PGN - Documento 201603042311483

FALLO SANCIONATORIO-Inhabilidad de Concejal FALTA GRAVÍSIMA-Concejal actuó a pesar de encontrarse incurso en causal de inhabilidad/TIPICIDAD-Falta disciplinaria de Concejal Resulta claro que el inculpado al expedir el Acuerdo 014 del 31 de julio de 2010 en calidad de Presidente del Consejo Municipal de San Vicente del Caguàn, y enviarlo al Despacho del Alcalde para la sanción, así como, participar en el debate convocado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública para el proyecto de acuerdo No 028 realizado el 28 de julio de 2010 y finalmente, al suscribir las actas de las sesiones plenarias adelantadas en el Concejo Municipal, entre ellas el acta No 067 actuó en fecha posterior a la ejecutoria de la sentencia que le había impuesto como pena accesoria, inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas. Dicho comportamiento reprochado, se adecua a la inhabilidad contemplada en el numeral 3 del artículo 38 ibídem, así como a lo contemplado por el artículo 38 sobre otras inhabilidades tales como “Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de ésta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma. Sin mayor esfuerzo de interpretación se concluye, en primer lugar, que el Legislador precisó con toda claridad las que considera faltas gravísimas, dentro de las cuales se encuadra el comportamiento desplegado por el implicado, pues a pesar de la existencia de causales de inhabilidad, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales, participó en la discusión y aprobación del acuerdo 014 del 31 de julio de

2010, y en sesiones en las que se discutieron temas referentes a la revisión de las actas del mes de noviembre de 2009 y aprobación de sesiones extraordinarias, que conjuntamente con las previstas en la Ley 136 de 1994, fueron las que se imputaron como comportamientos irregulares del disciplinado en el presente caso, de donde surge la falta disciplinaria en cuestión. Significa lo anterior que desde el punto de vista de la tipicidad, es preciso concluir que se configura en este caso la comisión de falta disciplinaria, por parte del disciplinado, en su condición de Concejal, en la medida en que con su actuar incurrió en las descripciones constitutivas de falta disciplinaria, a voces del artículo 48 numeral 17 del CDU. Expediente No. 2010-261318 1 Fallo Segunda Instancia

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 5878750 EXT 10814 BOGOTA D.C ILICITUD SUSTANCIAL-Afectación del deber funcional Hay un franco quebranto de la norma por parte del Concejal, y no obra ninguna justificación para que hubiera actuado de esa manera. Por esa razón, el a quo tuvo en cuenta la calificación de la falta, como gravísima dolosa, por el conocimiento de la ilicitud de la conducta, por parte del implicado. Teniendo en cuenta los dos acápites anteriores, es claro que se estructura la ilicitud sustancial, al desatender el ordenamiento, de manera que debe verse como trascendente, por desconocer una prohibición de la cual estaba plenamente informado.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA-Gravísima En cuanto a la calificación de la gravedad de la falta, la misma proviene del nivel del cargo desempeñado por el disciplinado, independientemente de su experiencia, formación o conocimiento, así como de la importancia de la medida adoptada, que de manera evidente y notoria impacta en el ordenamiento y en la administración de los asuntos municipales, a tal punto que afectó el deber funcional, por lo que es innegable el nocivo efecto que tuvo tal actuar; Al tratarse de una falta gravísima y habiéndose establecido el grado de culpabilidad como dolo, procede la sanción prevista en el artículo 44-1 del CDU, como en efecto lo estimó la Regional del Caqueta. CULPABILIDAD-A título de dolo En torno a lo que argumenta el disciplinado, quien manifiesta que realizó la conducta por error , en el que incurrió por falta de conocimiento, se advierte que esta postura no solo es incompatible con la realidad procesal sino también con la naturaleza misma de la imputación disciplinaria, la que parte del deber especial de sujeción en que se encuentran los servidores públicos y que les impone la carga de acceder a los conocimientos requeridos para un adecuado ejercicio de la función pública. Expediente No. 2010-261318 2 Fallo Segunda Instancia

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 5878750 EXT 10814 BOGOTA D.C

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

Radicación No: 2010-261318

Disciplinado: ORDUBEY TEJADA LIZ

Cargo: Concejal Municipio San Vicente del Caguàn (Caquetá)

