fecha 17 de marzo del 2004, suscrito por la Señora GLORIA ESPERANZA GUERRERO LIÑEIRO, Directora (e) del Departamento Administrativo de Salud del Putumayo (fI. 47).

CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA La conducta atribuida al funcionarios implicado, consiste fundamentalmente en un hecho concreto, que el Secretario Delegatario con Funciones de Gobernador del Departamento del Putumayo, Señor BERNARDO ÁLVARO SALAS SALAS, nombró

al Señor JOSÉ EVERARDO CUASQUER QUENGUAN en el cargo de Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la Hormiga Municipio del Valle de Guamuéz Putumayo, sin que éste reuniera los requisitos exigidos para el desempeño de dicho cargo. Mediante el Decreto No.1569 del 05 de agosto de 1998, el gobierno nacional estableció el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades territoriales, que deben regularse por las disposiciones de la Ley 443 de 1998, para tales efectos se definió empleo por el legislador extraordinario, como el conjunto de funciones que una persona natural debe desarrollar y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado, adicionando por demás que los requisitos específicos para el ejercicio del empleo, así como sus funciones, serán establecidos por las autoridades competentes para tal fin, pero sujetos a los términos generales consagrados en dicho decreto.

I. ANÁLISIS PROBATORIO: Del análisis del material probatorio manifiesto dentro del expediente se desprende: En primer lugar que el Señor JOSÉ EVERARDO CUASQUER QUENGUAN obtuvo el grado de economista, conferido por la Universidad de Nariño, el 18 de julio de 1997, y que por lo tanto es titular de la tarjeta profesional No.23618, conferida por el Consejo Profesional de Economía (fls. 31 y 36).

En segundo lugar que el Señor JOSÉ EVERARDO CUASQUER QUENGUAN obtuvo el grado de especialista en Alta Gerencia, conferido por la Universidad de Nariño, el

18 de diciembre de 1998 (fls. 29-30). Que mediante el Decreto 00123 del 02 de agosto de 1999, el Secretario Delegatario con funciones de Gobernador del Departamento del Putumayo, Señor BERNARDO ÁLVARO SALAS SALAS, nombró al Señor JOSÉ EVERARDO CUASQUER QUENGUAN, como Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la Hormiga Valle del Guamuéz Putumayo, quien se posesionó del cargo en la misma fecha (fls. 32-33), quien se desempeñó en el cargo hasta el 11 de febrero del 2001, según Decreto 00054 del 09 de febrero del 2001 (fls.34-35). Que ella Empresa Social del Estado en cuestión es una institución prestad ora de servicios de primer nivel de atención para la época de los hechos, y hasta la fecha según certificación que reposa al folio 47 de expediente.

11. ILICITUD SUSTANCIAL: Sobre el tema en cuestionamiento es importante examinar el artículo 24 del Decreto 1569 de 1998, en el cual se contemplan los requisitos para ocupar el cargo de Gerente del Hospital en cuestión, que como ya quedó demostrado es del primer nivel de atención (fI. 47), norma presuntamente violada que dispone entre otras cosas: "...Para el ejercicio de los empleos de Director de Hospital y de Gerente de entidad descentralizada de carácter departamental o municipal que pertenezcan al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se exigirán los siguientes requisitos: Director de Hospital y Gerente de Empresa Social del Estado de primer nivel de atención. Para el desempeño del cargo de Gerente de una Empresa Social del

Estado de o Director de Institución Prestadora de Servicios de Salud, del primer nivel de atención, se exigirán los siguientes requisitos, establecidos de acuerdo con la categorización de los municipios regulada por la Ley 136 de 1994, en el artículo 6. Para la categoría especial y primera se exigirán como requisitos, título universitario en áreas de la salud, económicas, administrativas o jurídicas, título de postgrado en salud pública, administración o gerencia hospitalaria, administración en salud; y experiencia profesional de dos (2) años en cargos del nivel directivo, ejecutivo, asesor o profesional en organismos o entidades públicas o privadas que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud". De donde se tiene que los requisitos son:

1. Título universitario en áreas de la salud, económicas, administrativas o jurídicas;

2. Título de postgrado en salud pública, administración o gerencia hospitalaria, administración en salud; y

3. Experiencia profesional de dos años en cargos del nivel directivo, ejecutivo, asesor o profesional en organismos o entidades publicas o privadas que integran el Sistema

