PGN - Documento 201603071713100

1 ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada Contratación Estatal Radicación: 165-51332-2001

Disciplinados: EMIRO PEDRO CABEZAS CASANOVA

Cargo y entidad: Director General Corporación Autónoma Regional de Nariño Quejoso: Anónimo Fecha Queja: 22 de noviembre de 1999

Fecha Hechos: febrero 1998 a 24 de diciembre 1999

Asunto: Fallo

Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2004 Con fundamento en las competencias asignadas a través del Decreto Ley 262 del año 2000 y la Resolución número 0017 del mismo año, expedidos por el Gobierno Nacional y el señor Procurador General de la Nación, respectivamente, procede el Despacho a decidir lo que en derecho corresponde de acuerdo a las diligencias adelantadas en el presente radicado.

I. INDIVIDUALIZACION DEL AUTOR Se trata del servidor público EMIRO PEDRO CABEZAS CASANOVA, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.955.386, Director General de la Corporación Autónoma Regional de Nariño “CORPONARIÑO” para la época en que ocurrieron los hechos endilgados en el auto de cargos visible a los folios 394 a 479 del cuaderno

No. 2.

II. ANTECEDENTES

En escrito de fecha 22 de noviembre de 1999 (FLS 2 a 3 CO No. 1), se pone en conocimiento del Ministerio Público posibles irregularidades contractuales ocurridas al interior de la Corporación Autónoma Regional de Nariño “CORPONARIÑO”.

Manifiesta la queja que en la entidad estatal se vienen generando hechos de corrupción y se solicita una revisión de los convenios y contratos internacionales celebrado con los países bajos, para la inversión en proyectos por la suma de de $3.400 millones de pesos de los cuales la inversión no llega a los treinta millones de pesos. Por auto de 21 de diciembre de 1999 (FLS 4 a 5 CO Nº 1), la Dirección Nacional de investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, dispuso iniciar diligencias de indagación preliminar en contra del Director de la Corporación del Medio Ambiente, a fin de establecer las conductas que da cuenta la queja y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron las mismas. El Procurador General de la Nación, por medio de auto de fecha 13 de marzo de 2000 (FL 8 CO No. 1), delegó en la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para que adelantara la indagación Preliminar contra EMIRO PEDRO CABEZAS, Director General de la Corporación de Nariño “CORPONARIÑO”. En virtud de los autos referenciados, los comisionados del Ministerio Público recibieron versión libre al implicado y realizaron declaraciones y visitas a las dependencias de FIDEUNIÓN, así mismo, gestionaron actuaciones ante las Exp. 165-51332 PATRICIO GAVIRIA PATIÑO 2 entidades bancarias y estatales en aras de establecer las irregularidades de corrupción y contractuales que se da cuenta en la queja y en las declaraciones (FLS 10 a 11 y 20 a 136 CO No. 1).

El Procurador General de la Nación, en consideración a las facultades otorgadas por la extinta Ley 200 de 1995, y previamente motivando la decisión de fondo, expidió el auto de fecha 11 de agosto de 2000, creando una comisión especial de asesores adscritos al Despacho para disciplinar al servidor estatal EMIRO PEDRO CABEZAS

CASANOVA (FL 248 CO No. 1).

Por medio de auto de fecha 5 de septiembre de 2000, el señor Procurador General de la Nación revoca el auto de fecha 11 de agosto de de la misma anualidad y, ordena que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales reasuma las diligencias disciplinaria (FL 252 CO No. 2). En cumplimiento del auto emanado del Despacho del Procurador General de la Nación de fecha 5 de septiembre de 2000, la Directora Nacional de Investigaciones Especiales, por medio de auto de fecha 15 de noviembre de 2000, dispone continuar con la indagación preliminar hasta por el término de un mes y ordena practicar las pruebas del auto de fecha 21 de diciembre de 1999 (FL 253 CO No. 2). En cumplimiento del auto emanado de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, los comisionados se desplazan el día 20 de noviembre de 2000 a las instalaciones de “CORPONARIÑO” ubicadas en la ciudad de San Juan de Pasto con el fin de establecer la actividad administrativa desplegada frente a la ejecución del proyecto Bosques de Guadual II (FLS 255 a 262 CO No. 2); practica visita especial al proyecto Bosques de Guandal municipios de Tumaco y Olaya Herrera el día 22 de

