PGN - Documento 201603042309534

INHABILIDAD-Docente que labora en propiedad y suscribe contrato de prestación de servicios profesionales con otra entidad pública INHABILIDAD-Configuración normativa del Congreso de la Republica La Constitución Política, en especial los artículos 123, 124 a 129 y el 209, entre otros, señala que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, y ejercerán sus atribuciones de conformidad con la ley, la que establece las condiciones de ingreso y retiro de los servidores, así como aquellos eventos taxativamente delineados por el legislador en los cuales se estructuran circunstancias y hechos que impiden de forma temporal o permanente el acceso al ejercicio de cargos públicos. Por lo tanto, el Congreso de la República goza de un amplio margen de libertad de configuración normativa a efectos de diseñar un marco legal que consagre las inhabilidades, pues la Constitución Política no hace precisión distinta a las que fija expresamente en el texto de la misma CAUSAL DE EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Situaciones para que proceda Es necesario que se configuren dos situaciones para que sea procedente la causal de exclusión de la responsabilidad: Por una parte, que el disciplinado tuviera la creencia plena y sincera de que actuaba ajustado al ordenamiento jurídico, y segundo, que el error de apreciación no era humanamente superable dadas las condiciones personales del procesado y las circunstancias en que éste se realizó, eventos en los cuales, la conducta no es reprochable a título de dolo, porque en el encartado no hay la conciencia de la ilicitud de su acción, sin el cual el fenómeno no se estructura. Tampoco le puede ser

reprochable a título de culpa porque actuó con el cuidado y diligencia para determinar que su conducta no era contraria a la ley. No puede alegar la implicada entonces que tenía la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, pues era responsabilidad de la disciplinada realizar las indagaciones necesarias para salir de su supuesto error y tener la seguridad de que no tenía impedimentos para prestar servicios a otras entidades del Estado. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Obligación de la disciplinada de cerciorarse sobre la inhabilidad El servidor público, por tener dicha calidad, tiene una exigencia mayor en su comportamiento, respecto del ciudadano común, en la cual se basa la responsabilidad disciplinaria. Así, en este caso, puede afirmarse que la disciplinada tenía la obligación, como docente de un colegio, de cerciorarse si podía suscribir y ejecutar un contrato con otra entidad pública. No debió conformarse, como lo plantea en sus diferentes escritos de defensa, con esperar a que la entidad contratante le informara respecto de la inhabilidad que la cobijaba en su condición de servidora pública para celebrar el contrato de prestación de servicios. 1

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA

ADMINISTRATIVA

Radicación Nº: 077-004410-2009

Disciplinado: MAYERLI TRUJILLO CEDEÑO

Cargo y Entidad: Docente de la Secretaría de Educación Municipal Quejoso: De oficio-Comisión Regional de Moralización Fecha queja: 11 de mayo de 2009

Fecha hechos: 18 de junio de 2008

Lugar hechos: Florencia-Caquetá Asunto: Fallo de segunda instancia proceso verbal

Bogotá, D.C., abril 15 de 2011

1. ANTECEDENTES.

Agotado el respectivo trámite procesal, la Procuraduría Regional de Caquetá, mediante fallo de primera instancia del 23 de marzo de 2011 dentro del proceso verbal sancionó a la señora MAYERLI TRUJILLO CEDEÑO, en su condición de Docente en propiedad de la Secretaría de Educación Municipal de Florencia, con DESTITUCION E INHABILIDAD GENERAL DE DIEZ (10) AÑOS, al encontrarla disciplinariamente responsable del cargo formulado mediante providencia del 24 de febrero de 2011, con ocasión de la falta disciplinaria contenida en el numeral 17 del artículo 48 del Código Único Disciplinario. Mediante escrito visible a folios 157 y sgtes. del c.o. No. 1, la señora MAYERLI TRUJILLO CEDEÑO, a través de su abogada ALIDA MARÍA GAVIRIA LÓPEZ, sustentó el recurso de apelación interpuesto contra la referida decisión.

