PGN - DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA Falsedad material de particular en documento público

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. EDGAR LOMBANA TRUJILLO

Bogotá, D. C.

REF.: Concepto demanda de casación (Rad. 21.923) El defensor del justiciable Luís Miguel Moreno Muñoz interpuso recurso extraordinario de casación discrecional contra la sentencia que le fue adversa y por medio de la cual el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la de condena que profirió el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Girardot en relación con el delito de Falsedad Material de particular en Documento Público.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estimó satisfecho el requisito de justificación que torna procedente la casación excepcional, como el de forma de la demanda, y habiéndola admitido, dentro del traslado correspondiente el Agente del Ministerio Público Delegado del Procurador General de la Nación procede a rendir concepto, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal.

1.- SITUACIÓN DE HECHO.

El Capitán del Ejército Nacional, Luís Miguel Moreno Muñoz, en el mes de julio de 1997 retiró de su hoja de vida la anotación negativa que uno de sus superiores registró por una falta cometida en la práctica de tiro en la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas de Bogotá y en su lugar incorporó un folio, imitando la firma del evaluador, con anotaciones sólo de felicitaciones.

2.- RESOLUCIÓN DOGMÁTICA.

El Teniente Coronel Javier Alberto Florez Aristizábal puso en conocimiento de la justicia castrense el hecho y dilucidado que su conocimiento correspondía a la jurisdicción ordinaria, la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Girardot, tras escucharlo en indagatoria dictó contra el Capitán Luís Miguel Moreno Muñoz medida de aseguramiento de detención preventiva, en condición de autor del presunto delito de Falsedad Material de Empleado Oficial en Documento Público. Posteriormente, el instructor modificó la calificación del ilícito por la de Falsedad Material de particular en Documento Público, al dar por establecido que la 2 alteración de los documentos ninguna relación guardaba con el ejercicio de la función pública y le concedió el derecho a gozar de la libertad provisional. Finalmente, se clausuró el ciclo instructivo y el mérito probatorio del sumario se calificó con Resolución de Acusación del 22 de noviembre de 2000 por el mismo ilícito contra la Fe Pública, descrito en el artículo 220 del anterior Código Penal. En virtud del recurso de apelación que se interpuso en su contra, el superior la confirmó mediante Resolución del 1° de junio de 2001, y en esa misma fecha adquirió firmeza la acusación. La fase procesal del juzgamiento la adelantó normalmente el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Girardot, que rituó el juicio oral público y mediante sentencia del 31 de marzo de 2003 condenó al inculpado por el delito imputado, a la pena principal de 2 años de prisión y a la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por igual término.

Esta determinación que le puso fin al proceso en primera instancia la impugnó también el defensor y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante la suya del 20 de agosto de 2003, la confirmó sin modificaciones.

3.- LA DEMANDA.

Contra la expresada sentencia de segunda instancia en nombre y representación del único procesado se interpone el recurso extraordinario de casación, por la vía excepcional, el cual tuvo como justificación la violación de garantías fundamentales, y la necesidad del desarrollo jurisprudencial sobre el alcance que debe tener el documento público para ser considerado medio de prueba. Dos son los cargos que se postulan, ambos al amparo de la causal primera de casación, cuerpo primero y segundo, respectivamente. 3.1.- Violación directa (Principal). Denuncia la indebida aplicación del artículo 220 del Decreto Ley 100 de 1980, por la exclusión evidente del principio de legalidad. Se invoca la falta de aplicación del artículo 29 de la Constitución Política y su desarrollo legal por el artículo 6° del Código Penal, por cuanto no se efectuó el reenvío del tipo penal en blanco del artículo 220 ibídem, a las normas complementarias de los Decretos 1253 de 1988, 85 de 1989, 1211 de 1990, 989 3 de 1992, el Concepto Jurídico 00963 y la Circular 85294 DIPER-CL-116 de las Fuerzas Militares de Colombia o acto administrativo general y vinculante. Según aclara se debió integrar el tipo penal, específicamente en cuanto a lo atinente a la expresión “que pueda servir de prueba”, con el resto del