noviembre de 2000 (FLS 330 a 333 CO No. 2); recibir declaraciones (FLS 272 a 274 y 281 a 282); y, le recibir versión libre al implicado (FLS 336 a 345 CO No. 2). Amparada en los autos y pruebas ya reseñadas, esta Delegada mediante auto de fecha 18 de julio de 2002 profiere auto de apertura de investigación disciplinaria contra el servidor estatal conocido en los autos, por las posibles irregularidades contractuales acaecidas en el desarrollo y ejecución del proyecto ambiental Guandal II (FLS 347 a 364 CO No. 2). El auto fue notificado en forma personal al disciplinado

EMIRO PEDRO CABEZAS CASANOVA (FL 373 CO No. 2).

Aportadas y practicadas las pruebas en consideración del auto de apertura de investigación disciplinaria en contra del disciplinado, la Delegada profiere pliego de cargos (FLS 394 a 479 CO No. 2) por las conductas irregulares que allí se le ponen de presente. Luego de presentar el respectivo escrito de descargos al auto endilgatorio (FLS 511 a 521 CO No. 3) y después de solicitar la práctica de pruebas, el apoderado del disciplinado invoca la nulidad del pliego de cargos, pues en el sentir del profesional del derecho al disciplinado no se le citó a rendir versión libre y, además, por habérsele dado aplicación al artículo 141 de la Ley 200 de 1995, en obedecimiento a la sentencia de la Corte Constitucional C728 de 2000. Exp. 165-51332

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III. NULIDAD Plantea el apoderado del disciplinado en el escrito de descargos (FLS 511 a 521 CO

No. 3), la existencias de causales excluyentes de responsabilidad y violación al debido proceso por la falta de aplicación del artículo 141 de la Ley 200 de 1995, en obedecimiento de la sentencia de la Corte Constitucional C-728/00 y, además, en consideración a que su defendido no fue escuchado en versión libre. En primer lugar y en lo atinente a que su asistido no fue escuchado en versión espontánea y libre de todo apremio, tal parecer de ninguna forma es compartido por el Despacho en consideración a que en el proceso aparece probado que el disciplinado si fue citado y escuchado en versión libre el día 11 de diciembre de 2000, es decir, antes que se venciera los términos de la indagación preliminar (FLS 336 a 345 CO No. 2). Además, consta en la diligencia que el disciplinado fue asistido por un profesional del derecho. En cuanto a que no se le ha dado aplicación al artículo 141 de la Ley 200 de 1995, la Delegada se aparta del parecer esgrimido por el profesional del derecho habida cuenta que la norma en cita tiene como excepción el artículo 142 de la misma ley, el cual dispone que el término de la indagación preliminar podrá prorrogarse por otros seis meses por conductas que sean de competencia de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, en razón a que justamente las diligencias fueron iniciadas por dicha dependencia de la Procuraduría General de la Nación. En efecto, la sentencia invocada por el abogado del servidor estatal declaró la exequibilidad del artículo 141 de la Ley 200 de 1995. Para el efecto del caso de la

