PGN - Documento 201603042312025

CONTRATO DE SUMINISTRO CON ENTIDAD ESTATAL-Inhabilidad para celebrarlo por ser funcionaria pública DOLO EN MATERIA DISCIPLINARIA-Alcance/DOLO-Doctrina de la Procuraduría General de la Nación El artículo 13 de la Ley 734 de 2002 señala que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y que las faltas sólo son sancionables a título de dolo de culpa. El dolo en materia disciplinaria implica que el sujeto disciplinable haya tenido conocimiento de la situación típica que implica el desconocimiento del deber que sustancialmente debe observar y que voluntariamente haya decidido actuar en contravía a éste; por tanto, el conocer ya involucra el querer, ya que si se tiene conocimiento y pese a eso se realiza la conducta, es porque efectivamente quiere el resultado. Ahora bien, la doctrina de la Procuraduría General de la Nación es consistente al afirmar que el dolo se integra a través de los elementos intelectivo y volitivo; el primero comporta de un lado, el conocimiento de la norma o de la infracción y, de otro, el conocimiento de las circunstancias del hecho que se quiere realizar, lo cual, en derecho disciplinario supone el claro conocimiento del deber, prohibición, régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, vale decir, conocimiento de la falta. Supone además, conocimiento de las condiciones o circunstancias en que se realiza la falta y sus consecuencias. SERVIDOR PÚBLICO-Desconocimiento de un imperativo constitucional no puede predicarse como una simple falta de cuidado/CONDUCTA CULPOSA-Cuando la negligencia supera los límites de una simple falta de cuidado/CALIFICACIÓN DE LA

FALTA-Culpa gravísima El eventual desconocimiento de un imperativo constitucional de tal claridad por parte de un servidor público con más de siete (7) años al servicio del Estado no puede predicarse como una simple falta de previsión o por no tener conocimiento de normas que rigen la contratación estatal, según lo expresó la apoderada de la disciplinada; por lo menos se trató de una desatención elemental endilgable a la implicada. De otro lado, a juicio de esta Delegada tampoco es explicable su conducta como una mera inobservancia del cuidado necesario como funcionaria pública, en particular frente a la prohibición que trae el Estatuto de Contratación Estatal y que indica que: “Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales: f) Los servidores públicos.”. en especial porque en cada uno de los contratos bajo análisis, de manera expresa consignó lo siguiente: “ “CLÁUSULA DÉCIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se haya incurso en las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en la Ley 80 de 1993.” Una declaración bajo la gravedad de juramento como la citada, en manera alguna puede ser tomada a la ligera, máxime por un Servidor del Estado. Cuando la disciplinada realizó tal declaración, debió haber por lo menos revisado la Ley 80 de 1993 y consultar cuáles eran las inhabilidades e incompatibilidades que eventualmente tendría al momento de firmar los bilaterales señalados; se reitera, su inobservancia no puede ser tenida a título de una simple falta de cuidado o de diligencia; implicaba que la disciplinada hubiera siquiera revisado los

contenidos normativos que regulaban el contrato que ella misma estaba suscribiendo. Expediente No. 077-003503-06 1 Fallo de Segunda Instancia ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA En este caso, se puede afirmar que la sancionada actuó estando incursa en la inhabilidad constitucional y legal al haber celebrado contratos con entidad pública; de donde se colige la real ocurrencia del hecho categorizado como falta disciplinaria; falta cometida a título de culpa gravísima de conformidad con lo señalado por el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, que establece como culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. ILICITUD SUSTANCIAL-Quebrantamiento de normas de índole constitucional y legal relativas a incompatibilidades e inhabilidades En conclusión y aunque con el sólo hecho de haber suscrito los contratos señalados como representante legal del establecimiento en cuestión se hubiera incurrido en violación de la normatividad señalada, lo cierto es que la disciplinada sí era la propietaria de dicho establecimiento de comercio y por lo tanto, le interesó pecuniariamente la contratación adelantada, precisamente por su condición de COMERCIANTE y propietaria del citado establecimiento de comercio, y no solamente, como parece hacerlo ver su apoderada, que como el objeto del contrato tiene que ver con medicamentos de alto costo para tratar enfermedades catastróficas, no puede considerarse de mala fe o un acto doloso el contribuir