General de Seguridad Social en Salud. En este orden de ideas, dentro del expediente disciplinario está demostrado, que el Señor CUASQUER QUENGUAN cumplió con los requisitos exigido por el Decreto de marras para el ejercicio del cargo, a saber: Tenía para la fecha de posesión, 02 de agosto de 1999 (fI. 33), el título de economista conferido por la Universidad de Nariño (fI. 31), título de postgrado en administración (especialista en alta gerencia) conferido por la misma Universidad( fI. 30); y poseía una experiencia profesional superior a

diecisiete meses, lo cual se infiere de los datos aportados al expediente. Ahora bien, cierto es el referido caballero recibió su título profesional de economía el 18 de julio de 1997, y se posesionó del cargo habiendo transcurrido dos años desde dicha fecha, 02 de agosto de 1999; adicionalmente su hoja de vida señala que se desempeñó como Tesorero Municipal de Córdoba (Nariño) entre el 01 de enero de 1998 y el 30 de septiembre de 1998, y como Coordinador Local de Salud del mismo municipio entre el 01 de septiembre de 1998 y el 31 de mayo de 1999, lo que a la sazón suman 17 meses de los 24 de experiencia exigidos por el decreto (fl. 15). En adición a lo anterior, también se deben considerar las condiciones espaciales de los hechos, en el sentido de que dicho hospital se halla ubicado en el Municipio del Valle del Guamuéz (Putumayo) una zona apartada del centro del país, lugar para el cual no se encuentran muchos voluntarios dispuestos a desempeñarse laboral mente allí, aunado a la marginalidad, a la pobreza y el abandono por parte del gobierno central, razón por la cual esta Delegada considera que no se debe hacer una interpretación exegética del artículo en mención, sino que se debe hacer para el caso sub examine, una interpretación finalística-sistemática con tintes sociológicos de la norma, apreciando el tenor literal del texto, sin dejar de lado la ley como un esquema abstracto, y su finalidad propuesta, como lo ha manifestado la Corte Constitucional en las Sentencias C-011 de 1994, al señalar que las decisiones de los jueces deben

ser razonadas y razonables, y T-066 de 1998, al contemplar que al interpretar la norma se debe observar la realidad social y política del medio donde se aplica la norma, atendiendo factores sociales, económicos y políticos de una región apartada del país, y sembrada por la violencia paralegal y el narcotráfico, situaciones que son de público conocimiento de todos los ciudadanos. Así las cosas, si de la lectura exegética se observa que pudo haber vulneración, a la norma arriba transcrita, sin olvidar que bien lo manifestó la Corte Constitucional en su fallo C-568-00 al señalar que la exégesis es insuficiente para determinar un asunto, dicha vulneración encuentra justificación en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 734 del 2002, en el sentido de que el derecho de toda una comunidad deprimida del país a contar con un servicio de salud en pleno ejercicio, se sobrepone al tenor literal de la norma, en razón de la necesidad, la adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, en armonía con el artículo 13 de la misma norma en el sentido de que no puede haber responsabilidad objetiva, y de que no se ha generado ningún detrimento patrimonial al Estado. En este orden de ideas, con fundamento en los anteriores considerandos y las pruebas anteriormente allegadas al proceso, se tiene en claro que pese a que pudo haber comisión de la falta, hubo justificación de la misma, y mal haría el operador disciplinario en aplicar todo el peso de la justicia disciplinaria, empero cuando no se lograrían jamás, para este caso, el logro de los fines de la función de la sanción disciplinaria, dado que éstos son de prevención y corrección, y en este caso ya no

habría nada que prevenir o corregir, dada la antigüedad de la conducta; de manera que con fundamento en el artículo 73 y 164 concordante de la Ley 734 de 2002, se ordenará el archivo de las presentes diligencias, en atención a los motivos anteriores. En mérito de lo expuesto, LA PROCURADORA DELEGADA SEGUNDA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en uso de sus atribuciones legales, DISPONE: PRIMERO: Ordenar la terminación de la actuación y en consecuencia disponer el archivo definitivo de las diligencias radicadas bajo el No. 01481033-03, adelantada contra el Secretario delegatario con funciones de Gobernador del Departamento del Putumayo, Señor BERNARDO ÁLVARO SALAS SALAS, con fundamento en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: Ordenar que por Secretaría de la Procuraduría Regional del Putumayo, se comunique la presente decisión al Implicado, para tal efecto, se dejarán las constancias respectivas; y se tendrá por comunicado también de esta decisión el Informante, como quiera que es esa misma Procuraduría Regional, y advertirá que contra el presente auto no procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, conforme al artículo 115 de la Ley 734 del 2002, habida cuenta de que no le asiste interés directo en la actuación, precisamente y debido a su condición de tal.

TERCERA: Por Secretaría de esta Delegada efectúense las comunicaciones y anotaciones de rigor.

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE

LAURA GUIOMAR ECHEVERRY GARZÓN

Procuradora Segunda Delegada Vigilancia Administrativa

GEG/FS

Exp. No. 014-81033-03.

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