PGN - DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Definición

REPARACION DIRECTA-Daño antijurídico ocasionado por declaratoria de extinción de dominio de un inmueble RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Encuentra su sustento en el artículo 90 de la constitución política RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Cláusula general de responsabilidad RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Requisitos para su configuración Requisitos para que se configure la responsabilidad del Estado: La acreditación del daño, que éste resulte imputable a una entidad estatal, y el nexo de causalidad entre estos dos elementos. De manera más amplia, así lo ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado FALLA EN EL SERVICIO-Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADODefectuoso funcionamiento de la administración de justicia DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIADefinición Para que se configure el anterior daño, se requiere que se pruebe una falla en el funcionamiento de la administración de justicia, el cual se produce como consecuencia de la desatención de las normas que rigen el ejercicio del deber funcional por parte del agente del Estado o que en la ejecución del mismo se ejecuten acciones retardatorias injustificadas. REGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA-Falla del servicio FALLA DEL SERVICIO-Elementos para su configuración En el régimen subjetivo de imputación a título de falla del servicio, para que sea procedente declarar la responsabilidad del Estado, es necesario acreditar tres elementos: el daño, la falla del servicio entendida como una falta a los deberes por parte de la entidad

estatal, y el nexo de causalidad entre estos dos elementos (daño y falla)

REGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Daño especial

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REGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Riesgo excepcional 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JOCASI (rev.3)

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CONCEPTO No. 097 / 2019

Bogotá D.C., 05 de julio de 2019

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Consejera Ponente

MARÍA ADRIANA MARÍN

E. S. D.

EXPEDIENTE: 25000-23-36-000-2016-01008-01 (60774)

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: JOSE URIEL ARANGO TABARES Y OTRO DEMANDADO: LA NACIÓN – Fiscalía General de la Nación Sentido del concepto: Se conceptúa que la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, debe ser CONFIRMADA // No se probó la responsabilidad patrimonial del Estado por

falla en el servicio por la decisión del Fiscalía General de la Nación al iniciar el trámite de extinción de dominio sobre la finca El Estaco ordenado en la Resolución del 25 de agosto de 2009 // No se presentó falla en el servicio por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por parte de la Fiscalía General de la Nación // Caso de reclamación de perjuicios por concepto de daño, lucro cesante y perjuicios morales, debido a la decisión de embargo con fines de extinción de dominio del predio denominado finca El Estaco // Tema: Responsabilidad del Estado por falla en el servicio por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por parte de Fiscalía General de la Nación. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior presenta los siguientes elementos:

I. ANTECEDENTES

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JOCASI (rev.3) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (60774) 25000-23-36-000-2016-01008-01 1.1. Objeto del litigio: El señor JOSE URIEL ARANGO TABARES y la señora CRUZ CECILIA LUNA DE

ARANGO radicaron acción de reparación directa ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en contra de la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por considerar que es responsable de los perjuicios – a título de daño emergente, lucro secante y perjuicios morales - que le fueron ocasionados por la Fiscalía 26 de Extinción de Dominio y Fiscalía 48 Delegada ante el Tribunal de Distrito para la Extinción de Dominio por los daños antijurídicas causados con ocasión del inicio de sus acciones jurisdiccionales en el trámite de la declaratoria de extinción de dominio, medidas cautelares y declaratoria de improcedencia y demora en el trámite procesal dentro del expediente No. 6688 del Fiscalía 26 de E.D., declaratoria sobre el inmueble El Estanco de la vereda la M en el Municipio de Santo Domingo Antioquia con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 026-3409 de propiedad de los demandantes, lo que implicó el daño antijurídico por deficiente funcionamiento de la administración de justicia. Los demandantes advierten el daño emergente como quiera que: “a.l La Diferencia del valor dejado de percibir por los demandantes, en la venta de su finca, objeto de la Extinción y medida cautelar; venta realizada en mayo de 2014 urgida por su situación económica y por pago de deudas(….) a.2 (…) los costos y gastos que incurrieron los demandantes en forma Extraordinaria, al dejar de poseer y explotar económicamente, su inmueble: finca EL ESTANCO, vereda la –Men el Municipio de Santo Domingo Antioquia Folio de Matricula inmobiliaria No. 026-3409 y no