2. CARGOS.

Mediante decisión del 24 de febrero de 2011, visible a folios 42 y sgtes del c.o. No. 1, en el auto que dispuso adelantar la actuación mediante el proceso verbal y citó 2 a audiencia a la implicada, se formuló el siguiente cargo a la señora MAYERLI TRUJILLO CEDEÑO: Prestando sus servicios como docente con vinculación en Propiedad Régimen Nacional, laborando en la Institución Educativa Juan Bautista Migan de Florencia,

“celebró contrato de prestación de servicios profesionales No. 110 el 18 de junio de 2008, con el Instituto Departamental de Cultura y Turismo del Caquetá, para prestar sus servicios públicos como maestra de ceremonia en la imposición de bandas a embajadoras, desfile en traje de baño, muestra folklórica y en la elección y coronación de la Embajadora Cultural 2008/2009 dentro del marco del XIII Festival Folclórico y Turístico “San Pedro en el Caquetá”, por valor de $1.300.000, (folios 4 y 5) obrando para tal efecto certificación del gerente de dicho instituto, que la encartada prestó a satisfacción sus servicios personales de conformidad con contrato No. 110-08”.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.

Consideró la primera instancia (folios 136 y sgtes. c.o. No. 1) que la señora MAYERLI TRUJILLO CEDEÑO, siendo docente en propiedad y prestando sus servicios como tal en el Departamento de Caquetá, suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales No. 110 del 18 de junio de 2008 con el Instituto Departamental de Cultura y Turismo, incurriendo presuntamente en violación al régimen de inhabilidades descrito para los servidores públicos, al celebrar contratos con entidades estatales. Señaló la apoderada de la disciplinada que lo que se probó dentro del proceso es una responsabilidad objetiva y no subjetiva, por cuanto pese a que efectivamente su defendida celebró contrato de prestación de servicios con el Instituto Departamental de Cultura, mientras tenía vigente su vinculación como Docente en

propiedad, esto lo hizo inducida en error al firmar un contrato del cual no se lucró económicamente por cuanto la remuneración recibida sólo cubrió los gastos del vestuario que necesitaba para cubrir los eventos programados dentro del “San Pedro en el Caquetá”, celebrado para el año 2008. 3 Las excepciones del Estatuto de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 / 93) no se encuentran enmarcadas dentro de este caso, pues la disciplinada pese a encontrarse inhabilitada para celebrar contratos con el Estado por su condición de Docente en propiedad, contrató con el Instituto Departamental de Cultura y Turismo, entidad perteneciente y dependiente de la Gobernación del Caquetá, situación por la cual no acepta el despacho las aseveraciones realizadas tanto por la disciplinada como por su apoderada al manifestar que aquella no se lucró con la suscripción del mencionado contrato pues debe tenerse en cuenta además, que no importa cuál haya sido la cuantía y el destino de la contraprestación recibida, lo preponderante y lo que previó el Constituyente y el legislador al señalar como prohibición a través de una inhabilidad es que ningún servidor público pueda celebrar contrato con la administración pública. Si bien lo regulado en el artículo 50 incluye la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades como supuestos de hecho para la comisión de faltas graves y leves acorde con los criterios del artículo 43 ibídem, no es menos cierto que cuando el funcionario investigador está frente a las conductas señaladas en forma taxativa en el artículo 48, inexorablemente debe preferir en el ejercicio de la adecuación típica estas últimas, en atención al principio de

especialidad o especificidad de la falta. Se calificó la falta como gravísima a título de dolo al considerar que existía el conocimiento de los hechos, de la ilicitud y la voluntad de celebrar el referido contrato por parte de la disciplinada, pese a la inhabilidad que recaía sobre ella. La señora MAYERLI TRUJILLO CEDEÑO no fue inducida en error, mucho menos obró con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, lo cual eliminaría la culpabilidad, por cuanto es bien sabido que al momento de suscribirse un contrato con el Estado debe el futuro contratista aportar o allegar los respectivos certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales, los cuales demuestran en forma explícita si éste se encuentra o no incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad para celebrar el acuerdo de voluntades. 4 Teniendo en cuenta que están demostrados todos los elementos estructurales de la falta disciplinaria contenida en el inciso primero del numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y teniendo en cuenta que el cargo no fue desvirtuado se declara responsable disciplinariamente a la señora MAYERLI TRUJILLO

CEDEÑO.

