PGN - DEMANDANTE No demostró el daño patrimonial en el sub examine

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Para reembolso por concepto de condena por declaratoria de insubsistencia como Profesional Especializada de Auditoría Gral. de la República ACCIÓN DE REPETICIÓN-Término de caducidad según regulación legal Para la época en que ocurrieron los hechos que dieron lugar al pago de la suma de dinero a cargo de la entidad demandante, la caducidad de la acción de repetición se regía por las disposiciones del artículo 136 (numeral 9) del C.C.A., que dice: “9. La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad” Lo anterior, bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del C.C.A., que empiezan a contarse después de la ejecutoria de la providencia que ordena el pago….. …… El último pago, según refiere la parte actora, se realizó el 30 de julio de 2010 . La demanda fue instaurada el 28 de enero de 2011 por lo que la acción de repetición se ejercitó oportunamente. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Término de caducidad según pronunciamiento del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos para su viabilidad ….los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: la existencia de una condena en contra de la administración, el pago de la misma por la entidad pública, y que la condena sea

consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, lo que implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño o acto que llevó a la afectación del erario por la citada condena. PRUEBAS OBRANTES-No demuestran que demandante haya realizado pago al beneficiado con la condena En concepto del Ministerio Público las pruebas anteriores no acreditan que la demandante efectivamente hubiese realizado el pago al beneficiado con la condena, pues no se allegó constancia de que dicho dinero haya sido recibido por la señora……,, no existe certeza que se haya cancelado el monto total de la indemnización. La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo de la suma dineraria a través de prueba que generalmente es documental, documento que debe tener origen en el beneficiario o su apoderado, recibo de pago, o pruebas de transacción bancaria o de consignación a favor o en cuenta del beneficiario y de su apoderado. En el caso concreto no se demostró en debida forma que la condena hubiere sido pagada, ya que los documentos con los que se pretende acreditar el pago no dan cuenta sobre el efectivo recibo de suma alguna por parte del beneficiario o de su apoderado, pues, si bien aparecen menciones alusivas a unos abonos en cuentas del Banco Davivienda, Coomeva EPS, ISS, no existe en el expediente ningún medio de prueba que confirme tales operaciones. 1

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext:12056FAX: 12094

CARGA DE LA PRUEBA-El demandante debe acreditar los supuestos de hecho en que funda su pretensión DEMANDANTE-No demostró el daño patrimonial en el sub examine El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil establece que “…incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Como lo ha expresado el H. Consejo de Estado, es menester reiterar la observancia de la carga procesal que le atañe a la entidad demandante, de probar en las acciones de repetición los requisitos configurativos de la acción, como noción procesal que se basa en el principio de autoresponsabilidad de las partes y como requerimiento de conducta procesal facultativa predicable a quien le interesa sacar avante sus pretensiones y evitar una decisión desfavorable Como la demandante no demostró el daño patrimonial, que es el pago total de la indemnización ordenada a favor de la señor….. se deben negar las súplicas de la demanda, falencia que hace innecesaria cualquier consideración sobre la existencia de dolo o culpa grave en la actuación del demandado que generó la condena en contra de la administración. 2

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext:12056FAX: 12094

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 196/2018

Bogotá, D. C., 17 de septiembre de 2018 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente doctor GUILLERMO SANCHEZ LUQUE

E. S. D.

Ref: Proceso 60399 (05001233100020110021701)

Acción de Repetición

Actor: Auditoria General de la Republica Demandado: Cesar Augusto López Botero El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. PRETENSIONES La Auditoría General de la República presentó demanda contra el señor Cesar Augusto López Botero, en su condición de ex Auditor General de la República, para que se le declarara responsable del valor pagado por concepto de la condena impuesta mediante sentencia del 28 de enero de 2009, proferida por el H. Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la nulidad de las Resoluciones N° 411 y 573 de 2001, que declararon insubsistente a la señora Claudia Margarita Madrid Ríos (q.e.p.d) del cargo de Profesional Especializado, grado 03 de la Planta Global de personal de la Auditoria General de la República y como restablecimiento del derecho ordenó el reintegro, así como el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de su retiro hasta el día que fuese efectivamente reintegrado. Como consecuencia, solicitó que se le condenara a pagar la suma de $609.409.846,65, debidamente indexada. 1.2. LA OPOSICIÓN - El señor Cesar Augusto López Botero (fls. 136 a 195 C. 1) contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. Argumentó que hace falta tanto el acervo probatorio necesario, como los elementos esenciales de la acción, tales como el pago, el fallo

judicial y el dolo.

