PGN - Documento 201603071713053

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación: 021-53015/01

Disciplinado y/o Investigado: ILIANA JOSEFINA BARONI COLMENARES

Cargo y Entidad: Alcalde Municipal de Arauca – Arauca.

Quejoso: De Oficio – contraloría General Fecha de Queja: Junio 5 de 2000

Fecha Hechos: Primer Trimestre de 2000

Asunto: Fallo de Instancia (Artículo 170 ley 734/02)

Bogotá, D. C., 6 de octubre de 2004

1. ANTECEDENTES Se inició la presente actuación disciplinaria, con fundamento en el informe de la Contraloría Municipal de Arauca, en el que registran presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación y celebración del contrato 023 de febrero 14 de 2000, suscrito con la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Integrales “SERVICOOP LTDA.”, por valor de $ 136.593.469, para la prestación de servicios técnicos profesionales para el manejo de personal de servicios temporales para las diferentes dependencias de la Alcaldía -folios 3 y siguientes.

Luego de adelantar las diligencias pertinentes y arrimado al plenario el material probatorio suficiente, esta Delegada el 2 de julio del año 2002, profirió auto de apertura de investigación disciplinaria en contra de los doctores ILIANA JOSEFINA BARONI COLMENARES y ERIN LIBARDO CISNEROS PARALES, en sus calidades de Alcalde Municipal y Jefe de la Oficina Asesora Municipal de Arauca, respectivamente, al encontrar que se daban los presupuestos del artículo 152 de la

Ley 734 de 2002 – folio 551 y siguientes. Posteriormente, luego de evacuada la etapa de investigación disciplinaria, mediante providencia de diciembre 5 del año 2002, se desvinculó de la investigación al implicado Erin Libardo Cisneros Parales, archivando las diligencias en su favor, y se formuló en contra de la Alcaldesa Iliana Josefina Baroni Colmenares, los siguientes

2. CARGOS: (folios 615 a 625) “DOCTORA ILIANA JOSEFINA BARONI COLMENARES en su calidad de Alcalde

de Arauca (Arauca) por: PRIMERO: “Emitir el 1 de febrero de 2000, y publicar en el Despacho del Alcalde el aviso de la convocatoria , mediante el cual solicitó “(...) presentar propuesta económica para el manejo del personal de servicios temporales para las diferentes dependencias de la Alcaldía (..)”, Solicitud desfijada el 3 de febrero de 2000, efectuada en forma genérica sin que se dieran los presupuestos básicos que deben contener la solicitud de oferta, como son entre otros, información básica sobre las características generales y particulares de los bienes, obras y servicios requeridos, condiciones de pago, términos para su presentación y demás aspectos que se estime den claridad al proponente sobre lo que se pretende contratar. Actuación con la cual 1 posiblemente no le dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° del Decreto 855/94… …Así mismo con su actuación incumplió lo dispuesto en los numerales 2, 3, 10, 13, 22,23, del artículo 40 de la ley 200 de 1995 que definen los deberes de los

servidores públicos…. …Todo lo cual genera responsabilidad en su contra de acuerdo con el artículo 6° de la Constitución Política y falta Disciplinaria de conformidad con el artículo 38 del código Disciplinario Único y que este Despacho califica provisionalmente como grave puesto que con la convocatoria se pretende garantizar el principio de transparencia y especial el deber de selección objetiva que permita escoger el ofrecimiento mas favorable en igualdad de oportunidades para los oferentes situación que al parecer no ocurrió en el caso que nos ocupa cuando se suscribe el contrato con la firma que en su oferta claramente determina que el costo de la misma incluye los servicios prestados y cuyo pago no se ha efectuado, a titulo de dolo por cuanto conocedor de los principios que rigen la contratación estatal no tomó las medidas necesarias para exigir el cumplimiento, si no por el contrario realizo una convocatoria sin que en ella se señalaran los presupuestos básicos que le dieran al oferente una claridad meridiana de los servicios que se pretendían contratar y en esta medida garantizar pluralidad de ofertas. es decir con la convocatoria se advierte una clara violación a los artículos 25 numeral 12 y 24 numeral 7 de la ley 80 de 1993, puesto que al parecer no contó con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección con los términos de referencia que recogieran el proceso de planeación, la omisión no solamente genera incertidumbre al oferente sino también a la entidad sobre las características de los servicios a contratar, sobre el costo real, toda vez que se carece de bases ciertas para calcular su valor. Así mismo al no contar con los términos de referencia tampoco garantizó una selección objetiva por cuanto no

