PGN - Documento 201511082202528

Procuraduría General de la Nación

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Detalles

Título
PGN - Documento 201511082202528
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

CIRCULAR NUMERO 012

Para Directores, Gerentes, Presidentes y Jefes de Entidades y Organismos del orden Nacional, Departamental, Distrital y de los Municipios Capital de Departamento y los Entes Descentralizados de estos mismos niveles. De Procurador General de fa Nación Asunto Cumplimiento oportuno de funciones de los Comités de conciliación Fecha 25 de abril de 2.001 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 118 y 277 de la Carta Política, al Procurador General de la Nación, como Jefe máximo del Ministerio Público le compete "la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas", así como "velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas", e intervenir ante las autoridades judiciales o administrativas "cuando sea necesario en defensa... del patrimonio público", debiendo concretar estas funciones prioritaria mente a nivel preventivo. Así, como quiera que al tenor de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 446 de 1.9913, las entidades y organismos del orden Nacional, Departamental, Distrital y de los Municipios Capital de Departamento y los Entes Descentralizados de estos mismos niveles deben haber puesto en funcionamiento los comités de conciliación encargados de estudiar aquéllas que se tramitan judicial o prejudicialmente en las que se encuentran en discusión intereses patrimoniales de sus entidades u organismos, así como la posibilidad de iniciar las acciones de repetición contra sus funcionarios o .exfuncionarios que por dolo o culpa grave han generado condenas en contra de los Entes; comités que de conformidad con lo dispuesto por el Decreto

1.214 de 2.000 se reunirán "al menos una vez cada tres meses y cuando las circunstancias así lo exijan" para cumplir con sus funciones". Y, teniendo en cuenta que los reportes suministrados por los Agentes del Ministerio Público que por disposición legal deben intervenir en las diversas conciliaciones demuestran que un gran número de las que se programan ante los funcionarios conciliadores y ante los juzgadores competentes para conocer de las distintas acciones contenciosas deben ser aplazadas por cuanto los Comités de las entidades convocadas o demandadas no se han reunido para estudiar los presupuestos de las programadas, y, en otras ocasiones, no han analizado con el cuidado exigido los mismos, circunstancia que genera r"!1ayores erogaciones para el Estado en la medida en que implica la asistencia de magistrados, funcionarios del Ministerio Público y apoderados de las entidades a diligencias que resultan fallidas o que deben ser preprogramadas para que se surta un nuevo análisis por los Comités lo cual, además de afectar el patrimonio público, desnaturaliza la conciliación como mecanismo previsto por el legislador para descongestionar la Administración de Justicia. Este Despacho considera preciso recomendar la reunión de sus comités de conciliación cada vez que las "circunstancias así lo exijan" esto es, con la debida antelación a la fecha en que se han programado las diligencias ante los funcionarios facultados para celebrar conciliaciones prejudiciales o ante los juzgadores contencioso administrativos, e igualmente que aquél cuerpo consultivo realice el análisis juicioso y detallado de los presupuestos necesarios, así como la revisión de

las respectivas liquidaciones, para que la figura de la conciliación cumpla a cabalidad con su insito fin de descongestionar la Administración de Justicia, lo cual a su turno conlleva evitar menoscabos innecesarios del patrimonio público. De otra parte, también es preciso que los Comités de estas Entidades y Organismos consideren oportunamente la posibilidad de adelantar la acción de repetición, con la cual se pretende recaudar los valores correspondientes a las condenas impuestas como consecuencia de las acciones dolosas o gravemente culposas de sus servidores o exservidores, para preservar sus intereses patrimoniales.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

Procurador General de la Nación

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