Entidad: Concejo Municipal San Vicente del Caguàn (Caquetá) Quejoso: De oficio Fecha queja: Julio 12 de 2010

Fecha Hechos: Año 2010

Actuación: Fallo Segunda Instancia (Artículo 171 Ley 734 de 2002)

Bogotá, D.C. MAYO 11 DE 2011

AUTO POR EL CUAL SE PROFIERE FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

DENTRO DEL EXPEDIENTE 2010-261318

Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la ley 734 de 2002, corresponde a este Despacho proferir fallo de segunda instancia, dentro de la investigación disciplinaria adelantada contra el señor ORDUBEY TEJADA LIZ en su condición de Concejal de San Vicente del Caguán (Caquetá).

I. ANTECEDENTES Dio origen a la presente investigación la actuación remitida por la Personería Municipal de San Vicente del Caguàn (Caquetá) a la Procuraduría Regional del Caquetá, investigación que culminó con el fallo de fecha 11 de abril de 2011, respecto de los hechos atribuidos al el señor ORDUBEY TEJADA LIZ en su condición de Concejal de San Vicente del Caguàn y/o Presidente de esa Corporación, en razón a que siguió ejerciendo sus funciones, con posterioridad a la fecha en la cual fue notificado en estrados de la Sentencia del día 27 de julio de 2010, que le impuso la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por el término de dos años, incurriendo así, en falta

disciplinaria, por la violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades que consagra la Ley 617 de 2000. Por lo anterior, la Procuraduría Regional del Caquetá, el 12 de agosto de 2010, decidió ordenar la apertura de indagación preliminar (fl 15), con la finalidad de Expediente No. 2010-261318 3 Fallo Segunda Instancia

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 5878750 EXT 10814 BOGOTA D.C determinar la ocurrencia de los hechos, si eran constitutivos de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, determinar presuntos responsables, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron, y el perjuicio ocasionado. En desarrollo de la indagación se decretaron pruebas y se practicaron las mismas. Mediante auto del 17 de noviembre de 2010 se declaró la viabilidad del procedimiento verbal y se citó a audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002. Así, se le formuló como único cargo el siguiente: “(…) Se contrae a los actos realizados por el señor Ordubey Tejada Liz en calidad de Concejal del Municipio de San Vicente del Caguan y/o Presidente de esa Corporación, con posteridad a la fecha en la cual fue notificado en estrados la Sentencia que cobró ejecutoria el día 27 de julio de 2010, en la cual se le impuso la pena accesoria de inhabilitación de funciones públicas por el termino de dos años, tal como se

pudo apreciar en la prueba(…) ”. Con los referidos comportamientos el señor Ordubey Tejada Liz presuntamente incurrió en la inhabilidad consagrada en el régimen de inhabilidades o incompatibilidades que consagra la Ley 617 de 2000, configurándose así la falta disciplinaria estipulada en el numeral 3 artículo 38 de la ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único y el artículo 48 del mismo código.

II. DECISIÓN DE INSTANCIA Mediante Providencia del 11 de abril del 2011, la Procuraduría Regional del Caquetá se constituyó en Audiencia Pública para continuar con las diligencias adelantadas, y así proferir fallo de primera instancia, en el sentido de declarar al señor ORDUBEY TEJADA LIZ en su condición de Concejal del Municipio de San Vicente del Caguan (Caquetá), responsable del cargo formulado y en consecuencia, sancionarlo con DESTITUCIÓN DEL CARGO E INHABILIDAD GENERAL POR DIEZ AÑOS (folios 193 al 208).

III. CONSIDERACIONES DE LA REGIONAL DEL CAQUETA Expediente No. 2010-261318 4

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 5878750 EXT 10814 BOGOTA D.C Lo esencial de este investigativo para establecer si existe responsabilidad disciplinaria por parte del implicado ORDUBEY TEJADA LIZ obedeció a precisar la irregularidad consistente en que: Con posterioridad a la fecha en la cual fue notificada en estrados de la Sentencia que le impuso una pena

accesoria de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, continuó ejerciendo funciones públicas como Concejal de San Vicente del Caguàn. De acuerdo con las pruebas practicadas se verificó que:

1. El disciplinado suscribió el 31 de julio de 2010, el acuerdo No 014 de 2010, en calidad de Presidente del Concejo Municipal de San Vicente del Caguan, y luego, lo envío al Despacho del Alcalde para su sanción (folios 59 al 62).