estableció una pluralidad de factores caracterizados que por su ponderación y conducencia y generalidad permitieran al momento de la evaluación y análisis sistemático y en conjunto rendir los conceptos detallados por los cuales se adjudica o no el contrato… SEGUNDO: “Exceder la menor cuantía para contratar directamente cuando en proceso de adjudicación directa suscribió el contrato 023 de febrero 14 de 2000, de prestación de servicios objeto de la convocatoria precitada, por $136.593.469, suma que en salarios mínimos legales mensuales equivale a 525.16 SMLM. Cuantía que al compararla con la permitida por la ley para contratar directamente (400 SMLM) la excede en 125.16 puntos. Actuación con la cual vulneró el principio de transparencia (artículo 24 literal a) numeral 1 de la ley 80 de 1993)… …Así mismo con su actuación incumplió lo dispuesto en los numerales 2, 3, 10, 13, 22 y 23 del artículo 40 de la ley 200 de 1995 que definen los deberes de los servidores públicos… …Todo lo cual genera responsabilidad en su contra de acuerdo con el artículo 6° de la Constitución Política y falta disciplinaria de conformidad con el artículo 38 del Código Disciplinario Único y que este Despacho califica provisionalmente como grave (numeral 4 articulo 25 de la ley 200/95) por que con su actuación vulneró el principio 2 de transparencia a través del cual se busca garantizar la igualdad de oportunidades para cualquier persona que este en posibilidad de contratar con la administración pública que tenga acceso a ella y para el caso que nos ocupa se esgrimió que no

estaba sujeta a cumplir con este requerimiento de la ley 80 por que se trataba de una Cooperativa cuando la realidad es que la convocatoria estaba dirigida a los interesados, y a titulo de dolo por cuanto, la conducta de las autoridades debe ceñirse estrictamente al principio de legalidad y a la finalidad del interés público es por esto, que no está permitido obrar con abuso o desviación de poder, en este sentido no podrá con el fin de eludir procedimientos, fraccionar contratos u omitir requisitos previos a la apertura de una licitación o los de formación y perfeccionamiento de los contratos, para el caso, no contó al momento de adjudicar el contrato con los conceptos técnicos jurídicos y económicos los cuales deberían contener una motivación en forma detallada y precisa que permita emitir el acto de adjudicación o declaratorio de desierto del proceso de escogencia. Actuación con la no solo infringió el numeral 7 del artículo 24 de la ley 80 de 1993, si no que se advierte una total vulneración al deber de selección objetiva cuando seleccionó el Contratista en cuya oferta claramente se establecía la inclusión de unos servicios que se habían prestado y los cuales no contaban con los actos de legalización para su cobro, es decir, efectúo una contratación directa con el ánimo de favorecer a una firma a la cual se le adeudaban unos servicios que no estaban debidamente legalizados….

TERCERO: “Legalizar hechos cumplidos, cuando con la suscripción del contrato 023 de febrero 14 de 2000, aceptó lo propuesto en la oferta de febrero 3 de 2000 de la Cooperativa