4. APELACIÓN.

La señora MAYERLI TRUJILLO CEDEÑO, a través de su abogada ALIDA MARÍA GAVIRIA LÓPEZ, presentó escrito de recurso de apelación contra el fallo de primera instancia y lo sustenta teniendo en cuenta tres aspectos relevantes (folios 157 y sgtes. c.o. No. 1): En el presente caso se ha violado por parte de los funcionarios de la Procuraduría

el debido proceso porque en la providencia sólo se limita a resolver basados en los hechos que dieron lugar a la queja, sin considerar los argumentos ni las pruebas aportadas por al defensa pues sobre las mismas nada se dijo. 4.1. Se habían argumentado causales de nulidad al haber dejado superar la Procuraduría ostensiblemente y sin justificación alguna los términos que disponía para adelantar la etapa preliminar y de la investigación disciplinaria y sobre el cual el Procurador se limitó a justificar jurisprudencialmente que los términos se pueden superar, porque la jurisprudencia mencionada así lo permite. 4.2. También la defensa demostró que a su defendida se le había violado el derecho de defensa por cuanto no se le comunicaron debidamente las etapas procesales. Además la Procuraduría desestimó escasa la prueba aportada por la defensa, para que no fuera considerada ni evaluada en el momento de decidir. Por lo tanto, se deberá no solo decretar la nulidad de todo lo actuado sino archivar el proceso en forma definitiva por vencimiento de términos. 5 4.3. No cabe duda que la disciplinada en la realización de la conducta no actuó con dolo ni culpa porque fue llevada a error por parte de la entonces Directora de la Casa de la Cultura, quien siendo la ordenadora del gasto, era quien tenía el deber funcional de observar las normas de contratación estatal, sabía perfectamente que la señora MAYERLI era docente y fue porque la conocía como tal, que la llamó para que cubriera el evento, justamente porque por ser docente no cobraría su servicio durante los cuatro días que duraba, al cual la docente acudió gustosa como era su costumbre y con el convencimiento errado de que la

Directora había obrado legalmente. La señora MAYERLI firmó el contrato pues a su servicio la Directora contaba con abogados de la Gobernación donde pudo consultar el trámite legal del contrato y no justificar un gasto como era el alquiler de los trajes y el pago de un locutor acompañante con un contrato de prestación de servicios a nombre de su defendida, valiéndose de su buena fe y de la ignorancia en los trámites contractuales y creyó erradamente que era legal.

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO FRENTE A LOS ASPECTOS

IMPUGNADOS.

Señala la defensa que en el presente proceso disciplinario se han violado el derecho de defensa y el debido proceso de la implicada por tres aspectos fundamentales: 1. Se superaron ostensiblemente y sin justificación alguna los términos que disponía para adelantar la etapa preliminar y de la investigación disciplinaria; 2. No se le comunicaron debidamente las etapas procesales y 3. La disciplinada no actuó con dolo ni culpa porque fue llevada a error. Observa esta instancia que en la audiencia celebrada el día 9 de marzo de 2011, el Procurador Regional resolvió ampliamente los dos primeros aspectos señalados, según los cuales la defensa daban lugar a nulitar la actuación, por lo tanto no le corresponde a esta Delegada pronunciarse nuevamente sobre estas presuntas irregularidades procedimentales, fundamentados por la defensa ante la primera instancia con los mismos aspectos de hecho y de derecho. 6 En cuanto que la disciplinada no actuó con dolo ni culpa porque fue llevada a error, causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 28 de la ley 734 de 2002, a pesar que ha sido un fundamento