poder cubrir sus gastos ordinarios, normales del giro de sus negocios y mínimo vital o status de vida (…)” Respecto al lucro cesante: “b.l Los valores dejados de percibir como explotación agrícola, ganadera, Porcina y piscícola, desde que se nombró secuestre y administrador provisional; b.ll la devolución de los 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JOCASI (rev.3) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (60774) 25000-23-36-000-2016-01008-01 valores consignados por secuestre y/o depositario a favor de DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES o quien haga sus veces desde el 25 de Agosto de 2009 hasta la expedición de providencia administrativa cancelando orden de cambio de administraciónresolución 0932 del 18 de julio /14.” Y en cuanto a los perjuicios morales y daño a la salud de los demandantes refirió: “c) Perjuicios Morales: por la suma equivalente a CIEN –100-salarios mínimos mensuales legales vigentes, correspondiente a los daños psicológico, Salud, Vida, físico y económico, causados a los DEMANDANTES en su persona, su patrimonio y Reputación profesional y social SU derecho fundamental de HABEAS DATA. d) Solicito se CONDENE AL DEMANDADO-FISCALÍA GENERALDE LA NACIÓN-al pago

de 400 SMML, por el detrimento al derecho a la SALUD, del demandante JOSE URlEL ARANGO TABARES, conforme al acervo probatorio del daño al derecho a la SALUD que se presenta en una mayor intensidad y gravedad, teniendo en cuenta: los consecuentes clínicos surgidos dentro del tiempo que duro la DECLARATORIADE EXTINCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES como son: la pérdida o anormalidad de la estructura o función fisiológica o anatómica permanente del funcionamiento de su CORAZON y la anomalía, o defecto o del funcionamiento de su corazón sustituido por MARCAPASOS ACTUAL; la irreversibilidad de la patología. - La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria, Debido su falla cardiaca, - como su edad. - como sujeto MAYOR ADULTO.” 1.1.1. Como hechos del caso, tenemos que el 22 de mayo de 1998, los señores José Uriel Arango Tabares y Cruz Cecilia Luna adquirieron el 100% de la finca El Estanco identificada con folio de matrícula inmobiliaria No. 026-3409 de la oficina de instrumentos públicos de Santo Domingo, por compra que le hicieron al señor Juan de Dios Galvis Tobón. El 9 de junio de 1999, el Juzgado Civil del Circuito de Girardota, Antioquia falló la demanda de petición de herencia y decretó la cancelación del 50% de la compra hecha por los señores José Uriel Arango Tabares y Cruz Cecilia Luna de Arango. Mediante Escritura Pública del 7 de abril de 2009, los señores José Uriel Arango Tabares y Cruz

Cecilia Luna de Arango readquirieron el 50% restante de la propiedad con ocasión del saneamiento de la venta inicial. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JOCASI (rev.3)

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La Fiscalía 26 de Extinción de Dominio, el 25 de agosto de 2009, en el proceso radicado No. 6688, ordenó el inicio y trámite de extinción de dominio sobre los bienes que correspondieran al señor Juan Camilo Arango Luna (hijo de los señores José Uriel Arango Tabares y Cruz Cecilia Luna de Arango) y su núcleo familiar, por estar incurso en el delito de narcotráfico. Dicha orden cobijó los bienes de los señores José Uriel Arango Tabares y Cruz Cecilia Luna de Arango que fueron incluidos como parte del delito y no como terceros damnificados, en razón a que el señor Juan Camilo Arango Luna es su hijo. La Fiscalía 26 de Extinción de Dominio el día 26 de agosto de 2009, decretó medida cautelar de embargo y secuestro sobre el 50% del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 026-3409 propiedad de los señores José Uriel Arango Tabares y Cruz Cecilia Luna de Arango, sin alinderar ni especificar a qué parte territorial afectaba