al mejoramiento de la salud de personas gravemente enfermas o facilitar la oportunidad en el acceso a dichos medicamentos; aspecto que en nada quita la onerosidad del mismo, y que en todo caso no serviría de excusa para alivianar el grado de culpabilidad con el cual se cometió la falta. Debe reiterar este Despacho que lo investigado fue la trasgresión al régimen de inhabilidades en incompatibilidades por parte de un Servidor del Estado, con lo cual se incurrió en una ilicitud sustancial por quebrantar normas de índole constitucional y legal; este fue el bien jurídicamente tutelado que se trasgredió y que se le endilgó como vulnerado. Esta entidad no investigó que hubiera actuado contrariando el orden administrativo al interior de la E.S.E. o que se afectaran sus deberes funcionales dentro del Hospital; lo que se investigó y sancionó fue el haber trasgredido la normatividad relativa a las incompatibilidades e inhabilidades, lo cual se erige con el fin de garantizar dentro de la contratación pública, su transparencia, objetividad e imparcialidad.

Dependencia: PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN

ESTATAL Radicación: 077-003503-2006

Disciplinado: VERÓNICA ANDRADE BERGAÑO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARÍA INMACULADA DE

FLORENCIA, CAQUETÁ Quejoso: WILSON PÉREZ MÉNDEZ Fecha Queja: 9 de Octubre de 2006

Fecha Hechos: Desde el 1 de abril del 2005 hasta el 31 de marzo de 2006

Bogotá D. C., 06 de julio de 2009

Asunto: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA Procede esta Delegada a resolver el recurso de APELACIÓN interpuesto por la doctora ALIDA MARÍA GAVIRIA LÓPEZ, apoderada de la señora VERÓNICA ANDRADE Expediente No. 077-003503-06 2

Fallo de Segunda Instancia ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA BERGAÑO, contra el fallo de primera instancia del 16 de octubre de 2008 (folios 89 al 92 del cuaderno principal) proferido por la Procuraduría Regional del Caquetá

I. ANTECEDENTES Las presentes diligencias se originaron con fundamento en la queja presentada por la Junta Directiva de ANTHOC, Caquetá y cuyo Presidente es el señor WILSON PÉREZ MÉNDEZ, en la cual manifestó que las señora VERÓNICA ANDRADE BERGAÑO, auxiliar administrativa del Hospital María Inmaculada, contrató con CAPRECOM, el suministro de medicamentos a través de la Droguería San Jorge (folios 1 y 2 del cuaderno principal).

Con base en la información anterior y en la documentación allegada a la Procuraduría Regional del Caquetá, esa dependencia en auto del 4 de diciembre del 2006 (folios 4 y 5 del cuaderno principal) resolvió iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 150 de la ley 734 de 2002 contra de SERVIDORES DEL HOSPITAL MARÍA INMACULADA DE FLORENCIA, con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, identificar e individualizar al o los servidores públicos

presuntamente comprometidos y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. A través de auto del 10 de diciembre de 2007, la Procuraduría Regional del Caquetá decidió abrir INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en contra de la señora VERÓNICA ANDRADE BERGAÑO en su condición de auxiliar administrativa del Hospital María Inmaculada de Florencia, Caquetá (folios 27 al 29 del cuaderno principal)

