PGN - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Características de los argumentos según la jurisprud

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Contra el artículo 219 (parcial) del Código Civil.

IMPUGNACIÓN A LA PATERNIDAD O LA MATERNIDAD -Por terceros.

IMPUGNACIÓN A LA PATERNIDAD O LA MATERNIDAD-Marco legal DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos legales de procedencia El artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 establece como uno de los requisitos de las demandas de inconstitucionalidad que se señalen las razones por las cuales las normas superiores se estiman desconocidas por los preceptos legales acusados (concepto de la violación). Al respecto, cabe resaltar que el fundamento de dicha exigencia se deriva del principio de separación de poderes, el sistema de frenos y contrapesos, así como la presunción de constitucionalidad de las leyes. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Características de los argumentos según la jurisprudencia de la Corte Constitucional En este sentido, la Corte Constitucional ha explicado que los argumentos que se presenten en la demanda para cuestionar la conformidad de una disposición con la Carta Política deben ser: (i) claros, (ii) ciertos, (iii) específicos, (iv) pertinentes, y (v) suficientes, so pena de la ineptitud de la misma para generar un juicio de constitucionalidad y, a su vez, un pronunciamiento de fondo RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL DEL HIJO-Alcance en el derecho de familia Pues bien, en esta oportunidad, es pertinente recordar que, en el derecho de familia, el concepto de “reconocimiento” hace referencia a “un acto jurídico mediante el cual se

establece la filiación extramatrimonial del hijo” con ocasión de la manifestación respectiva del progenitor en relación con la paternidad o la maternidad sobre su descendiente, mediante alguna de las vías señaladas taxativamente en la ley, a saber: (i) el acta de nacimiento, (ii) una escritura pública, (iii) el testamento, o (iv) una declaración ante un juez o un funcionario legalmente autorizado. RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN-No opera en tratándose de hijos habidos en el matrimonio o en una unión marital de hecho En punto de ello, es necesario recordar que, por su naturaleza, el reconocimiento no opera en tratándose de hijos habidos en el matrimonio o en una unión marital de hecho, porque la consolidación de la filiación correspondiente no requiere de dicho acto, sino que opera por ministerio de la ley, debido al sistema de presunciones establecido en el Código Civil que se basa en el aforismo latino pater is est quem nuptiae demonstrant FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL-Noción y alcance Así las cosas, se advierte que el aparte normativo acusado regula un aspecto propio de la filiación extramatrimonial, porque se refiere a la impugnación del reconocimiento expreso del hijo por el padre o la madre en su testamento o en otro instrumento público. En efecto, una lectura detallada de la expresión reprochada permite evidenciar que no está ordenando la impugnación de la filiación de los hijos habidos en el matrimonio o en una unión marital de hecho, ya que los mismos ante la presunción de su filiación legalmente no se encuentran sujetos a reconocimiento.

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Ineptitud por falta de suficiencia Ahora, ante la falta de certeza, la Procuraduría estima que la demanda también carece de suficiencia, ya que, al evidenciarse una lectura parcializada de la expresión cuestionada, los reproches en su contra pierden su poder de persuasión y no ponen en duda su constitucionalidad. Efectivamente, el yerro en el entendimiento de la regulación deriva en que las consideraciones desarrolladas por el accionante no sean completas para formular un cargo y, por ello, resulten ineptas para reprochar la conformidad con la Carta Política del verdadero contenido de las reglas expedidas por el legislador sobre las restricciones a la impugnación del reconocimiento de los hijos extramatrimoniales por parte de los herederos del progenitor causante. 2 Bogotá, D.C., 9 de marzo de 2022 Honorables Magistrados Corte Constitucional Ciudad

Expediente: D-14430

Referencia: Acción pública de inconstitucionalidad interpuesta por Pablo Andrés Chacón contra el artículo 219 (parcial) del Código Civil.

Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo

Concepto No.: 7044

De conformidad con el artículo 278.5 de la Constitución Política1, rindo concepto en el asunto de la referencia.

I. Antecedentes El ciudadano Pablo Andrés Chacón interpone demanda de inconstitucionalidad contra la expresión que se subraya enseguida del artículo 219 del Código Civil2: “Artículo 219. Impugnación por terceros. Los herederos podrán impugnar la paternidad o la maternidad desde el momento en que conocieron del fallecimiento del

