PGN - Documento 201601291025320

IMPUESTO AL PATRIMONIO-Las certificaciones de revisor fiscal no son suficientes para probar los pasivos alegados por lo que procede la sanción PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO-Requisitos necesarios para que las deudas que un contribuyente alega sean aceptadas por la administración/PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO-Quienes no estén obligados a llevar libros de contabilidad solo podrán solicitar los pasivos de los cuales posean documentos de fecha cierta. En primer lugar el artículo 283 del Estatuto Tributario contempla, que aquellos «contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad, sólo podrán solicitar los pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta». Ahora bien, el articulo 770 prevé el mismo supuesto del artículo 283, y estipula que quienes no estén obligados a llevar libros de contabilidad, tan solo podrán solicitar los pasivos de los cuales posean documentos de fecha cierta. APORTACIÓN DE PRUEBAS-También se pueden probar los pasivos con la demostración de la declaración hecha por los beneficiarios de las deudas/CARENCIA DE PRUEBAS-Quien no satisface la exigencia probatoria deberá asumir un fallo adverso a sus intereses Sin embargo, el legislador previó que en el caso en que faltasen dichos documentos, el contribuyente podría igualmente probar sus pasivos mediante una prueba supletoria que se traduce en demostrar que aquellos que fueron beneficiarios de sus deudas, las declararon oportunamente, así como los rendimientos que de ellas se obtuvieron, y en dicho caso procederían los pasivos. En caso contrario, y de no cumplirse ninguna de las dos condiciones, los pasivos debían ser desconocidos por la administración, que es la situación

de nuestro caso, pues jamás se logró corroborar que las compañías beneficiarias hubiesen declarado dichas cuentas por cobrar, al igual que sus beneficios, como tampoco se aportó los documentos de fecha cierta que respaldaran las deudas. Por lo tanto, el contribuyente no aporto las pruebas suficientes que le permitiera a la administración de impuestos verificar la realidad de las deudas alegadas, por lo que sus pasivos no eran deducibles. CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-Compete al juez su fijación, de acuerdo a la conducta asumida por las partes/CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-No basta que la parte sea vencida, se requiere valoración de la conducta observada en el proceso Respecto a la condena costas, el Consejo de Estado ha sido enfático al decir que, cuando se condene en costas el juzgador deberá valorar la conducta de las partes y, determinar si proceden o no, pues, el resultar vencido en el proceso no es causal automática para la condena y costas y agencias en derecho. Por esta razón, se considera que, al no haberse hecho una valoración adecuada, por no decir nula por parte del Tribunal respecto de la actuación de la parte vencida, no podía condenarla en costas de manera automática. Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 15-80 Piso 19 Tel.:5 87 87 50 ext. 11931 www.procuraduria.gov.co Expediente 22009 2 Concepto 213-2015-403691 Bogotá D.C., 4 de diciembre de 2015 Honorables

MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta

E. S. D.

Consejera Ponente: Doctora CARMEN TERESA ORTÍZ DE RODRÍGUEZ Referencia: 76001233300020121049401

Radicado: 22009

Asunto: SANCIÓN POR NO DECLARAR IMPUESTO AL

PATRIMONIO Actor: FERNANDO OTOYA DOMINGUEZ De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo; 30 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000; y en la Resolución 371 del 6 de octubre de 2005 expedida por el Procurador General, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir concepto dentro del trámite del recurso de apelación en el asunto de la referencia. HECHOS

1. ANTECEDENTES El 18 de mayo de 2009 y el 5 de abril de 2010, la DIAN seccional de Cali invitó al demandante a presentar la declaración del impuesto al patrimonio por los años 2007 a 2009.

El 28 de junio de 2010 respondió el contribuyente alegando no cumplir con el hecho generador del impuesto al patrimonio, debido a que el 1 de enero de 2007, su riqueza no excedía los tres mil millones de pesos y, que el patrimonio líquido plasmado en la declaración de renta del año 2006 no contenía la totalidad de sus deudas. Expediente 22009 3 Los días 26 de diciembre de 2010 y 18 de febrero de 2011, la DIAN profirió los autos

de verificación o cruce, con los cuales realizaría las visitas correspondientes a las compañías OTOYA C. & CIA S.C.S. y QUINQUE S.A., en aras de verificar la realidad de los pasivos del demandante, los cuales no se pudieron comprobar. El 19 de abril de 2011, la DIAN notificó el emplazamiento para declarar de fecha 15 de abril de 2011, instando al demandante a presentar la declaración del impuesto al patrimonio correspondiente al año 2007, e igualmente propuso sanción por la suma de $ 68.874.000. El 20 de mayo de 2011, el señor Otoya presentó respuesta al emplazamiento para declarar, en la que expuso las razones de derecho y de hecho que soportan su no sujeción al impuesto en comento, adjuntando a tales propósitos los certificados del revisor fiscal de las sociedades QUINQUE S.A., OTOYA C & CIA S.C.S., OTOYA

MENESES & CIA S.C.S. y SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL SIESA

S.A. El 12 de agosto de 2011 la DIAN le notificó la Liquidación Oficial de Aforo del Impuesto al Patrimonio, la que fue recurrida pero confirmada a través de Resolución N.° 900004 del 28 de junio de 2012. Conforme a lo anterior, el señor Otoya demandó en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho las Resoluciones N.° 052412011000100 del 4 de agosto de 2011(Liquidación Oficial de Aforo) y la 900004 del 28 de junio de 2012 (respuesta al recurso de reconsideración).