2. El disciplinado participó activamente en el primer debate de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública, para el proyecto de acuerdo No 028, llevado a cabo el 28 de julio de 2010.(folios 67 y 68).

3. El disciplinado concurrió a sesión plenaria del 28 de julio de 2010 según consta en acta suscrita de la misma fecha (folios 76 al 83).

De lo anterior, se concluyó que no fueron de recibo las exculpaciones del disciplinado, ya que afirma que el no realizo ninguna intervención y solo se sentó en una silla atrás, pues las pruebas allegadas son fehacientes y contundentes, demostrando así que no atendió la inhabilidad que le fue impuesta, para el ejercicio de funciones publicas; contrario a ello, siguió ejerciendo su cargo de concejal, teniendo conocimiento de la condena proferida en su contra. El Artículo 48 numeral 17 de la ley 734 de 2002, define las faltas gravísimas así: “Artículo 48. “Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 17.

Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales”. Por ser esta la norma transgredida, la falta fue calificada como gravísima, toda vez que ese tipo de comportamientos se encuentra tipificado en la ley, Expediente No. 2010-261318 5 Fallo Segunda Instancia

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 5878750 EXT 10814 BOGOTA D.C concretamente en el numeral 17 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 en concordancia con el numeral 3 artículo 38 del CDU. Que reza: Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes: 3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma. Respecto de la culpabilidad se determinó por la primera instancia, que atendiendo la relación psíquica del autor con el aspecto externo del hecho y en consonancia con el artículo 13 del CDU, la falta es gravísima dolosa, porque el implicado estaba en plena capacidad de comprender la ilicitud de su actuar, luego de la condena que le había sido impuesta, pudiendo actuar conforme a las normas y responder a las expectativas que esperaría de el la sociedad.

Luego de los análisis respectivos se resuelve que el implicado y su comportamiento está probado, de acuerdo con la normatividad violada y se resolvió sancionar con destitución del cargo e inhabilidad general por el término de 10 años por encontrarlo responsable del cargo formulado. Congruente con lo anterior, el disciplinado presentó sus alegatos en el siguiente sentido: manifiesta que asistió dos o tres sesiones más, pero sin intervención alguna y que el 5 de agosto de 2010 se le entregó la resolución 029 mediante la cual se declara la vacancia y se desafilia al Consejo Municipal (folio 189 y 190).

IV. APELACION El disciplinado ORDUBEY TEJADA LIZ, estando dentro del término legal establecido, sustentó el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 11 de abril de 2011 (folios 193 al 210), con los argumentos, que serán analizados en el siguiente acápite. Al considerar, que: “(…) el fallo apelado adolece de inusitada drasticidad, razón por la cual lo recurro, procurando que mis razonamientos permitan el imperio de la justicia disciplinaria de segunda instancia (…)”. “(…) Una vez ejecutoriada la sentencia es decir en firme, esta me seria notificada y a partir de allí quedaría inhabilitado. Pues los términos de Expediente No. 2010-261318 6

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notificación es estrado a mi no me dicen nada, pues mi formación escolar tan solo llega a primero de primaria y ese tipo de términos jurídicos (penales) son de mi absoluto desconocimiento; y en cuanto a experiencia, aparte de haber sido elegido como concejal del municipio de San Vicente del Caguàn tan solo me he desempeñado el cago de promotor de acción comunal (…)”. “Igualmente nunca me había visto involucrado en procesos jurídicos que me permitan tener algún pequeño manejo de los términos que estos procesos utilizan”. Solicita que se valore su desconocimiento con de los términos referidos (notificación por estrado), además alega una ausencia de culpabilidad en razón de su actuar de buena fe. Además, dice que no tuvo la menor de posibilidad de entender el significado “notificación por estrados” y menos aun, que esa simple actuación como la veía, le trajera tantas dificultades. “Considero estar inhabilitado a partir del día cinco de agosto de 2010, fecha en que se me notificó en el consejo municipal de San Vicente del Caguàn”. “No hay razón de atribuirme conocimiento de la situación típica, ni mucho menos conciencia que actuaba en contra de derecho, mi actuar siempre fue de buena fe, firmo y asistió a sesiones (Acuerdo 14 de 2010 y proyecto de acuerdo 100 del 27 de julio de 2010) después de la sentencia 100 del 27 de julio de 2010 porque tenía la convicción errada de que esta no tenía efectos inmediatos”. “No considero justo, que se me haya calificado la falta como gravísimas a título de dolo, en virtud a que mi proceder fue de buena fe y por error en la

comprensión, en torno a de la sentencia penal proferida en mi contra”

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO FRENTE A LOS ASPECTOS

IMPUGNADOS POR LA DEFENSA.

