PGN - DERECHO DE DOMINIO ADQUIRIDO Los daños recibidos con ocasión del incendio serán repa

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Perjuicios originados por un incendio en un relleno sanitario RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Elementos que la configuran FALLA DEL SERVICIO-Incendio por relleno sanitario En el presente asunto, la ocurrencia del daño alegado por la parte actora se encuentra demostrado con las inspecciones judiciales practicadas en el sitio de los hechos, con los testimonios recibidos en desarrollo del proceso, con el informe de los daños causados a las plantaciones que elaboró el Instituto Financiero del Casanare, con el informe que del incendio elaboró el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villanueva (Casanare) y con la admisión que se su ocurrencia realizaron la parte actora y la entidad demandada. Frente al municipio de Villanueva – Unidad Especial de Servicios Públicos Domiciliarios de Villanueva, se solicitó que fuera condenado al pago del valor correspondiente a las 14.43 hectáreas de plantación forestal de Eucalipto Pellita existente en el predio “El Desierto”; al igual que de las 42.24 hectáreas de pastos mejorados, 1.18 hectáreas de relictos de bosques naturales; árboles aislados de acacias de 8 meses y frutales, 3 naranjos de 8 meses y mangos de año y medio, cerca de alambre de púa en longitud de 2995 metros lineales y 200 postes de eucalipto de cera. PRUEBA TESTIMONIAL-Corrobora la existencia de los bienes adjudicados al demandante De dichas pretensiones el Tribunal Administrativo del Casanare accedió a condenar al pago de los pastos, postes de cerca, cerca en alambres de púas, 17 acacias, 3

mangos y tres naranjos, por un valor de $12.198.376, al considerar que conforme a la prueba documental aportada al proceso, al señor demandante el 25 de julio de 2006 se le adjudicó el predio “El Desierto”, y que con la prueba testimonial recibida, se pudo corroborar la existencia de dichos bienes en el mencionado predio al momento de ocurrencia de los hechos, al igual que con el dictamen pericial rendido por el topógrafo. La anterior determinación es de recibo por parte del Ministerio Público, pues conforme al certificado de tradición y libertad allegado al plenario, para la fecha de ocurrencia del siniestro (6-02-2007), el predio objeto del daño ya era de propiedad del señor demandante, conforme a la resolución No. 565 del 25 de julio de 2006 por medio de la cual el INCODER le adjudicó el citado baldío. DERECHO DE DOMINIO ADQUIRIDO-Los daños recibidos con ocasión del incendio serán reparables a partir de la fecha de adjudicación El único derecho que se encuentra acreditado en cabeza de la parte demandante, es el de dominio adquirido conforme a la resolución de 2006, por medio del cual el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, adjudicó el terreno baldío denominado “El Desierto” (antiguo Potrerito), al señor demandante, razón por la cual, los daños recibidos por dicho inmueble con ocasión del incendio, solo serán reparables respecto

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C.

Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 850012331000200900004 01 (41090) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-313036 de los derechos y bienes adquiridos a partir de dicha fecha, ya que su propietario anterior era la nación.

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 31 de agosto de 2011

Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 11 – 178

Acción: Reparación Directa Radicado: 850012331000200900004 01 (41090)

Actor: EDIZON GABRIEL BACCA BONILLA y OTRO

Demandado: MUNICIPIO DE VILLANUEVA y OTRO Honorable Señora Consejera: Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las partes, mediante los cual se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones

que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa por intermedio de apoderado judicial, los señores EDIZON GABRIEL BACCA BONILLA y FLORENCIO BACCA BARRETO instauraron demanda contra el municipio de Villanueva –