La DIAN argumentó en su defensa que el accionante no logró demostrar las deudas alegadas, toda vez que no allegó los soportes de estas, y además, que conforme al artículo 770 del E.T., este dispone que «solo podrán solicitar pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta», y ya que no se aportaron no fue posible verificar las deudas que el contribuyente alegaba no se habían plasmado en la declaración de renta del año 2006 por error. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió negar las pretensiones de la demanda al considerar que el demandante no aportó en sede administrativa con Expediente 22009 4 documentos de fecha cierta los pasivos que pretende sean tenidos en cuenta por la administración para la liquidación del impuesto al patrimonio y los certificados de revisor fiscal aportados en sede judicial por sí mismos no tienen virtualidad de probar la existencia de los mismos, ni de desvirtuar la verificación efectuada por la DIAN en las sedes de las sociedades. Así mismo, el Tribunal condenó en costas a la parte demandada, e igualmente al pago de agencias en derecho correspondiente al 1% del valor de las pretensiones solicitadas en la demanda. El contribuyente apeló la sentencia del Tribunal argumentando indebida apreciación del acervo probatorio por parte de la sala, pues considera que las certificaciones de revisor fiscal aportadas por el demandante en vía judicial eran suficiente prueba para que el a quo pudiese verificar la existencia de los pasivos alegados por el contribuyente. Así mismo, replicó el hecho de que se le hubiese condenado en costas y agencias en derecho.

2. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Corresponde a esta Agencia del Ministerio Público emitir su concepto sobre este litigio, lo que hará en los siguientes términos: 2.1.- Conforme con los argumentos esgrimidos por el apelante, el despacho analizara si: ¿Las certificaciones de revisor fiscal aportadas por el contribuyente fueron suficientes para probar los pasivos alegados? ¿Fue apropiada la condena en costas hecha por el Tribunal? 2.2.- Es necesario verificar cuales son los requisitos necesarios para que las deudas que un contribuyente alega sean aceptadas por la administración. Expediente 22009 5 En primer lugar el artículo 283 del Estatuto Tributario contempla, que aquellos «contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad, sólo podrán solicitar los pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta». Ahora bien, el articulo 770 prevé el mismo supuesto del artículo 283, y estipula que quienes no estén obligados a llevar libros de contabilidad, tan solo podrán solicitar los pasivos de los cuales posean documentos de fecha cierta. Sin embargo, el legislador previó que en el caso en que faltasen dichos documentos, el contribuyente podría igualmente probar sus pasivos mediante una prueba supletoria que se traduce en demostrar que aquellos que fueron beneficiarios de sus deudas, las declararon oportunamente, así como los rendimientos que de ellas se obtuvieron, y en dicho caso procederían los pasivos. En caso contrario, y de no cumplirse ninguna de las dos condiciones, los pasivos debían ser desconocidos por la administración, que es la situación de nuestro caso, pues jamás se logró corroborar que las compañías beneficiarias hubiesen declarado dichas cuentas por

cobrar, al igual que sus beneficios, como tampoco se aportó los documentos de fecha cierta que respaldaran las deudas. Al respecto el Consejo de Estado1 ha dicho que: «Para la acreditación de los pasivos, el legislador estableció una prueba específica como es la documental, de tal suerte que si ésta no existe o es insuficiente, no puede ser apreciada y, por tanto, la deuda se tendrá como no demostrada. Lo anterior, sin perjuicio de que se pruebe de manera supletoria que las cantidades respectivas y sus rendimientos fueron oportunamente declarados por el beneficiario, de conformidad con el artículo 771 del Estatuto Tributario, situación que en el plenario no está demostrada». Por lo tanto, el contribuyente no aporto las pruebas suficientes que le permitiera a la administración de impuestos verificar la realidad de las deudas alegadas, por lo que sus pasivos no eran deducibles. Respecto a la condena costas, el Consejo de Estado2 ha sido enfático al decir que, cuando se condene en costas el juzgador deberá valorar la conducta de las partes y, 1 Sentencia 17844 del 25 de junio de 2012 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Consejera Ponente Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. 2 Sentencia 15519 del 19 de septiembre de 2007 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Consejera Ponente Ligia López Díaz. Expediente 22009 6 determinar si proceden o no, pues, el resultar vencido en el proceso no es causal automática para la condena y costas y agencias en derecho. Por esta razón, se considera que, al no haberse hecho una valoración adecuada, por no decir nula por

parte del Tribunal respecto de la actuación de la parte vencida, no podía condenarla en costas de manera automática. Con fundamento en lo expuesto, esta Delegada respetuosamente solicita al Consejo de Estado revocar el numeral 2. de la sentencia apelada y, confirmar el resto de ella. Señores Consejeros, con toda atención,

ALVARO JOSÉ MARTÍNEZ ROA

Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado