PGN - DERECHO DE PETICION La inobservancia de los términos constituye causal de mala condu

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación 094-991520 Disciplinado Héctor Grijalva Lancheros Cargo y entidad Alcalde Municipal de Siachoque Quejoso Sixta Tulia Sichaca Espinosa Fecha Queja 5 de abril de 1999 Fecha Hechos 15 de marzo de 1999 Asunto Fallo de Segunda Instancia Bogotá, D.C., 20 de junio de 2003

I. ASUNTO.

Procede la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública a resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la determinación adoptada el 30 de enero de 2003 por la Procuraduría Provincial de Tunja.

II. HECHOS La señora SIXTA TULIA SICHACA ESPINOSA formuló varios derechos de petición al alcalde del municipio de Siachoque, HÉCTOR GRIJALVA LANCHEROS, quien se abstuvo de otorgar respuesta oportuna a la peticionaria.

III. ACTUACIÓN PROCESAL El 5 de abril de 1999, se recibe en la entonces Procuraduría Departamental de Boyacá una comunicación suscrita por la señora Sixta Tulia Sichaca en la que denuncia hechos que a su juicio pueden ser constitutivos de falta disciplinaria, atribuibles al alcalde del municipio de Siachoque. (Cfr. Folio 2). El 17 de junio de 1999, la Procuraduría Departamental de Boyacá ordenó adelantar la correspondiente indagación preliminar (Cfr. Folio 24). La Procuraduría Provincial de Tunja, dependencia a la que correspondió, con la expedición de Decreto 262 de 2000, conocer de la conducta de los alcaldes municipales, ordenó abrir investigación

el 16 de Agosto de 2001 en contra de Héctor Grijalva Lancheros (Cfr. Folio 136), decisión que se notifica personalmente al implicado el 13 de marzo de 2002 (Cfr. Folio 160). Una vez rendidos los descargos se profiere el 20 de enero de 2003 fallo de carácter sancionatorio y se impuso en contra del funcionario la sanción de Multa de once días de salario devengado para la época de los hechos (Cfr. Folio 182). Tal determinación se notifica al implicado el 3 de marzo de 2003 y dentro del término legal, interpone el recurso de apelación. Mediante auto de junio 6 de 2003, el Procurador General de la Nación, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 7 del Decreto 262 de 2000, asignó la competencia a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, para resolver en Segunda Instancia, el recurso interpuesto.

IV. DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El procurador Provincial de Tunja, en el proveído que hoy es objeto de recurso, consideró que los cargos formulados al señor HÉCTOR GRIJALBA LANCHEROS, 1 en su condición de Alcalde del Municipio de Siachoque se encontraban plenamente comprobados en la medida que el funcionario investigado se había abstenido de dar respuesta oportuna a un derecho de petición suscrito por la señora SIXTA TULIA SICHACA ESPINOSA, quien demandaba de la administración municipal, información relacionada con el no pago de un auxilio funerario al que presuntamente tendría derecho.

El Procurador Provincial no aceptó las explicaciones dadas por el implicado y

consideró que éste había adecuado su comportamiento a una falta que catalogó como grave y cometida a título de culpa, razón por la cual le impuso una sanción consistente en el equivalente a 11 días de multa del salario devengado para la época de los hechos.

V. DEL RECURSO INTERPUESTO.

Notificado del fallo que impuso en su contra una sanción de carácter disciplinario, el sancionado HÉCTOR GRIJALBA LANCHEROS, dentro de la oportunidad legal, interpuso recurso de apelación. Considera que el fallo impuesto debe ser revocado con fundamento en los siguientes planteamientos: señala que dio respuesta oportuna al derecho de petición suscrito por SIXTA TULIA SICHACA el 13 de marzo de 1998, mediante comunicación del 21 de abril. Sostiene que en relación con la petición de 15 de marzo de 1999, si bien no otorgó respuesta escrita, estima, que está acreditado que de manera verbal informó a la peticionario acerca del asunto. Señala que como quiera que se trató de dos derechos de petición en el mismo sentido, al primero de los cuales dio respuesta escrita, consideró adecuado responder el segundo de manera verbal y que tal respuesta fue aceptada por la peticionaria-quejosa. Afirma que la señora SICHACA nunca le solicitó por segunda vez que le contestara por escrito la petición formulada. Sostiene que la decisión de 30 de enero de 2002 le fue notificada luego de un año por lo que asegura que no fueron tenidos en cuenta sus descargos y alegatos.