ese 50% de la propiedad, por lo cual los demandantes no hicieron uso de su bien porque se les prohibió el acceso y disposición de sus frutos. Los señores José Uriel Arango Tabares y Cruz Cecilia Luna de Arango, por medio de apoderado, interpusieron recurso de reposición y apelación contra la Resolución del 25 de agosto de 2009, y solicitaron a la Fiscalía 26 de Extinción de Dominio el levantamiento de la medida cautelar, y la notificación a los verdaderos implicados dentro del proceso No. 6688 de extinción de dominio, para lo cual la Fiscalía duró más de 3 años para notificar a los implicados extraditados y capturados en la operación Manantial II señores Álvaro Mauricio Bedoya Echeverri, Lina Marcela Bedoya Echeverri, Yoilan Eladio Pacheco Rodriguez, Misael de Jesús Ocampo Salazar, Marlon Andres Gallego Orrego, Ferney Alonso Hernández Jaramillo, Humberto de Jesús Restrepo Saldarriaga, Iván Darío Suarez Muñoz, Alexander Wulliam Zuñiga Bolaños, Omar Vargas Lizarazo, Jhon Fernando Saldarriaga Gaviria, Steven Marc Carón y Juan Camilo Arango Luna1, hijo de los demandantes, se demoró en dar respuesta a los recursos interpuestos, y presuntamente no acató la intervención del Ministerio Público de agilizar las notificaciones y resolver de 1 Folio 46 a 52 del cuaderno 5. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

JOCASI (rev.3) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (60774) 25000-23-36-000-2016-01008-01 fondo los recursos interpuestos. Con ocasión de una acción de tutela que ordeno a la Fiscalía 26 Especializada de la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos otorgar una respuesta a los demandantes respeto de la petición de declaratoria de improcedencia de extinción de dominio de fecha 15 de junio de 2012 y que fue reiterada el día 11 de febrero de 2013, el 15 de octubre de 2013, la Fiscalía 26 de Extinción de Dominio profirió resolución mediante la cual decretó la improcedencia extraordinaria sobre el bien identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 026-3409, propiedad de José Uriel Arango Tabares y Cruz Cecilia Luna de Arango y ordenó el levantamiento de la medida cautelar sobre el predio. Decisión que fue confirmada por la Fiscalía 48 Delegada ante el Tribunal en providencia del 17 de marzo de 2014. La Fiscalía 26 de Extinción de Dominio mediante oficio de fecha 23 de abril de 2014 ordenó a la oficina de registro de instrumentos públicos el levantamiento de la medida cautelar que reposaba sobre el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 026-3409. Por lo cual la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el día 29 de abril de 2014, en el folio de matrícula 026-3409 realizó la anotación No. 29 en la que

canceló la medida cautelar de embargo impuesta sobre el 50% del bien inmueble. 1.1.2. La postura de los demandantes es que la entidad demandada incurrió en un daño especial al iniciar el proceso de extinción de dominio sobre el bien finca El Estanco con la Resolución del 25 de agosto de 2009 sin existir los supuestos de derecho que ameritaran el inicio del proceso de extinción de dominio; así mismo que la entidad realizó la diligencia de embargo y secuestro del 50% de la finca El Estanco identificada con Matricula No. 026-3409, sin identificar los linderos afectados con tal medida lo que impidió que los demandantes pudieran gozar del bien porque se les prohibió el acceso y disposición al mismo; y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la mora injustificada en el trámite del proceso de extinción de dominio No. 6688, en el que se 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JOCASI (rev.3) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (60774) 25000-23-36-000-2016-01008-01 decretó la medida cautelar sobre el bien denominado finca El Estanco. 1.1.3. Por su parte, la Nación – Fiscalía General de la Nación considera que su actuar se ajustó a lo previsto en la Ley 793 de 20022, porque inició el proceso de extinción de