ordenamiento que regula el valor jurídico de las anotaciones negativas insertas en el Folio de Vida de un militar, y así tener en cuenta que el Decreto 1253, cuyo artículo 62 guarda perfecta correspondencia con la Circular 85294 DIPER-CL-116, dispone expresamente cómo las reprensiones simples que se anotan en el folio de la hoja de vida no afectan negativamente ningún indicador evaluador, sino que simplemente se trata de amonestaciones tendientes a desestimular conductas impropias e indeseables de tipo personal sin ninguna incidencia en el desempeño militar. Respecto de la Circular, menciona como el numeral 17 expresa que los conceptos positivos o negativos y llamados de atención en los Folios de Vida no afectan los calificadores para la clasificación, porque éstos son opiniones que el jefe tiene sobre el subalterno, producto de la observación directa y permanente; el 14 refiere que las anotaciones no constituyen una sanción disciplinaria y su registro tampoco motivo de investigación; y el 13 menciona que una anotación de demérito sólo afectaba un indicador, el de mayor trascendencia cuando alteraba varios. En la misma forma destaca que el artículo 63 del Decreto 1253 de 1988 contiene la previsión conforme a la cual una anotación de mérito o demérito, que no fue lo que ocurrió respecto de su defendido, sólo afectaba un indicador. Finalmente arguye, que el alcance de las anotaciones en la hoja de vida en los términos referidos, se encuentra ratificado por los Decretos 1211 de 1990, 989 de 1982 y 85 de 1989, y al no observarse toda la normatividad aplicable se le dio a

una simple anotación negativa el tratamiento de anotación de demérito. Pone de relieve que si bien el juzgador colegiado mencionó el Decreto 1253 de 1988, no aplicó el artículo 62, cuyo texto literal y sin necesidad de acudir a interpretación distinta de la exegética, le hubiera permitido arribar a una conclusión diversa. En suma, alega que la sentencia no comprendió la totalidad de normas aplicables para decidir el asunto, por lo cual su desconocimiento fue trascendente porque de haber sido aplicadas el sentido de la decisión hubiera sido el de absolución en lugar de la condena. Pide, en consecuencia, que se case el fallo porque el artículo 220 del Código Penal resultó aplicado en forma indebida o inadecuada. 4 3.2.- Segundo cargo (Subsidiario). El sentido de la infracción es la violación indirecta de la ley de carácter sustancial, por aplicación indebida, de los artículos 29 de la Ley 599 de 2000 y 220 del Decreto Ley 100 de 1980, debido a error de hecho en la apreciación probatoria, que llevó a la correlativa exclusión evidente de los Decretos 1211 de 1990, 989 de 1992 y 85 de 1989, y también a la aplicación indebida del Decreto 1253 de 1988 y la Circular 85294 DIPER CL 116. Invoca, así mismo, la infracción de las normas medios contenidas en los artículos 246, 247, 249, 300 y 301 del Decreto 2700 de 1991 (232, 235, 237, 238, 284, 287 y 277 de la Ley 600 de 2000).

En concreto, en un falso juicio de existencia en cuanto al Formulario No. 4 (Folio de Vida) del militar procesado hace consistir el error de hecho, respecto del cual dice que ninguna de las dos instancias hizo referencia a ese medio de prueba porque no fue visto al momento de dictarse las sentencias, no obstante que resulta patente su integración a la actuación si se revisa que en la diligencia de indagatoria se le puso a la vista a su defendido para que lo reconociera. Sostiene que de haber sido considerada esta evidencia en su integridad y de acuerdo con su tenor literal, se hubiera concluido por el juzgador que la falsedad era inocua. Según alega el documento era trascendental porque a partir de su análisis se habría establecido que su contenido era insuficiente para causar daño o poner en peligro el bien jurídico protegido por el Legislador. En esencia, postula la carencia de potencial probatorio de la anotación negativa y añade que la prueba tan sólo confirma lo que consagra la Circular 85294 DIPER-CL-116 y el artículo 62 del Decreto 1253 de 1988, esto es, que era intrascendente para efectos de influir en las evaluaciones posteriores del militar. En consecuencia, solicita a la Corte revocar la sentencia y emitir la de reemplazo que tenga en cuenta la prueba para valorarla conforme a las normas aplicables. 4.- CONCEPTO El cambio jurisprudencial relacionado con la aplicación favorable de la norma que establecía los requisitos para acceder a la casación, hace indiscutible en este caso 5 la procedencia por la vía ordinaria del recurso extraordinario interpuesto a nombre y representación del sentenciado1.