El presente asunto se originó con fundamento en el informe que presentó la Personera Municipal de San Vicente del Caguan ante la Procuraduría Regional del Caquetá, que daba cuenta de la presunta irregularidad relacionada con el hecho de que el señor ORDUBEY TEJADA LIZ, continuo ejerciendo su función de Concejal y/o Presidente de la Corporación, sin tener en cuenta la sentencia No 100 del 27 de julio de 2010, mediante la cual se le condenó a la pena Expediente No. 2010-261318 7 Fallo Segunda Instancia

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 5878750 EXT 10814 BOGOTA D.C principal de dos años de prisión y a la inhabilitación de derechos y funciones públicas, siendo ésta notificada en estrados el mismo día. Posteriormente, con oficio 124 del 5 de agosto de 2010 el primer vicepresidente del Consejo Municipal de San Vicente del Caguan, informó a la personera que la mesa directiva de esa Corporación notificó al susodicho sobre la terminación de sus funciones el 4 de agosto de 2010. Corresponde determinar en esta instancia, si con los elementos probatorios recaudados en la primera, resulta viable confirmar la decisión adoptada, o si por el contrario, como se sostiene en la impugnación, se encuentran establecidos

elementos que conlleven a la revocatoria del referido fallo. Al respecto es importante señalar: En primer término, el mismo Legislador definió que el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, dispone que constituye falta disciplinaria y por lo tanto, da lugar a la imposición de la sanción correspondiente “la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve el incumplimiento de deberes, extralimitación de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento”. La falta disciplinaria en este caso se concreta, en lo que señala la Ley 134 de 2002, en su artículo 48 numeral 17 que consagra: son faltas gravísimas: actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales. Puestas así las cosas, resulta claro que el inculpado al expedir el Acuerdo 014 del 31 de julio de 2010 en calidad de Presidente del Consejo Municipal de San Vicente del Caguàn, y enviarlo al Despacho del Alcalde para la sanción (folios 59 al 62), así como, participar en el debate convocado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública para el proyecto de acuerdo No 028 realizado el 28 de julio de 2010 (folios 67 y 68) y finalmente, al suscribir las actas de las sesiones plenarias adelantadas en el Concejo Municipal, entre ellas el acta No

067 (fls 76 al 83) actuó en fecha posterior a la ejecutoria de la sentencia que le Expediente No. 2010-261318 8 Fallo Segunda Instancia

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 5878750 EXT 10814 BOGOTA D.C había impuesto como pena accesoria, inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas. Dicho comportamiento reprochado, se adecua a la inhabilidad contemplada en el numeral 3 del artículo 38 ibídem, así como a lo contemplado por el artículo 38 sobre otras inhabilidades tales como “Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de ésta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma. Sin mayor esfuerzo de interpretación se concluye, en primer lugar, que el Legislador precisó con toda claridad las que considera faltas gravísimas, dentro de las cuales se encuadra el comportamiento desplegado por el implicado, pues a pesar de la existencia de causales de inhabilidad, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales, participó en la discusión y aprobación del acuerdo 014 del 31 de julio de 2010, y en sesiones en las que se discutieron temas referentes a la revisión de las actas del mes de noviembre de 2009 y aprobación de sesiones extraordinarias, que conjuntamente con las previstas en la Ley 136 de 1994, fueron las que se imputaron como comportamientos