nulidad invocada, veamos un aparte de la providencia constitucional: (…) “Tres consideraciones adicionales permiten apreciar que el término no es a primera vista insuficiente: la primera es que el lapso de los seis meses no comprende el tiempo necesario para la evaluación de las pruebas recopiladas durante el período de indagación, lo que permite que ese período sea utilizado íntegramente para la recopilación de pruebas. La segunda, que en aquellos casos en los que el Procurador General de la Nación considere que un proceso es de importancia para la Nación y que exige un mayor tiempo de pesquisa previa bien puede asignárselo a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, tal como lo señala el literal a) del artículo 11 de la Ley 201 de 1995, con lo cual el período de indagación preliminar puede incrementarse en otros seis meses, como lo precisa el artículo 142 del CDU; y la tercera, que, de acuerdo con el inciso 1 del artículo 27 de la Ley 24 de 1992, el Ministerio Público debe inadmitir aquellas quejas que considere que carezcan de fundamento, lo que significa que la autoridad de control disciplinario bien puede concentrar su actividad en las denuncias en las que se observe que existe posibilidad de culminar con éxito la indagación preliminar”. La resaltada no es original. Como se aprecia, de manera alguna el proceso se ha desbocado en el cumplimiento de los términos para adelantar las pesquisas de la indagación, en razón a que en el expediente el señor Procurador General de la Nación comisionó y autorizó a la Exp. 165-51332

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4 Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para que adelantara las diligencias de indagación preliminar contra el encausado EMIRO PEDRO CABEZAS CASANOVA y, los auto del Despacho del Procurador General de la Nación se ajustan a los términos de los artículos 141 y 142 de la Ley 200 de 1995. En verdad, los autos proferidos por el Procurador General de fecha 13 de marzo de 2000 (FL 8 CO No. 1) y 5 de septiembre de 2000 (FL 252 CO No. 2), en forma clara delegan a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para que adelante la indagación preliminar contra el servidor estatal EMIRO PEDRO CABEZAS CASANOVA, luego entonces, si tenemos en cuenta que la indagación preliminar adelantada por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales acaeció entre los día 21 de diciembre de 1999 (FLS 4 a 5 CO No. 1) y 15 de diciembre de 2000 (FL 253 CO No. 2), significa que las pruebas recaudadas en el término mencionado fueron allegadas e incorporadas en los términos de los artículos 141 y 142 de la Ley 200 de 1995, los cuáles permiten prorrogar el término de la investigación por otros seis (6) meses. Así las cosas, el Despacho no observa causales que afecten el debido proceso y que conlleven a la nulidad de la actuación disciplinaria.

IV. CARGOS PRIMER CARGO: “Haber dado la orden, no obstante que no lo podía hacer en la medida en que anteladamente no hizo ni obtuvo los análisis de conveniencia, los estudios, diseños y

proyectos requeridos según los respectivos objetos, ni hecho las invitaciones, recepcionado las propuestas y evaluado éstas, para que FIDUCIARIA LA UNIÓN celebrara los siguientes negocios jurídicos: Contratista Valor Cargo y Duración Thomás Eliecer Cortés $31.200.000,oo Coordinador Quiñónez Un año 11 julio/98 Juan A. Garzón Pita $1.745.700,oo 4 meses Asistente Técnico más 20% de prima 4 meses 23 agosto/99 Víctor G. Morcillo $23.043.240 más 20% Coordinador Fom. de prima Participativo 1º febrero /99 Víctor G. Morcillo $8.250.000 más 20% de Coordinador Fom. prima Participativo 1º sept. 1998 Elizabeth Gómez Etayo 2.209.104 más 20% de Desarrollo de Género 1º prima de febrero de 2000 Elizabeth Gómez Etayo $7.227.198 más 20% de Capacitación y prima Organización Género 1º de marzo de 2000 Hector Manuel Angulo $1.335.936 más 20% de Desarrollo de Género 1º prima de febrero de 2000 José Eusebio Prado $8.131.788,oo más 20% Técnico Agrícola 1º de Exp. 165-51332 PATRICIO GAVIRIA PATIÑO 5 de prima junio de 1999 Edgar Solís Hurtado $8.130.788,oo más 20% Técnico Agrícola 1º de de prima junio de 1999 Wilson a. Gómez $8.131.788,oo más 20% Tecnólogo Forestal 1º