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Domiciliarios, y Cuerpo de

2 850012331000200900004 01 (41090) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-313036 Bomberos Voluntarios de Villanueva, con el objeto de que fueran declarados solidariamente responsables de los perjuicios materiales ocasionados a la Finca “El Desierto” a raíz del incendio ocurrido el 6 de febrero de 2007 en el relleno sanitario de dicho municipio. Contestación Municipio de Villanueva – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Domiciliarios Se opuso a las pretensiones de la demanda, negó la ocurrencia de algunos hechos y manifestó no constarle otros. Señaló que el incendio no se originó en las instalaciones de la Planta Integral de Tratamiento de residuos sólidos, que en dicho lugar no se tenía como política quemar llantas, cable o elemento alguno, pues además de ser antiambiental, podría generarle sanciones por parte de Corporinoquía. Agregó que era ilógico que después de seleccionar los materiales para convertirlos en elementos productivos comercializables, reducir el impacto ambiental, y generar sostenibilidad para la planta, se procediera a su quema, y que el municipio no tuvo nada que ver con los hechos, sino que también fue víctima del fuego. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villanueva Pese a ser notificado en debida forma dentro del término de fijación en lista, dicha entidad no contestó la demanda. Sentencia de primera instancia 3 850012331000200900004 01 (41090) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-313036 Mediante sentencia del 10 de febrero de 2011 el Tribunal Administrativo de

Casanare accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con base en las consideraciones de mayor relevancia que pasan a citarse: “(…) d.- Del análisis en conjunto de las pruebas recaudadas resulta lo siguiente:  Para el año 2005, fecha en la que se celebró el contrato de Cuentas en Participación No. 044, los demandantes no ostentaban ningún derecho de propiedad sobre el predio “El Desierto”, pues para esa época era un baldío que solo fue adjudicado a Edizon Gabriel Bacca Bonilla el 25 de julio de 2006.  Si en gracia de discusión se acepta que el señor Florencio Bacca Bonilla, ostentaba algún derecho sobre el fundo mencionado, el contrato de Cuentas en Participación 044 de 2005 entre el IFC y aquel, permite establecer sin ninguna duda que quien hizo la inversión para el cultivo de eucaliptus pellita que se reclama en la demanda fue el IFC y no los demandantes. Por ende, quien hubiera podido demandar alguna clase de perjuicios por ese concepto sería el Instituto Financiero de Casanare y no los accionantes. Por ende, le asiste la razón al municipio de Villanueva-Casanare sobre este punto.  Adicionalmente debe señalarse sobre los perjuicios contenidos en el dictamen pericial sobre cultivos de eucalipto pelilla, que se trata de un perjuicio estimado para un lapso de 12 años. Es decir, de una mera expectativa que puede concretarse o no en el tiempo. Además, tampoco existen en el dictamen fundamentos técnicos sobre los posibles beneficios a obtener y sobre los costos de la plantación durante el tiempo que

faltaba para la cosecha, como se denomina el contrato 044 de

2005. Tales circunstancias permiten concluir que lo relacionado con el referido cultivo, además de no ser un perjuicios personal para los demandantes, tampoco tiene el carácter de perjuicio cierto y concreto, requisito indispensable para que sea resarcible.  No ocurre lo mismo con relación a los perjuicios correspondientes a pastos, postes de cerca, cerca de alambre de púas y acacias, mangos y naranjos, pues las prueba documental aportada acredita que el 25 de julio de 2006 se hizo la adjudicación a Edizon Gabriel Bonilla Bacca del predio “El Desierto”; varios de los declarantes se refirieron a la 4 850012331000200900004 01 (41090)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-313036 existencia de esos bienes en la finca mencionada, situación que el dictamen pericial rendido por el topógrafo Luis Augusto Cruz confirma y valora así:… … Por lo tanto, teniendo en cuenta las pruebas regularmente aportadas al proceso y los lineamientos jurisprudenciales: para que el daño sea resarcible o indemnizable debe reunir las características de cierto, concreto o determinado y personal, los perjuicios personales en cabeza de los demandantes son únicamente los relacionados en el cuadro anterior. 2.3.2. De la Imputación 2.3.2.1. Al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villanueva–Casanare En la demanda se adujo falta de celeridad para atender la emergencia y por tal razón se llamó a responder por los daños a