Propuso como excepciones: la “genérica”, la “falta de pago”, la “ausencia de dolo”, la “inexistencia de la obligación”, la “liquidación irregular del crédito”, la “falta de

3

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext:12056FAX: 12094 competencia”, la “culpa de la víctima, la “violación al debido proceso”, la “prescripción por caducidad” y la “indebida acumulación de pretensiones”. 1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala de Descongestión de la Sección Tercera – Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 750 a 759 C. Consejo de Estado) denegó las pretensiones de la demanda por no encontrar demostrado el pago de la indemnización. 1.4. LA IMPUGNACIÓN La parte actora (fls. 761 a 766 C. Consejo de Estado) reitera que cumple con todos los requisitos para que la acción de repetición tenga vocación de prosperar: condena en contra del Estado, el pago de la misma por la entidad pública y estar debidamente acreditado el dolo o la culpa grave en cabeza del señor Cesar Augusto López Botero. La parte demandada (fls. 767 a 770 C. Consejo de Estado) solicita condenar en costas a la parte actora por lo extenso y dilatado en el tiempo que el señor López Botero debió soportar su defensa.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO El debate se enmarca en determinar si se encuentran acreditados los supuestos

sustanciales para la prosperidad de la acción de repetición. 2.1. CADUCIDAD Para la época en que ocurrieron los hechos que dieron lugar al pago de la suma de dinero a cargo de la entidad demandante, la caducidad de la acción de repetición se regía por las disposiciones del artículo 136 (numeral 9) del C.C.A., que dice: “9. La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad” (resalto y subrayo) Lo anterior, bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del C.C.A., que empiezan a contarse después de la ejecutoria de la providencia que ordena el pago. Al respecto se pronunció la Subsección “A” del H. Consejo de Estado en sentencia del 16 de agosto de 2018, Radicación 05001-23-31-000-2008-00813 01 (55037), así: “En conclusión, el término para intentar la acción, de acuerdo con la interpretación condicionada que realizó la Corte Constitucional de las normas que lo establecieron -No. 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y artículo 11 de la Ley 678 de 2001-, empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4° del Código Contencioso Administrativo.

“(…). 4

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext:12056FAX: 12094 “En vista de todo lo anterior, se toma lo que ocurra primero en el tiempo, esto es el pago de la suma a que se condenó, o por la cual se concilió, o cuyo reconocimiento se realizó, o el vencimiento de los 18 meses a que se refiere el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo sin que se haya realizado el pago de tal suma, como el momento para que empiece a correr el término para ejercer la acción”1 (se destaca). El último pago, según refiere la parte actora, se realizó el 30 de julio de 2010 (fl. 4 C. 1). La demanda fue instaurada el 28 de enero de 2011 (fl. 16 C. 1), por lo que la acción de repetición se ejercitó oportunamente. 2.2. PRESUPUESTOS PARA LA VIABILIDAD DE LA PRETENSION DE REPETICIÓN Los supuestos exigidos para la viabilidad de la acción de repetición fueron referidos por el H. Consejo de Estado, entre otras, en sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926: “Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado demandado o particular

en ejercicio de funciones públicas; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico. En relación con lo anterior se debe precisar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de esa entidad, tornan improcedente la acción y relevan al Juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa a los demandados”. Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: la existencia de una condena en contra de la administración, el pago de la misma por la entidad pública, y que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, lo que implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño o acto que llevó a la afectación del erario por la citada condena. a) DE LA CONDENA IMPUESTA Se allegó copia de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia de 28 de enero de 2009 (fls. 23 a 40 C. 1). b) DE LA PRUEBA DEL PAGO CUYO REEMBOLSO SE PRETENDE En la sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926, se expresó: Acerca del pago por razón de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, debe decirse que

en cuanto el objeto de la repetición lo constituye la reclamación de una suma de dinero que efectivamente hubiere sido cancelada por la entidad demandante y recibida por el beneficiario de la indemnización, la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de la acción, en 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. sentencia del 10 de agosto de 2016, exp. 37.265. Al respecto, además, se pueden consultar las siguientes decisiones: i) Sección Tercera, Subsección C, auto del 27 de noviembre de 2017, exp. 59.151, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; ii) Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de enero de 2018, exp. 57.264, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; iii) Sección Tercera, Subsección B, auto del 7 de febrero de 2018, exp. 59.603, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, entre muchas otras. 5