irregulares del disciplinado en el presente caso, de donde surge la falta disciplinaria en cuestión. Significa lo anterior que desde el punto de vista de la tipicidad, es preciso concluir que se configura en este caso la comisión de falta disciplinaria, por parte del disciplinado, en su condición de Concejal, en la medida en que con su actuar incurrió en las descripciones constitutivas de falta disciplinaria, a voces del artículo 48 numeral 17 del CDU. La doctrina ha precisado que “Si el significado real del término antijuridicidad es el de ser contrario a derecho, debe entenderse que para estimarse cumplida tal contrariedad de la conducta, ésta debe tener una razón de ser. El comportamiento, más que desconocer formalmente la norma jurídica que lo prohíbe, debe ser opuesto, o cuando menos extraño a los principios que rigen la función pública”1 1 ORDOÑEZ MALDONADO, Alejandro. Justicia Disciplinaria. De la Ilicitud sustancial a lo sustancial de la Ilicitud. IEMP, Primera Edición, 2009, Pág. 26. Expediente No. 2010-261318 9 Fallo Segunda Instancia

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 5878750 EXT 10814 BOGOTA D.C Sobre el deber funcional, también se ha señalado que, armonizando el artículo 23 del CDU con el artículo 5º de la misma obra “el deber funcional abarca el cumplimiento de deberes propiamente dichos, la no extralimitación de los

derechos y funciones; el respeto por las prohibiciones y por el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses consagrados en el ordenamiento jurídico”2 (subrayado fuera del texto). En este caso, conforme lo entendió el a quo, el servidor público cuestionado desatendió los principios propios de la función pública al actuar estando inhabilitado para hacerlo. De esa manera su conducta encuadra claramente en el tipo disciplinario señalado como infringido. Atendiendo lo anterior, hay un franco quebranto de la norma por parte del Concejal, y no obra ninguna justificación para que hubiera actuado de esa manera. Por esa razón, el a quo tuvo en cuenta la calificación de la falta, como gravísima dolosa, por el conocimiento de la ilicitud de la conducta, por parte del implicado. Teniendo en cuenta los dos acápites anteriores, es claro que se estructura la ilicitud sustancial, al desatender el ordenamiento, de manera que debe verse como trascendente, por desconocer una prohibición de la cual estaba plenamente informado. Como segundo término y en perfecta armonía con lo anterior, no resulta de recibo el argumento expuesto por el disciplinado en su escrito de impugnación, según el cual, su desconocimiento de lo que significaba la notificación en estrados, genera ausencia de culpabilidad, actuar que considera de buena fe, al no entender el significado y por ende, incurrir en error de comprensión, por considerar que estaba inhabilitado a partir del día cinco de agosto de 2010, fecha en que fue notificado por parte del Concejo Municipal de San Vicente del

Caguàn, que estaba impedido para continuar actuando como concejal.

1. Sobre la calificación de la falta y el grado de culpabilidad, el fallo de primera instancia estimó, atendiendo lo que dispone el numeral 17 artículo 48 del C.D.U. que se trata de una falta gravísima, cometida a título de dolo, tomando en cuenta que el disciplinado infringió las obligaciones antes referidas, cuando estaba en situación evidente de conocer la decisión en su contra, esto es, que 2 Op. Cit., pág. 29.

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 5878750 EXT 10814 BOGOTA D.C estaba impedido asistir, debatir y suscribir acuerdos, al recaer sobre él una limitación al ejercicio de sus funciones, de lo cual había sido personal y directamente notificado en estrados. Esta instancia comparte el planteamiento del a-quo, en el sentido que el disciplinado desconoció el fallo aludido y adoptó un comportamiento de forma consciente y voluntaria. Dicha culpabilidad no fue desvirtuada en el desarrollo del proceso, por ello se mantuvo tanto en el pliego de cargos, como en el fallo de primera instancia. Situación que quedó probada dentro de las diligencias, ya que el disciplinado tenía conocimiento pleno de la pena impuesta por la sentencia del 27 de julio de 2010, más aún cuando estuvo presente en la diligencia, se allanó a los cargos y fue notificado en estrados, lo que significa

que la decisión quedo ejecutoriada el mismo día, al no interponerse recurso alguno. Por consiguiente la pena impuesta cobraba efectos jurídicos inmediatamente. En cuanto a la calificación de la gravedad de la falta, la misma proviene del nivel del cargo desempeñado por el disciplinado, independientemente de su experiencia, formación o conocimiento, así como de la importancia de la medida adoptada, que de manera evidente y notoria impacta en el ordenamiento y en la administración de los asuntos municipales, a tal punto que afectó el deber funcional, por lo que es innegable el nocivo efecto que tuvo tal actuar; Al tratarse de una falta gravísima y habiéndose establecido el grado de culpabilidad como dolo, procede la sanción prevista en el artículo 44-1 del CDU, como en efecto lo estimó la Regional del Caquetá.