ente. Tal como se señaló, acorde con las pruebas aportadas, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villanueva es una entidad cívica sin ánimo de lucro, con personería jurídica y autonomía administrativa. La prueba documental y testimonial recaudada permite establecer que una vez conocida la conflagración, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villanueva-Casanare acudió prontamente a combatirla, utilizando para el efecto las máquinas y el personal disponible, pero primero atendió, como es apenas obvio, el peligro relacionado con vidas humanas y luego lo concerniente a otros bienes, entre ellos, el predio de los demandantes. Pero las fotografías y los testimonios aportados permiten inferir igualmente que el incendio fue fuerte y extenso, motivos por los cuales excedía la capacidad operativa de dicho cuerpo, pues ni siquiera con la participación de la comunidad y de otras instituciones se logró evitar los resultados. Así las cosas, no obstante que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villanueva-Casanare no compareció al proceso a ejercer el derecho de defensa, las pruebas regularmente y oportunamente aportadas al proceso permiten inferir que no tiene responsabilidad en los hechos que se juzgan. 2.3.2.2. El municipio de Villanueva-Casanare A este demandado se le imputó haber generado los daños a los bienes de propiedad de los accionantes porque el incendio se originó en la planta de reciclaje de ese municipio y de allí se extendió al 5 850012331000200900004 01 (41090) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-313036

fundo “El Desierto”. También se le atribuyó violación de los deberes legales y reglamentarios (artículo 3 numerales 1 y 5 de la ley 136de 1994; Decreto 1713 de 2002, artículos 4, 5, 11, 114, 116 y 177) por manejo inadecuado del servicio público de aseo, especialmente lo relacionado con el manejo y aprovechamiento de residuos. (…) d) Durante la inspección judicial practicada por el Magistrado Ponente dentro de la radicación referenciada se estableció que en la planta de reciclaje del Municipio de Villanueva, al momento de realizar la prueba, se encontraba gran cantidad de llantas de vehículos automotores, que por supuesto constituyen un riesgo de incendio, el cual las prestadoras del servicio de aseo deben evitar. Al sintetizar la prueba testimonial quedó plasmado que varios de los declarantes informaron la existencia de llantas en la misma planta. También varios testigos manifestaron que el incendio se originó allí, tal como consta en el cuadro de resumen de dicha prueba. Es decir, del acervo, apreciado en su conjunto, no permitió establecer el sitio exacto o la causa primaria del incendio; pudo originarse fuera de las instalaciones del relleno sanitario y del acopio de material reciclable aludido, como lo dijeron otros. Pero lo que resulta indudable es que la acumulación de llantas y plásticos contribuyó eficazmente a que la conflagración adquiriera dimensiones que hicieron imposible contenerlo y por ello terminó arrasando cultivos, sábanas naturales y

algunas instalaciones de los demandantes. Es esa la imputación fáctica que se declarará probada respecto del municipio de Villanueva. e).- Para la época en que ocurrieron los hechos (febrero 6 de 2007); el servicio público de aseo y la planta de residuos estaba a cargo de la Unidad de Servicios Públicos de Villanueva-Casanare, que era una dependencia administrativa de dicho municipio. Así las cosas, está probada la omisión o falla del servicio imputada en la demanda, así como la relación de causalidad entre esa falla del servicio y el daño infringido a los demandantes. (…)” APELACIÓN Municipio de Villanueva 6 850012331000200900004 01 (41090) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-313036 En consideración de la parte demandada, la entidad no podía ser responsabilizada, ya que no existió falla en la prestación del servicio de aseo, pues la Planta de Residuos Sólidos cumplió y cumple con todos los parámetros legales estipulados por las autoridades ambientales del departamento. Frente a la acumulación de llantas, señaló que el municipio no tenía como práctica recogerlos, pero que de algún tiempo atrás ello se empezó a realizarlas debido a que se estaban presentando epidemias de dengue en el municipio. Agregó que por la topografía del sector donde ocurrió el hecho-campo abierto, por la fuerza del viento se facilitó y desencadenó la propagación del fuego, al punto de cruzar la vía que existe entre la planta de residuos sólidos y la propiedad denominada el desierto. Concluyó señalando que la causa y el origen del incendio no se encontraba