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext:12056FAX: 12094 cuyo caso habrá de concluirse que la misma carece de fundamento y, por tanto, deberán negarse las súplicas de la demanda. […] 2.2.- Caso concreto […] En este orden de ideas, se tiene que la única prueba susceptible de valoración en relación con el pago es el certificado expedido por el Pagador Distrital anexo a folio 29 del cuaderno 2, el cual, como entrará a analizarse, resulta insuficiente para acreditar la extinción de la

obligación por cuya restitución se repite, pues el mismo no proviene del deudor, de manera que no reúne los requisitos legales para tener por cierto que la entidad pública demandante efectivamente hubiere cancelado una suma de dinero a Gustavo Vega Arias por razón de una condena judicial. Sobre el particular conviene citar el artículo 1625 del Código Civil que establece una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones2, dado que toda obligación está llamada a ser cumplida y por tanto a extinguirse a través de la ejecución de la prestación debida3. Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago4, modo de extinción de la obligación, entendido como la ejecución total de la prestación debida; es decir, para que exista el pago es menester la preexistencia de una obligación entendida como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, en la cual se busca la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor a través de la materialización de una prestación5 de dar, hacer o no hacer (dare, facere y prestare). Ahora bien, respecto de esa relación jurídica y de su extinción, el artículo 1757 del Código Civil señala que “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”, de manera que el acreedor deberá probar la existencia de la prestación con miras a hacerla valer ante su deudor y, contrario sensu, el deudor debe probar la extinción de la misma, es decir, su liberación como sujeto pasivo dentro de la relación obligacional. En otras palabras, al acreedor le corresponde demostrar el surgimiento de la obligación mediante

la prueba del hecho jurídico generador de la misma, mientras el deudor debe demostrar la ocurrencia del hecho extintivo, lo cual, aplicado al caso concreto para efectos del cumplimiento de los requisitos de la acción de repetición, se materializa en el deber en el cual se encuentra la respectiva entidad pública demandante de probar el pago efectivo de la indemnización contenida en una sentencia a la víctima, cuestión que podrá realizar mediante la aportación de la constancia de pago con la consiguiente prueba de su recibo por parte del acreedor o beneficiario, la entrega material de la suma adeudada o la consignación o transferencia que de dicha cantidad hubiere realizado el deudor a favor del acreedor. (subrayado fuera de texto) 2 (Pie de página de la cita) Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o parte: 1) Por la solución o pago efectivo 2) Por la novación 3) Por la transacción 4) Por la remisión 5) Por la compensación 6) Por la confusión 7) Por la pérdida de la cosa que se debe 8) Por la declaración de nulidad o por la rescisión 9) Por el evento de la condición resolutoria 10) Por la prescripción. 3 Entendiéndose que la ejecución de la prestación debida – pagono es la única forma de extinción de la obligación pero si es la que encierra una mayor relevancia, dado que existen otros modos que tienen como finalidad finiquitar la obligación como la

novación, la transacción, la remisión etc. 4 Artículo 1626 del Código Civil. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe. 5 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. Bogotá, 2002. 6

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext:12056FAX: 12094 A este respecto conviene comentar que por excelencia la prueba del pago la constituye, de conformidad con el Código Civil, la carta de pago6 o el recibo7 según el Código de Comercio, documentos llamados a reflejar con claridad que la obligación fue debidamente satisfecha, sin perjuicio, claro está, de que los interesados puedan acudir a otros medios de acreditación dado que en el ordenamiento colombiano rige, como regla general, el principio de libertad probatoria y de apreciación de conformidad con las reglas de la sana crítica. Por consiguiente, al analizar el artículo 1626 del Código Civil “…el pago efectivo es la prestación de lo que se debe…” con lo cual se extingue la obligación, en consonancia con el artículo 1757 ibídem que señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta, se concluye que correspondía a la entidad ahora demandante demostrar que efectivamente realizó el pago y, en virtud de esa carga aducir, dentro de las oportunidades legales, los elementos de convicción al proceso que permitieran al juez llegar a tener certeza acerca de la ocurrencia de este acto por parte del Estado, en este caso por razón de una condena judicial.

En este orden de ideas, se debe precisar que la sola constancia de pago expedida por la propia entidad pública deudora no constituye prueba suficiente de la realización del mismo, pues una certificación así no acredita que efectivamente la obligación hubiese sido realmente extinguida mediante la correspondiente cancelación de una determinada suma de dinero a favor del acreedor. En este caso, no se solicitó la práctica de alguna prueba idónea ni se aportó un documento tendiente a demostrar el cumplimiento de tal obligación, ya sea recibo, consignación o cualquier medio diferente que demuestre que el egreso efectivamente se produjo a favor del beneficiario y que este lo hubiere recibido directamente o por medio de apoderado o delegado para ese efecto. (subrayado fuera de texto) […] Ante la deficiencia probatoria anotada, la Sala debe concluir que no se encuentra acreditado el daño por cuyo reembolso se formuló la acción de repetición de la referencia, lo cual impide el análisis de los demás supuestos para la prosperidad de las pretensiones de la misma (…) […] En el presente caso, para acreditar el pago se allegaron los siguientes documentos:  Resolución 550 de 2009, mediante la cual se reconoce a la señora Claudia Margarita Madrid Ríos, la suma de $482.299.587.63 por concepto de prestaciones y salarios causados y se ordena el pago parcial por valor de $200.000.000 (fls. 47 a 55 C. 1).  Resolución ordinaria 913 de 2009, a través de la cual se ordena el segundo pago parcial por la suma de $89.092.000.00, a favor de la Doctora Claudia

Margarita Madrid Ríos (fl. 65 y 66 C. 1).  Resolución 543 de 2010, la cual ordena el tercer y último pago, por valor de $222.061.924.65, el cual se ordenó consignar a órdenes del Tribunal Administrativo de Antioquia (fls. 67 a 74 C. 1)  Certificación expedida por la Directora de Recursos Financieros de la Auditoría General de la República, en donde refiere que se le pagó a la señora Madrid 6 7 7

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext:12056FAX: 12094 Ríos, en cumplimiento de lo ordenado en sentencia proferida el 28 de enero de 2009 (fls. 75 a 77 C. 1).  Pago realizado en Davivienda por valor $195.064.395 (fl. 87 C. 1).  Pago realizado en Davivienda por valor de $86.517.715 (fl. 88 C. 1).  Cheque N° 82785-6 por la suma de $19.817.707 a favor de Ing. Pensiones y Cesantías (fl. 89 C. 1).  Cheque N° 82787-3 por la suma de $45.838.092 a favor del ISS pensiones (fl. 91 y 92 C. 1)  Cheque N° 82814-7 por valor de $10.867.900 a favor de Coomeva EPS (fls. 94 y 95 C. 1).  Cheque N° 82857-5 por valor de $211.591.711.65 a órdenes del Tribunal

Administrativo de Antioquia (fls. 95 y 96 C. 1) En concepto del Ministerio Público las pruebas anteriores no acreditan que la demandante efectivamente hubiese realizado el pago al beneficiado con la condena, pues no se allegó constancia de que dicho dinero haya sido recibido por la señora Claudia Margarita Madrid Ríos, no existe certeza que se haya cancelado el monto total de la indemnización. La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo de la suma dineraria a través de prueba que generalmente8 es documental, documento que debe tener origen en el beneficiario o su apoderado, recibo de pago, o pruebas de transacción bancaria o de consignación a favor o en cuenta del beneficiario y de su apoderado. En el caso concreto no se demostró en debida forma que la condena hubiere sido pagada, ya que los documentos con los que se pretende acreditar el pago no dan cuenta sobre el efectivo recibo de suma alguna por parte del beneficiario o de su apoderado, pues, si bien aparecen menciones alusivas a unos abonos en cuentas del Banco Davivienda, Coomeva EPS, ISS, no existe en el expediente ningún medio de prueba que confirme tales operaciones. El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil establece que “…incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Como lo ha expresado el H. Consejo de Estado, es menester reiterar la observancia de la carga procesal que le atañe a la entidad demandante, de probar en las acciones de repetición los requisitos configurativos de la acción, como noción procesal que se basa en el principio de autoresponsabilidad de las partes y como

8 El artículo 232 del Código de Procedimiento Civil dispone que en los eventos en que se trate de probar el pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito será apreciado como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias especiales en que tuvo lugar el mismo, haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión, situación que no es común debido a la prudencia y diligencia de todas las personas que acostumbran utilizar en sus relaciones jurídicas. 8

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext:12056FAX: 12094 requerimiento de conducta procesal facultativa predicable a quien le interesa sacar avante sus pretensiones y evitar una decisión desfavorable9. Como la demandante no demostró el daño patrimonial, que es el pago total de la indemnización ordenada a favor de la señor Claudia Margarita Madrid Ríos, se deben negar las súplicas de la demanda, falencia que hace innecesaria cualquier consideración sobre la existencia de dolo o culpa grave en la actuación del demandado que generó la condena en contra de la administración. CONCLUSIONES En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público solicita que el fallo recurrido sea confirmado según las razones expresadas en este concepto, y en tal sentido eleva solicitud a la H. Sala de Decisión. Del Honorable Magistrado, respetuosamente,

NICOLAS YEPES CORRALES

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

REOG/NYC 9 “La carga de la prueba es una noción procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos…”. PARRA QUIJANO Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004, pág 242. Y, “…Frente a las partes, se afirma que la carga de la prueba es una norma de conducta para éstas porque indirectamente les señala los hechos que a cada una le interesa probar si quiere sacar avante sus pretensiones y evitar una decisión desfavorable…” BETANCUR JARAMILLO, Carlos, De la Prueba Judicial, Ed. Dike.1982, pág 147. 9

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext:12056FAX: 12094 10

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext:12056FAX: 12094 11

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750Ext:12056FAX: 12094