La demanda sin embargo, ya se admitió como casación excepcional y vale la pena sólo advertir que de los dos fundamentos que trae a colación el recurrente para justificar la procedencia del recurso por la vía excepcional o discrecional que prefiere, uno de ellos se refiere a la necesidad de que se determine cual debe ser el alcance del documento público para que sea considerado como medio de prueba, si es estrictamente el que le otorga la ley u otro diferente, que luego en el desarrollo de una de las censuras empata con el principio de lesividad y su aspecto contrario, la inocuidad de la conducta. 4.1 CARGO PRIMERO (Principal) Denuncia la flagrante violación al principio de legalidad del delito porque no se integró el elemento normativo del punible de Falsedad expresado en los términos “que pueda servir de prueba”, con los Decretos y demás disposiciones normativas que determinan el alcance negativo probatorio de las anotaciones negativas en el Folio de Vida de un militar. Todo indica que en realidad critica la tipicidad de la conducta, como concreción del principio de legalidad, por la falta de uno de sus ingredientes normativos, que a juicio del recurrente no se habría realizado, porque debido a la inocuidad de la mutilación del documento éste no servía de prueba para el específico fin al que estaba destinado. El procesado fue hallado responsable del delito de Falsedad de Particular en Documento Público, por la conducta que confesó de haber alterado el formulario No. 4 u hoja de vida, con la inclusión o reemplazo de algunos folios en los que además de la imitación de la firma del funcionario evaluador que lo había

distinguido con felicitaciones en más de una ocasión, suprimió o mutiló una anotación negativa del 19 de marzo de 1997, consistente en su falta de interés profesional demostrado en el ejercicio de tiro realizado en la Escuela Superior de Guerra debido a su tardanza y no tener nada previsto. Ésta se debe distinguir de la “Anotación de Demerito” que igualmente se anotó en su hoja de vida posteriormente por orden del Mayor Manuel Armando González Tamara del 22 de octubre del mismo año, justamente por haber adulterado las firmas y hojas del Folio de Vida mediante la supresión de la anotación negativa, la cual incidió para que el indicador de “la moral” se evaluara como regular y 1 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Providencia del 16 de febrero de 2005 M.P. Alfredo Gómez Quintero. 6 determinó que se lo calificara en lista de 4 de acuerdo con el artículo 106 del Decreto 1253 vigente para la época. El Letrado sostiene que por no tratarse de una anotación de demérito, que es la única que afecta un indicador o el de mayor trascendencia cuando altera varios, aquella que fue objeto de supresión, habida cuenta de ser una simple anotación negativa, era intrascendente para efectos de influir en evaluaciones posteriores del militar y por eso carecía de capacidad probatoria, por tanto era inocua para causar daño o poner en peligro el bien jurídico protegido por el legislador. Sostiene que la reprensión simple no afecta negativamente ningún indicador de

evaluación, porque es apenas una amonestación encaminada a desestimular conductas impropias e indeseables, como se desprende del Decreto 1253 de 1988, artículos 62 y 63, ratificado por los Decretos 1211 de 1990, 989 de 1992 y 85 de 1989, como también por la Circular 85294-DIPER 116 –numeral 17-, que es un acto general y abstracto. Se refiere el actor a pronunciamientos de la jurisprudencia sobre el concepto de la Falsedad en Documento Público de tiempos anteriores a la Constitución de 1991, sobre los cuales dice que han perdido actualidad y advierte que es necesario compaginarlos con el nuevo modelo de Estado y la normatividad que ahora rige en materia penal. Se debe precisar que el artículo 11 del Código Penal indica cómo para que la conducta típica sea punible requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídico tutelado por la ley penal, frente a lo cual el máximo organismo de la casación no ha sido ajeno y por el contrario, en más de una ocasión se ha prestado al desarrollo de ese precepto. Así considera obvio, que “para pregonar la presencia de la antijuridicidad no bastará que el servidor público haya mutado la verdad en el documento extendido en el ejercicio de sus funciones para considerar lesionada o puesta en peligro la fe pública, con lo que se alcanzaría la antijuridicidad formal, sino que se requiere, adicionalmente, el menoscabo o puesta en efectivo peligro de otros intereses privados o públicos de cualquier índole, más allá de la credibilidad de la colectividad en los documentos públicos –la antijuridicidad material-“1.