VI. CONSIDERACIONES Procede la Delegada a resolver el recurso de apelación interpuesto por el ex

funcionario sancionado. Para ello se ocupará en primer término de analizar lo relativo a la competencia que le asiste a la Delegada para conocer de la actuación. Seguidamente analizará lo expuesto por el recurrente así: analizará lo que puede implicar según el apelante una violación al derecho a la defensa en la medida en que considera que sus argumentos no habrían sido tenidos en cuenta y seguidamente el fundamento probatorio para confirmar o revocar el fallo de instancia, así como la sanción impuesta. De la competencia

1. En el presente caso se investiga la conducta de un Alcalde Municipal que conforme lo establece el artículo 76 del decreto 262 de 2000 corresponde conocer en primera instancia a las Procuradurías Provinciales y en segunda instancia, según lo señalado en el artículo 75 del mencionado Decreto, a las Procuradurías

Departamentales. 2 Ahora bien, el Procurador General de la Nación, mediante auto de junio 6 de 2003, en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 7, 19 y el parágrafo del artículo 7 del decreto 262 de 2000 designó al Procurador Delegado para la Moralidad Pública como funcionario especial de segunda instancia para conocer de los procesos relacionados en el mencionado auto, dentro de los cuales se encuentra el que es hoy objeto de análisis. En consecuencia, por disposición del Procurador General de la Nación, quien legalmente se encuentra facultado para ello, la Delegada para la Moralidad Pública es competente para conocer del presente asunto. Desconocimiento de los argumentos del recurrente

2. Dentro del escrito que contiene el recurso interpuesto por HÉCTOR GRIJALBA, éste ha señalado que “la notificación (sic) fue proferida en enero 30 de 2002 y se me

notificó después de un año, es decir, según esta notificación no se habrían tenido en cuenta mis descargos y alegato”. (Cfr. Folio 189) El recurrente se refiere a que el acto notificado el 6 de marzo de 2003 (Cfr. Folio 187) se profirió el 30 de enero de 2002, según su escrito, y que por tal razón, seguramente, sus alegaciones no fueron tenidas en cuenta ya que las mismas tienen fecha 1 de abril de 2002 (Cfr. Folio 162) y 28 de octubre de 2002 (Cfr. Folio 170). Lo que, según el recurrente, violó sus derechos fundamentales.

3. Sobre el particular estima la Delegada que es claro que tal situación no se presentó en el presente asunto, como erradamente se consigna en el escrito de apelación, ya que la providencia no se emitió, como lo indica el recurrente, el 30 de enero de 2002 sino un año más tarde esto es el 30 de enero de 2003, tal como consta en el acto mismo (Cfr. Folio 173). Además de ello, el expediente ingresó según constancia visible a folio 172 el día 30 de octubre de 2002;asimismo, en el fallo se hace expresa referencia a los argumentos del hoy recurrente y se señalan las razones por las cuales tales argumentos no se comparten por parte de la

Procuraduría Provincial. Desestimada entonces la posible violación de las garantías que integran los derechos fundamentales del implicado y advertida la inexistencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, procede la Delegada a analizar de fondo el fallo de 30 de enero de 2003 a partir de los reproches formulados en el recurso.

Del ejercicio del derecho de petición.

4. El derecho de petición tiene el rango de derecho fundamental de origen Constitucional cuyo propósito es garantizar el acceso de cualquier persona a la Administración y genera para ésta la obligación de responder de manera ágil, oportuna y completa, lo requerido por el solicitante.