dominio con base en la nota diplomática efectuada por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica quien solicitó la extinción de dominio de los bienes de Juan Camilo Arango Luna, hijo de los demandantes, por lo que se probó la relación de parentesco. Motivo por el cual la Fiscalía solicitó se recopilara información sobre los bienes de Juan Camilo Arango Luna y el de sus familiares. Que como consecuencia de las investigaciones realizadas se dio inicio al proceso de extinción de dominio sobre el bien inmueble con matricula inmobiliaria No. 026-3409 de propiedad de los demandantes, quienes son padres de Juan Camilo Arango Luna y que conforme al procedimiento establecido en la Ley 793 de 2002 se adoptó las medidas cautelares pertinentes y dejó su administración a la Dirección Nacional de Estupefacientes. Que respecto a la supuesta demora en el proceso de extinción de dominio, señaló que se debió a la debida notificación que debía realizarse a todos los implicados en el proceso, por lo que no es atribuible a la entidad. Respecto a los perjuicios materiales por concepto de lucro cesante manifestó que el dictamen pericial decretado, practicado y controvertido en la audiencia de pruebas, no tiene fundamentos ni soportes contables, toda vez que la perito concluyó que para obtener la suma correspondiente al lucro cesante tomó en cuenta los certificados de un contador y no se sabe si los mismos se realizaron de conformidad con la ley y libros de comercio o contabilidad; obligación que estaba a cargo de Uriel Arango por ser comerciante. 2 Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de

dominio. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JOCASI (rev.3)

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Con respecto a los perjuicios materiales por concepto de daño emergente manifestó que el bien inmueble se vendió de conformidad con las normas legales, por lo que la venta del bien inmueble y el precio del mismo no son atribuibles a la entidad sino a la voluntad única del propietario. Que al realizar la comparación de la suma de dinero en que los demandantes adquirieron el 50% del bien inmueble y el valor de la venta no se evidenció que el bien se hubiere vendido por un menor valor, por lo que no es acertado concluir que una mala negociación del propietario de bien inmueble sea atribuible al Estado; lo anterior si se tiene en cuenta que el motivo por el cual se decretó la improcedencia extraordinaria del proceso de extinción de dominio fue que se demostró que los demandantes contaban con suficientes ingresos para comprar el bien inmueble. 1.2. Sentencia de primera instancia: Correspondió el conocimiento del asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, despacho que negó las pretensiones de la demanda a través de Sentencia del 08 de noviembre de 2017. Al respecto, el Tribunal Administrativo señaló:

Que no existió falla en el servicio por parte de la Fiscalía 26 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos para iniciar el trámite de extinción de dominio sobre el predio rural finca El Estanco identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 026-3409, propiedad de los demandantes. Lo anterior, como quiera que la medida judicial se adoptó como consecuencia de la captura el día 18 de julio de 2008 del señor Juan Camilo Arango Luna, hijo de los señores José Uriel Arango Tabares y Cruz Cecilia Luna, por el delito de narcotráfico, la cual fue ordenada en una nota diplomática del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica quien lo reclamó para afrontar cargos por narcotráfico, por lo cual la Policía Judicial 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JOCASI (rev.3) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (60774) 25000-23-36-000-2016-01008-01 solicitó el inicio del trámite extintivo de dominio sobre los bienes del señor Juan Camilo Arango Luna y los de su núcleo familiar; así fue como con base en el informe 0859 GRUIC – PROED del 22 de abril de 2009, emitido por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, se realizó la identificación del predio rural finca El Estanco identificado

con folio de matrícula inmobiliaria No. 026-3409 y oficiosamente se inició el trámite de extinción de dominio sobre el bien de los señores José Uriel Arango Tabares y Cruz Cecilia Luna. Para la Sala, lo anterior implicó que los demandantes estaban en la obligación de atender y/o soportar una investigación y un eventual proceso de extinción de dominio sobre su bien inmueble identificado con folio de M.l. 26-3409, en atención a que su adquisición resultaba sospechosa por la conducta ilícita de su hijo Juan Camilo Arango Luna quien fue capturado y extraditado por el delito de narcotráfico. La Sala determinó que para el 26 de agosto de 2009, fecha en que se hizo efectiva la medida cautelar de embargo sobre el bien inmueble identificado con M.l. 026-3409, la propiedad de la finca El Estanco la ostentaba el señor José Uriel Arango Tabares y la señora Cruz Cecilia Luna. Que la Resolución del 25 de agosto de 2009, proferida por la Fiscalía 26 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción de Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, dispuso el inicio oficioso del trámite de extinción de dominio sobre el predio rural denominado finca El Estanco, medida cautelar que se registró sobre el 50% del predio, conforme la anotación No. 26 del certificado de tradición y libertad del bien identificado con folio de M.l. 02634093. Teniendo en cuenta lo anterior, estimó la Sala que como se afectó únicamente el 50% del