A mayor claridad, también precisa: “…es de recordarse que el antiguo concepto de que la veracidad e intangibilidad de los documentos públicos debían ser respetados con independencia de la nocividad o inocuidad de sus efectos en el tráfico jurídico por ser una emanación 1 Sentencia Única Instancia del 6 de octubre de 2004, M.P. Edgar Lombana Trujillo 7 del poder documentario del Estado, y que la sola alteración de la verdad en los mismos merecía reproche penal, hoy en día con los modernos desarrollos dogmáticos ha quedado relegado a un segundo plano, para dar paso a otro prevalente en el derecho penal fundado en criterios de relevancia social y jurídica, según el cual los documentos deben representar la existencia de un hecho trascendente en el ámbito de lo social, sea creando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas. De allí precisamente que en la actualidad se exija que los documentos sobre los cuales recae la acción falsaria necesariamente deben ser aptos para servir de prueba de un hecho social y jurídicamente relevante.”1 El Letrado pretende negarle el carácter delictivo a la conducta de eliminar la anotación negativa que se había registrado en la hoja de vida del oficial por orden del Mayor Luís Francisco Medina Corredor, comandante de la Agrupación de Fuerzas Antiterroristas Urbanas, por su inocuidad, al no servir de fundamento para la evaluación y ésta en ningún caso se debía tomar como medio disciplinario para sancionar, empero su equívoco surge cuando asegura que la propia ley se encarga de quitarle el carácter de medio probatorio a las anotaciones que no son

de demerito contenidas en un documento público como la hoja de vida de un militar. El Decreto No. 1253 de 1988 “Por el cual se dictan normas sobre evaluación y clasificación para el personal de las Fuerzas Militares”, vigente para la época de los hechos y posteriormente reproducido casi en su totalidad por el Decreto 1799 de 2000, indica expresamente que todo documento relacionado con evaluaciones tiene carácter oficial y confidencial (Art. 16); y según reza el artículo 46, los documentos de evaluación son instrumentos elaborados por las autoridades evaluadoras y revisoras en las que se consignan informaciones y juicios de valor acerca de las condiciones personales o profesionales de Oficiales, Suboficiales o Civiles de las Fuerzas Militares, de los que forman parte el Formulario No. 4, o Folio de Vida, el cual por definición “es un instrumento que sirve para registrar de manera oportuna, ordenada, clara y concreta las actuaciones y desempeños sobresalientes de carácter positivo o negativo del personal de las Fuerzas Militares, que fundamentan y respaldan los juicios de evaluación”. (Art. 55). Perentoriamente establece el numeral 2° del artículo 56 que el Folio de Vida hace parte del sistema de evaluación y como tal debe remitirse junto con el formulario de evaluación a los departamentos o Direcciones de Personal; “el Folio de Vida debidamente diligenciado es el documento que soporta y sustenta la evaluación anual” (num. 5° ibídem). 1 Cfr. Sentencia del 21 de abril de 2004, (Exped 19930) M.P. Mauro Solarte Portilla. 8 Dispone así mismo dicho ordenamiento legal que la evaluación es un proceso

continuo y permanente por medio del cual se emiten juicios de valor, basados en informaciones procedentes de diferentes fuentes, con el fin de determinar las aptitudes profesionales del individuo, su cultura general, carácter, disciplina, autoridad, mando y demás virtudes publicas y privadas exigidas por la Institución Militar y la calidad en los desempeños profesionales y militares, cuya importancia para la Institución se la hace consistir en que da información valida para la toma de decisiones en cuanto a la selección de hombres idóneos para asignar óptimamente las distintas responsabilidades. La utilización de la evaluación no es sólo para identificar a quienes deben ser ascendidos, aplazados o retirados, sino que también tiene como objetivos, entre otros, obtener y registrar información valida acerca de las aptitudes, habilidades y condiciones que se consideran esenciales en la vida militar, como también determinar la calidad del desempeño del personal en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades durante un periodo determinado. (Art. 3°, literales a y b). De tal manera, que no se equivocó el Juzgador cuando consideró que con la alteración del documento original por parte del inculpado, al hacer aparecer uno distinto por adulteración de la verdad en cuanto a la anotación negativa, y entregó según su propia manifestación al Capitán Medina en el Batallón con sede en Tolemaida donde había sido trasladado, cometió el delito de Falsedad Documental. El esfuerzo que pone de manifiesto el propio Oficial realizó primero por la eliminación de la anotación negativa con sus superiores y ante el fracaso de este propósito su decisión final de alterar la verdad del documento antes del