demostrado dentro del proceso, pero lo que si estaba probado a través de testimonios, fue que el fuego se propagó debido a causas naturales, como son las altas temperaturas de la época de verano y los fuertes vientos, lo que constituyó una verdadera fuerza mayor que impide responsabilizar a la entidad de los daños recibidos por la parte actora. Parte Demandante La parte actora solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, y que en su lugar se accediera a ordenar el pago de todos los perjuicios que le fueron ocasionados. En primer término señaló que si bien es cierto la tradición de un inmueble se realiza por escritura pública, en el presente asunto no se trataba de probar la propiedad del mismo, sino los derechos que como ocupantes tenían los demandantes, por explotar como señores y dueños el predio donde ocurrió el incendio. 7 850012331000200900004 01 (41090) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-313036 Frente al contrato en cuentas en participación No. 044 de 2005, señaló que el mismo estableció obligaciones conjuntas para la ejecución del proyecto, correspondiéndole al IFC hacer las inversiones de establecimiento y plantación, y al usuario aportar la tierra, desarrollar labores de vigilancia y conservación de cercas. Agregó que el señor FLORENCIO BACCA suscribió el contrato de cuentas de participación para realizar una destinación de su predio en un negocio productivo, en el cual se proyectó una utilidad cierta, evaluable y cuantificable. Del mismo modo, indicó que en el parágrafo de la cláusula segunda del contrato

de cuentas en participación se estableció que en caso de que se presentara alguna perturbación, el propietario tenía el deber de actuar en defensa de sus derechos, ejerciendo a su costa las acciones legales, judiciales, administrativas y de policía a que hubiere lugar, con lo cual se confirmaba que la mismas estaban en cabeza del propietario del terreno, señor BACCA BARRETO. También se indicó que conforme a la cláusula décima del contrato de cuentas en participación, el mismo debía reportar al demandante, un 70% de las utilidades netas, es decir una vez descontados los costos de inversión realizados por el IFC. Finalmente se indicó que en caso de incendios, acciones provenientes de terceros, caso fortuito, fuerza mayor, fenómenos físicos, intervención de agentes químicos o físicos no imputables al propietario, cuyas pérdidas fueran de tal magnitud que no resultare rentable para el IFC, podía terminarse el contrato sin lugar a indemnización alguna para las partes, acuerdo que no impedía que pudieran iniciarse acciones en contra de terceros que dieran lugar al daño.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 8 850012331000200900004 01 (41090)

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1. Problema Jurídico ¿El incendio ocurrido en el predio “El Desierto” es atribuible a una falla del servicio del municipio de Villanueva (Casanare) o a la falta de celeridad por parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios del citado municipio para atender la emergencia?

2. Análisis Jurídico El artículo 90 de la Carta Política, establece una cláusula general de responsabilidad, en virtud de la cual, el Estado deberá responder por los daños antijurídicos que le sean imputables y que sean causados por la acción u omisión de sus agentes; sin perder de vista tal precepto, la evolución jurisprudencial de la Sección Falladora, ha determinado que para poder endilgar responsabilidad al Estado, se deben acreditar tres elementos imprescindibles, a saber: i) la existencia de un daño, ii) la existencia de una acción u omisión atribuible a la administración y iii) la demostración de un nexo de causalidad entre la actividad de la administración y la producción del daño. Respecto de esta cláusula general de responsabilidad, la Sala ha manifestado: “(…) La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 901, de una parte, la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y, de otra, la obligación de que éste repita contra sus agentes, cuando con su conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado a la reparación patrimonial.