de Trabajadores Asociados de Servicios Integrales SERVICOOP LTDA, para el manejo del personal temporal que requería la administración municipal de Arauca, por valor de $136.593.469, en la que el oferente incluyó el cobro de $3.056.398 por concepto de servicios prestados entre el 1 de enero y 4 de febrero y 1 enero de enero y 6 de febrero, aclarando que correspondían a 4 personas que ya estaban retiradas como consta en el cuadro “COTIZACION PERSONAL TEMPORAL PARA LA ALCALDIA DE ARAUCA” visible a folio 472, actuación con la cual se vulneró el principio de transparencia numeral 8 artículo 24 y el principio de Economía numeral 2 artículo 25, el principio de responsabilidad numerales 1°, 2° y 4° y el artículo 12 del decreto 0238 de 1999, mediante el cual se liquida el presupuesto de rentas y gastos del Municipio de Arauca para la vigencia de 2000… …Así mismo con su actuación incumplió lo dispuesto en los numerales 2, 3, 10, 13, 18 22,23, del artículo 40 de la ley 200 de 1995 que definen los deberes de los servidores públicos….: Todo lo cual genera responsabilidad en su contra de acuerdo con el artículo 6° de la Constitución Política y falta Disciplinaria de conformidad con los artículos 51 y numeral 2 de la ley 80 de 1993, el artículo 38 del código Disciplinario Único y que este Despacho califica provisionalmente como grave porque con su actuar no cumplió con las exigencias del estatuto contractual y normas presupuestales

permitiendo que mediante el contrato cuestionado se cancelaran unos servicios que se prestaron por fuera de contrato conformándose la legalización de hechos cumplidos, a titulo de dolo por cuanto conocedora de las leyes que rigen la materia de presupuesto y contratación y sabiendas que en la cotización se advertía que el 3 presupuesto contenía el cobro de unos servicios prestados con antelación y cuyo pago no había efectuado, aceptó la oferta la adjudicó y suscribió el contrato es decir infringió la ley con pleno conocimiento de causa”

3. DESCARGOS (folio 647 a 649) Notificada en legal forma el auto de cargos a la implicada, dentro del término de Ley por intermedio del Defensor de Oficio JORGE CAPUTO MORENO hizo entrega de su respectivo escrito exculpatorio en el que manifiesta: Que el motivo por el cual su defendida suscribió el contrato de prestación de servicios 023 de febrero 14 de 2000, con la Cooperativa de Trabajadores Asociados de servicios Integrados SERVICOOP LTDA., fue básicamente la urgencia presentada en el Municipio puesto que se habían suprimido alrededor de 50 cargos, por lo tanto como representante legal debía vigilar y salvaguardar los bienes y el entorno de la sede administrativa de la Alcaldía de Arauca, que por circunstancias enteramente ajenas a la voluntad e intención de la implicada BARONI COLMENARES, esto es fuerza mayor, que es una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria, pudieron ocurrir inconsistencias en el aviso de convocatoria, conducta que considera la defensa, no tiene naturaleza de incumplimiento deliberado de deberes y obligaciones funcionales en la materia.

Con respecto a la cancelación de servicios prestados por fuera del convenio No. 023, y cuyos costos se cargaron a éste, considera el Defensor de Oficio, que es admisible lo expresado por la disciplinada en la versión, teniendo en cuenta que por la desvinculación de personal y supresión de cargos, se dio la necesidad de un servicio de apoyo para salvaguardar los bienes y entorno de la sede administrativa, procediendo por ello a vincular verbalmente 4 o 5 personas para que desarrollaran dichas tareas mientras se surtían las etapas pre contractual y contractual. Por otra parte señala la defensa, que para la contratación directa con la Cooperativa mencionada, no existía ninguna prohibición, puesto que si bien es cierto la escogencia del contratista se efectúa siempre por licitación o concurso público, también lo es que, en el caso de los convenios de menor cuantía y en lo que se puedan contratar directamente, que en el presente caso, era la oficina jurídica asesora de la alcaldía de Arauca, a quien le correspondía elaborar la minuta del convenio No. 023 y realizar el estudio jurídico correspondiente, por lo que le resulta sensiblemente extraño, que en el auto de cargos se admita que el Dr. Cisneros –folio 619hubiese hecho tal examen y consideró “que procedía suscribir el contrato 023, ya que tratándose de una cooperativa no se requería proceso diferente al verificado”, a quien se desvinculo de la investigación, y sin embargo ese mismo aspecto, se considera como uno de los cargos, por lo que considera que existe una grave inconsistencia.