predio de los demandantes, los propietarios del predio tenían el derecho al uso y goce del 3 Folio 63 reverso cuaderno 3. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JOCASI (rev.3) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (60774) 25000-23-36-000-2016-01008-01 50% restante, que no fue afectado con la medida cautelar; pese a que cuando se inscribió la medida cautelar en folio de M.l. 026-3409 no se especificaron los linderos a los que correspondía el 50% del predio embargado. Pese a lo anterior la Sala evidenció que la parte demandante no probó que la Fiscalía 26 Especializada de E.D. hubiera negado el acceso a los demandantes al 50% del predio que no estaba afectado con la medida cautelar; no se probó que la parte demandante hubiera presentado algún requerimiento a la Fiscalía para que los dejara utilizar el 50% del predio no afectado y no se solicitaron testimonios que pudieran corroborar dicha situación. Por lo que la Sala concluyó, que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba para demostrar los supuestos de hecho relacionados en la demanda, respecto de esta circunstancia. Conforme a los hechos probados en el expediente, la Sala considera que no hubo un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por parte de la NaciónFiscalía General de la Nación, ya que conforme a las actuaciones relacionadas en el acápite de hechos probados respecto del proceso de extinción de dominio No. 6688 sobre el bien inmueble identificado con matricula inmobiliaria 026-3409, consideró que el desconocimiento de términos legales en el desarrollo del proceso No. 6688 adelantado sobre el bien inmueble de los demandantes, constituye una mora justificada. Lo anterior, como quiera que dentro del operativo en el cual se dio captura al señor Juan Camilo Arango Luna, hijo de los señores José Uriel Arango Tabares y Cruz Cecilia Luna se dio captura a 11 ciudadanos, por lo que se debía iniciar el proceso de Extinción de Dominio sobre los bienes de cada uno de los capturados y sobre los bienes de sus familiares; igualmente la resolución del 25 de agosto de 2009, que dio inicio al proceso de extinción de dominio no estaba ejecutoriada, debido a que no se habían notificado a todos los implicados, en el transcurso del proceso se presentaron cambios de Fiscal y de asistentes del Despacho y el proceso tuvo demoras por cuanto cada capturado ejerció su 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JOCASI (rev.3)

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defensa presentación de recursos, memoriales, solicitudes, dentro del desarrollo del proceso. Por lo cual la Sala consideró que en el trámite del proceso de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía 26 Especializada de E.D., no hubo un retardo injustificado, además de que una vez declarada la improcedencia de la extinción de dominio requirió a la Dirección Nacional de Estupefacientes para que realizara la devolución del bien inmueble. 1.3. El recurso de apelación interpuesto por la parte accionante: Lo señores José Uriel Arango Tabares y Cruz Cecilia Luna interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, solicitando que se revoque, para que en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. El recurso de apelación interpuesto por los demandantes argumenta que la primera instancia no examinó la responsabilidad del estado respecto de la responsabilidad patrimonial por daño especial. Señala, que el Juez de primera instancia omitió referirse al fallo de tutela de fechas 30 de agosto de 2013, dado por el Tribunal Superior de Bogotá mediante el cual se tuteló el derecho fundamental al debido proceso y ordenó a la Fiscalía General de la Nación otorgar respuesta a los demandantes sobre las peticiones de fecha 15 de junio de 2012 y reiterada el 11 de febrero de 2013, tendientes a aclarar la improcedencia de extinción de dominio sobre el bien de los demandantes. Indica que el Juez de instancia, omitió valorar los alegatos de conclusión presentados por la parte del demandante pues allí se narró que se dejó de lado el énfasis de daño especial, como el defectuoso funcionamiento, lo alegado sobre documentos probatorios