padre o la madre o con posterioridad a esta; o desde el momento en que conocieron del nacimiento del hijo, de lo contrario el término para impugnar será de 140 días. Pero cesará este derecho si el padre o la madre hubieren reconocido expresamente al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento público. Si los interesados hubieren entrado en posesión efectiva de los bienes sin contradicción del pretendido hijo, podrán oponerle la excepción en cualquier tiempo que él o sus herederos le disputaren sus derechos”. El demandante solicita que se declare la inexequibilidad de la expresión acusada por desconocer el principio de igualdad familiar3, puesto que por su ubicación en el título del Código Civil referente a “los hijos legítimos concebidos en matrimonio”, les otorga un beneficio a estos que no gozan los descendientes extramatrimoniales. En concreto, para el actor el aparte legal acusado impide que la filiación de los hijos habidos en el matrimonio pueda ser impugnada por los herederos cuando su padre o madre los hubiere reconocido expresamente en el testamento o en otro instrumento público, pero dicha protección no opera en tratándose de descendientes procreados por fuera de dicha unión, pues para estos últimos no encuentra parangón en el ordenamiento legal. 1 “Artículo 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones: (…) 5. Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad”. 2 Modificado por el artículo 7° de la Ley 1060 de 2006, “Por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad”. 3 Cfr. Artículos 13 y 42 de la Constitución Política.

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II. Consideraciones del Ministerio Público El artículo 2° del Decreto 2067 de 19914 establece como uno de los requisitos de las demandas de inconstitucionalidad que se señalen las razones por las cuales las normas superiores se estiman desconocidas por los preceptos legales acusados (concepto de la violación)5. Al respecto, cabe resaltar que el fundamento de dicha exigencia se deriva del principio de separación de poderes, el sistema de frenos y contrapesos, así como la presunción de constitucionalidad de las leyes.

En este sentido, la Corte Constitucional ha explicado que los argumentos que se presenten en la demanda para cuestionar la conformidad de una disposición con la Carta Política deben ser: (i) claros, (ii) ciertos, (iii) específicos, (iv) pertinentes, y (v) suficientes, so pena de la ineptitud de la misma para generar un juicio de constitucionalidad y, a su vez, un pronunciamiento de fondo6. Sobre el particular, se ha sostenido que “las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente y no simplemente sobre una deducida por el actor, o implícita, e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda”7. En consecuencia, “el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; esa técnica de control difiere, entonces, de aquella otra encaminada a establecer proposiciones

inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden”8. Ante la ausencia de certeza, la Corte Constitucional ha señalado que la demanda paralelamente incumple el presupuesto de suficiencia, ya que la acusación no es formulada de manera completa y, por consiguiente, no logra tener un “alcance persuasivo”, esto es, ser “capaz de despertar siquiera una duda mínima sobre la exequibilidad de la norma” acusada9; situación que conlleva a un fallo inhibitorio ante la ineptitud sustantiva de la demanda10. Pues bien, en esta oportunidad, es pertinente recordar que, en el derecho de familia, el concepto de “reconocimiento” hace referencia a “un acto jurídico mediante el cual se establece la filiación extramatrimonial del hijo” con ocasión de la manifestación respectiva del progenitor en relación con la paternidad o la maternidad sobre su descendiente11, mediante alguna de las vías señaladas 4 “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”. 5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-165 de 2019 (M.P. Alejandro Linares Cantillo). 6 Cfr. Sentencia C-121 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). 7 Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). 8 Corte Constitucional, Sentencia C-034 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).

9 Sentencia C-603 de 2019 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo). 10 Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). 11 Cfr. Parra Benítez, Jorge. Derecho de Familia. Bogotá: Temis, 2008, páginas 354 y siguientes. 4 taxativamente en la ley12, a saber: (i) el acta de nacimiento, (ii) una escritura pública, (iii) el testamento, o (iv) una declaración ante un juez o un funcionario legalmente autorizado13. En punto de ello, es necesario recordar que, por su naturaleza, el reconocimiento no opera en tratándose de hijos habidos en el matrimonio o en una unión marital de hecho, porque la consolidación de la filiación correspondiente no requiere de dicho acto, sino que opera por ministerio de la ley, debido al sistema de presunciones establecido en el Código Civil14 que se basa en el aforismo latino pater is est quem nuptiae demonstrant15. Así las cosas, se advierte que el aparte normativo acusado regula un aspecto propio de la filiación extramatrimonial, porque se refiere a la impugnación del reconocimiento expreso del hijo por el padre o la madre en su testamento o en otro instrumento público. En efecto, una lectura detallada de la expresión reprochada permite evidenciar que no está ordenando la impugnación de la filiación de los hijos habidos en el matrimonio o en una unión marital de hecho, ya que los mismos ante la presunción de su filiación legalmente no se encuentran sujetos a reconocimiento. En este orden de ideas, el Ministerio Público considera que la demanda de la