La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado implica que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose por daño antijurídico “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”2. Pero, se advierte que en la norma constitucional 1 Artículo 90. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 8 de mayo de 1995, Exp. 8118, y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández 9 850012331000200900004 01 (41090) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-313036 para derivar la responsabilidad del Estado no sólo se requiere que la víctima no esté obligada a soportar el daño, sino que además se precisa que el daño debe ser imputable a la entidad estatal demandada. (…)”3(negrillas fuera del texto) Caso concreto En el presente asunto, la parte actora señaló que el municipio de Villanueva – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Domiciliarios, y el Cuerpo de Bomberos de dicha entidad territorial, eran responsables de los perjuicios que le fueron ocasionados con el incendio ocurrido el 6 de febrero de 2007 en el relleno sanitario de dicho territorio, afirmaciones que soportó en los siguientes hechos: 1.- El señor Florencio Bacca Barreto celebró con el Instituto Financiero del Casanare (IFC) el 15 de junio de 2005, el contrato de cuentas en participación No. 044 por un término de 12 años sobre el inmueble denominado “Potreritos” del cual era poseedor, con el fin de

realizar una reforestación comercial de una superficie aproximada de 14 hectáreas más 4899 metros cuadrados, y el contrato de prenda sin tenencia sobre el vuelo forestal de eucalipto pellita, teca o cedro rosado a establecer, en extensión de 14 hectáreas más 4.899 metros cuadrados. 2.- El 12 de enero de 2006 el señor Florencio Bacca Barreto le vendió a su hijo Edizon Gabriel Bacca Barreto, la posesión que ostentaba sobre el predio denominado “Potreritos”, pero se reservó los derechos que sobre la plantación forestal o vuelo forestal de 145 hectáreas más 4899 metros cuadrados del cultivo de la especie eucalipto pellita existía al momento de la venta conforme al contrato suscrito con el IFC. 3.- El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCOCER, por resolución No. 565 del 25 de julio de 2006 le adjudicó a Edizon Gabriel Bacca Bonilla el terreno baldío el “Protrerito” bajo el nombre “El Desierto” con una extensión de 60 hectáreas, 9839 metros cuadrados. 4.- El 6 de febrero de 2007 aproximadamente a las 8:30 a.m. se inició en el basurero o relleno sanitario “carretera” la Bastilla del municipio de Villanueva (Casanare) un incendio (por la quema de llantas y material reciclable de la cual existe un álbum fotográfico 3 Sentencia de junio 6 de 2007, Expediente 16460 10 850012331000200900004 01 (41090) 5aCdeE/IJJ/Llms

IUS-2011-313036 tomado por la asociación de ingenieros forestales del Casanare y el IFC), el cual, por causa de la acción del viento se extendió por los predios circundantes, entre ellos, la finca “El Desierto”, consumiendo 14.43 hectáreas de plantación forestal de eucalipto pellita que equivalen al 100% de los existentes, 1.18 hectáreas de relicto de bosques naturales; árboles aislados de acacias de 8 meses y frutales 3 naranjos de 8 meses, 3 mangos de año y medio; cerca de alambre de púa de longitud 2995 metros lineales y 200 postes de eucalipto para la cerca. 5.- El Instituto Financiero del Casanare a través de la asistencia técnica y la intervención da cuenta de los perjuicios causados a la plantación forestal y estima que las pérdidas en el 100% de la plantación forestal “irrecuperable” conforme al informe de daños suscrito por el Ingeniero Agrónomo Jorge Franco Rodríguez. 6.- La prestación del servicio de recolección, reciclaje y manejo de las basuras y del relleno sanitario para la época de los hechos (6 de febrero de 2007) estaba a cargo de la Unidad Especial de Servicios Públicos Domiciliarios de Villanueva, quien violó su deber legal establecido en los artículos 116 y 117 del Decreto 1713 de 2002. 7.- El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de dicha municipalidad y teniendo conocimiento del incendio (llamadas telefónicas hechos por vecinos del sector) acudió en forma tardía al sitio de los hechos, pues

dicho incendio se inició a las 8:30 a.m. y las plantaciones de los accionantes se quemaron entre las 10:00 a.m. y las 12:00 a.m., es decir, acudieron tres horas después, además que cuando llegaron concentraron todos sus esfuerzos en evitar que se consumiera la planta física del basurero, pero con inercia frente a los predios colindantes con tal relleno sanitario. En el presente asunto, la ocurrencia del daño alegado por la parte actora se encuentra demostrado con las inspecciones judiciales practicadas en el sitio de los hechos, con los testimonios recibidos en desarrollo del proceso, con el informe de los daños causados a las plantaciones que elaboró el Instituto Financiero del Casanare (folio 40 – cuaderno 1), con el informe que del incendio elaboró el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villanueva (Casanare) y con la admisión que se su ocurrencia realizaron la parte actora y la entidad demandada. Frente a la imputación del daño, tal como concluyó el A quo, el mismo no puede ser atribuido al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villanueva (Casanare), 11 850012331000200900004 01 (41090) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-313036 pues contrario a lo manifestado por la parte actora, una vez tuvieron conocimiento de la emergencia, acudieron prontamente a combatirla, utilizando para el efecto las máquinas y el personal disponible, tal como puede advertirse de las fotografías y los testimonios recibidos, los cuales dieron cuenta de la fuerza y extensión del incendio, que ni siquiera con la participación de la

comunidad y de otras instituciones pudo ser contrarrestado antes de que se produjeran los daños objeto de demanda. Frente al municipio de Villanueva – Unidad Especial de Servicios Públicos Domiciliarios de Villanueva, se solicitó que fuera condenado al pago del valor correspondiente a las 14.43 hectáreas de plantación forestal de Eucalipto Pellita existente en el predio “El Desierto”; al igual que de las 42.24 hectáreas de pastos mejorados, 1.18 hectáreas de relictos de bosques naturales; arboles aislados de acacias de 8 meses y frutales, 3 naranjos de 8 meses y mangos de año y medio, cerca de alambre de púa en longitud de 2995 metros lineales y 200 postes de eucalipto de cera. De dichas pretensiones el Tribunal Administrativo del Casanare accedió a condenar al pago de los pastos, postes de cerca, cerca en alambres de púas, 17 acacias, 3 mangos y tres naranjos, por un valor de $12.198.376, al considerar que conforme a la prueba documental aportada al proceso, al señor Edizon Gabriel Bacca Bonilla el 25 de julio de 2006 se le adjudicó el predio “El Desierto”, y que con la prueba testimonial recibida, se pudo corroborar la existencia de dichos bienes en el mencionado predio al momento de ocurrencia de los hechos, al igual que con el dictamen pericial rendido por el topógrafo Luis Augusto Cruz. La anterior determinación es de recibo por parte del Ministerio Público, pues conforme al certificado de tradición y libertad allegado al plenario, para la fecha

de ocurrencia del siniestro (6-02-2007), el predio objeto del daño ya era de propiedad del señor EDIZON GABRIL BACCA BONILLA, conforme a la resolución No. 565 del 25 de julio de 2006 por medio de la cual el INCODER le adjudicó el citado baldío (folio 24 – cuaderno 1). 12 850012331000200900004 01 (41090) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-313036 El Tribunal Administrativo de Casanare negó la pretensión consistente en la condena al pago por la quema de las 14.43 hectáreas de plantación forestal de Eucalipto Pellita existente en el predio “El Desierto”, al considerar que como al momento de la celebración del contrato de cuentas en participación No. 044 del 15 de junio de 2005, ninguno de los actores ostentaba la titularidad sobre el citado predio, el único legitimado para demanda los perjuicios por dicho concepto era el Instituto Financiero del Casanare I.F.C., por ser la entidad que hizo la inversión para el cultivo cuya reparación se pretendía en la demanda. Del mismo modo, la parte actora, teniendo interés en que se reconocieran los perjuicios ocasionados por la quema de la plantación forestal de eucalipto pellita, pudo utilizar la figura de la agencia oficiosa para buscar la reparación de los daños cuya reparación pudiera reclamar el Instituto Financiero del Casanare I.F.C., no obstante, al no haber ejercitado dicha facultad, dicho reconocimiento se torna improcedente. En lo que atañe al señor EDIZÓN GABRIEL BACCA BONILLA, dicha persona