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Esta Delegada mediante auto de febrero 2 del año 2004, dando cumplimiento a lo

reglado por el artículo 92.8 de la Ley 734 de 2002, corrió traslado por el término de cinco (5) días, para que la investigada o su Defensor de Oficio presentaran alegatos de conclusión, decisión que fue notificado por estado de febrero 25 del presente año– folio 671, quienes guardaron silencio. 4

5. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Los cargos que en las presentes diligencias se endilgan a la señora ILIANA JOSEFINA BARONI COLMENARES, en su condición de alcalde municipal de Arauca - Arauca, consistieron en que inicialmente el 1° de febrero de 2000, fijó aviso de convocatoria desfijado el 3 del mismo mes y año, solicitando la presentación de propuestas económicas para el manejo de personal de servicios temporales en las diferentes dependencias de la Alcaldía, sin especificar las bases por las cuales se regiría tanto la escogencia del contratista, como las reglas específicas del contrato y condiciones en que se requería el servicio.

Frente a esta conducta es del caso mencionar, que la actividad contractual de las entidades del Estado, en desarrollo del artículo 209 de la Constitución Política, tiene unos principio reglados en el Estatuto General de Contratación, como son, transparencia, economía, responsabilidad, igualdad, publicidad y además el deber de selección objetiva, los cuales deben ser cumplidos sin exclusión alguna por los servidores públicos encargados de la dirección de la actividad contractual como representantes de la Administración Pública, e independiente de la modalidad del contrato. Al respecto, el inciso segundo artículo 3° del Decreto reglamentario 855 de 1994, claramente determinó que la solicitud de ofertas debe contener la información básica

sobre las características generales y particulares de los servicios que la entidad requiere, las condiciones de pago, al igual que el término de presentación de las propuestas, es decir, impone al servidor público el cumplimiento de los requisitos y tramites que por imperio de la Ley allí se describen. Observa el Despacho a folio 502, se registra copia del aviso de convocatoria mediante el cual la alcaldía municipal de Arauca, solicitó la presentación de propuestas económicas para el manejo del personal de servicios temporales para las diferentes dependencias de la alcaldía, las cuales según la convocatoria solo debía contener la carta de presentación y certificado de cámara de comercio. Significa lo anterior, que dicha invitación, no cumplía con los requisitos exigidos en el artículo 3° del Decreto 855/94, como quiera que no se informó cual era el presupuesto de la entidad destinado para el cumplimiento del contrato, como tampoco en que dependencias, que cargos y que cantidad de personal se requería, no se especificó su horario de trabajo, teniendo en cuenta que necesitaba servicio de celaduría, al igual que no se fijaron los honorarios reconocidos por la alcaldía para cada persona en sus diferentes cargos, ni el término de duración del contrato, entre otros requisitos, omisión que permite establecer el descuido y desidia de la implicada frente a la Administración, puesto que con su conducta efectivamente vulneró el principio de transparencia, que por falta de las especificaciones claras de las reglas a seguir en la escogencia del contratista, impidió una libre y mayor concurrencia de oferentes que brindaran a la entidad mejores beneficios para los intereses de la entidad y los posibles oferentes, vulnerando por consiguiente el

