PGN - Documento 201603042311566

CONTRATACIÓN ESTATAL-Presuntas irregularidades en la contratación adelantada con recursos provenientes del Plan de atención básica en salud CONTRATACIÓN ESTATAL-Comisión de conductas penales por parte de algunos funcionarios/ RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Por la participación conjunta de personas en la comisión de ilícitos o faltas disciplinarias en materia de contratación Este Despacho ha encontrado respaldo probatorio recaudado dentro del expediente en lo que tiene que ver con la comisión de conductas de índole penal por parte de algunos de los funcionarios que hicieron parte de la cadena que permitió la suscripción, ejecución, finalización y pago total de contratos, en los que servidores del estado se apropiaron indebidamente de dineros provenientes del PAB para el Municipio de Sahagún para el año 2004; pero, lo que es importante señalar aquí es que las investigadas hicieron parte de esta cadena irregular y coadyuvaron con que estos funcionarios se apropiaran de dineros del estado, generando mantos de aparente legalidad sobre contratos sobre los que ellas oficiaban como interventoras y para los cuales tenían el deber funcionar de verificar el cabal cumplimiento de los mismos y que para los bilaterales arriba mencionados, no se dio completa y cabalmente. Al respecto, existen las siguientes apreciaciones sobre el fenómeno de la participación y se encuentran relevantes traer a colación:…para que en contra de alguien pueda deducirse responsabilidad como partícipe en una conducta prohibida, es necesario ante todo, que aparezca un actuar psico-físico suyo como contribución o aporte, porque la actividad del copartícipe debe ser causal respecto de la falta cometida por otros y solo cuando exista ese presupuesto de causalidad, apunta el maestro Edmundo Mezger, se puede decir que alguien

participa en el hecho. Por ello, la sola acción psíquica (o fuerza psíquica como la llama el ilustre Carrara) no es suficiente porque para el derecho no tienen efecto jurídico los simples deseos o las meras intenciones, si no están acompañados de una expresión externa. En el concurso de personas, pues, “todo lo realizado para que el evento se produzca, es causa indivisible de él y, por ello mismo, extendiendo en la participación criminal una asociación de causas conscientes, una convergencia de actividades que constituyen la causa única del daño En resumen, el fenómeno del concurso de personas en un delito o una falta disciplinaria, implica que dos o más personas quieren una determinada ilicitud o falta y hacen algo para realizarlo. Existe en ello una reunión de intenciones y de actividades individuales encaminadas a una meta común que es el delito o la falta a la disciplina. Se exige conciencia común criminosa, de un lado, y distintos pero convergentes actos físicos de participación, del otro, como presupuestos necesarios del concurso. Por esa razón, en tal fenómeno, todos los colaboradores responden de un común denominador, o de un solo hecho principal que es la infracción ejecutada. En conclusión, las interventoras mencionadas, de manera conjunta con el Secretario de Salud, expresaron la voluntad de la Administración Municipal – ellas con su omisión -, con lo cual se quebraron los deberes de todo Servidor Público; en resumen, avalaron el claro eludimiento de la Ley 80 de 1993. Dicho en otras palabras, las apelantes fueron copartícipes

en la consumación de las faltas disciplinarias que se juzgan por el presente radicado, actuando de manera inequívoca en su condición de servidoras del Municipio; su omisión en el cumplimiento de sus deberes permitieron y coadyuvaron que se cancelaran recursos a los contratistas, sobre obligaciones contractuales que no fueron verificadas ni ejecutadas en 1 debida forma, de conformidad con lo expresamente señalado en las propuestas de los oferentes. CALIFICACIÓN DE LA FALTA-Culpa gravísima La conducta desplegada por las investigadas se le imputó en el auto de cargos a título de DOLO, siendo confirmada así en el fallo de primera instancia; sin embargo, este Despacho considera que la actuación no se puede establecer a título de DOLO, sino más bien de CULPA GRAVÍSIMA, en consideración a que su comportamiento se fundó en la violación manifiesta de normas de obligatorio cumplimiento, siendo que las investigadas eran conocedoras de los deberes y prohibiciones consignadas en tal sentido y aun así, omitieron flagrantemente tales disposiciones. Y es que, no se trata simplemente de una culpa grave en la que se haya incurrido por la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, no; aquí estamos frente a una omisión de las investigadas que impidió el normal y correcto funcionamiento de la gestión pública. No puede ser una simple culpa grave, por cuanto ellas plenamente conocedoras de la función que como interventoras les era exigible y sin embargo desatendieron. Con esta omisión que hizo parte de una serie de actuaciones irregulares en la Alcaldía del Municipio de Sahagún, se contribuyó a que funcionarios públicos se lucraran irregularmente con dineros del estado.