Señala el artículo 23 superior, lo siguiente: “Art. 23 Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general, o particular, y a obtener pronta 3 resolución. El Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales” El derecho de petición tiene desarrollo legal en el decreto 01 de 1984, así como en diversos procedimientos especiales que lo regulan, además constituye obligación para las diversas entidades establecer su trámite según lo precisa la Ley 57 de 1985. Para la Corte Constitucional el derecho de petición es uno de los “… Derechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente, el servicio a la comunidad…” (Sentencia T503/02). Este derecho persigue el acercamiento entre la Administración y el ciudadano y se constituye en el instrumento idóneo para acudir ante el Estado en busca de información o en pro de un pronunciamiento oportuno. Se trata así de una clara manifestación de la soberanía popular que caracteriza al Estado colombiano y que evidentemente impone obligaciones para la administración en procura de su efectividad.

5. Es obvio que el derecho de petición como instrumento de acceso y en consecuencia de control de la administración no se garantiza con la simple solicitud; sino que la misma, esto es la solicitud, debe ser materialmente resuelta por la

Administración. La información que se solicita a través del derecho de petición conforme al Código Contencioso Administrativo puede ser en interés general o particular, y puede presentarse de manera verbal o escrita. (Cfr. Artículos 5 a 24 del Decreto 01 de 1984, subrogados algunos artículos por la Ley 57 de 1985). Ahora bien dentro del presente asunto se tiene lo siguiente:

6. La señora SIXTA TULIA SICHACA ESPINOSA, eleva, en ejercicio del derecho de petición solicitudes al entonces Alcalde del Municipio de Siachoque, que no se contestaron en su totalidad a la peticionaria. Al respecto se tiene que la quejosa dentro del presente asunto radicó diversas solicitudes a las que se ha acreditado el mandatario local dio respuesta oportuna, sin embargo, el 15 de marzo de 1999 la señora SICHACA le solicita al Alcalde lo siguiente. “Atentamente y haciendo uso del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la C.N., solicito a usted se sirva dar respuesta en forma escrita, acerca del motivo por el cual no se me ha cancelado el auxilio funerario y gastos del sepelio de mi finado Padre Filemón Sichaca, a sabiendas que mediante escrito de fechado en su Despacho el 21 de abril de 1998 usted me informaba que el Consejo (sic) Municipal debía aprobar un proyecto de Acuerdo para tal fin “(…) En virtud de lo anterior solicito se sirva darme respuesta en los términos del derecho de petición.” – subrayas y negrillas fuera de texto-(Cfr. Folio 10).

Frente a esta última solicitud el alcalde se abstuvo de responder en los términos que le eran exigibles. Veamos:

Las solicitudes conforme al Código Contencioso pueden ser verbales o escritas, además el mencionado Código dispone en el inciso segundo del artículo 6 que: “… cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma forma al interesado. En los demás casos será escrita…”. 4

7. Señala el recurrente lo siguiente: “…al derecho de petición de marzo 15 de 1999 no se le dio respuesta por escrito; sin embargo como siempre lo afirmado (sic) en indagación preliminar, descargos y alegatorías (sic) que reposan en la Procuraduría dejan claras evidencias que la señorita Sichaca si se le informó o se le dio respuesta de manera verbal ya que siempre ella frecuentaba el despacho para obtener información al respecto”. (Cfr.

Folio 187). Si bien posiblemente se informó a la señora SICHACA acerca de su solicitud de lo cual no obra prueba, sí es evidente que no respondió en los términos exigidos por la ley y deprecados por la propia peticionaria.

8. Como se señaló sólo es posible para la Administración atender de manera verbal las solicitudes que en esta forma se efectúen, las demás deberán ser escritas máxime en el presente caso en el que la peticionaria en forma expresa así lo solicitó. En efecto, en el escrito de 15 de marzo de 1999, que además contiene todos los requisitos de ley, expresamente se indicó a la Administración que la información se requería por escrito y además en los términos del derecho de petición. Y debe resaltarse que no se trataba de información sujeta a reserva que pudiera enervar el ejercicio del derecho de petición.