12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JOCASI (rev.3) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (60774) 25000-23-36-000-2016-01008-01 del daño antijurídico, moral material, y de relación desde el inicio de acciones judiciales de la Fiscalía en el 2009, pasando por la mora procesal de las notificaciones, respuestas a memoriales, recursos y derecho de petición, declaratoria final de improcedencia y hasta el levantamiento de Medidas Cautelares. Que lo anterior, implicó una parcialización de su criterio como juzgador al desequilibrar cuantitativamente los argumentos de las partes, pues narra a pie de letra lo dicho por el demandado, donde de fondo, se observa que se subsana lo que no hizo procesalmente como fue la oposición y objeción al dictamen del peritazgo del demandante y aportar un contra dictamen pericial. Que en los alegatos no se detuvo el Juez de instancia a verificar probatoriamente lo mencionado por el demandado, respecto de las pruebas aportadas sobre el aporte de medición de fechas y tiempos de duración de notificaciones en el proceso No. 6688 seguido por el Fiscalía 26 de E.D., sin tener en cuenta el Fallo de la Tutela que favoreció al Actor, Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal exp. No. 1100122040002013-02610-00

del 30 de agosto de 2013 y menos sintetiza o exponer que dicha decisión Constitucional fue favorable al Actor por considerar que se violó por el demandado la Ley Sustancial. Que el fallo impugnado acogió una oposición del peritaje en forma extemporánea, dentro de los alegatos de conclusión por el demandado, pues tuvo su oportunidad procesal y no la utilizó; no puede entonces aprovechar tachar y objetar el dictamen pericial del demandante y mucho menos acogerse el juez para fallar y denegar las pretensiones del demandante sobre dichos argumentos. Considera el recurrente que el operador judicial de instancia al denegar las pretensiones de las demandantes no toma en cuenta lo dicha para argumentar lo referido por el agente del Ministerio Publico, pero olvida u omite, lo referido ante el Magistrado Torres en Audiencia del 22 de Noviembre 2016, quien objeto las afirmaciones del SR. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JOCASI (rev.3)

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MAGISTRADO, cuando este circunscribió la calificación anticipada del caso como aceptable únicamente en la modalidad de falla del servicio por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, excluyendo el daño especial, recordando el agente del

ministerio público que no se puede fallar anticipadamente hasta evacuar etapas probatorias; y demás señala que el ministerio público en etapa de alegatos de conclusión señalo que se debía acepta el daño antijurídico moral y material y establece la necesidad de asumir las cargas por los ciudadanos y atender y soportar una investigación, cuestión que da la razón al demandante con el daño especial que reconoce el deber de investigar por función pero de no excederse y romper el equilibrio de dichas cargas, como quedó demostrado con la acción de tutela que protegió el debido proceso al demandante. Igualmente señala que es contradictorio el concepto de la Procuradora II pues si reconoce los perjuicios morales causantes de angustia e intranquilidad, pero desconoce las pruebas de historias clínicas, cirugías de los demandantes dentro de las fechas de este proceso penal; Igualmente acepta lo probado como afectación y daño antijurídico, el habeas data de los demandantes, con el proceso y extradición de su hijo, pero contradictorio, con la no aceptación de afectación de Habeas data crediticio, desconociendo que las deudas de los demandantes se adquirieron para evitar tales reportes negativos y se solventaron con los prestamos particulares de la compradora de su finca, a quien por obligación tuvieron que entregar su finca deteriorada por un menor valor. Que olvidó el Juez de primera instancia que todas la pruebas que demostraron los perjuicios morales, materiales, de relación, aportadas en la demanda por los demandantes nunca fueron tachadas u objetadas por el demandado, que las mismas

fueron aceptadas e incorporadas al expediente, que no existe un contra dictamen pericial. Señala el recurso de alzada, que no se demandó únicamente por defectuoso funcionamiento, sino que se hizo énfasis en el daño especia; que se omite por el fallador reconocer y darles la calidad de terceros afectados, con el proceso de extinción y que 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JOCASI (rev.3) PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (60774) 25000-23-36-000-2016-01008-01 deben asumir la extralimitación de la distribución de cargas públicas no solo la calidad de propietarios del inmueble; no estableció el operador judicial si son afectados con el 100% de la medida cautelar, pero si establece el 50% impuesto por el deman