Dependencia: PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN

ESTATAL Radicación: 214-149105-06

Disciplinado: GLADYS ISABEL TORRES y PABLA NICOLASA ARGUMEDO N.

Cargo: INTERVENTORAS ALCALDIA MUNICIPAL DE SAHAGÚN Quejoso: De oficio Fecha Hechos: Años 2004 y 2005

Asunto: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

Bogotá D. C., Junio 10 de 2010 Procede esta Delegada a resolver el recurso de APELACIÓN interpuesto por las señoras GLADIS TORRES RIVERA y PABLA ARGUMEDO NISPERUZA, así como por el doctor ANTONIO ACEVEDO ROCHA (apoderado de confianza de las investigadas), contra el fallo de primera instancia del 10 de septiembre de 2009 (folios 250 al 269 cuaderno principal No. 7) proferido por la Procuraduría Regional de Córdoba.

I. ANTECEDENTES Las presentes diligencias se originaron con fundamento en el auto por medio del cual el señor Procurador General de la Nación conformó una Comisión Especial para que investigada los hechos relacionados con las presuntas irregularidades en la contratación 2 adelantada con recursos provenientes del Plan de Atención Básica en Salud del Municipio de

Sahagún, Córdoba (folio 2 del cuaderno principal No.1). Con base en la información anterior y en la documentación allegada al Despacho del Procurador General de la Nación – Asesores de Presupuesto, Regalías y Salud, esa dependencia en auto del 29 de septiembre del 2006 (folios 8 y 9 107 del cuaderno principal

No. 1) resolvió iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley 734 de 2002. A través de auto del 5 de diciembre de 2006 al Despacho del Procurador General de la Nación – Asesores de Presupuesto, Regalías y Salud decidió abrir INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en contra de los señores PEDRO JOSÉ OTERO ASSAD, Alcalde;

MEDARDO CÁRDENAS MEJÍA y WALTER EMIRO GRACIA ALDANA, Secretarios de

Salud y SS; PAULA NICOLASA ARGUMEDO NISPERUZA, interventora; GLADIS ISABEL

TORRES RIVERA, interventora y Coordinadora PAB; GREGORIO DEL CRISTO VÁSQUEZ OSORIO y HÉCTOR JOSÉ ANAYA BUELVAS, Tesoreros; OSVALDO MANUEL TERAN HOYOS, HÉCTOR JOSÉ ANAYA BUELVAS y TANYA PAULINA MUSKUS CUERVO, Secretarios de Hacienda, y RAFAEL ANGEL MERCADO H., Asesor Jurídico de la Alcaldía de Sahagún, Córdoba, con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron, el perjuicio causado a la administración y la responsabilidad de los investigados (folios 218 al 221 del cuaderno principal No. 2)

II. FORMULACIÓN DE CARGOS Teniendo en cuenta que si bien a través del fallo de primera del 10 de septiembre de 2009 se

impuso sanción a los señores WALTER EMIRO GRACIA ALDANA, GLADYS ISABEL TORRES RIVERA, PABLA NICOLASA ARGUMEDO NISPERUZA y ENRIQUE CARLOS MIELES MEJÍA, según obra en el expediente remitido a este Despacho, únicamente las señoras TORRES RIVERA y ARGUMEDO NISPERUZA por sí mismas y por intermedio de apoderado DURÁN RUEDA interpusieron el recurso de apelación contra el mismo; en tal sentido y al tenor de lo dispuesto por el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, únicamente en esta providencia se revisará lo correspondiente al cargo formulado y a la sanción impuesta en primera instancia contra de GLADYS ISABEL TORRES RIVERA,

PABLA NICOLASA ARGUMEDO NISPERUZA.