de prima de junio de 1999 María Aldesa Angulo $7.744.560,oo más 20% Técnico Desarrollo de prima Género 1º de mayo 1999 Víctor Arnulfo Gallo $8.250.000,oo más 20% Coordinador Asistente de prima Técnico 1º de sept. 1998 Víctor Arnulfo Gallo $23.043.240,oo más Coordinador Asistente 20% de prima Técnico 1º de febrero 1999 Jorge Eduer Fajardo $7.920.000,oo más 20% Asistente Administrativo de prima 1º de sept. 1999 José Roberto Suárez $4.392.000,oo más 20% Tecnólogo Forestal 1º de prima de sept. De 1998 Cruz Dalmiro Olmedo $3.142.720,oo más 20% Técnico Extensión y de prima Capacitación 1º de sept. De 1999 Sandra P. Martínez $1.745.700,oo 4 meses Asistente Administrativo 20% de prima 1º de sept. De 1999 Rocío del Pilar Lucas G. $7.744.560,oo más 20% Técnico Desarrollo de prima Género 1º de mayo 1999 Ricardo Perlaza Salas $6.599.712 más 20% de Técnico Extensión y prima Capacitación 1º de junio 1999 Jorge Antonio Viveros $7.744.560,oo más 20% Tecnólogo Forestal 1º de prima de mayo de 1999 Berby Sánchez Montaño $6.599.712,oo más 20% Técnico Extensión y de prima Capacitación 1º de junio

de 1999 Juan Hernán payán $8.728.500,oo más 20% Asistente Administrativo de prima 1º de agosto de 1999

SEGUNDO CARGO: “Haber dado la orden para que FIDUCIARIA UNIÓN S. A., mediante negociación directa, contratara la compra: a) Con CARLOS PALACIO de Almacén Andino de 2 motores fuera de borda y 2 botes por $38`077.696; b) de otros motores fuera de borda por $6`000.000 con cargo a la Cuenta Especial del Proyecto Guandal fase II.; c) con THOMAS ELIÉCER CORTÉS otros motores fuera de borda por $1`532.800; d) con el mismo CARLOS PALACIOS otros motores similares con por $11`260.000; e) de una planta eléctrica por $30`000.000; f) de 5 generadores eléctricos por $10`000.000; y g) de 2 motores de 75 HP fuera de borda por $18`000.000, no obstante que no lo podía hacer no solo porque esas adquisiciones no estaban contemplados en el Plan Operativo del proyecto sino porque anteladamente no hizo ni obtuvo los análisis de conveniencia, los estudios, diseños y proyectos requeridos

Exp. 165-51332 PATRICIO GAVIRIA PATIÑO 6 según los respectivos objetos, ni hecho las invitaciones, recepcionado las propuestas y evaluado éstas”.

TERCER CARGO: “Haber celebrado con ALBERTO VALLECILLA el contrato número 128 de 06 de diciembre de 1999, adquiriendo útiles y provisiones por $26000.000, no obstante

que no lo podía hacer no solo porque ese contratista era, a su vez, un contratista de celaduría del proyecto sino porque anteladamente no hizo ni obtuvo los análisis de conveniencia, los estudios, diseños y proyectos requeridos según los respectivos objetos, ni hecho las invitaciones, recepcionado las propuestas y evaluado éstas”.

CUARTO CARGO: “Haber eludido el procedimiento de negociación que legalmente correspondía para contratar el objeto de remodelación del campamento, fraccionándolo para celebrar los acuerdos de 03 de marzo de 1999 con GERMAN EUGENIO MORA INSUASTY por $43`470.000, número 140 de 21 de octubre de 1998 con la ADMINISTRACIÓN COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DEL SUR DE COLOMBIA LIMITADA “COOMSUR LTDA.” por $39`000.000, y número 126 de 07 de diciembre de 1999 con JHONNY MINOTA PRECIADO por $3`440.240, dejando así de aplicar los principios de transparencia y responsabilidad y el deber de selección objetiva, lo que legalmente no podía hacer”.