II. FORMULACIÓN DE CARGOS Adelantadas las investigaciones respectivas, la Procuraduría Regional del Caquetá en auto del 16 de octubre de 2008 (folios 89 al 92 del cuaderno principal) elevó pliego de cargos en contra del investigado, de la siguiente manera: “Siendo Auxiliar Administrativa en el Área de Facturación de la ESE Hospital María Inmaculada de Florencia, presuntamente suscribió Contratos de suministros de Medicamentos de Alto Costo, como Representante Legal, de la Droguería San Jorge de Florencia, con la Caja de previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM EPS, estando inhabilitada para celebrar contratos con las entidades estatales por ser servidor público, contratos que responden a los No.043 del 01 de abril al 30 de Septiembre de 2005 y 091 de Octubre de 2005 al 31 de Marzo de 2006, prorrogado mediante OTROSI No.02 con vigencia del 01 de Abril al 30 de Junio de 2006.” Como normas infringidas le fueron citadas las siguientes: - Artículos 6° y 127 de la Constitución Política, - Literal f) del numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993,

• Artículos 34 (numeral 1°), y 35 (numeral 1°) de la Ley 734 de 2002, lo cual se adecua al numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

En el pliego de cargos la falta fue calificada como GRAVÍSIMA a título de DOLO.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Expediente No. 077-003503-06 3

Fallo de Segunda Instancia ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA El 8 de mayo de 2009 la Procuraduría Regional del Caquetá profirió fallo de primera instancia (folios 114 al 119 del cuaderno principal), en el cual se impuso a la disciplinada VERÓNICA ANDRADE BERGAÑO sanción de DESTITUCION e INHABILIDAD GENERAL por DIEZ (10) años, al declarar probado y no desvirtuado el cargo único a el formulado y que se les imputó en el pliego de cargos correspondiente. En la providencia citada, después de identificar a la investigada y su cargo y de presentar un resumen de los hechos, el fallador de primera instancia del análisis de las pruebas en las que se fundamenta, concluyó lo siguiente: Señaló que la investigada, siendo servidora pública del Hospital María Inmaculada, figuraba sin ser propietaria como representante legal de la Droguería San Jorge de Florencia y que en tal condición contrató el suministro de medicamentos de alto costo con la entidad denominada CAPRECOM EPS, situación que constituyó una incompatibilidad de acuerdo con la normatividad vigente, y por tanto, hay una conducta contraria a lo previsto en la norma constitucional y legal vigente.

Agregó que la materialidad de la conducta no tiene reparo, ya que los contratos se suscribieron en la época en que la implicada era servidora pública, hechos debidamente probados en el proceso con medio idóneo y que sin embargo, la defensa argumenta que la conducta no ha sido dolosa o que no existe prueba de ello. En atención a lo anterior, precisó que la conducta era previsible, ya que el servidor público conoce su régimen de inhabilidades y de incompatibilidades, ello es obvio, además de obrar en la cláusula décima de cada contrato, declaración bajo juramento que no se halla en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la Ley 80 de 1993. Por tanto, concluyó que la calificación definitiva del grado de culpabilidad debe ser a título de dolo, ya que la funcionaria, a sabiendas se determinó, por cuanto tenía conocimiento de la existencia de la prohibición, y sin embargo, no renunció a ser representante legal de la Droguería, a sabiendas que era funcionaria pública, además que contrató el suministro de medicamentos con otra entidad estatal, sin que pueda disculpar su conducta, argumentando que era otra entidad a la cual trabajaba. Finalmente, en el fallo de primera instancia, el a quo fijó la conducta como GRAVÍSIMA con DOLO, razón por la que le impuso a la señora VERÓNICA ANDRADE BERGAÑO una

sanción de DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL PARA DESEMPEÑAR CARGOS

PÚBLICOS POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS.