deber de selección objetiva. Igualmente al no establecerse en la convocatoria, las reglas de evaluación de las ofertas, ni ponderación de éstas, es claro que la escogencia del contratista, obedeció únicamente al arbitrio de la administración municipal en cabeza de su alcaldesa 5 BARONI COLMENARES, puesto que allí no se establecieron factores de calificación técnicos, jurídicos, ni financieros, que garantizaran que la propuesta favorecida ejecutaría el contrato cumpliendo las expectativas de la entidad, tal como se desprende de la certificación expedida por la Jefe de la Oficina Jurídica del municipio de Arauca – folio 570 y de la propia acta de adjudicación de fecha 7 de febrero de 2000 – folio 501. Por las anteriores consideraciones, no puede este Despacho aceptar las razones esbozadas por la defensa, puesto que si en algún momento existió urgencia de dicha contratación, la cual dentro de las diligencias no quedó probada, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública al igual que sus Decretos Reglamentarios, señalan explícitamente los requisitos y condiciones que deben cumplir los servidores públicos encargados de dirigir la contratación estatal, exigencias que la implicada ILIANA JOSEFINA BARONI, no cumplió. Igual ocurre frente al segundo cargo imputado a la disciplinada BARONI COLMENARES, puesto que efectivamente al suscribir el contrato 023 de febrero 14 de 2000, con la Cooperativa “SERVICOOP LTDA.”, para prestación de servicios de manejo de personal temporal en las diferentes dependencias de la alcaldía, por valor

de $ 136593.469.oo, en forma directa, excedió el monto de la menor cuantía que para entonces permitía el presupuesto de la entidad el cual estaba establecido en $ 34.458234.000. –folio 90 a 184Es decir, el presupuesto anual de la Alcaldía Municipal de Arauca para el año 2000, equivalía a 132.480.71 salarios mínimos legales mensuales, por lo tanto de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo literal a) del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, los contratos de menor cuantía de esa entidad alcanzaban un máximo de 300 SMLM equivalentes a $ 78030.000, como tope de la menor cuantía establecida para ese municipio, lo cual indica que el valor del contrato 023/00, rebasó dicha cantidad, en consecuencia, esta situación le imponía a la Alcaldesa de Arauca, adelantar el correspondiente proceso de licitación pública, puesto que por su valor no podía considerarse como menor cuantía. No comparte el Despacho los planteamientos de la defensa, puesto que por regla general la contratación de la administración pública debe realizarse mediante la licitación o concurso público, para que en igualdad de condiciones y oportunidades los interesados presenten sus ofertas y se seleccione entre ellas la mas favorable a la entidad, y solo excepcionalmente en los casos taxativamente enunciados en el artículo 24 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, puede entregarse mediante contratación directa, previo cumplimiento de los requisitos allí exigidos para que estas excepciones se den. En el caso sub-judice quedó claro, que los presupuestos para suscribir el contrato de

prestación de servicios 023/00, folio 504 a 512, mediante la modalidad de contratación directa no se daban, y por el contrario, debió adelantarse el correspondiente proceso licitatorio, puesto que el valor de éste superó ampliamente la menor cuantía que para el año 2000, alcazaba un máximo de 300 salarios mínimos legales mensuales, por lo tanto para los contratos que sobrepasaran esa cantidad, como en el presente caso, era necesario en aras de garantizar el principio de transparencia la licitación pública, teniendo en cuenta además, que éste principio preside el de selección objetiva y busca el logro de una contratación intachable en la 6 escogencia del contratista, preservando la moralidad administrativa, haciéndose imperativo el adelantar la licitación pública. Ahora, no puede pretender la defensa, ni la propia implicada como lo sostuvo en su versión libre rendida el 12 de agosto del año anterior (folio 34 cuaderno de comisión), que al suscribirse el contrato de prestación de servicios 023/00, con la cooperativa SERVICOOP, este se denomina contrato interadministrativo de los descritos en el literal c) artículo 24 de la Ley 80/93 y pueda celebrarse de forma directa, puesto que si bien es cierto el parágrafo del artículo 3° ibídem, señala que para los efectos de dicha ley se denominan entidades estatales las cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales, no pueden confundirse con las de trabajo asociado descritas en el artículo 70 de la ley 79 de 1988. Lo anterior, porque las consideradas como entidades estatales, no son otras que las