2. En torno a lo que argumenta el disciplinado, quien manifiesta que realizó la conducta por error , en el que incurrió por falta de conocimiento, se advierte que esta postura no solo es incompatible con la realidad procesal sino también con la naturaleza misma de la imputación disciplinaria, la que parte del deber especial de sujeción en que se encuentran los servidores públicos y que les impone la carga de acceder a los conocimientos requeridos para un adecuado ejercicio de la función pública.

Deberes especiales de sujeción que resultan vinculantes en grado sumo, al punto que la jurisprudencia constitucional ha advertido que la ausencia de una formación profesional específica en quienes ejercen cargos públicos de elección popular, no los exime de responsabilidad frente a la comisión de

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 5878750 EXT 10814 BOGOTA D.C ilícitos disciplinarios en temas relacionados precisamente con la existencia de inhabilidades e incompatibilidades pues se está ante uno de aquellos supuestos en los que “la ignorancia de la ley no sirve de excusa” (Corte Constitucional, Sentencia T-1093-04, fundamento jurídico 4.3.2.9.). De este modo, respecto del rechazo del error de derecho invencible, como causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria, no advierte el Despacho que se esté ante decisiones violatorias de la Constitución o de la ley o de derechos fundamentales del disciplinado. En efecto, debe tenerse en cuenta que no se observó que el concejal desplegara algún esfuerzo con miras a la determinación de la concurrencia o no de una inhabilidad, o mas aun de haber consultado o aclarado la duda con un profesional del derecho, sobre el momento en que debía dejar de ejercer sus funciones. A ese respecto no acreditó que hubiera desplegado el menor esfuerzo para verificar su situación y lo que implicaba la inhabilidad impuesta, lo cual, de ser cierto que no tenía nociones acerca de lo que le implicaba estar inhabilitado, solo sirve para corroborar que voluntariamente decidió mantenerse en el error, lo cual solo sirve para comprobar que no estaba en su ánimo ni en su interés actuar de acuerdo con el ordenamiento, forma de actuar

voluntaria, consciente y orientada a no acatar la normatividad. Queda desvirtuado en consecuencia, el argumento central del disciplinado, según el cual, la supuesta comisión de la conducta “se debió a que su proceder fue de buena fe y por error en la comprensión, en torno a la notificación de la sentencia penal proferida en su contra”. En este orden de ideas, no están llamados a prosperar los argumentos expuestos por el recurrente en la sustentación del recurso de apelación, y le asiste razón al operador disciplinario de primera instancia. Procede en consecuencia, la confirmación integral del fallo proferido por la Procuraduría Regional del Caquetá, el 11 de abril de 2011. En mérito de lo expuesto, el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, Expediente No. 2010-261318 12 Fallo Segunda Instancia

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CARRERA 5 No. 15 – 80 PISO 8 PBX 5878750 EXT 10814 BOGOTA D.C RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el fallo proferido por la Procuraduría Regional del Caquetá, con fecha 11 de abril de 2011, por medio del cual se SANCIONÓ al señor ORDUBEY TEJADA LIZ, identificado con la C.C. No. 17.627.728, en su condición de Concejal de San Vicente del Caguàn, con DESTITUCION E INHABILIDAD GENERAL por el término de DIEZ (10) AÑOS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Por la Procuraduría Regional del Caquetá, notificar personalmente

al señor ORDUBEY TEJADA LIZ, en la Carrera 4 No 3-58 del Municipio de San Vicente del Caguàn, la determinación tomada en esta providencia, advirtiendo que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia. En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario.

TERCERO: Devolver el expediente a la oficina de origen para que proceda a registrar en el SIRI la sanción impuesta, envíe copia de los fallos de primera y segunda instancia, con su constancia de ejecutoria, al funcionario que deba ejecutar la sanción. De igual manera, para que remita copia de las decisiones a la Contaduría General de la Nación, para los fines pertinentes. Cumplido lo anterior, archivar las diligencias.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

FERNANDO BRITO RUIZ Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa Expediente No. 2010-261318 13 Fallo Segunda Instancia

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