PGN - Documento 201603041626172

NOTA DE RELATORIA: Se eliminan los datos relativos a direcciones personales en garantía de los derechos a la intimidad y seguridad INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-Irregularidades en la celebración y ejecución del convenio interadministrativo suscrito entre el Depto. del Tolima y la SECAB PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA-Solicitud de declaratoria El disciplinado solicitó que se declare la prescripción de la acción disciplinaria, por cuanto, en su parecer, a la luz de lo preceptuado en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 han transcurrido más de cinco años desde la fecha de la consumación de la conducta endilgada, la cual, considera, debe ser contada desde el 12 de junio de 2007.

El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, antes de la modificación realizada por la Ley 1474 de 2011, establecía que «La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto». …, el procurador general de la Nación, en el ordinal 1° de la Directiva 016 de 2011, estableció que «El artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, por medio del cual se modifica el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, deberá aplicarse en materia de prescripción solamente respecto de los hechos ocurridos a partir del 12 de julio de 2011. En consecuencia, todos los procesos disciplinarios que a dicha fecha se encontraren en curso y aún aquellos que no se hubieren iniciado pero que se refieran a hechos anteriores a la expedición de la Ley 1474,

deberán regirse por el término prescriptivo de la acción disciplinaria, previsto en el artículo 30, original, de la Ley 734 de 2002». Por lo tanto, no hay duda que la norma aplicable al presente caso es el artículo 30 de la Ley 734 de 2002. CONVENIO DE COOPERACIÓN-Adicionarlo sin cumplir con los principios de la contratación estatal CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRORequisitos especiales que se debe cumplir/CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO-Marco legal En consecuencia, conforme a la norma superior transcrita, se pueden celebrar contratos con las entidades sin ánimo de lucro, siempre y cuando se cumplan con los requisitos especiales en ella contenidos, como son:

1. Reconocida idoneidad de la entidad sin ánimo de lucro contratista, la cual, debe atender criterios objetivos y los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que debe surtir la función administrativa de acuerdo a lo consagrado en el artículo 209 de la Carta Política. 2. Impulsar programas y actividades de interés público, es decir, que la finalidad única del contrato, es la de impulsar programas y actividades de interés público. 3. Que esté acorde con el Plan Territorial de Desarrollo, lo que implica que el contrato debe estar incluido en el Plan de Desarrollo.

Con fundamento en el mandato expreso, contenido en el artículo 355 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 777 de 16 de mayo de 1992, “por el cual

se reglamentó la celebración de los contratos a que se refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política”, en los siguientes términos: Visto lo anterior, sí le asiste razón a la primera instancia cuando sostiene que las normas que fueron invocadas para la suscripción del convenio primigenio, esto es, los artículos 355 de la Constitución Política y el Decreto 777 de 1992, no eran aplicables al caso concreto, Radicación nro. 161-5447 pues recuérdese que la celebración de dicho convenio implicaba “una contraprestación directa a favor de la entidad pública, y que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación vigentes”. CONVENIOS INTERNACIONALES-Se deben suscribir bajo los parámetros del inciso 4 del art.13 de la ley 80 de 1993/CONVENIOS INTERNACIONALES-La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 80/CONVENIOS INTERNACIONALES-Directivas expedidas por el Procurador General de la Nación reglamentando el tema Posteriormente, mediante sentencia C-249 del 16 de marzo de 2004, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 80, “en el entendido de que la discrecionalidad allí prevista sólo puede ejercerse válidamente, en relación con los contratos relativos a recursos percibidos de entes u organismos internacionales, esto es, en relación con contratos de empréstito, donación, asistencia técnica o cooperación celebrados por las respectivas entidades estatales con entes u