cumplimiento de su traslado, todo con el fin de evitar lo que creyó podía significar negativamente ello en su carrera militar, no se podría decir que refleja tan sólo el convencimiento de cometer un delito que resultó en la realidad inexistente (delito putativo), y menos la creencia de que la adulteración era inane (error de tipo o de prohibición insuperables e incluso vencibles). Por contra, su actitud se manifiesta ciertamente como propia de la voluntad consciente, es decir, dolosa en relación con la conducta de Falsedad, realmente delictiva, porque ninguna duda genera que la razón de ser de los documentos es la de dar fe de su contenido y la confianza que produce en el colectivo social se vio lesionada en este caso como quiera que de la hoja de vida adulterada se podían derivar efectos que trascendieran la simple opinión personal del Capitán que ordenó la amonestación incluso en el propio ámbito castrense. Efectivamente, las funciones constitucionales de defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional que cumple el Ejercito, obliga a una estructura jerarquizada y férrea disciplina, por lo cual corresponde a los altos mandos hacer el seguimiento de sus subordinados y para desestimular conductas impropias e indeseables, tomar los correctivos del caso, incluidos los traslados de 9 un Batallón a otro, advirtiéndose justamente en este caso como el nuevo Comandante ante el comportamiento insatisfactorio de Luís Miguel Moreno Muñoz se vio sorprendido por las únicas distinciones de felicitación que contenía la hoja de vida espuria que le presentó el acusado.

La protección de los documentos privados y lo mismo cabe decir de los públicos siempre que puedan servir de prueba, surgen “ante la posibilidad que les brinda el derecho de ser medio para la demostración de algo."1 4.2. SEGUNDO CARGO (Subsidiario) Por la propia Corte Suprema de Justicia ya se consideró incluso que la desaparición de los folios redargüidos de falsos no fue obra del azar, por lo cual ordenó en el momento de la admisión de la demanda la expedición de copias para la investigación de la Falsedad por Sustracción o Destrucción, y si bien el Tribunal acudió al principio de la libertad probatoria para establecer la existencia y realidad de la conducta falsaria, de ninguna manera resulta valedero que incurrió en un error de hecho por falso juicio de existencia. En la diligencia de indagatoria se le pusieron de presente los folios 10 al 13 de su hoja de vida y el procesado reconoció que eran los mismos adulterados por él en las firmas del evaluador, lo cual sostiene el Letrado prueba que tal documento si estuvo aportado a la actuación. Así, merced a que el juzgador dio por sentada la falta de aporte a la investigación de los documentos que contenían la Falsedad, vale decir, los folios correspondientes de la hoja de vida que registraban sólo felicitaciones en reemplazo de la única anotación negativa, se censura la sentencia porque no advirtió que éstos si formaron parte de las diligencias, pero si bien en ello le asiste la razón, porque además algunas providencias se refieren a la existencia de tales documentos, la equivocación del casacionista en cambio es manifiesta, cuando

sostiene que por omitir el juzgador la apreciación de ese medio de prueba incurrió en el error de no advertir la inocuidad de la anotación negativa de acuerdo con su tenor literal y apreciada en su totalidad. Sorprende en realidad que eche en falta el recurrente “el Formulario No. 4” o documento redargüido de falso, a su juicio, para que se hubiera consultado su totalidad y determinar que la falsedad era inocua. Si el documento se consideró apócrifo, por la supresión o eliminación de la anotación negativa, sostener que a partir del análisis se habría podido establecer la inocuidad de su contenido, es un verdadero despropósito; en efecto, en los nuevos folios que se incorporaron al 1 Sentencia de casación del 15 de octubre de 1986 G.J. T. CLXXXV Num. 2424 segundo semestre de 1986 Pág. 347 M. P. Rodolfo Mantilla Jácome. 10 documento original, tan sólo podían aparecer las anotaciones positivas de felicitaciones que se reiteraron con la imitación de la firma del evaluador, pero nunca el texto literal de la amonestación. Este sólo debía aparecer en el documento original antes de su mutilación, o en su “copia de la anotación negativa” que también echó de menos el Tribunal, empero tampoco es cierto que el texto de su contenido se haya en absoluto desconocido. No tiene en cuenta el actor que la sentencia de primera instancia, la cual constituye con la de segunda una unidad jurídica inescindible en todo aquello que no se contradigan, probó por otros medios como era apenas lo concebible que las