referencia carece de certeza, porque el demandante le atribuye a la expresión cuestionada un contenido que no corresponde con su texto positivo. En concreto, el accionante sostiene equivocadamente que el aparte normativo enjuiciado es aplicable a la impugnación de la filiación de los hijos habidos en el matrimonio o en una unión marital de hecho, ignorando que la figura del reconocimiento no opera frente a estos, sino en relación con los descendientes procreados por fuera de dichas uniones. En relación con este último punto, se resalta que el error en la compresión de la expresión demandada genera que, a efectos de fundamentar el cargo por violación del principio de igualdad familiar, se proponga una comparación entre un supuesto que puede presentarse desde una perspectiva jurídica y otro que no. Ciertamente, aunque es viable referirse desde el derecho positivo al reconocimiento de un hijo extramatrimonial en el testamento o en otro instrumento público, no lo es frente a un descendiente procreado en el matrimonio o en una unión material de hecho, ya que su filiación se presume por manto legal y, por ende, la misma no depende de dicha manifestación de los padres. Sobre el particular, debe precisarse que a pesar de que la expresión demandada se encuentra contenida en una disposición ubicada en el título referente a “los hijos legítimos concebidos en matrimonio”16, lo cierto es que tal circunstancia no es óbice para desconocer la literalidad del aparte normativo que se refiere a una figura aplicable únicamente a los hijos extramatrimoniales, como lo es el reconocimiento. 12 Cfr. Artículos 1° de la Ley 75 de 1968, “Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar”; y 109 de la Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”. 13 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-145 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). 14 Cfr. Artículos 213 y siguientes del Código Civil. 15 Un marido es el padre de los hijos que su mujer dé a luz. 16 El artículo 219 se encuentra contenido en el Título X “De los hijos legítimos concebidos en matrimonio” del Libro Primero “De las personas” del Código Civil. 5 Al respecto, se pone de presente que acudir a un argumento sedes materiae para cuestionar las normas del Código Civil sobre la filiación resulta problemático17, porque estas disposiciones fueron modificadas por la Ley 1060 de 2006, la cual buscó actualizar la legislación a los mandatos constitucionales18, que promulgan por la igualdad de derechos y deberes entre los descendientes sin importar si fueron concebidos en el matrimonio o no19. Por ello, se ha explicado que, a partir de dicha reforma, se desdibujó la clasificación de la filiación en legitima y extramatrimonial que fundamentó la división de los títulos del mencionado cuerpo normativo expedido un siglo antes que la Carta Política de 199120. Ahora, ante la falta de certeza, la Procuraduría estima que la demanda también carece de suficiencia, ya que, al evidenciarse una lectura parcializada de la expresión cuestionada, los reproches en su contra pierden su poder de persuasión y no ponen en duda su constitucionalidad. Efectivamente, el yerro en el

entendimiento de la regulación deriva en que las consideraciones desarrolladas por el accionante no sean completas para formular un cargo y, por ello, resulten ineptas para reprochar la conformidad con la Carta Política del verdadero contenido de las reglas expedidas por el legislador sobre las restricciones a la impugnación del reconocimiento de los hijos extramatrimoniales por parte de los herederos del progenitor causante. Por lo anterior, la demanda de la referencia es inepta para generar un fallo de fondo, por lo que se solicitará que se profiera una decisión inhibitoria, recordando que la misma “lejos de afectar la garantía de acceso a la administración justicia contemplada en el artículo 229 superior, constituye una herramienta idónea para preservar el derecho político y fundamental que tienen los ciudadanos de interponer acciones públicas en defensa de la Constitución, al tiempo que evita que la presunción de constitucionalidad que acompaña al ordenamiento jurídico sea objeto de reproche a partir de argumentos que no suscitan una verdadera controversia constitucional”21.

III. Solicitud Por las razones expuestas, el Ministerio Público le solicita a la Corte Constitucional que profiera un fallo INHIBITORIO ante la ineptitud sustantiva de la demanda de la referencia contra el artículo 219 (parcial) del Código Civil.

Atentamente, 17 El argumento sedes materiae “es aquél que por la atribución de significado a un enunciado dudoso se realiza a partir del lugar que ocupa en el contexto normativo del que forma parte, ya que se piensa que la localización topográfica de una disposición proporciona información sobre su contenido”. Cfr. Pérez Escobar,

Jacobo. Derecho Constitucional Colombiano. Bogotá, Temis, 2010, Página 101. 18 Cfr. Gacetas del Congreso No. 472 y 591 de 2004, 223 y 691 de 2005 y 104 de 2006. 19 La Constitución Política proscribe cualquier discriminación por razones de “origen familiar” (artículo 13), así como ordena que “las relaciones familiares se basen en la igualdad de derechos y deberes”, y que “los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tengan iguales derechos y deberes” (artículo 42). 20 Cfr. Parra Benítez, Jorge. Derecho de Familia. Bogotá: Temis, 2008, página 384. 21 Corte Constitucional, Sentencia C-088 de 2019 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). 6

MARGARITA CABELLO BLANCO

Procuradora General de la Nación

Proyectó: Diana Pilar Pulido Gómez – Asesora Grado 19.

Aprobó: Juan Sebastián Vega Rodríguez – Procurador Auxiliar para Asuntos Constitucionales.

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