organismos internacionales… Con el fin de señalar criterios claros en relación con la aplicación de la sentencia citada, el Procurador General de la Nación expidió la Directiva 10 del 21 de mayo de 2004, por la cual consideró, entre otras cosas, que el artículo 15 del Decreto 2170 de 2002 no podría seguir aplicándose, por resultar contrario a la interpretación que, del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, hizo la Corte Constitucional… Luego, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1896 del 10 de junio de 2004, a fin de reglamentar el tema, siguiendo las directrices de la Corte. Lo reformó por el Decreto 2166 del 7 de julio del mismo año, que, en el parágrafo de su artículo segundo, dispuso que “No se entenderán como contratos o convenios de cooperación y asistencia técnica internacional aquéllos cuyo objeto sea la administración de recursos”, y, en su artículo 3º… Con el fin de ajustar sus criterios a esta nueva disposición, el Procurador General de la Nación expidió la Directiva 15 del 17 de agosto de 2004, por la cual resolvió modificar el artículo cuarto de la Directiva 10 mencionada, que quedó en los siguientes términos: Los contratos o convenios cuyo objeto sea la administración de recursos celebrados con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales con anterioridad al 17 de marzo de 2004, así como los contratos que en desarrollo de estos se suscriban, continuarán rigiéndose hasta su terminación, por los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de

ejecución, cumplimiento, pago y ajustes. De esta manera, para la celebración del convenio primigenio firmado por el gobernador con la SECAB no se tuvo en cuenta el condicionamiento del inciso 4º del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 establecido por la Corte Constitucional mediante sentencia C-249 de 2004, y eso, sin lugar a dudas, debió ser advertido por el ahora disciplinado al momento de suscribir la adición, pues, como se ha dicho, tal adición fue un mecanismo en apariencia legal, que no hacía más que evadir el adelantamiento de un procedimiento licitatorio. FALTA GRAVÍSIMA-Participar en la etapa contractual y/o precontractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal La conducta desplegada por el disciplinado se encuentra tipificada en el numeral 31 del artículo 48 del CDU, el cual indica que es falta disciplinaria gravísima participar en la actividad contractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. Ahora bien, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 de 2005, declaró exequible la expresión «o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley», contenida en dicha 2 Radicación nro. 161-5447 normativa, en el entendido que la conducta constitutiva de la falta gravísima debe ser siempre de carácter concreto y estar descrita en normas constitucionales de aplicación directa o en normas legales que desarrollen esos principios.

ILICITUD SUSTANCIAL-Momento en que se configura Ahora bien, el artículo 5 del CDU consagra que «La falta (como sinónimo de conducta) será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna», esta es la categoría disciplinaria denominada ilicitud sustancial, la cual exige que no basta el incumplimiento formal de los deberes funcionales exigibles a un sujeto disciplinable, sino la afectación sustancial de los mismos. Al respecto, el procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado ha considerado que: «En una palabra, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se determine que el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan, deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancial […] En el orden precedente y desde un referente de justicia, la sustancialidad de la ilicitud se determinará cuando se compruebe que se ha prescindido del deber exigible al disciplinado en tanto implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública, entendiéndose por tal la antijuridicidad sustancial del comportamiento». Es decir, la ilicitud sustancial de una conducta se configura cuando se infringe el deber funcional, pero siempre y cuando ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública, como los que se enuncian en el artículo 209 de la Carta Política, y en el artículo 3° de la Ley 489 de 1998, norma que se refiere a los principios de la función pública (titulados en esa norma como principios de la función administrativa), entre los cuales se destaca, por ser relevante para el presente caso, el de responsabilidad y transparencia, así:

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA-Su transgresión en el proceso de contratación constituye falta disciplinaria Así las cosas, y al margen de las discusiones dogmáticas que se han suscitado en el escenario doctrinario y jurisprudencial sobre la inseparabilidad o no de las categorías de la tipicidad y la antijuridicidad en materia disciplinaria, debe tenerse en cuenta que el núcleo esencial de la imputación consistió en la transgresión de una regla que desarrolla el principio de transparencia, cuyo desconocimiento constituye falta disciplinaria en los términos del artículo 23 del CDU. El numeral 31 del artículo 48 del CDU, junto con la lectura armónica del numeral 2° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, dan cuenta que en el presente proceso disciplinario, además de la perfecta adecuación de la conducta desplegada al tipo de disciplinario, se desconocieron, sin que mediara ninguna causal de justificación para ello, los principios que rigen la actividad del Estado, sobre todo el de transparencia, sobre el cual se edifica, en buena medida, el buen desempeño de la función pública; entendiéndose, de esta manera, la antijuridicidad o licitud sustancial de la conducta endilgada. Así pues, se reitera, en la conducta que se le imputan al entonces secretario de educación y cultura del departamento del Vaupés se cuestiona sobre todo la clara vulneración de los principios legales que rigen la contratación estatal, como el de transparencia, pues en contravía de lo señalado por la Corte Constitucional, se siguió contratando (y adicionando el convenio ) como si dicha sentencia jamás hubiese sido expedida.