Lo anterior, en concordancia con lo señalado en el auto del 13 de octubre de 2009 proferido por el Procurador Regional de Córdoba (folio 355 del cuaderno principal No. 7) Cargos declarados como probados en contra de GLADYS ISABEL TORRES RIVERA: “TERCER CARGO. Omitir el deber de supervisar y verificar la correcta ejecución del contrato 11 celebrado el 30 de abril de 2004 con la fundación Vida, para la prestación de servicios profesionales en la ejecución del proyecto de prevención de trastornos o alteraciones psicosociales por problemas de aprendizaje, en el municipio de Sahagún. (…) CUARTO CARGO. Omitir el deber de supervisar y verificar la correcta ejecución del contrato 07 del 15 de abril de 2005, suscrito con la Fundación AVANZAR, para la prestación de los servicios

profesionales del contratista en ejecución y capacitación para control del dengue y la fiebre 3 amarilla, de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista y que hace parte integral de este contrato en el municipio de Sahagún.”” Como normas infringidas le fueron citadas las siguientes: - Numeral 1° del artículo 34 de la ley 734 de 2002, - Numeral 1° del artículo 26 de la ley 80 de 1993, - Resolución No. 135 del 1 de marzo de 2004 - Numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 - Artículo 6° de la Constitución Política, - Artículo 23 de la ley 734 de 2002. Cargo declarado como probado en contra de PABLA NICOLASA ARGUMENDO NIZPERUZA: “CARGO ÚNICO. Omitir el deber de supervisar y verificar la correcta ejecución del contrato de prestación de servicios, 04 del 30 de abril de 2004 celebrado con la Fundación FUNPEMAC, para la prestación de los servicios profesionales del contratista en el proyecto de promoción del comportamiento responsable frente a la salud sexual y reproductiva de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral de este contrato en el municipio de Sahagún.” Como normas infringidas le fueron citadas las siguientes: - Numeral 1° del artículo 34 de la ley 734 de 2002, - Numeral 1° del artículo 26 de la ley 80 de 1993, - Resolución No. 135 del 1 de marzo de 2004 - Numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 - Artículo 6° de la Constitución Política,

• Artículo 23 de la ley 734 de 2002.

En el pliego de cargos las faltas fueron calificadas como GRAVÍSIMAS, al tenor de los dispuesto en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al considerar que estas faltas expresamente como tales; a título de DOLO, al considerar que las servidoras públicas investigadas en su condición de interventoras de los citados contratos, conocieron los mismos y el informe final en el cual constó que no se ejecutaron totalmente y sin embargo certificaron que las acciones realizadas fueron coherentes con las encomendadas en el contrato y suscribieron el acta final, en la cual se señaló que se confirmaron la coherencia de 4 las acciones contratadas y concertadas con el contenido del informe por lo que se permite concluir que la acusación que se le imputa se hace a título de dolo.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El 10 de septiembre de 2009 la Procuraduría Regional de Córdoba profirió fallo de primera

instancia (folios 250 al 269 cuaderno principal No. 7), en el cual se impuso a las disciplinados GLADYS ISABEL TORRES RIVERA y PABLA NICOLASA ARGUMEDO NISPERUZA sanción de DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE DOCE AÑOS, al declarar probados y no desvirtuados los cargos a ellas formulados y que se le imputaron en el pliego de cargos correspondiente. En la providencia citada, después de identificar a las investigadas y su cargo y de presentar un resumen de los hechos, el fallador de primera instancia del análisis de las pruebas en las

que se fundamenta, concluyó lo siguiente: Frente a GLADYS ISABEL TORRES RIVERA Que con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente, está demostrado que el contrato 011 de 2004 no se ejecutó el proyecto de prevención de trastornos o alteraciones psicosociales por problemas de aprendizaje contratado con Fundación Vida y/o Filadelfo Díaz, sino por Adalgiza Anaya, quien a su vez había presentado propuesta para ejecutar este proyecto y fue rechazada por carecer de una adecuada conceptualización teórica – metodológica. Se expresó que el objeto contractual no fue ejecutado en todas las instituciones señaladas, así como tampoco se realizaron todas las charlas indicadas en el contrato. Indicó que no hay evidencia de que se haya realizado la coordinación de tamizaje a los niños señalada en el contrato, y sin embargo, la señora TORRES RIVERA no adoptó ninguna medida para exigir su cumplimiento, ni informó que el contrato no se había ejecutado totalmente, sino que certificó que se habían cumplido las especificaciones técnicas requeridas. De otra parte, frente al contrato No. 07, afirmó que está demostrado que no se realizaron actividades de alfabetización cada a casa en los barrios señalados ni las labores de fumigación en caso de prevalencia de dengue hemorrágico y la de barridos sanitarios, actividades ofertadas y contratadas; a cambio de esta última en el informe final se menciona que se estimuló a los habitantes para la recolección de basuras inservibles al interior de las viviendas. Manifestó que está demostrado que no se realizaron las visitas domiciliarias por parte de los promotores de salud a las 10 veredas de la zona rural relacionadas en la propuesta, sólo se