QUINTO CARGO: “Haber dado la orden para que FIDUCIARIA UNIÓN S. A. contratara el 1º de julio de 1999 a MONITOREO AMBIENTAL LIMITADA por $69`000.000, y haber contratado por acuerdo número 150 de 24 de diciembre de 1999 a la COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE NARIÑO “COOMNARIÑO” por $68`604.442, para ejecutar un mismo objeto, consistente en la consultoría de la cartografía temática del área de influencia del Proyecto y la adquisición de equipos y combustibles, lo que lógica,

objetiva y legalmente no podía hacer”. SEXTO CARGO “Haber ordenado y consentido el pago a la respectiva contratista de sumas de dinero en momentos en que no debía y en cuantía superior al precio pactado, en el contrato número 142 –1 de 23 de octubre de 1998 que por $754`539.300 celebró con la ADMINISTRACIÓN COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DEL SUR DE COLOMBIA LIMITADA “COOMSUR LTDA.”, para ejecutar el Monitoreo del Proyecto Bosques de Naidí y Guandal, lo que legalmente no podía hacer”.

SÉPTIMO CARGO:

Exp. 165-51332 PATRICIO GAVIRIA PATIÑO 7 “Haber ordenado el giro y pago de $4`500.000, $4`273.000, $8`625.000, $30`740.000, $25305.000 y $33`000.000, dizque adquiriendo equipo básico forestal, aserríos portátiles e imprevistos, equipos que finalmente nunca ingresaron al Proyecto de Aprovechamiento y Manejo de Bosques de Guandal e imprevistos no contemplados en los conceptos del manejo de recursos, como así lo informa la prueba documental visible a folios 228, 229, 231, 332 y 333 del Cuaderno 1 del expediente, no obstante que no debía ni podía hacerlo”.

OCTAVO CARGO: “Haber ordenado y consentido, dentro del contrato que este procesado autorizó para el contratista TOMAS ELIÉCER CORTÉZ QUIÑÓNEZ por el término de 12 meses y $31`200.000 más con prima de localización del 20%, el giro y pago de ocho

mensualidades cada una por $3`120.000 entre julio de 1998 y enero de 1999, cinco mensualidades cada una por $3588.000 entre febrero de 1999 y junio de 1999, así como de tres primas de localización por $6`800.000, $4`113.948 y $3`841.456; valores que sumados ascienden a $57`655.404, que sobrepasa abiertamente aquel precio, como así lo informa la prueba documental visible a folios 196 a 198 y 226 a 244 del Cuaderno 1 del expediente, situación esa que del mismo modo se presentó en el caso del negocio ajustado con SILVIO ANGULO MINOTA, según se concluye de los folios 236, 237, 238, 239, 240241, 242, 243 y 244 del Cuaderno 1, no obstante que no debía ni podía hacerlo”.

NOVENO CARGO: “Haber ordenado y consentido el giro y pago de más de 80% del total del contrato que FUDICIARIA UNIÓN S. A., a pedido suyo, celebró con PAULO EMILIOI RICAURTE GUERRA, pese a que dicho contratista nunca ejecutó el objeto del aludido acuerdo, no obstante que no debía ni podía hacerlo”.