ANTIJURIDICIDAD MATERIAL-Ajena al derecho disciplinario Es cierto que no está probada la existencia de detrimento patrimonial para la entidad contratante, pero debe tenerse en cuenta que la doctrina ha señalado que la antijuridicidad 3 Radicación nro. 161-5447 material es ajena al derecho disciplinario, pues, en éste lo que es relevante es el quebrantamiento sustancial de los deberes, esto es, la razón de ser que el mismo tiene en un Estado social y democrático de derecho, y no el perjuicio material que se cause, el cual, si bien puede ser tenido en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta y el monto de la sanción, no afectan la ilicitud sustancial de la conducta. Al respecto se ha sostenido: 4 Radicación nro. 161-5447

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil trece (2013). Aprobado en acta de sala ordinaria n. ° 18

Radicación nro.: 161 – 5447 (IUS - 2009 - 182672) Disciplinado: Alejandro Martín Rozo Gaeth Cargos y Entidad: Secretario de Educación y Cultura del departamento del Tolima Origen: Informe de la Contraloría General de la República Fecha del informe: 10 de junio de 2009

Fecha de los hechos: Año 2007

Asunto: Apelación del fallo de primera instancia P.D. PONENTE: Dr. JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación desata el recurso de

apelación interpuesto por el señor Alejandro Martín Rozo Gaeth en contra del fallo de primera instancia proferido el 22 de mayo de 2012 por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, decisión que, tras declararle responsable de las acusaciones formuladas en el pliego de cargos, le impuso la sanción disciplinaria consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de cuatro (4) meses.

I. ANTECEDENTES PROCESALES El 25 de noviembre de 2009 la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, teniendo en cuenta el informe de la Contraloría General de la República

(folios 1 a 27 cuad. 1), ordenó la apertura de indagación preliminar en contra de funcionarios por determinar de la gobernación del departamento del Tolima, con el fin de determinar la existencia de presuntas irregularidades en la celebración y ejecución del convenio interadministrativo 336 de 2007 (folios 28 a 30 cuad. 1). El 1° de febrero de 2011 la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal inició investigación disciplinaria en contra de los señores Fernando Osorio Cuenca, Cesar Augusto Jiménez Pareja y Alejandro Martín Rozo Gaeth, quienes se desempeñaron como gobernador, secretario de Gobierno y secretario de Educación y Cultura del departamento del Tolima, respectivamente (folios 35 a 42 cuad. 1); dicha decisión fue notificada mediante edicto desfijado el 28 de marzo de esa misma anualidad (folios 231 cuad. 6). El 29 de julio de 2011 la delegada instructora ordenó prorrogar la etapa de

investigación disciplinaria por el término de dos meses (folios 86 y 87 cuad. 1), decisión que le fue notificada a los sujetos procesales mediante edicto desfijado el 20 de septiembre siguiente (folio105 cuad. 1). El 13 de diciembre de 2011 le fueron formulados cargos a los señores Osorio Cuenca, Jiménez Pareja y Rozo Gaeth (folios 112 a 130 cuad. 1), decisión que les fue notificada personalmente el 13 y 22 de diciembre siguiente (folios 135, 174 y 175 5 Radicación nro. 161-5447 cuad. 1); los sujetos procesales presentaron sus respectivos descargos en la debida oportunidad legal (folios 136 a 140 y 176 a 194 cuad. 1 y 279 a 292 cuad. 2). El 10 de abril de 2012 la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal ordenó el archivo de las diligencias seguidas al señor Jiménez Pareja, por acaecimiento del fenómeno jurídico de la prescripción de la acción disciplinaria; también dispuso correr traslado para alegar de conclusión a los restantes sujetos procesales (folios 324 a 326 cuad. 2). El 22 de mayo de 2012 la delegada instructora expidió fallo de primera instancia, mediante el cual declaró probadas las acusaciones formuladas al señor Rozo Gaeth y le impuso la sanción disciplinaria de suspensión del cargo por el término de cuatro (4) meses, sanción que convirtió en la obligación de pagar cuatro (4) meses de

