PGN - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Contra algunas expresiones de los artículos 58, 59,

NOTIFICACIONES-Los actos administrativos enviados por correos y sean devueltos, serán notificados por aviso DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Contra algunas expresiones de los artículos 58, 59, 61 y 62 del Decreto Ley 019 del 2012 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Debe contener las razones por las cuales se estiman infringidas las normas constitucionales La demanda de inconstitucionalidad debe contener las razones por las cuales se estiman infringidas las normas constitucionales señaladas como violadas, es decir, el concepto de la violación. Como lo precisa la Corte, entre otras, en la Sentencia C-831 de 2002, la demanda debe contener una exposición clara, cierta, específica, pertinente y suficiente de las razones por las cuales se considera que el contenido de la disposición constitucional es desconocido por la disposición legal impugnada La demanda sub examine no cumple con los mínimos argumentativos requeridos, pues en lugar de señalar las razones por las que consideran que las expresiones acusadas infringen las normas constitucionales indicadas, los actores se limitan a hacer apreciaciones sobre las normas, para afirmar que éstas trasladan la obligación de notificar los actos administrativos, que está en cabeza de la administración, al contribuyente, de manera injusta y contraria a sus garantías constitucionales. Bogotá, D.C., agosto 22 de 2012 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF.: Demanda de inconstitucionalidad contra algunas expresiones de los artículos 58, 59, 61 y 62 del Decreto Ley 019 del 2012, “Por el cual se dictan

normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.

Demandante: Juan Pablo Barrios Reina y Marcela

Ayala Espejo.

Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.

Expediente D-9195. Concepto 5424 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242.2 y 278.5 de la Carta Política, rindo concepto en relación con la demanda instaurada en ejercicio Procurador General Concepto 5422 de su ciudadanía por JUAN PABLO BARRIOS REINA Y MARCELA AYALA ESPEJO contra algunas expresiones de los artículos 58, 59, 61 y 62 del Decreto Ley 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, cuyo texto se cita enseguida, con lo demandado en negritas: DECRETO 019 DE 2012 (enero 10) Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el parágrafo 1o. del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, y

CONSIDERANDO:

(…)

CAPÍTULO IV.

TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y REGULACIONES DEL SECTOR

ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

(…) ARTÍCULO 58. NOTIFICACIONES DEVUELTAS POR EL CORREO. El artículo 568 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 47 de la Ley 1111 de 2006, quedará así: "Artículo 568. Notificaciones devueltas por el correo. Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal." ARTÍCULO 59. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES. El artículo 563 del Estatuto Tributario quedará así: "Artículo 563. Dirección para notificaciones. La notificación de las actuaciones de la Administración Tributaria deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante,

en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o mediante formato oficial de cambio de dirección; la antigua dirección 2 Procurador General Concepto 5422 continuará siendo válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada. Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección a la Administración de Impuestos, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la Administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria. Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados en el inciso anterior, los actos de la Administración le serán notificados por medio de la publicación en el portal de la web de la DIAN, que deberá incluir mecanismos de búsqueda por número identificación personal. (…) ARTÍCULO 61. NOTIFICACIONES POR CORREO. Modifíquese el inciso tercero del artículo 567 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 56 del Decreto 1232 de 2001, el cual quedará así: "Las actuaciones notificadas por correo que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en el portal web de la DIAN que deberá incluir mecanismos de búsqueda por número de identificación personal; la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el responsable, el término para responder o impugnar se

contará desde el día hábil siguiente a la publicación en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal. Cuando no haya sido posible establecer la dirección del investigado por ninguno de los medios señalados anteriormente, los actos administrativos se deberán notificar mediante aviso en el portal web de la DIAN, que deberá incluir mecanismos de búsqueda por número de identificación personal." ARTÍCULO 62. NOTIFICACIONES DEVUELTAS POR CORREO. Modifíquese el inciso primero del artículo 18 del Decreto 2245 de 2011, el cual quedará así: "Las actuaciones y actos administrativos enviados a notificar por correo que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en el portal web de la DIAN, la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el responsable, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación en el portal. PARÁGRAFO. El inciso segundo del artículo 13 del Decreto 2245 de 2011, quedará así: "Cuando no haya sido posible establecer la dirección del investigado por ninguno de los medios señalados anteriormente, los actos administrativos se deberán notificar mediante aviso en el portal web de la DIAN".

1. Planteamiento de la demanda.

3 Procurador General Concepto 5422 Los actores consideran que las expresiones demandadas, al prever la

forma de notificar las actuaciones y actos administrativos en los procesos administrativos tributarios, vulneran el Preámbulo y los artículos 2° y 29 de la Carta Política. Aducen que la notificación en el portal web de la DIAN, como se prevé en las expresiones demandadas, descarga a la administración tributaria de su deber de actuar en forma diligente para notificar sus actos, lo cual va en desmedro de las garantías constitucionales de las personas a notificar.

