PGN - Documento 201603071613116

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal # Radicación: 02116168-1998

Implicado y/o disciplinado: Jose Gabriel Silva Riviere.

Cargo y entidad: Alcalde de Popayan.

Quejoso: Francisco Varona Muñoz.

Fecha queja: 18 de febrero de 1.998.

Fecha Hechos : 31 de julio y 15 de septiembre de 1.997.

Asunto : Irregularidad contrato de Prestación de Servicios.

Bogotá. D.C. 2 de julio de 2002

POR MEDIO DE LA CUAL SE FALLA UN PROCESO DISCIPLINARIO EN

PRIMERA INSTANCIA.

EL PROCURADOR PRIMERO DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL, en uso de sus facultades legales y en especial de las consagradas en el Decreto 262 de 2000 entra a proferir fallo de primera instancia.

IDENTIDAD DEL INVESTIGADO : Se encuentra plenamente demostrado dentro del plenario, que el Sr. JOSE GABRIEL SILVA RIVIERE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 10.527.390 desempeño el cargo de Alcalde del Municipio de Popayán, desde el 1 de enero de 1.995 hasta el 31 de diciembre de 1.997, según constancia expedida el 20 de junio de 2001 por el Jefe de la División de Recursos Humanos -fl. 205-.

HECHOS : Fecha hechos: El servidor mencionado fue objeto de cuestionamiento en primer lugar, por omitir el certificado de disponibilidad presupuestal en la celebración del contrato adicional No Asunto: 4 al contrato de concesión CCOP-01-93, suscrito el 31 de julio de 1.997, por medio

del cual se adicionó el valor del contrato principal en cuantía de $ 2.417’.948.000, según consta a fls. 40,41; hecho acreditado con la certificación expedida el 7 de octubre de 1.999 por el Jefe de la Sección de Presupuesto de la Alcaldía de Popayán CESAR OCTAVIO JIMENEZ MARTINEZ, donde señala que en la apropiación presupuestal del año 1.997 no se encontró anotación de disponibilidad presupuestal para la celebración del contrato referenciado, vto a fl. 85. En segundo termino, se le censuro haber celebrado el contrato de prestación de servicios profesionales el 15 de septiembre de 1.997 con el Dr. DIEGO GERARDO LLANOS ARBOLEDA, como abogado externo, para el cobro del impuesto predial y de circulación y tránsito, pactado en la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ( $ 75’416.686.00); contraviniendo la disposición prevista en el Art. 91 Lit. d Num. 6 de la Ley 136/94, por cuanto este cobro debió realizarse directamente por la administración municipal o a través de la tesorería mediante el proceso de jurisdicción coactiva. Prueba documental de esta imputación la constituye el contrato de marras que obra a fls. 114 a 119 y el oficio signado por el Dr. ALBERTO JOSE TORRES, Secretario de Transito y Transporte, de septiembre de 1.997, dirigido al Dr. SOLIS GUZMAN BURBANO, Director Jurídico del municipio de Popayán, por

medio del cual le comunica que la cartera morosa del impuesto de circulación y transito asciende a la suma de $ 54’166.870., para que se incluya dentro del contrato a celebrar con el Dr. LLANOS ARBOLEDA -fl. 120-.

DESCARGOS : Notificado el encartado del auto de cargos formulado en su contra, procedió a

presentar sus descargos -Anexo No 1-, aduciendo respecto al primer cargo que por tratarse de un contrato adicional al principal de concesión, no es necesario el requisito del certificado de disponibilidad presupuestal, porque en este evento se preciso que las obras serian financiadas con los recaudos y rendimientos financieros generados por el 13% de la sobretasa al combustible automotor de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 09 de 1.997 del Concejo Municipal. En lo relacionado con el segundo cuestionamiento, argumento que el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito con el Dr. Llanos Arboleda, se suscribió con fundamento en el Art. 32 inc. 3 de la Ley 80 de 1.993 teniendo en cuenta que para la fecha de los hechos, la Oficina de Jurisdicción coactiva solamente contaba con dos (2) funcionarios, un Abogado y una Secretaria. ANÁLISIS JURIDICO PROBATORIO FUNDAMENTO DEL FALLO : Con fundamento en las reglas de la sana crítica y debidamente apreciadas en su conjunto las pruebas legalmente allegadas al proceso, se advierte que en lo relacionado con la ausencia del certificado de disponibilidad presupuestal, se trata de una exigencia previa del contrato, sobre la cual la ley no hace excepción alguna, así se trate de un adicional a un contrato principal de concesión, por cuanto el

régimen contractual “Ley 80/93” es concreto al disponer en el Art. 25 Num. 6 que las entidades estatales iniciaran procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas disponibilidades presupuestales. De otro lado, carece de importancia el que se hubiese pactado que las obras serian financiadas con los rendimientos financieros generados por el 13% de la sobretasa a la gasolina, porque de igual manera se preciso que serian además sufragadas con los recursos que el municipio destinara para tal fin; circunstancias bajo las cuales es significativo establecer que el hecho que la continuación de las obras objeto del contrato de concesión fueran financiadas con la sobretasa a la gasolina, ello no lo eximia de hacer un calculo estimativo de los ingresos que en el futuro recibiría el municipio de Popayán por este concepto, por el contrario, el funcionario competente para celebrar un contrato, que esté previa y debidamente autorizado para ello, no podrá dar paso alguno en este sentido, hasta tanto no establezca que el contrato que va a realizar, tiene en el presupuesto de gastos o de inversiones, el correspondiente rubro presupuestal o que tal rubro no esta agotado. Porque puede ocurrir que el rubro si exista, pero ya fue agotada la apropiación, y por lo tanto no podrá utilizarse hasta tanto la autoridad competente no lo hubiera vuelto 2 a dotar, si es el caso, ya sea aumentando la partida con nuevos aportes, o haciendo los traslados de otros rubros que tengan partida sobrante, si fuere posible. Debiéndose tener la precaución que el encargado del presupuesto realice el

correspondiente registro presupuestal del contrato, el cual consiste en tomar nota oficial de la existencia del contrato, para reservar con destino a este, los dineros correspondientes en el presupuesto, evitando que el rubro se agote o comprometa en contratos distintos. Por estas razones el Despacho no acoge los argumentos esgrimidos por el encartado, toda vez que con su conducta omisiva incurrió en violación del deber que tiene todo servidor público de respetar y hacer cumplir la Constitución y la Ley, previsto en el Art. 40 Num. 1 de la Ley 201/95, al no acatar la disposición de orden contractual que demanda que previamente a la celebración de un contrato se debe contar con la disponibilidad presupuestal, contemplada en la Ley 80/93 Art. 25 Num. 6. Ahora bien, en cuanto a la levedad o gravedad de la falta de conformidad con las pautas trazadas en el Art. 27 de la ley 200/95, es claro para el Despacho que nos encontramos frente a una simple formalidad que en el caso subjudice no causo ningún perjuicio porque la obra se ejecuto bajo los términos pactados y que por consiguiente fue benéfica para la comunidad payanes; además es también claro que con este comportamiento el investigado no pretendió quebrantar la ley, sino hacer las cosas lo mas sencillo posible, pues no se denota en su actuar malintención de ocasionar daño alguno, pues todo indica que su pretermisión se debió más bien a falta de conocimiento sobre este tema, dada su profesión de Ingeniero Civil. En consecuencia de acuerdo con la naturaleza, circunstancias y modalidades de la falta anotada y de lo previsto en los Arts. 29 y 32 de la Ley 200/95, se calificara

definitivamente como leve la falta descrita y por lo tanto la sanción a imponer será de

AMONESTACIÓN ESCRITA CON ANOTACIÓN EN LA HOJA DE VIDA.

En lo referente al segundo cargo, encuentra el Despacho acertada la explicación ofrecida por el inculpado, como quiera que efectivamente se aporto a las diligencias la certificación expedida el 23 de mayo de 2002 expedida por la Oficina de Recursos del Municipio de Popayán, donde refiere que en la Oficina de Dirección Coactiva o Ejecuciones Fiscales, laboraban para el mes de septiembre de 1.997 dos (2) personas; el Jefe Dr. Silvio José Valdivieso (E) y la Secretaria Gloria Amparo Muñoz, la cual obra a fl. 333; de donde se advierte que era indispensable la contratación de un profesional que con sus servicios contribuyera a recuperar la gran cartera morosa que en materia de impuesto predial y de Circulación y Transito se le adeudaba al municipio de Popayán; obligación que para ese entonces ascendía a $ 700’.000.000 entratándose del impuesto predial y de $ 54’166.860 del impuesto de circulación y transito. Labor del contratista que por demás demostró eficiencia, como quiera que a 31 de diciembre de 1.997 produjo buenos resultados, tal y como consta con los listados generales de consignación que obran a fls. 124 a 132, motivo por el cual frente a este reproche se absolverá de toda falta al investigado . En tal virtud, EL PROCURADOR DELEGADO PARA LA CONTRATACION ESTATAL, en uso de sus facultades legales, 3

R E S U E L V E : PRIMERO : DECLARAR PROBADO Y NO DESVIRTUADO el primer cargo y

ABSOLVERLO del segundo cargo, formulados al Sr. JOSE GABRIEL SILVA RIVIERE, identificado con la cédula de ciudadanía No 10.527.390 de Popayán, en su condición de Alcalde Municipal de Popayán, para la época de los hechos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: CALIFICAR DEFINITIVAMENTE COMO LEVE LA FALTA endilgada en el primer cargo, de acuerdo a lo esgrimido en los considerandos, en aplicación de los criterios señalados en el Art. 27 de la Ley 200/95.

TERCERO : Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN DISCIPLINARIA al servidor público mencionado,

AMONESTACION ESCRITA CON ANOTACION EN LA HOJA

DE VIDA.

CUARTO : Comunicar la presente decisión al señor Gobernador del Cauca para que ejecute la sanción aquí impuesta, en los términos previstos en los Arts. 94 y 95 del C.D.U.

QUINTO : Notifíquese en legal forma la presente decisión y adviértase al sancionado, que contra la misma procede el recurso de apelación, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, para ante la Sala Disciplinaria; en caso de no ser apelada, una vez en firme, envíese al archivo por no ser susceptible de consulta.

SEXTO : En firme este proveído, envíese copia del fallo respectivo a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la

Nación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE :

BENJAMIN HERRERA BARBOSA

Delegado. Inés. 4