últimas hojas del Formulario No. 4 del Folio de Vida fueron adulteradas porque no aparecía la anotación negativa hecha al procesado con fecha 19 de marzo de 1997, pero además con base en los oficios suscritos por el mayor del Ejercito Luís Francisco Medina Corredor especificó los términos de su contenido, así: “ANOTACIÓN NEGATIVA: Se hace una anotación negativa por su falta de profesionalismo e interés demostrados en el ejercicio de tiro, realizado con el Curso de Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra, al llegar retardado al mismo y no tener nada previsto, dejando en muy bajo el nombre de la Unidad”. El Tribunal, a la par, manifiesta que la Falsedad tuvo que ver “en (la) creación de un Documento Público contrario a la realidad dentro del fólder de la hoja de vida del Capitán Luís Miguel Moreno Muñoz, consistente en eliminar una anotación negativa por una positiva adulterando las firmas del evaluador de la época, Capitán de Corbeta Carlos Armando Castillo Martínez”, y como era de esperarse encontró que la prueba testimonial corroborada por la propia injurada del acusado demostraba como éste suprimió el folio 11 y lo sustituyó por un nuevo folio que registraba sólo felicitaciones con la imitación de la firma del funcionario evaluador. Pero todavía más, con fundamento en lo expresado en el testimonio del Mayor Francisco Medina Corredor, indicó al igual que la primera instancia el texto completo del contenido de la anotación negativa en mención. Se evidencia en toda su manifestación que los errores probatorios (falso juicio de existencia por falta de apreciación del documento apócrifo) mucho menos pudieron

conllevar a la exclusión evidente de los Decretos 2111 de 1990, 989 de 1992 y 85 de 1989, y la aplicación indebida también del Decreto 1253 de 1988 y la Circular 85294 DIPER-CL 116 como temerariamente se asegura por el actor ya que determinar si una anotación negativa era intrascendente para efectos de influir en posteriores evaluaciones de un militar y por tanto su alteración o supresión 11 insuficiente, por su inocuidad, para causar daño o poner en peligro el bien jurídico de la Fe Pública protegido por el Legislador, bastaba la valoración de las normas que le asignan valor probatorio a los componentes de los documentos de evaluación. Vale la pena recordar que el Letrado justamente para justificar la procedencia del recurso, echa en falta la referencia del plexo normativo llamado a establecer el alcance probatorio de las anotaciones contenidas en el Folio de Vida de un Oficial del Ejercito, respecto del cual considera que de haberse consultado, según sus palabras, “hubiese determinado que las anotaciones en éste no tienen carácter de prueba que incida en la evaluación para determinar un ascenso en el rango militar”. Por último, no sobra anotar que constituye una aporía, por el contrasentido que encierra, reconocer que se condenó por un delito de Falsedad cometido sobre el Folio de Vida y al mismo tiempo dolerse porque no se tuvo en cuenta el contenido o literalidad del documento sobre el cual recayó la conducta, es decir, nada menos, que el objeto material del ilícito. El contenido de la anotación negativa que se suprimió alterándose de ese modo el

documento original si se tuvo en cuenta en sus términos exactos por el sentenciador, sólo que se apreció de manera distinta al punto de vista del censor por cuanto se consideró que si tenía el alcance de lesionar el interés jurídico de la Fe Pública protegido por el Legislador. 5. - PETICIÓN. Son suficientes las anteriores consideraciones para sugerir a la Sala de Casación Penal que desestime los cargos de la demanda y NO CASE por ninguno de ellos la sentencia objeto de impugnación. Atentamente,

ALFREDO ALFONSO ARIZA PADILLA

Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal Bogotá D. C., 21 de marzo de 2006 Rad. N° 21.923