conformadas por los mismos entes territoriales, descritas en el artículo 148 y siguientes de la ley 136 de 1994, concordante con el artículo 95 de la ley 489 de 1998, es decir, se requiere la participación del Estado a través de sus entidades, departamentos o municipios. Mientras que, de conformidad con lo señalado en el artículo 1° de la ley 468 de 1990, las cooperativas de trabajo asociado son empresas asociativas sin ánimo de lucro, que vinculan el trabajo personal de sus asociados y sus aportes económicos para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios en forma autogestionaria, es decir, está conformada totalmente por particulares y no hay participación alguna del Estado. Por lo tanto, la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Integrales “SERVICCOP LTDA”, con quien la implicada suscribió el contrato de prestación de servicios 023/00, no puede denominarse en ningún caso, cooperativa de entidad estatal, puesto que dentro de sus socios no se encuentra afiliado ninguna entidad del Estado, es decir, no tiene participación alguna, tal como se desprende de la misma propuesta – folios 466 a 469. Por las anteriores razones, no puede el Despacho aceptar las explicaciones de la defensa, puesto que determinado como está, que SERVICOOP LTDA, no puede considerarse como entidad estatal, de las descritas en el literal c) artículo 24 de la Ley 80 de 1993, no podía la disciplinada en calidad de Alcaldesa Municipal de Arauca, celebrar en forma directa el contrato de prestación de servicios 023 de 2000, puesto que además su valor - $ 136593.469= , superaba ampliamente la menor

cuantía establecida en el año 2000, para el municipio, y el procedimiento que debió adelantar la administración municipal de Arauca, para la adjudicación de dicho contrato, era la licitación pública. El tercer reproche efectuado dentro de la presente actuación disciplinaria en contra de la señora ILIANA JOSEFINA BARONI COLMENARES, consistió en haber legalizado hechos cumplidos, cuando dentro del contrato de prestación de servicios 023 de febrero 14 de 2000, suscrito con la Cooperativa de Trabajadores Asociados de Servicios Integrales, incluyó el costo del servicio de celaduría por valor de $ 3 056.398, prestado por esa cooperativa durante el periodo comprendido entre el 1° de enero al 6 de febrero de 2000, es decir, antes de iniciar el proceso de contratación. 7 A folio 472, obra copia de la cotización de personal temporal para la Alcaldía de Arauca, presentada por la cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Integrales “SERVICOOP LTDA”, en la que se describe el área donde se prestará el servicio, el valor por mes de dicho servicio y la duración del servicio, en ese mismo cuadro efectivamente aparece el costo total del contrato de prestación de servicios 023/00, por $ 136593.469, pero igualmente aparece una casilla que describe el servicio prestado por 4 personas retiradas en la columna de valor total, aparece $ 3056.398, y en la columna de duración del servicio describe, “1ENE/4FEB Y 1ENE/6FEBRE”. Dentro de la presente actuación, quedo claro que el proceso precontractual

adelantado para la prestación de servicio de personal temporal en la alcaldía municipal de Arauca, se inició con el aviso de invitación o convocatoria, el cual se publicó del 1° al 3 de febrero de 2000 – folio 500-, significa lo anterior, que ciertamente 4 personas de la Cooperativa a quien se le adjudicó el contrato ya venían laborando para la Alcaldía y para cancelar ese servicio fue incluido dentro del costo total del contrato, reconociendo y legalizando irregularmente hechos cumplidos, que por mandato legal no podía efectuarlo mediante esa figura, por lo tanto, la señora ILIANA JOSEFINA BARONI COLMENARES, desatendió los principio de transparencia, economía y responsabilidad, que rigen la contratación estatal. El artículo 71 del Decreto 111 de 1996, es claro en señalar que previo a los compromisos que adquieran las entidades estatales y afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con el respectivo certificado de disponibilidad, igualmente precisa, que ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes. En consecuencia, la implicada BARONI COLMENARES, no solo inobservó la disposición anteriormente mentada, cuando ordenó la ejecución de prestación de un servicio, sin el correspondiente acto administrativo, y sin tener en cuenta la obligación de certificar la disponibilidad presupuestal que garantizara el pago de la obligación contraída, sino que además, de forma totalmente contraria a la ley, incluyó posteriormente dentro del contrato 023/00, el valor correspondiente al servicio que le habían prestado con anterioridad, legalizando de esa forma unos hechos cumplidos.