alegado por la defensa a lo largo de la actuación y ha sido resuelto por el a-quo, procede esta instancia ha verificar si le asiste razón a la defensa o al investigador de primera instancia sobre este aspecto. Dispone el artículo 28 numeral 6 de la ley disciplinaria: “Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta. 6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”: Sea lo primero advertir que esta causal describe tanto el error de hecho como el error de derecho en materia disciplinaria. Sobre el particular se ha referido: “A diferencia de la regulación normativa penal, en materia disciplinaria el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 reguló de manera única el error sobre lo que constituye falta disciplinaria. Es decir, el resultado o la sumatoria de las tres categorías: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Por ello, es posible que puedan presentarse errores sobre cualquiera de las categorías mencionadas y que los mismos recaigan en distintos elementos que a su vez componen dichas categorías, entre ellos, fácticos, descriptivos, valorativos, objetivos, normativos y subjetivos. Como cualquier elemento de ellos puede ser objeto del error y éste puede estar presente en cualquiera de las categorías de la falta disciplinaria, corresponderá al funcionario disciplinario determinar la clase de error al que se enfrenta, bien si se trata de un error de hecho o de derecho (teoría de quienes esbozan la inseparabilidad de las categorías tipicidad y antijuridicidad) o de error de tipo y error de prohibición (teoría de quienes entienden la separación de las dos categorías) o error mixto,

entendiendo por aquel que contiene elementos tanto de uno como de otro”1. “Cuando el error recaiga sobre un elemento normativo o involucre una valoración jurídica será calificada como de derecho. Si es invencible excluirá la posibilidad de derivar responsabilidad disciplinaria por falta de conciencia de lo ilícito. Cuando sea vencible no afecta a la imputación por dolo, toda vez que ello tiene que ver específicamente con la conciencia de la ilicitud aspecto medular e independiente de aquél y ubicable en la culpabilidad, con efectos atenuantes del 1 Justicia Disciplinaria, De la ilicitud sustancial a lo sustancial de la ilicitud, Alejandro Ordoñez Maldonado, Procurador General de la Nación. 7 reproche; esto es, el reproche es menor por fundarse en la conciencia potencial de la ilicitud, que es el mínimo requerido para sustentarlo”2. Y lo más importante, “El carácter invencible del error demandará un análisis de las circunstancias particulares de cada caso, con especial énfasis en las condiciones personales de quien lo alega y de sus posibilidades efectivas de previsión y conocimiento, toda vez que no es lo mismo, por ejemplo, el error que esgrime una persona con formación profesionales de aquella que no la tiene”3. Es necesario que se configuren dos situaciones para que sea procedente la causal de exclusión de la responsabilidad: Por una parte, que el disciplinado tuviera la creencia plena y sincera de que actuaba ajustado al ordenamiento jurídico, y segundo, que el error de apreciación no era humanamente superable dadas las condiciones personales del procesado y las circunstancias en que éste se realizó,

eventos en los cuales, la conducta no es reprochable a título de dolo, porque en el encartado no hay la conciencia de la ilicitud de su acción, sin el cual el fenómeno no se estructura. Tampoco le puede ser reprochable a título de culpa porque actuó con el cuidado y diligencia para determinar que su conducta no era contraria a la ley. Atendiendo estos parámetros, para esta Delegada no es procedente tal petición, porque tal como obra en el expediente la señora MAYERLI TRUJILLO CEDEÑO, tenía el título de Licenciada en Ciencias Sociales y desempeñaba el cargo de docente en educación básica primaria lo que le permitía tener una preparación educativa muy alta, además de la experiencia que ostentaba. A folio 4 del cuaderno original obra el contrato de prestación de servicios profesionales que celebró la señora MAYERLI TRUJILLO CEDEÑO con el Instituto Departamental de Cultura y Turismo donde se establecen claramente cada una de las cláusulas del convenio, constando en una de ellas que el “contratista declara bajo la gravedad del juramento, no estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Nacional y en los artículos 8 y 9 2 Dogmática del derecho disciplinario, Carlos Arturo Gómez Pavajeau. 3 Justicia Disciplinaria, De la ilicitud sustancial a lo sustancial de la ilicitud, Alejandro Ordoñez Maldonado, Procurador General de la Nación. 8 de la Ley 80 de 1993. El juramento se entiende prestado con la firma del presente contrato”. Una persona con mediana preparación educativa entiende que cualquier