2. Análisis jurídico.

De acuerdo con el artículo 2.3 del Decreto 2067 de 1991, la demanda de inconstitucionalidad debe contener las razones por las cuales se estiman infringidas las normas constitucionales señaladas como violadas, es decir, el concepto de la violación. Como lo precisa la Corte, entre otras, en la Sentencia C-831 de 2002, la demanda debe contener una exposición clara, cierta, específica, pertinente y suficiente de las razones por las cuales se considera que el contenido de la disposición constitucional es desconocido por la disposición legal impugnada. La demanda sub examine no cumple con los mínimos argumentativos requeridos, pues en lugar de señalar las razones por las que consideran que las expresiones acusadas infringen las normas constitucionales indicadas, los actores se limitan a hacer apreciaciones sobre las normas, para afirmar que éstas trasladan la obligación de notificar los actos administrativos, que está en cabeza de la administración, al contribuyente, de manera injusta y contraria a sus garantías constitucionales. Para argüir que se vulnera el debido proceso, los actores asumen de manera injustificada que la carga de notificar los actos administrativos le

corresponde al contribuyente, ya que es el ciudadano quien “… debe entonces recurrir cada vez que pueda a la página web de la DIAN a 4 Procurador General Concepto 5422 consultar si tiene notificaciones o no”. Para llegar a este punto, los actores omiten considerar dos importantes circunstancias, como pasa a verse. La primera circunstancia es la de que la notificación en el portal web de la DIAN no es la forma principal de notificación de los actos administrativos tributarios, sino una forma supletiva, que se aplica en caso de que no sea posible hacer la notificación personal por medio del envío por correo a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su más reciente declaración o actuación ante la administración, conforme a lo previsto en el artículo 563 del Estatuto Tributario. Si el aviso se remite a la dirección reportada y es devuelto, no se puede predicar una falta de diligencia y cuidado en la gestión administrativa. Por el contrario, se podría pensar en una falta de diligencia y cuidado del ciudadano, que no informa de manera oportuna a la administración de los cambios que ocurran en su dirección reportada, o en la falta de diligencia y cuidado de un tercero, encargado de recibir la correspondencia o de entregarla. La segunda circunstancia es que, en lugar de publicar el aviso en un periódico de amplia circulación nacional, por una sola vez y sin ninguna indicación particular que facilite su consulta, el aviso se publica en la página web de la DIAN y puede consultarse en varias oportunidades con el número de identificación personal del interesado. Si bien puede ser cierto que no todos los contribuyentes tienen acceso a

internet o capacidad de manejar las nuevas tecnologías de la comunicación, como lo advierten los actores, de este hecho no puede inferirse que la administración haya actuado de manera negligente o que se haya descargado de su responsabilidad. Como se advierte atrás, a esta situación se llega porque el correo enviado a la dirección informada por el contribuyente fue devuelto. Y, a menos que la causa de la devolución sea imputable a la administración, valga decir, a un error al momento de 5 Procurador General Concepto 5422 remitir el correo a una dirección diferente a la reportada por el contribuyente, la administración no tiene responsabilidad alguna en la devolución. El contribuyente con su diligencia, al momento de reportar de manera oportuna sus cambios de dirección, hace innecesario acudir a la notificación por la página web. No se puede obligar a la administración a asumir que el contribuyente obra de mala fe al momento de informar su dirección, o de manera negligente al no actualizarla y, en consecuencia, perseguirlo donde quiera que se encuentre, con el argumento de que existe una alta probabilidad de que la notificación sea devuelta, entre otras razones por la falta de diligencia del propio contribuyente. La ley llega al extremo de prever, en la expresión demandada del artículo 59 del Decreto 019 de 2012, que modifica el artículo 563 del Estatuto Tributario, en caso de que el contribuyente no informe una dirección, que la administración puede establecerla bien sea por medio de verificación directa, o bien por medio del empleo de guías telefónicas, de directorios y, en general de la información oficial, comercial o bancaria. Por ser relevante para el caso

sub examine, conviene traer a cuento lo dicho por la Corte en la Sentencia C-013 de 2010, en el sentido de que: (...) dada la relevancia de la acción pública de inconstitucionalidad como instrumento esencial de participación de la ciudadanía en ese control abstracto para la prevalencia del ordenamiento superior, su ejercicio efectivo debe comportar unos requisitos mínimos para alcanzar el objetivo para el cual fue establecido. De ahí que, según lo establece el Decreto 2067 de 1991, antes citado, el cual regula el procedimiento que debe aplicarse en los juicios y actuaciones que con ocasión al ejercicio de esa acción se inicien y surtan ante la Corte Constitucional, como presupuesto indispensable para que ésta pueda emitir una decisión de mérito está el señalamiento de las disposiciones del ordenamiento superior que se consideran infringidas por las normas legales acusadas y las razones por las cuales dichos textos se estiman violados (art. 2o., nums. 2o. y 3o.). De esos mandatos se infiere que no es suficiente la simple acusación de una preceptiva legal por considerar que desconoce la Carta Política, sino que resulta necesario presentar los argumentos que concretamente justifiquen dicha violación, toda vez que “El ataque indeterminado y sin motivos no es 6 Procurador General Concepto 5422 razonable y se opone a la inteligencia que debe caracterizar al hombre”1. Adicionalmente, la argumentación esbozada debe plantear una controversia en el ámbito constitucional a partir de la cual se emitirán juicios de valor sobre los actos jurídicos demandados. El incumplimiento de ese requisito,

necesariamente, conducirá a una decisión inhibitoria, en virtud de la ineptitud que presenta la demanda por adolecer de vicios sustantivos. (…) Por otra parte, si bien es cierto que por el origen y la naturaleza misma de la acción pública de inconstitucionalidad se impone a la Corte una actitud interpretativa amplia y flexible de las respectivas demandas, también lo es que no existe demanda en debida forma cuando el actor “... se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la disposición, pues su omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad. Tampoco existe una demanda idónea cuando la acusación no es relevante constitucionalmente sino que se fundamenta en razones puramente legales.”.2

3. Conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Corte que se INHIBA de pronunciarse sobre la exequibilidad de las expresiones acusadas de los artículos 58, 59, 61 y 62 del Decreto Ley 019 de 2012, por ineptitud sustantiva de la demanda. Señores Magistrados,

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación LJMO/Nroa 1 Sentencia C-131 de 1993, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. 2 Sentencia C-447/97, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. 7