Frente a esta imputación, la defensa de la implicada sostiene que la conducta de la señora ILIANA JOSEFINA BARONI, es admisible toda vez que esa situación se presentó debido a la supresión de cargos del municipio al finalizar el año 2000, lo que implicaba la necesidad contratar el servicio para vigilar los bienes de la administración, para ello contrató 4 personas, mientras se surtía la etapa precontractual. Planteamientos que no comparte este Despacho, puesto que antes de la desvinculación o reforma de la planta de personal del municipio, debió prever que la supresión de cargos generaría la falta de vigilancia en la entidad y paralelo al proceso de reestructuración, era su deber iniciar el de contratación de personal, en consecuencia previo a la vinculación de esas 4 personas de vigilancia, debió expedir el acto administrativo que así lo ordenara, por lo tanto, esa situación no puede considerarse como fuerza mayor, por cuanto era perfectamente previsible. 8 Ahora, las razones de la defensa, no atacan para nada el cargo, puesto que lo imputado a la encartada, es haber incluido en el contrato 023/00, el valor del servicio prestado por la Cooperativa adjudicataria, correspondiente a las 4 personas que en los periodos comprendidos entre el 1° de enero al 4 de febrero y del 1° de enero al 6 de febrero del año 2000, legalizando hechos cumplidos, conducta que quedó demostrada dentro de la presente actuación disciplinaria, a folio 472. En ese orden de ideas, encuentra el Despacho que efectivamente la implicada ILIANA JOSEFINA BARONI COLMENARES, en su condición de Alcalde Municipal

de Arauca – Arauca, faltó a sus deberes y actuó con desviación y abuso de poder cuando eludió el procedimiento de licitación pública para la selección objetiva a la suscripción del contrato de prestación de servicios 023 de 2000, en contravía de lo dispuesto en los numerales 1° y 8º artículo 24, artículo 25 numeral 12, artículo 26 y artículo 29 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, puesto que en el no informar a los participantes las características generales y particulares del servicio requerido, al igual que omitir el establecer claramente las reglas a seguir para la escogencia del contratista, e inobservar la licitación pública al cual estaba obligada, teniendo en cuenta que el valor del contrato 023/00, excedía el tope de menor cuantía para la contratación directa, además de legalizar hechos cumplidos cuando incluyó dentro del contrato, el pago del servicio prestado por el contratista con anterioridad al inicio del proceso precontractual, incumpliendo con esa conducta los deberes que la Constitución en sus artículo 6º y 209, le imponía, al igual que el numeral 1º del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, conducta que sin lugar a dudas constituye falta disciplinaria merecedora de reproche. Amen de lo anterior, el principio de escogencia o selección objetiva de los contratistas fundamenta uno de los principales deberes de todos los responsables de la contratación estatal, que conlleva preservar la institucionalidad sobre los intereses personales, individuales o subjetivos cuando se trate de escoger al contratista, con independencia del procedimiento utilizado para estos efectos;

objetividad de la selección que es parte integrante del principio del interés general. En todos los procedimientos de selección de contratistas, se deben tener presentes principios como la igualdad, participación y sobre todo la libre competencia económica, para permitir que todos aquellos sujetos del mercado puedan proponerle a la administración bienes, servicios y demás objetos requeridos para atender sus necesidades, acorde con los pliegos de existir, compitiendo paritariamente en razón de sus capacidades, experiencia y conocimientos, para que de esta forma puedan las entidades públicas identificar al proponente que mas favorezca a la entidad, sin olvidar que la misma ley exige para el análisis objetivo de las propuestas, que todos los factores contemplados en los pliegos, términos de referencia o solicitud de oferta deben evaluarse en conjunto, efectuando las comparaciones necesarias entre ellas, y otorgando una calificación final para selecciona al mejor proponente.

6. CALIFICACIÓN DE LA FALTA Y ANÁLISIS DE CULPABILIDAD

9 Probada como se encuentra la irregularidad en que incurrió la señora ILIANA JOSEFINA BARONI COLMENARES, este Despacho confirmará la calificación que se