documento que tiene que firmar debe ser leído en su integridad, más aún la implicada teniendo todas sus facultades físicas para ello, para conocer el contenido del mismo. Para el caso, si la implicada firmó este contrato se entiende que lo leyó y aceptó sus cláusulas por lo tanto no puede venir ahora alegar que fue inducida en un error, porque como se mencionó claramente estaba establecida la cláusula referida, que de no haberla entendido precisamente debió preguntar que significaba el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, más aún cuando en el mismo texto aparece que tiene que prestar juramento sobre este aspecto, lo que inmediatamente hace que resulte un tema muy trascendental. No puede aceptar esta instancia que la implicada alegue que la indujeron en error por cuanto el dinero no iba a ingresar a su patrimonio, toda vez que correspondía a una suma representativa en cuanto que correspondía al valor del vestuario que debía utilizar para el evento, cuando precisamente la entidad tuvo que cumplir con todas las exigencias y formalidades que le exigía la ley para que todo quedara en orden, como fue elaborar el contrato de prestación de servicios, además de que obra folio 2 del cuaderno original comprobante de pago por la suma de un millón trescientos mil pesos ($1.300.000.oo) y a folio 13, cuenta de cobro suscrita por la misma implicada, detallando que el dinero se le debe por concepto de prestación de servicios como maestra de ceremonias en varios eventos. No puede alegar la implicada una inexperiencia e ingenuidad tal, que con tantas solemnidades no se haya dado cuenta de la importancia de suscribir el contrato de prestación de servicios profesionales. Además no puede pretender trasladar a la

entidad contratante, la responsabilidad que a ella le cabe, por no haber verificado al momento de suscribir el contrato si se encontraba incursa en causal de inhabilidad. 9 En Concepto del 14 de julio de 2006, la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales de la Procuraduría General de la Nación señaló: “La jurisprudencia y la doctrina nacionales han señalado, de manera reiterada, que las inhabilidades son aquellas circunstancias creadas por la Constitución Política y el legislador que limitan el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas, cuyo objetivo primordial es lograr la moralidad, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya estén desempeñando funciones públicas. También definidas como aquellas condiciones negativas para acceder a la función pública, por hechos o circunstancias, predicables de quien aspira a un empleo y que lo excluyen de la posibilidad de ser elegido o nombrado. El acceso a la administración pública está sometido a límites que procuran la realización del interés general y de los principios de la función administrativa; es por ello que, al implementar un régimen de inhabilidades, el legislador se encuentra habilitado para limitar el ejercicio de derechos fundamentales como la igualdad, el acceso al desempeño de cargo o función públicos, al trabajo y a la libertad de escogencia de profesión u oficio (sentencias C-588 de 1994, C-483 de 1998, C-925 de 2001 y C-671 de 2004, entre otras). La Constitución Política, en especial los artículos 123, 124 a 129 y el 209, entre