IV. DE LA APELACIÓN Habiéndose notificado personalmente del fallo de primera instancia el 14 de mayo de 2009

(folio 121 cuaderno principal) la doctora ALIDA MARÍA GAVIRIA LÓPEZ, apoderada de la disciplinada, dentro del término legal para ello, presentó recurso de apelación contra dicha providencia (folios 124 al 131 del cuaderno principal). Argumentos de la apelación presentada por la señora GAVIRIA LÓPEZ: La señora apoderada manifestó su desacuerdo con la decisión del a quo, en los argumentos que se sintetizan y se destacan algunos de la siguiente manera: Expediente No. 077-003503-06 4 Fallo de Segunda Instancia ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA Manifestó que su defendida no ha sido propietaria de la Droguería San Jorge, sólo fue en una época una empleada, dirigida por sus propietarios y que por tanto, no se lucró al firmar dicha contratación; tan sólo fue su representante legal. Señaló que la disciplinada además de no tener antecedentes disciplinarios, ha tenido un desempeño en el Hospital María Inmaculada eficaz y eficiente, al punto de ser encargada de las oficinas de Cartera y Facturación, relacionados con asuntos financieros que requieren de plena confianza del nominador y administrador. Agregó que su conducta no afectó ni puso en riesgo su labor en la entidad pública donde trabaja; tampoco afectó valores como moralidad, honradez, lealtad economía que se deben observar en el desempeño de su empleo. Afirmó que nunca hubo actuación de mala fe, ni de forma dolosa o malintencionada, ni siquiera se probó ni demostró que quiso hacerlo y tampoco buscó por si misma ser elegida

para ejecutar dichos contratos; así como que tenía la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, puesto que no competía con los intereses económicos de la entidad donde labora, los medicamentos eran para surtir las necesidades de personas gravemente enfermas. Señaló que está demostrado que la funcionaria al caer en cuenta de que su conducta era impropia, renunció a seguir siendo la representante legal de la Droguería San Jorge, comprobando con ello que la disciplinada desconocía la incompatibilidad en que podía incurrir y las normas en las que ésta se sustenta y por tanto, la inobservancia del cuidado necesario que como funcionaria se le atribuyen, jamás pueden ser endilgadas y mucho menos a título de dolo. Indicó que su conducta no trascendió socialmente ni le causó perjuicio alguno a la entidad donde labora, es decir que la única perjudicada es ella misma por la consecuencias que devengan del proceso. Manifestó que una persona de las calidades de la investigada, era comprensible que desconociera las normas de contratación administrativa, pues jamás se ha desempeñado en funciones de dirección, ni como funcionaria del Departamento de Contratación que le hicieran suponer eventualmente o que comprendiera que el figurar como representante legal de la Droguería le impedía contratar. Indicó que el dolo no se presume, se prueba y que no está demostrado más allá de la duda razonable que la sancionada actuó con dolo, luego, la conducta no sería dolosa sino culposa, en razón a que la implicada creyó erróneamente que no era ilícito y en consecuencia en el peor de los casos, lo que se le podía exigir era que hubiera averiguado

antes de firmar los contratos, es decir su falta de previsión; además, que no se trata de falta disciplinaria se constituya violaciones del DIH, del detrimento al patrimonio público, ni de nada que haya afectado la Institución del Estado. Finalmente, solicitó absolver a la investigada o en su defecto, que la falta atribuida a su prohijada no le sea atribuida a título de dolo, sino de culpa. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto la doctora ALIDA MARÍA GAVIRIA LÓPEZ de conformidad con lo señalado por el numeral 4° del artículo 25 del Decreto 262 de 2000, por Expediente No. 077-003503-06 5 Fallo de Segunda Instancia ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA medio de la cual se le otorgan a la Procuradurías Delegadas, como función disciplinaria, conocer en segunda instancia los procesos que en primera instancia sean de competencia de los Procuradores Regionales, como es el caso bajo estudio.

VI. CONSIDERACIONES Inicialmente es de aclarar que puede concluir esta Delegada que el trámite seguido en este radicado se ajustó en cuanto a su forma y términos a los lineamientos previstos en los artículos 150 y siguientes de la Ley 734 de 2002. Respecto al tema de competencia, así como a las garantías de los derechos al debido proceso y defensa, no se advierte ninguna anomalía, pues la disciplinada estuvo en la posibilidad de actuar en todas las fases procesales, solicitando pruebas e interviniendo, lo cual evidentemente realizó al presentar

sus descargos y recurso contra el fallo de primera instancia, según ha quedado anotado. De las pruebas recaudadas, es pertinente destacar que cumplen las formalidades exigidas para su valoración y en el caso de los documentos, se observa que éstos fueron aportados en forma legal y oportuna, y no fueron tachados de falsos, por tanto permiten su valoración. VI.I. POSICIÓN DEL DESPACHO SOBRE LOS HECHOS INVESTIGADOS VI.I.I Frente al cargo único elevado en contra de VERÓNICA ANDRADE BERGAÑO que originó el fallo sancionatorio del 8 de mayo de 2009, se encuentra probado que existe lo siguiente:

1. Copia de la comunicación No. D.T.C. 1048 del 21 de julio de 2006, en la cual la Directora Territorial de CAPRECOM, CAQUETÁ, manifestó que dicha entidad suscribió dos contratos con la señora VERONICA ANDRADE VERGAÑO, como

representante legal de la Droguería San Jorge (folio No. 3 del cuaderno principal).

2. Copia de la resolución No. 0063 de 1998, a través de la cual el Hospital María Inmaculada E.S.E, nombró en período de prueba a la señora VERÓNICA ANDRADE BERGAÑO, como Auxiliar de Administración de Facturación (folios 18 al 19 del cuaderno principal)

3. Diligencia de versión libre rendida por la señora VERÓNICA ANDRADE BERGAÑO ante la Procuraduría Regional del Caquetá, el 17 de octubre de 2007 (folios 22 y 23 del cuaderno principal)

4. Comunicación No. CRP-093 del 31 de enero de 2008, por medio de la cual la Cámara

de Comercio de Florencia, Caquetá remitió copia a la Procuraduría Regional de varios certificados de Cámara de Comercio para la DROGUERÍA SAN JORGE (folios 36 al 39 del cuaderno principal)

5. Comunicación de la señora ROSALBA PRIETO SOTO, Gerente de la Droguería San Jorge Florencia Ltda., en la cual remite copia del registro mercantil de la Droguería San Jorge (folios 40 al 45 del cuaderno)

6. Comunicación remitida por la señora MARISOL GARCÍA CAICEDO, Profesional Universitario del Hospital María Inmaculada, relativa a la información que obra en Expediente No. 077-003503-06 6

Fallo de Segunda Instancia ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA dicha ESE, frente a la funcionaria VERÓNICA ANDRADE BERGAÑO (folios 46 al 57 del cuaderno principal)

7. Copia del contrato No. 043 del 1 de abril del 2005, suscrito entre CAPRECOM ESP, Regional Caquetá y DROGUERÍA SAN JORGE (folios 59 al 61 del cuaderno principal)

8. Copia del contrato No. 091 del 1 de octubre del 2005, suscrito entre CAPRECOM ESP, Regional Caquetá y DROGUERÍA SAN JORGE (folios 62 al 64 del cuaderno principal)

9. Copia de los otrosí Nos. 1 y 2 al contrato No. 043 del 1 de abril del 2005, suscrito entre CAPRECOM ESP, Regional Caquetá y DROGUERÍA SAN JORGE (folios 59 al 61 del cuaderno principal)

10.Copia del certificado de matrícula de persona natural como comerciante de VERÓNICA ANDRADE BERGAÑO, la cual fue adjuntada por la Directora Territorial de CAPRECOM ESE, la cual hace parte de los contratos arriba señalados (folios 67 al 69 del cuaderno principal) 11.Certificación expedida por la Cámara de Comercio para el Caquetá, relativa a la inscripción de VERÓNICA ANDRADE BERGAÑO como comerciante, con el establecimiento de comercio denominado DROGUERÍA SAN JORGE; del 6 de octubre de 2008 (folio 79 del cuaderno principal) Lo primero que debe decir este Despacho es que la apoderada de la señora ANDRADE BERGAÑO no cuestionó ni se mostró en desacuerdo frente a la materialidad de la falta endilgada a la conducta desplegada por su representada, en cuanto a que pese a ser servidora del estado, suscribió los contratos Nos. 043 y 91 del 2005 con la Empresa Industrial y Comercial del Estado CAPRECOM EPS, así como sus correspondientes OTROSÍS, en desconocimiento de lo expresamente prohibido por el artículo 127 de la Constitución Política y del literal f) del numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993. En tal sentido y de conformidad con lo señalado por el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, esta Delegada únicamente se referirá al aspecto impugnado por la apelante y que tiene relación con el grado de culpabilidad con el cual se cometió la falta. Dijo la doctora GAVIRIA LÓPEZ que discrepaba de la calificación de la falta como gravísima