DÉCIMO CARGO: “Haber celebrado y ordenado celebrar los contratos de que tratan los cargos anteriores, con el único propósito de aprovechar para sí y terceros los recursos que en cuantía de $1.159`456.033 le entregó a CORPONARIÑO PAISES BAJOS, manejados por fiduciaria Unión S. A. mediante contrato de fiducia, y con los cuales

tales pactos debían ser cancelados”. V.DESCARGOS Por metodología del proveído, en el acápite, la Delegada hará referencia a los descargos sobre los cargos que aún no han prescrito, pues se observa que varios de los cargos endilgados al disciplinado los ha afectado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción disciplinaria, la cual será objeto de estudio en el acápite de las consideraciones. Exp. 165-51332

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8 En escrito de descargos (FLS 511 a 521 CO No. 3) el apoderado del disciplinado aborda los cargos endilgados de la siguiente manera: PRIMER CARGO Luego de hacer una descripción sobre los antecedentes del convenio ambiental suscrito con el gobierno de Holanda, se esgrime en el descargo que no se entiende porque se hacen malos señalamientos en cuanto a la ejecución de los recursos ya que la Corporación no manejo los mismos, pues estos se hacían por medio de un contrato de fiducia celebrado con “FIDIUNION”. En igual forma se manifiesta que los contratos de prestación de servicios profesionales y los de adquisición de equipos los realizaba la fiduciaria ”FIDEUNIÓN”. TERCER CARGO El apoderado del disciplinado manifiesta su desacuerdo con el cargo elevado ya que la parte jurídica no podía pasar por alto semejante despropósito. Así mismo, solicita que respecto al cargo se escuche al señor THOMAS CORTEZ para que declare respecto al cargo que se le imputa. Finalmente manifiesta que todas las adquisiciones eran concertadas con la embajada

de Holanda a través del documento marco y estaban contempladas en un plan operativo, para lo cual se efectuaron los análisis de conveniencia. CUARTO CARGO Al cargo endilgado, expresa el defensor que no se ha presentado el fraccionamiento del contrato como tampoco se violó las normas de la contratación estatal. Explica que la remodelación del campamento se llevó a efecto en dos fases ya que no se contaba con todo el presupuesto y el gobierno de Holanda siempre fue imperativo en que no enviaba recursos hasta que el gobierno nacional no contara con los recursos de contrapartida.

QUINTO CARGO

En es escrito de descargos (FL 515 cuaderno No. 3), niega el cargo endilgado, par lo cual dice que en ningún momento se contrató dos veces el mismo objeto. Se expone en el descargo que lo que pasó fue que la cartografía contemplaba dos etapas: una etapa financiada con recursos del gobierno de Holanda, la cual fue Exp. 165-51332 PATRICIO GAVIRIA PATIÑO 9 contratada por medio de la fiducia con la firma Monitoreo Ambiental y se seleccionó esta firma porque reunía la experiencia y contaba con los profesionales idóneos para realizar el trabajo; y, la segunda, en la cual “CORPONARIÑO” comprometió los recursos de la contrapartida del gobierno nacional para hacer la segunda fase de la cartografía, pues, una fase la financiaba el gobierno de Holanda y la segunda se financiaba con recursos del gobierno nacional. Por otra parte manifiesta que los recursos del gobierno nacional llegan en el mes de diciembre por lo cual había que amarrarlos a través de la cooperativa para evitar que

fuesen recortados con perjuicio para el proyecto. SEXTO CARGO Se esgrime en el descargo que el Ministerio de Hacienda hace los desembolsos en el último mes del año, por lo cual, la única forma de ejecutar los recursos era por medio de la Cooperativa legalmente constituida, por lo cual, se manifiesta, los recursos no se perdieron. OCTAVO CARGO Argumenta en su favor el disciplinado que en ningún momento estos salarios fueron convenidos por la dirección de “CORPONARIÑO” y que por el contrario quien acordó dichos pagos fue el gobierno de Holanda con fundamento en el documento marco del proyecto, por lo cual, le extraña al disciplinado que dichos compromisos del documento marco sean desconocidos por la “FIDEUNIÓN” (FL 517 cuaderno original No. 3). NOVENO CARGO Esgrime el apoderado del disciplinado que “CORPONARIÑO” nunca autorizó dicho pago, que por el contrario siempre lo cuestionó ya que tenía información por parte del director del proyecto que el contratista había incumplido parcialmente con los compromisos contractuales adquiridos en la ejecución del contrato. Así mismo, manifiesta que posteriormente a su salida de la entidad estatal se enteró que la autorización a dicho pago lo había ordenado la embajada de Holanda. Finalmente, dice el apoderado (FL 517 cuaderno No. 3) que su asistido a duras penas conoció al contratista cuando se presentó en la Corporación Autónoma Regional, haciéndose pasar como integrante del Grupo Elite de la Contraloría General de la República, comprobándose posteriormente que era un impostor.