tienen planillas domiciliarias a 42 barrios y no a 46 como lo ofrecía la propuesta y pese a ello, la investigada certificó que el contrato se ejecutó en su totalidad, permitiendo con su actuación que se desviaran recursos del PAB a terceras personas. Agregó que para certificar la ejecución, la interventora no se debe limitar al informe final sin firma y sin fecha que presentara la Fundación, sino el seguimiento material y personal a las 5 actividades desarrolladas en el cumplimiento del contrato, no basta para la investigación únicamente tal manifestación, debe ello estar demostrado con las actividades que se hicieron para controvertir el cargo endilgado a través de pruebas, lo que no ocurrió. Frente a PABLA NICOLASA ARGUMENDO NISPERUZA Se expresó por parte del a quo que de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que varias actividades del contrato No. 04 de 2004 no fueron ejecutadas, adicional al hecho que las pocas actividades que si se realizaron fueron llevadas a cabo por LUZ ESPERANZA CALDERÓN quien no hacía parte del personal contratista designado para tal fin. Agregó que para el presente caso, no es posible predicar un error invencible, el cual no está probado por parte de la defensa. Así mismo, indicó que la disciplinada permitió que se pagara totalmente un contrato que no fue ejecutado.

IV. DE LA APELACIÓN Habiéndose vía fax el fallo de primera instancia el 1 de octubre de 2009 (folio 289 cuaderno

principal No. 7) el abogado ANTONIO ACEVEDO ROCHA, dentro del término legal para ello, presentó recurso de apelación contra dicha providencia (folios 282 al 286 del cuaderno

principal No. 7). Argumentos de la apelación presentada por el señor ACEVEDO ROCHA El señor ANTONIO ACEVEDO ROCHA manifestó su desacuerdo con la decisión del a quo, lo que sustenta de la siguiente manera: Expresó que sus prohijadas nunca omitieron ni dejaron de supervisar ni verificar la correcta ejecución del contrato, cosa distinta es que el contratista, en complicidad con lo señores WALTER EMIRO GRACIA ALDANA y ROBER ARGUMEDO DÍAZ, realizaron artificios que llevaron al engaño a la señora TORRES RIVERA y al Alcalde Municipal. Señaló que si bien puede existir una diferencia conceptual entre el contratista y el interventor, en cuanto a la ejecución total o parcial de un contrato, es un asunto que debía clarificarse, no en el acta final de interventoría, sino en el acta final del contrato que son dos situaciones distintas, y dichas actas que de liquidaciones finales del contrato aun no han sido firmadas por el municipio y el contratista, ni siquiera el municipio los liquidó unilateralmente. Agregó que el informe final de ejecución de un contrato que presenta un contratista, el acta de interventoría final de un contrato, pueden contener errores, imprecisiones e inclusive no estar acorde con la realidad de la ejecución contractual, pero subsiguientemente se debe acudir a la liquidación final del contrato, en donde contratante y contratista establecen en forma definitiva si se cumplió o no con la totalidad de la ejecución contractual. Indicó que las pruebas demuestran que los contratos si fueron ejecutados en su totalidad y en las oportunidades en que se omitió desarrollar algún aspecto del objeto contractual, la 6 interventoría en cabeza de GALDYS TORRES RIVERA y PABLA ARGUMEDO NISPERUZA,