a título de dolo, ya que el dolo no se presume, se prueba y que no está demostrado más allá de la duda razonable que la sancionada actuó con dolo y que por tanto su conducta no sería dolosa, sino culposa; revisemos entonces sí la falta se cometió a título de dolo o no. El artículo 13 de la Ley 734 de 2002 señala que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y que las faltas sólo son sancionables a título de dolo de culpa. El dolo en materia disciplinaria implica que el sujeto disciplinable haya tenido conocimiento de la situación típica que implica el desconocimiento del deber que sustancialmente debe observar y que voluntariamente haya decidido actuar en contravía a éste; por tanto, el conocer ya involucra el querer, ya que si se tiene conocimiento y pese a eso se realiza la conducta, es porque efectivamente quiere el resultado. Expediente No. 077-003503-06 7 Fallo de Segunda Instancia ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA Sin embargo, la prueba de la subjetividad en el ser humano no es de fácil accesibilidad, ya que implica necesariamente un proceso interno, cuyo conocimiento por parte del operador disciplinario es necesariamente indirecto. En tal sentido: “…el dolo como manifestación del fuero interno del sujeto activo de la conducta sólo puede ser conocido a través de las manifestaciones externas de esa voluntad dirigida a determinado fin1.” Ahora bien, la doctrina de la Procuraduría General de la Nación2 es consistente al afirmar que el dolo se integra a través de los elementos intelectivo y volitivo; el primero comporta de

un lado, el conocimiento de la norma o de la infracción y, de otro, el conocimiento de las circunstancias del hecho que se quiere realizar, lo cual, en derecho disciplinario supone el claro conocimiento del deber, prohibición, régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, vale decir, conocimiento de la falta. Supone además, conocimiento de las condiciones o circunstancias en que se realiza la falta y sus consecuencias. En cuanto al tema del dolo, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública ha dicho lo siguiente: “En materia disciplinaria el dolo está integrado por los elementos de conocimiento de los hechos, conocimiento de la ilicitud de la conducta y la representación del resultado, en este ámbito el conocimiento de las circunstancias fácticas, más el conocimiento de la prohibición ya son suficientes para atribuir la conducta a título doloso. Ello implica la accidentalidad o eventualidad del elemento representación y también del elemento voluntad que son propios del derecho penal”3. En este orden de ideas, a juicio de este Despacho no se encuentra debidamente probado que la señora VERONICA ANDRADE BERGAÑA haya actuado de forma dolosa cuando incurrió en la conducta reprochada, máxime si se tiene en cuenta que algunos sectores de la doctrina han expresado que el dolo sólo se demuestra con confesión o con indicios, y que no es que resulten irrelevantes las demás pruebas, sino que, testimonios, inspecciones, documentos y demás pruebas sirven para demostrar el “hecho indicador”, del cual se desprende el “hecho indicado” y en tal operación lógica – inductiva interviene la subjetividad4. A juicio de este Despacho, no existe plena prueba de que la disciplinada de forma consciente

y voluntariamente haya dirigió su conducta a desconocer las normas señaladas como violadas. Por tanto, concuerda esta Delegada con la apoderada de la disciplinada cuando expresa que la conducta no fue realizada a título de dolo, sino de culpa; sin embargo, lo que no entró a revisar la doctora GAVIRIA LÓPEZ fue la clase de culpa con el cual se actuó. El parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 señala lo siguiente: “Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.” 1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, sentencia del 13 de marzo de 2003, M.P. MARINA PULIDO DE BARÓN. 2 Expediente 030-77454-2002, fallo de segunda instancia del 23 de abril de 2004 de la Viceprocuraduría General de la Nación 3 Dentro del expediente 089-2715-2005 decidido el 27 de abril de 2005 por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública 4 ASUNTOS DISCIPLINARIOS – PRAXIS Y JURISPRUDENCIA. Colección Derecho Disciplinario del Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario, Volumen 2. Expediente No. 077-003503-06 8 Fallo de Segunda Instancia ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA Ahora bien, si se tiene presente que la culpa grave se produce cuando la persona