otros, señala que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, y ejercerán sus atribuciones de conformidad con la ley, la que establece las condiciones de ingreso y retiro de los servidores, así como aquellos eventos taxativamente delineados por el legislador en los cuales se estructuran circunstancias y hechos que impiden de forma temporal o permanente el acceso al ejercicio de cargos públicos. Por lo tanto, el Congreso de la República goza de un amplio margen de libertad de configuración normativa a efectos de diseñar un marco legal que consagre las inhabilidades, pues la Constitución Política no hace precisión distinta a las que fija expresamente en el texto de la misma”. 10 No puede alegar la implicada entonces que tenía la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, pues era responsabilidad de la disciplinada realizar las indagaciones necesarias para salir de su supuesto error y tener la seguridad de que no tenía impedimentos para prestar servicios a otras entidades del Estado. Con relación a las obligaciones de los servidores públicos, el doctor CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU ha expresado4: “Resulta evidente que el artículo 6 de la Carta Política contempla un plus de responsabilidad de los servidores públicos frente a los particulares y así lo ha reconocido la jurisprudencia. (...)Nuestra Carta Política de 1991 señala claramente el llamado ámbito de las relaciones generales de sujeción, en contraposición a las llamadas relaciones especiales de sujeción. Como dice GARCÍA MACHO, “el presupuesto necesario de las relaciones de especial sujeción lo constituye la existencia de unas relaciones de general sujeción”

En las primeras se mueve el Derecho Penal, toda vez que es un ordenamiento jurídico que tiene como destinatarios a todas las personas sujetas a la ley colombiana. Allí nos encontramos cuando nos ubicamos frente a lo dispuesto en el artículo 16 de la Carta Política, habida cuenta que en su contenido se contempla el derecho universal y general de acción. Cualquiera puede realizar la conducta que le plazca, siempre y cuando no afecte los derechos de los demás. (...)Se fijan allí las pautas para las prohibiciones de conductas que interfieran los derechos de los demás, o en términos penales, los bienes jurídicos ajenos... Se habla por ello de una obligación pasivamente universal “cuando se alude a la obligación que todos tienen de omitir daño al derecho de un sujeto activo, o de no impedirle que lo ejerza o lo goce”. Por contraposición encontramos las relaciones especiales de sujeción, en las cuales el núcleo de lo antijurídico es la infracción a un deber, puesto que el objeto de regulación es la conducta vista independientemente de la interferencia en los derechos de los demás. Lo anterior implica un especial vínculo entre el Estado y la persona, dado por el derecho de la función pública o los estatutos disciplinarios de ciertas profesiones intervenidas oficialmente... (...)Así las cosas, el concepto relación especial de sujeción como categoría dogmática del derecho público, de origen constitucional y aplicable al ámbito de la función pública, es la especial posición jurídica que tiene un servidor público frente al Estado, del cual surgen obligaciones y deberes reforzados de exigencias en el resorte de la conducta oficial, en búsqueda de su configuración y encauzamiento en el ámbito de una ética de lo público,

que prefiguran de una manera sui generi (sic) la estructura de la responsabilidad disciplinaria ...” En el análisis jurisprudencial del ilícito o antijuricidad, expone el doctor GOMÉZ PAVAJEAU lo siguiente:5 4 La relación especial de sujeción como categoría dogmática superior del derecho disciplinario . Instituto de Estudios del Ministerio Público, Bogotá, noviembre de 2003, páginas 59-62. 5 Obra citada, páginas 70-72 11 “Al afirmarse en la sentencia C-181 de 2002 que el derecho disciplinario “establece prohibiciones y formula mandatos” debe concluirse necesariamente, como lo dice la jurisprudencia, que ello se deriva de la exigencia de ajustar la conducta oficial a un esquema de “comportamientos éticos” derivados del artículo 209 de la Carta Política, a partir de la configuración de una ética pública derivada de las relaciones especiales de sujeción. Tal afirmación pone de presente, como consecuencia ineludible, la construcción de un ilícito disciplinario fundado en la “infracción de los deberes funcionales”, esto es, en la “norma determinativa”, “norma de conducta” o “norma directiva” (artículos 118 parte final, 256 numeral 3º y 277 numeral 6º de la Carta Política), pues la ley disciplinaria al constituir las categorías jurídicas no puede olvidar que todo servidor público tiene que tener señaladas en la Constitución, la ley y los reglamentos las “funciones” que le competen... que no son otros que los “deberes que le incumben ... por ello bien se dice en la