salarios básicos devengados por el disciplinado en el año 2007; también declaró la prescripción de la acción disciplinaria a favor del señor Osorio Cuenca (folios 377 a 392 cuad. 2). La última notificación de la providencia fue realizada el 7 de junio siguiente (folios 397 cuad. 2), El 12 de junio de 2012 el sancionado interpuso recurso de apelación contra el fallo que le impuso la sanción (folios 401 a 413 cuad. 2), recurso que fue concedido por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, en el efecto suspensivo, para que fuera desatado por la Sala Disciplinaria (folios 416 y 417 cuad. 2).

II. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Las razones que sustentaron el fallo sancionatorio expedido por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, se pueden sintetizar de la siguiente manera: Precisó que el cargo único atribuido al señor Rozo Gaeth se circunscribió al presunto desconocimiento de los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva que regulan la contratación estatal, por cuanto no realizó el procedimiento de selección al que estaba obligado para escoger al contratista, y que, por el contrario, procedió a adicionar el convenio 336 de 2007, el cual había suscrito, erróneamente, con fundamento en el artículo 355 de la Constitución Política y en el Decreto 777 de 1992, modificado por el artículo 1° del Decreto 1403 de 1992.

Indicó que la SECAB, entidad con la que se suscribió el convenio, no es una

organización privada sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, que son las condiciones que exigen las normativas precitadas para proceder a la contratación directa excepcional, sino un organismo internacional de carácter intergubernamental para la cooperación en las aéreas de educación, salud, tecnología, ciencias, cultural y social. Expresó que el numeral 1° del artículo 2° del Decreto 777 de 1992 establece que están excluidos del ámbito de aplicación de dicho decreto «los contratos que las entidades públicas celebran con personas privadas sin ánimo de lucro, cuando los mismos impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública y que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación vigente», por lo que el objeto 6 Radicación nro. 161-5447 del convenio podía ser contratado con cualquier persona que tuviera capacidad de ejecución. Consideró que el disciplinado vulneró con dicha conducta el principio de responsabilidad establecido en los numerales 2° y 4° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, pues celebró contrato adicional al convenio 336 de 2007, y abandonó, sin ninguna justificación legal, la aplicación del Estatuto de la Contratación Estatal. Aseveró que el inculpado también vulneró el principio de selección objetiva regulado en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, pues la celebración del contrato adicional tuvo por fin evadir el agotamiento del proceso licitatorio, sin tener en cuenta que este procedimiento le hubiera permitido escoger la mejor propuesta para el suministro de bienes muebles (libros y materiales), desarrollar el simulacro de pruebas Saber y

realizar la tabulación de los resultados para la elaboración del informe a nivel institucional, municipal y departamental. No acogió los argumentos expuestos por el disciplinado en el sentido de que el adicional al convenio 336 de 2007 se amparó en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, pues las asociaciones a la que se refiere esta norma son aquéllas conformadas por entidades públicas del Estado colombiano, es decir, instituciones del orden interno y no a organismos intergubernamentales, aunado a que ni en los estudios precontractuales ni en las justificación técnica para la adición y modificación del convenio ni en el convenio primigenio se hizo alusión a dicha normativa. Indicó que el investigado, como servidor público de dirección y confianza de la gobernación, encargado de la actividad contractual de la entidad, estaba en la obligación de actuar conforme a las normas constitucionales y legales que regulan la contratación estatal, más aún, cuando la jefe de la oficina jurídica departamental le advirtió de la necesidad de adelantar el proceso de selección del contratista, aunque si bien es cierto, luego, en el Consejo de Gobierno realizado el 17 de mayo de 2007, ella misma expresó que «si el convenio ya fue firmado por el gobernador, no entiende por qué no continuó el respectivo trámite». No aceptó el planteamiento del encartado en el sentido de que celebró el contrato adicional al convenio 336 de 2007 en cumplimiento de la orden impartida por su superior, el gobernador del departamento del Tolima, pues, a pesar de ello, debió realizar las averiguaciones del caso para establecer con certidumbre la conveniencia