fueron diligentes al advertir a la administración todas las irregularidades que se iban presentando, realizaron observaciones y requerimientos a los contratistas y nunca fueron ajenas a su deber de interventoría. Solicitó el apoderado que se decretara la prescripción de la acción disciplinario, para lo cual argumentó que el a quo no precisó en forma puntual y concreta el momento en que la conducta de sus defendidas se tornó omisiva. Finalmente, expresó que las confesiones de los contratistas de no haber realizado los objetos contractuales no pueden comprometer la conducta de las interventoras, por cuanto éstas fueron dadas bajo el apremio de una medida de aseguramiento, lo cual, dice el apoderado, va en contra de los documentos y testimonios del proceso. De otra parte, la señora PABLA NICOLASA ARGUMEDO NISPERUZA, una vez notificada del fallo de primera instancia el 6 de octubre de 2006 (folio 287 del cuaderno original No. 7), presentó igualmente recurso de apelación, el cual sustentó con base en los siguientes argumentos (folios 289 al 294 del cuaderno original No. 7): Indicó la investigada que fue WALTER EMIRO GRACIA ALDANA, Secretario de Salud de Sahagún y jefe directo de ella, quien planeó, ejecutó y materializó este asunto y quien tenía una gran influencia sobre ella. Esto hizo que no pudiera negarse a dar la certificación a su jefe, ya que era primordial para ella conservar su cargo e inclusive su vida. Señaló que hay que tener en cuenta que los funcionarios públicos que tuvieron a su cargo la vigilancia en la ejecución de los contratos, estaban bajo presión de agentes externos que les

impedían cumplir con el mandato expreso de la ley. Manifestó que estaba enfrentado su derecho sagrado a la vida con el derecho de moralidad pública, y que no dudó en escoger porque se trataba de un estado de necesidad inminente, ya que debía defender su vida, la de los suyos, además de conservar el derecho fundamental al trabajo. Expresó igualmente que se vulneró el principio de proporcionalidad de la sanción, ya que el elemento subjetivo que permitió edifica la falta fue producto de un estado que no dependió libremente de ella. De otra parte, la señora GLADYS ISABEL TORRES RIVERA, igualmente interpuso recurso de apelación, el cual obra a folios 295 al 301 del cuaderno original No. 7, el cual sustentó de la siguiente manera: Indicó la señora TORRES que es posible que la ejecución de los contratos hubiesen tenido algunas fallas, pero no como lo sostiene el a quo. Insiste que los contratos fueron ejecutados en tu totalidad de acuerdo con lo pactado, de conformidad al material probatorio que obra en el expediente. Indicó que todos los talleres contratados se hicieron y que el cambio de fecha no es un indicador para suponer que una actividad no se ejecutó. 7 Expresó que no se puede tener como prueba la diligencia de indagatoria de ADALGUIZA ANAYA, porque la misma es un medio de defensa y cuando se hacen cargos a terceros se debe juramentar al indagado, pero que esta ritualidad no se agotó y que luego, para evidenciar este hecho se debía investigar si se habían sido elaborados para aparentar una supuesta ejecución, siendo esto falso, ya que está demostrado que sí se ejecutó el contrato

en referencia. Expresó que nunca fue coordinadora del PAB en el municipio de Sahagún para los años 2004 a 2007 como se informó en el pliego de cargos. Agregó que no entiende la razón de por qué se le endilgó responsabilidad disciplinaria, siendo que el señor WALTER EMIRO GRACIA ALDANA admitió ante las instancias judiciales que era el único responsable de lo ocurrido. Manifestó que la conducta de OMITIR no debió encuadrarse dentro de una falta gravísima consagrada por el artículo 48 de la ley 734 de 2002, sino en el artículo 50 de la misma norma, ya que el incumplimiento de los deberes debe ser tenido como una falta grave y no gravísima. Como complemento, aportó una serie de pruebas documentales que obran a folios 302 al 331 del cuaderno principal No. 7.