Si bien, posiblemente, se suministró la información a la peticionaria, es claro que la norma impone a la Administración el cumplimiento de ciertos requisitos para ello, la solicitud escrita exige que la Administración observe idéntica ritualidad. Ahora bien, conforme al artículo 7 del Código Contencioso se tiene que la falta de atención a las peticiones así como la inobservancia de los principios y la de los términos para resolver o contestar, constituirán causal de mala conducta para el funcionario y dará lugar a las sanciones correspondientes. Así lo estimó la Procuraduría Provincial de Tunja al formular pliego de cargos al implicado cuando citó como posibles normas infringidas las siguientes: Artículo 40 numerales 1 y 2 y artículo 41 numeral 9. Todas ellas de la Ley 200 de 1995, vigente al momento de los hechos y que resulta aplicable por ser la que contiene disposiciones más favorables. Tales normas, concretamente el numeral 9 del artículo 41 consagra la prohibición de no suministrar respuesta oportuna.

9. Como quiera que se ha probado que en efecto el implicado HÉCTOR GRIJALBA LANCHEROS no dio respuesta oportuna entendida ésta como acertada y adecuada a la peticionaria se configura la falta que le fuera endilgada en el pliego de cargos y por tanto no habrá lugar a revocar en su integridad el fallo recurrido.

De la calificación de la conducta

10. Ahora bien, en el pliego de cargos se estimó, de manera provisional, que la conducta reprochada al ex servidor público investigado se había cometido a título de Dolo; sin embargo, al momento del fallo encontró la Procuraduría Provincial que el

comportamiento obedeció a la conducta negligente del implicado por lo que consideró que el comportamiento se había cometido a título de culpa, determinación 5 que también comparte esta Delegada ya que se evidencia que la omisión de otorgar respuesta oportuna a la peticionaria se origina en un comportamiento que puede catalogarse de negligente y no en la voluntad conciente de vulnerar el interés jurídico tutelado por el derecho disciplinario. De otra parte, se calificó la conducta reprochable como falta grave atendiendo a la jerarquía y naturaleza del cargo que desempeñaba el implicado al momento de los hechos, esto es Alcalde Municipal, sin embargo, debe además de tal criterio, tenerse en cuenta los siguientes criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta: En primer término disponía el artículo 27 de la Ley 200, que debe atenderse además al grado de culpabilidad, y en el presente caso se comprobó un actuar culposo por parte del implicado. La perturbación del servicio, se tiene que posiblemente si informó a la peticionaria aunque omitió su deber de hacerlo por escrito, si bien afectó el interés jurídico tutelado al incumplir con su deber legal tal afectación no puede dar lugar a la consideración como grave del comportamiento reprochado ya que esta se hizo en mínima medida, por tanto la falta se calificará definitivamente como Leve y en consecuencia se redosificará la sanción impuesta. De la determinación de la sanción.

11. Conforme a lo anterior se tiene probada la comisión de una falta leve para la cual el artículo 32 dispone: “Art. 32 Límite de las sanciones. Las faltas leves dan lugar a la aplicación de

sanciones de amonestación escrita con anotación en la hoja de vida o multa hasta de 10 días del salario devengado al momento de cometer la falta…” Como quiera que se ha establecido que el señor HÉCTOR GRIJALBA LANCHEROS ha cometido una falta leve a título de culpa se impondrá en su contra la sanción de amonestación escrita con anotación en la hoja de vida. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, RESUELVE: PRIMERO. Confirmar el numeral primero del fallo de primera instancia en el sentido de declarar responsable disciplinariamente a HÉCTOR GRIJALBA LANCHEROS identificado con la C.C. 6.766.681 de Tunja en su condición de Alcalde del municipio de Siachoque, Boyacá, conforme lo indicado en la parte motiva de éste proveído. SEGUNDO. Modificar el numeral segundo del fallo objeto de apelación, en el sentido de calificar definitivamente la falta como leve, agotada a título de culpa. TERCERO. Revocar la sanción de multa y en su lugar imponer la de amonestación escrita con anotación en la hoja de vida, conforme se indica en este proveído. TERCERO. A través de la Procuraduría Regional de Boyacá se hará conocer ésta determinación a los interesados advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno. Dicha Regional librará los oficios y demás comunicaciones pertinentes para la ejecución del fallo. 6

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

Y DEVÚELVASE

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Procurador Delegado para la Moralidad Pública

JFRC/ES

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