jurídica de esa celebración. Manifestó que el adicional al convenio 336 de 2007 no se fundamentó en el artículo 355 de la Constitución Política ni en el Decreto 777 de 1992, modificado por el artículo 1 del Decreto 1403 de 1992, pues no cumplía con los requisitos que exigen dichas normativas y muestra de ello es que tales normas no se citaron en dicho acuerdo de voluntades. Expuso que si bien el disciplinado, por los mismos hechos, ha obtenido decisiones favorables por parte de la Contraloría General de la República, debe tenerse en cuenta que el proceso de responsabilidad fiscal tiene distinta naturaleza al disciplinario, por lo que los efectos de aquella decisión no se hacen extensivos a ésta. 7 Radicación nro. 161-5447 Reveló que si bien la Procuraduría Regional del Tolima, en un proceso disciplinario en el que se investigaban las presuntas irregularidades en un proceso contractual celebrado entre las mismas partes, en condiciones similares, afirmó que dicha actuación se había «ajustado a derecho», no era menos cierto que allí se hacía referencia al cumplimiento del objeto contractual, y no a la forma en que se había adelantado el proceso de contratación. Sostuvo que el disciplinado no actuó con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, pues los estudios justificativos de la adición y modificación del convenio le permitieron conocer de antemano que se trataba de la adquisición de materiales para las pruebas Saber e ICFES, adquisición que superaba la menor cuantía, por lo que, sin duda, le correspondía iniciar el proceso licitatorio

respectivo. Concluyó que, al suscribir el contrato adicional, el investigado infringió los artículos 24 (numerales 1° y 8°), 26 (numerales 2° y 4°) y 29 de la Ley 80 de 1993, al igual que los artículos 48 (numeral 31) y 34 (numerales 1° y 2°) de la Ley 734 de 2002, pues no acató los principios que rigen la contratación estatal y los deberes consagrados en la Constitución y en la ley, que indican que el servidor público debe cumplir con diligencia y eficiencia el servicio que le sea encomendado. Estableció que si bien en el pliego de cargos se consideró que las faltas disciplinarias presuntamente cometidas tenían naturaleza dolosa, tal calificación debía ser variada a culpa grave, por conducta negligente, pues el disciplinado estaba en el deber de observar las normas que regulan la contratación estatal, pero, sin embargo, se abstuvo de hacerlo. Explicó que, conforme al numeral 9° del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, las faltas gravísimas cometidas con culpa grave deben ser consideradas como faltas graves, por lo que le impuso la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de cuatro meses, sanción que convirtió en cuatro meses de salarios mensuales básicos devengados en el año 2007, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002.

III. RECURSO DE APELACIÓN El recurso de apelación fue interpuesto y sustentado por el sancionado esbozando los siguientes argumentos: Indicó que el contrato adicional al convenio 336 de 2007 se amparó en el artículo 95

de la Ley 489 de 1998 y no en la Ley 80 de 1993, por lo que no existe vulneración de los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva que le fueron enrostrados. Dijo que el Estado colombiano y la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB) suscribieron, el 4 de septiembre de 1972, en Bogotá, el acuerdo que fue acogido por la Ley 122 del 23 de diciembre de 1985 y por el Decreto 1952 de 19 de junio de 1986, por lo que la naturaleza jurídica de esa entidad internacional es intergubernamental de derecho público. 8 Radicación nro. 161-5447 Expresó que el convenio marco de cooperación y asistencia técnica, que fue suscrito el 4 de noviembre de 2005 entre el departamento del Tolima y la SECAB, tuvo por objeto «La cooperación y asistencia técnica para coadyuvar la gestión de programas y proyectos viables tanto del Plan de Desarrollo Departamental, como otros que propendan por el fortalecimiento institucional de la gobernación del Tolima», y que en la cláusula cuarta de dicho convenio marco se estableció que su ejecución estaría sujeta a las decisiones de una comisión interinstitucional integrada por el gobernador del departamento del Tolima y por el representante legal de la SECAB o sus delegatarios, y que los programas y actividades se formalizarían mediante cartas de acuerdo, cuando se tratara de administrar proyectos debidamente formulados, o con documentos de proyecto, cuando los proyectos se formularan conjuntamente. Reveló que la legalidad del convenio marco nunca ha sido cuestionada por ningún