sentencia C-181 de 2002 que la “infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento genera la respuesta represiva del Estado”, lo cual reitera la sentencia C-948 de 2002. (...)Funda, de manera clara y convincente, la mayor exigencia de responsabilidad del servidor público frente a cualquier persona del común en el “ particular nivel de responsabilidad” de aque l, para lo cual invoca los artículos 6 y 123 de la Carta Política. La vigencia para el derecho disciplinario de la relación especial de sujeción6 y ese mayor nivel de responsabilidad de los servidores públicos son confirmados y reiterados por la sentencia C-037 de 2003... Tal movimiento encuentra consolidación cuando en sentencia C-252 de 2003, M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, se dijo que “el fundamento de la imputación disciplinaria está determinado por la infracción de los deberes funcionales del servidor público”, habida cuenta que “solo tal concepción del ilícito disciplinario resulta consecuente con los límites que el constituyente configuró para la cláusula general de libertad consagrada en el artículo 16 de la Carta.... Así mismo, soporta el “vínculo de sujeción” o “efecto vinculante de deberes especiales de sujeción” entre individuo y Estado, en el artículo 6º de la Carta Política (Subrayas fuera de texto)”. De las observaciones mencionadas se desprende que el servidor público, por tener dicha calidad, tiene una exigencia mayor en su comportamiento, respecto del ciudadano común, en la cual se basa la responsabilidad disciplinaria. Así, en este

caso, puede afirmarse que la disciplinada tenía la obligación, como docente de un colegio, de cerciorarse si podía suscribir y ejecutar un contrato con otra entidad pública. No debió conformarse, como lo plantea en sus diferentes escritos de defensa, con esperar a que la entidad contratante le informara respecto de la inhabilidad que la cobijaba en su condición de servidora pública para celebrar el contrato de prestación de servicios No. 110/08. 6 Dice la Corte Constitucional en la sentencia 037 de 2003 que “un elemento esencial que define al destinatario de la postestad disciplinaria es la existencia de una subordinación del servidor público para con el estado”. 12 Así, concluye este despacho que la causal de exclusión de responsabilidad, contemplada en el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, cuya aplicación solicitó la defensa de la disciplinada, no es ajustable a su caso, atendiendo a que en su condición de docente tenía una condición cultural suficiente para conocer, analizar y comprender las normas legales, específicamente la Constitución Política y la ley 80 de 1993, en lo referente a las prohibiciones a los servidores públicos, las cuales son claras y no dan lugar a ambigüedades, de modo que sus consecuencias se pueden advertir de su simple lectura, por lo que no era necesario que la disciplinada realizara un esfuerzo superior a sus capacidades para comprenderlas. En consecuencia esta Delegada dispone confirmar la decisión adoptada por la Procuraduría Regional del Caquetá el 23 de marzo de 2011 dentro del proceso

verbal adelantado en contra de la señora MAYERLI TRUJILLO CEDEÑO, en su condición de Docente en propiedad de la Secretaría de Educación Municipal de Florencia, en la cual decidió imponerle la sanción de DESTITUCION E INHABILIDAD GENERAL DE DIEZ (10) AÑOS, al encontrarla disciplinariamente responsable del cargo formulado mediante providencia del 24 de febrero de 2011, con ocasión de la falta disciplinaria contenida en el numeral 17 del artículo 48 del Código Único Disciplinario. En mérito de lo expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, en uso de sus atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por la Procuraduría Regional del Caquetá, calendada el día 23 de marzo de 2011 dentro del proceso verbal adelantado en contra de la señora MAYERLI TRUJILLO CEDEÑO, en su condición de Docente en propiedad de la Secretaría de Educación Municipal de Florencia, en la cual decidió imponerle la sanción de DESTITUCION E INHABILIDAD GENERAL DE DIEZ (10) AÑOS, al encontrarla