V. COMPETENCIA La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por las disciplinadas y por su apoderado de confianza contra el fallo de primera instancia, proferido por la Procuraduría Regional de Córdoba de conformidad con el numeral 4° del artículo 25 del Decreto 262 de 2000, expediente que fue remitido a esta dependencia el 18 de noviembre de 2009 (folio 359 del

cuaderno principal No. 7)

VI. CONSIDERACIONES El trámite seguido en este radicado se ajustó en cuanto a su forma y términos a los lineamientos previstos en los artículos 150 y siguientes de la Ley 734 de 2002. Respecto al

tema de competencia, así como a las garantías de los derechos al debido proceso y defensa, no se advierte ninguna anomalía, pues las disciplinadas estuvieron en la posibilidad de actuar en todas las fases procesales, solicitando pruebas e interviniendo, lo cual evidentemente realizaron, al presentar sus descargos y recurso contra el fallo de primera instancia. De las pruebas recaudadas, es pertinente destacar que cumplen las formalidades exigidas para su valoración y en el caso de los documentos, se observa que éstos fueron aportados en forma legal y oportuna, y no fueron tachados de falsos, por tanto permiten su valoración. 8 VI.I. POSICIÓN DEL DESPACHO SOBRE LOS HECHOS INVESTIGADOS Frente al cargo tercero elevado contra la señora GLADYS ISABEL TORRES RIVERA, se tiene probado lo siguiente:

1. Copia del contrato No. 11 MSSS 2004, suscrito entre PEDRO J. OTERO ASSAD, Alcalde Municipal de Sahagún y FILADELFO MANUEL DÍAZ – FUNDACION VIDA, Contratista, el 30 de abril del 2004 (folios 166 al 168 del anexo No. 11)

2. Acta de finalización de actividades del contrato No. 11 del 2004, suscrito por la interventora del mismo (folio 172 y 173 del anexo No. 11)

3. Acta de liquidación del contrato No. 011 MSSS del 2004 (folio 174 del anexo No. 11)

4. Órdenes de pago No. 1370 del 2 de julio de 2004 y 2177 del 28 de septiembre de 2004, por medio del cual se canceló el contrato No. 011 del 2004 (folios 175 y 176

del anexo No. 11)

5. Copia del informe de cumplimiento final del contrato No. 011 de 2004, el cual obra a folios 101 a 106 del anexo No. 14)

6. Diligencia de indagatoria rendida ante la Fiscalía General de la Nación por parte de la

señora ADALGIZA PATRICIA ANAYA DE LEÓN, (folios 164 al 169 del anexo No. 1) Revisemos el cargo tercero formulado contra la señora TORRES RIVERA: “Omitir el deber de supervisar y verificar la correcta ejecución del contrato 11 celebrado el 30 de abril de 2004 con la Fundación Vida, para la prestación de servicios profesionales en la ejecución del proyecto de prevención de trastornos o alteraciones psicosociales por problemas de aprendizaje, en el municipio de Sahagún.” En el contrato No. 11 del 30 de abril del 2004 (obrante a folios 166 al 168 del anexo No. 10), se observa que el objeto a cumplir por parte del contratista FUNDACIÓN VIDA – FILADELFO MANUEL DÍAZ, era “La Prestación de los Servicios Profesionales del Contratista en la ejecución del proyecto de Prevención de Trastornos o Alteraciones Psicosociales por Problemas de Aprendizaje.” Nótese que en el mismo bilateral, se indicó claramente cuáles eran las actividades propias del compromiso adquirido por la FUNDACIÓN VIDA, las cuales se indican a continuación: a) Realizar 6 talleres con docentes sobre estrategia de lecto-escritura, con docentes de las instituciones educativas favorecidas, b) Coordinar la realización de Tamizajes a niños con problemas de aprendizajes, menos de 12 años,

c) Hacer un taller sobre diseño y aplicación de planes de ayuda, 9 d) Realizar 2 talleres sobre manejo de los planes de ayuda con los docentes y padres de familia. Así mismo, se indicó que los sectores beneficiados, instituciones educativas y centros asociados serían: Sagrado Corazón de Jesús, San Roque, Escuela Anexa, Normal Superior Lacides A. Iriarte, San José, Concentración Educativa del Norte, Andrés Rodríguez, Ranchería y Simón Bolívar, con una duración de cuatro (4) meses. Importante resaltar que en la cláusula séptima del citado contrato, se nombró como interventora del mismo al la señora GLADYS TORRES RIVERA, quien debía supervisar la ejecución del mismo, pudiendo formular observaciones. Ahora bien, a folio 172 del anexo No. 11 se encuentra el acta de finalización de actividades del proyecto realizado por la FUNDACION VIDA, consistente en la prevención de trastornos o alteraciones psicosociales por problemas de aprendizaje, en la cu al la interventora del contrato GLADYS TORRES RIVERA, afirmó que existía coherencia de las acciones contratadas con el contenido del informe presentado por el contratista. En concordancia con lo anterior, a folio 173 ibídem, se encuentra la certificación que extendió la señora TORRES RIVERA, en la cual afirmó lo siguiente: “…las acciones realizadas por motivo de la celebración del contrato en mención son coherentes con las encomendadas en el mismo, su veracidad se confirmó en la interventoría realizada para tal fin”, documento que suscribió el 28 de septiembre de 2004. Véase cómo el 25 de enero de 2005, el Alcalde Municipal, el representante legal de la