ente de control y reiteró que el convenio derivado se fundamentó en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, el cual permite que las entidades públicas, sin discriminar si son nacionales o internacionales, puedan asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. Señaló que en el numeral 3° del acápite de antecedentes de la justificación técnica de la adición y modificación al convenio se indicó que el 22 de mayo de 2007 el gobernador del Tolima solicitó a la SECAB carta de acuerdo para recibir cooperación y asistencia técnica para la ejecución del proyecto «Implementación de un sistema regional de evaluación de la educación para el departamento del Tolima». Puntualizó que en el memorando 323 de 22 de mayo de 2007 el gobernador del departamento del Tolima lo autorizó para realizar inversiones con cargo al presupuesto de la vigencia 2007 y para suscribir el convenio interadministrativo con el fin de adquirir materiales para las pruebas Saber e ICFES, por valor de $900.000.000.oo y que fue ese mismo funcionario quien, mediante oficio 262, invitó a la SECAB para que presentara oferta con el objetivo de adicionar el convenio 336 de 2007. Especificó que en ninguno de los documentos que soportan el adicional al convenio 336 de 2007 se hizo referencia al Decreto 777 de 1992 ni al artículo 355 de la Constitución Nacional, como tampoco a la Ley 80 de 1993 o a sus decretos

reglamentarios, por lo que considera que obró dentro del marco legal establecido en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, y que, por lo tanto, no pudo existir vulneración de los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva consagrados en el estatuto de la contratación estatal. Consideró que el fallador de instancia no debió endilgarle responsabilidad disciplinaria por la suscripción del convenio 336 de 2007, pues éste se desarrolló con fundamento en el convenio marco suscrito el 4 de noviembre de 2005 y en los estudios previos realizados en el mes de febrero de 2007, fechas que son anteriores a su posesión como secretario de Educación y Cultura del departamento del Tolima. Expuso que dicho convenio primigenio fue suscrito por el gobernador Osorio Cuenca, que él no tuvo injerencia alguna en esa actividad contractual, y que en ese sentido no tenía la obligación de iniciar un proceso contractual distinto al agotado en el convenio 336 de 2007 para realizar la adición del mismo, amén que había sido autorizado por 9 Radicación nro. 161-5447 el representante legal, que fue quien invitó a la SECAB a presentar la propuesta para la adición y modificación. Anotó que siempre obró con la convicción de estar observando los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política; que no hay pruebas que demuestren que conoció el concepto expedido por la oficina jurídica departamental, la cual se opuso a la viabilidad del convenio, y que en todo caso dicho concepto no era vinculante ni iba dirigido a él, sino al gobernador, aunado a que éste se refería a

los contratos contemplados en el inciso 4° del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 y no a los de cooperación estipulados en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. Explicó que el contrato adicional, modificatorio del convenio 336 de 2007, se ejecutó sin ningún inconveniente, cumpliéndose con su objeto cabalmente, por lo que solicitó que se revoque la decisión impugnada, y que en consecuencia se ordene el archivo definitivo de la actuación disciplinaria. Solicitó, por último, que se declare la prescripción de la acción disciplinaria, por cuanto a la luz de lo preceptuado en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 han transcurrido más de cinco años desde la fecha de la consumación de la conducta endilgada, la cual, en su parecer, tuvo ocurrencia el 12 de junio de 2007.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA 1.1. Competencia de la Sala Disciplinaria.- La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, al tenor del numeral 1° del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000,1 es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por el sancionado, pues el fallo de primera instancia fue proferido por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal en virtud de las competencias que le son propias. 1.2. De la petición de declaratoria de la prescripción de la acción disciplinaria.- El disciplinado solicitó que se declare la prescripción de la acción disciplinaria, por

cuanto, en su parecer, a la luz de lo preceptuado en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 han transcurrido más de cinco años desde la fecha de la consumación de la conducta endilgada, la cual, considera, debe ser contada desde el 12 de junio de 2007. El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, antes de la modificación realizada por la Ley 1474 de 2011, establecía que «La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o con