no hizo parte del contrato de cuentas en participación No. 044 de 2005, ni tampoco se le cedieron los eventuales derechos que sobre dicha explotación pudiera tener el señor FLORENCIO BACCA BARRETO. Pese a que con la demanda se allegó copia de una promesa de compraventa del derecho de posesión y explotación del terrero baldío “Potreritos”, suscrita entre FLORENCIO BACCA BARRETO y EDIZÓN GABRIEL BACCA BONILLA, dicho documento, conforme al artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, pese a tener fecha anterior a la ocurrencia del incendio, solo puede tener como fecha cierta, y producir efectos ante terceros el día en que fue presentado ante la Notaria de Villanueva para su autenticación (16-12-2008), careciendo entonces de la cualidad necesaria para demostrar los derechos o manifestaciones en el contenidos. 13 850012331000200900004 01 (41090) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-313036 Así las cosas, el único derecho que se encuentra acreditado en cabeza de la parte demandante, es el de dominio adquirido conforme a la resolución No. 565 del 25 de julio de 2006, por medio del cual el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, adjudicó el terreno baldío denominado “El Desierto” (antiguo Potrerito), al señor EDIZON GABRIEL BACCA BONILLA, razón por la cual, los daños recibidos por dicho inmueble con ocasión del incendio, solo serán reparables respecto de los derechos y bienes adquiridos a partir de dicha fecha,

ya que su propietario anterior era la nación. Conforme a los términos del contrato de cuentas en participación No 044 de 2005 suscrito entre el Instituto Financiero del Casanare I.F.C. y el señor FLORENCIO BACCA BARRETO, dicho acuerdo de voluntades tenía una duración de 12 años contados a partir de su suscripción, de los cuales el primer año se utilizaría en la reforestación al área del proyecto. En la cláusula décima del contrato quedó establecido que el Instituto Financiero del Casanare no se obligaba a resultados concretos, que el propietario participaría en la utilidad neta una vez se descontaran de los ingresos los costos de inversión realizada por el I.F.C., y para tal efecto, al llegar el bosque a su edad madura se debía hacer un inventario forestal de la plantación para poder determinar su cantidad y calidad, conforme al cual, el propietario podía decidir entre dejarlo en pie o cosecharlo, y al decidir esta última opción, debían suscribir un nuevo contrato para determinar las condiciones para su aprovechamiento y venta, y repartirse los costos directos de cosecha, extracción y transporte conforme a su participación en el producto final. En el informe de daños elaborado por el Instituto Financiero de Casanare, quedó consignado que para la fecha del incendio (6-02-07), el cultivo de eucalipto pellita tenía una edad de 18 meses, que su costo a 28 de marzo de 2007 ascendía a $52.548.852 correspondientes al valor de la siembra y el mantenimiento del primer año, y que el daño era irrecuperable. 14 850012331000200900004 01 (41090)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-313036 Tal como lo indicó el A quo, la quema de los cultivos de eucalipto pellita no constituyó un perjuicio personal para los demandantes, y además, por tratarse de un cultivo proyectado para 12 años, solo existía una mera expectativa para la parte actora, que descartaba presencia de un perjuicio cierto y concreto pasible de ser reparado. Teniendo en cuenta que el incendió que generó los daños o