Fundación Vida y la aquí investigada, suscribieron el acta de liquidación del contrato No. 011 de abril del 2004, en la cual manifestaron y dejaron constancia que el contrato se ejecutó teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas para la realización del mismo y que por ende, se la paz y salvo por los trabajos realizados. Así mismo, en dicha acta se consignó claramente que el valor total del contrato fue de $11.250.000,oo, que el anticipo fue de $5.625.000,oo y que el valor del acta de recibo era de $5.625.000,oo; es decir, el contrato fue cancelado en su totalidad al contratista, con sustento en el supuesto cumplimiento del mismo. Lo anterior, también tiene sustento probatorio en las órdenes de pago No. 1370 y 2177 del 2 de julio y 28 de septiembre de 2004 respectivamente, por medio de las cuales y previo los descuentos correspondientes, se canceló al contratista la totalidad del valor del contrato No. 11 de 2004. De lo hasta ahora descrito, se tiene que al contratista FUNDACION VIDA se le canceló la totalidad del contrato, previa certificación de la interventora del cumplimiento del mismo; en tal sentido, procederá el Despacho a establecer si en realidad dicho bilateral fue realmente ejecutado; sin embargo, previo a esto es necesario realizar la siguiente consideración: Las actividades contratadas fueron las siguientes, según hemos dicho: a) Realizar 6 talleres con docentes sobre estrategia de lecto-escritura, con docentes de las instituciones educativas favorecidas. 10 b) Coordinar la realización de Tamizajes a niños con problemas de aprendizajes, menos

de 12 años, c) Hacer un taller sobre diseño y aplicación de planes de ayuda, d) Realizar 2 talleres sobre manejo de los planes de ayuda con los docentes y padres de familia. Así mismo, se indicó que los sectores beneficiados, instituciones educativas y centros asociados serían: Sagrado Corazón de Jesús, San Roque, Escuela Anexa, Normal Superior Lacides A. Iriarte, San José, Concentración Educativa del Norte, Andrés Rodríguez, Ranchería y Simón Bolívar, con una duración de cuatro (4) meses. Ahora, para el Despacho la cláusula segunda del contrato No. 11 MSSS 2004 no cuenta con la claridad ni certeza en cuanto al número de talleres a ejecutar, veamos: una primera forma de interpretar esta cláusula es que el contratista debía realizar 6 talleres, 1 para el diseño y aplicación de planes de ayuda, y otros 2 finales sobre el manejo de los planes de ayuda con los docentes y padres de familia, para cada una las nueve instituciones educativas mencionadas; no obstante, del contenido de esa cláusula también se podría interpretar que el cumplimiento se daba con la realización de 6 talleres iniciales, 1 para el diseño y aplicación de planes de ayuda y otros 2 finales sobre el manejo de los planes de ayuda con los docentes y padres de familia, independiente del número de instituciones educativas a las cuales fueran direccionados; es decir, en la primera forma se estaría hablando de 81 talleres y en la segunda, de sólo 9 en total. Véase como a folio 194 del anexo No. 10, se indicaron los términos de referencia de las

actividades a desarrollar por cuenta de esta contratación, en la cual tampoco se observa claridad alguna frente al número de talleres a desarrollar por parte del contratista. Sin embargo, se entrará a revisar entonces el cumplimiento probado dentro del expediente de cada una de las actividades supervisada por la investigada: Primera actividad: Realización de seis (6) talleres con docentes sobre estrategia de lectoescritura, con docentes de las instituciones educativas favo