investigada incurre en la falta disciplinaria por faltar a la diligencia y cuidado que cualquier otro servidor público estando en las mismas condiciones o circunstancias asume en el ejercicio de los asuntos a su cargo5; al aplicarlo al asunto bajo estudio, se debe preguntar este Despacho si cualquier otro servidor público en las mismas circunstancias de la disciplina hubiera igualmente suscrito contratos de la magnitud e importancia de los realizados por la señora ANDRADE BERGAÑO, ante lo cual la respuesta necesariamente debe ser negativa. En sentir de esta Delegada, esta precaución no corresponde a la simple inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, sino que implicaba una exigencia especial, ya que no se trató solamente del giro normal de asunto particular o de menor importancia, sino de una contratación con el Estado, que implicó recursos importantes y con declaraciones realizadas bajo la gravedad de juramento que no pueden ser tomadas a la ligera, veamos: De conformidad a como obra a folios 82 y 83, la señora VERÓNICA ANDRADE BERGAÑO fue nombrada como auxiliar de administración en el Hospital María Inmaculada – Empresa Social del Estado, el 20 de enero de 1998, fecha desde la cual, según se encuentra probado en el expediente, se ha venido desempeñando como servidora del Estado; es decir para la fecha en la cual suscribió los contratos con CAPRECOM (1 de abril y 1 de octubre de 2005), llevaba más de siete (7) al servicio del Estado (no se encontraba recién ingresada a la E.S.E) y por lo menos debió haberse enterado o preguntado si al suscribir y desarrollar dichos

contratos, no se encontraba incursa en causal de inhabilidad e incompatibilidad que le impidiera continuar con el proceso contractual. Nótese como en su acta de posición (folio 87 del cuaderno principal), al tomar posesión del cargo, realizó el juramento de rigor señalado por el artículo 251 del Código de Régimen Político Municipal, el cual señala: “ARTICULO 251. Ninguno funcionario entrará a ejercer su cargo sin prestar juramente de sostener y defender la Constitución, y de cumplir las deberes que le incumba. Estos es lo que se llama posesión del empleo, o bien, tomar posesión de él. No se dará posesión a ningún empleado de manejo sin que previamente presta la caución correspondiente. El juramento se prestará por regla general de esta manera: de pie y descubiertos todos los que estén presente, el que exige el juramento preguntará al que lo presta: "¿Jura usted por Dios Todopoderoso, y promete solemnemente a la patria cumplir la Constitución y las leyes y llenara fielmente, según su leal saber y entender, las funciones de su empleo?. El que presta el juramento debe responder: "Si, lo juro"; y el primero replicará: "Si así lo hiciere, Dios y la patria se lo premien, y si no, El y ella se lo demanden" (Se resalta). Y es que las normas que se señalaron como vulneradas no se encuentran recogidas en códigos o reglamentos que tuvieran tal especificidad o particularidad extrema que las hicieran de difícil acceso o conocimiento por parte de la disciplinada. La primera norma que transgredió se encuentra señalada por el artículo 127 de la Constitución Política, en el siguiente sentido: “Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en

representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales.” 5 Ley 734 de 2002. Artículo 44: “parágrafo. Parágrafo…La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.” Expediente No. 077-003503-06 9 Fallo de Segunda Instancia ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA El eventual desconocimiento de un imperativo constitucional de tal claridad por parte de un servidor público con más de siete (7) años al servicio del Estado no puede predicarse como una simple falta de previsión o por no tener conocimiento de normas que rigen la contratación estatal, según lo expresó la apoderada de la disciplinada