DÉCIMO CARGO

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10 En cuanto al cargo elevado por el Despacho, el mismo es refutado en el sentido de que la Procuraduría se está convirtiendo en juez y parte en el proceso. Fuera de lo anterior, manifiesta en el escrito de descargos que las aseveraciones que se hacen del disciplinado son tendenciosas cuando se dice que se está aprovechando para sí y a favor de terceros los recursos del Estado. Así mismo, en el escrito de descargos se invita al Ministerio Público para que se compruebe que las consignaciones en las cuentas corrientes enunciadas en el proceso fueron créditos otorgados por entidades crediticias. El apoderado invoca la prescripción de la acción disciplinaria en razón a que los hechos objeto del cargo datan desde el año 1998. En igual forma, invoca como causales de excluyente de responsabilidad disciplinaria el hecho que su defendido no era competente para administrar los recursos comprometidos en el proyecto por existir un contrato de fiducia suscrito entre el gobierno de Holanda y “FIDEUNIÓN”. Finalmente, expresa el apoderado del disciplinado que su defendido no lesionó el buen funcionamiento del servicio que prestaba “CORPONARÑO”, puesto que la administración de los recursos de contrapartida para el proyecto fueron administrados por “FIDEUNIÓN” S.A., y no por la administración de CORPONARIÑO que únicamente hacía el seguimiento y control técnico al proyecto. Por lo anterior, insiste, para que se estructure la falta disciplinaria se debe atacar la Administración Pública de manera ostensible y efectiva, poniendo en peligro los fines del Estado.

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

A pesar de haberse proferido auto (FL 904 cuaderno No. 3) por medio del cual se da traslado del expediente para que el disciplinado o su apoderado si a bien lo tuvieren y consideraren pertinente allegaren al proceso los alegatos de conclusión, habiéndose vencido el término de acuerdo a la notificación por estado (FL 913 cuaderno original No. 3), tanto el disciplinado como su apoderado no arrimaron al expediente escrito de descargos.

VII. CONSIDERACIONES Entra la Delegada a decidir sobre el asunto que nos convoca, no sin antes dejar sentado que el proceso en la instancia que se encuentra y por metodología del mismo, en el presente acápite, se avocará el estudio en cuanto a los numerales de la prescripción de la acción disciplinaria incoada por el apoderado del disciplinado, el archivo de los cargos que no prosperan y las decisiones en cuanto a los cargos probados.

1. CARGOS PRESCRITOS

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11 La Delegada accede a la petición del apoderado del disciplinado en cuanto a la prescripción de las conductas que se investigan en el proceso, pero de forma parcial en consideración a que si bien es cierto los hechos datan desde el año 1998, alguno de ellos fueron reiterativos en el tiempo, es el caso de las irregularidades contractuales que se presentaron en la ejecución del proyecto ambiental el Guandal fase II que datan desde principios del año de 1998 hasta el mes de diciembre de 1999, por lo cual, la prescripción se hará respecto a los cargos segundo y séptimo,

de la siguiente forma: SEGUNDO CARGO “Haber dado la orden para que FIDUCIARIA UNIÓN S. A., mediante negociación directa, contratara la compra: a) Con CARLOS PALACIO de Almacén Andino de 2 motores fuera de borda y 2 botes por $38`077.696; b) de otros motores fuera de borda por $6`000.000 con cargo a la Cuenta Especial del Proyecto Guandal fase II.; c) con THOMAS ELIÉCER CORTÉS otros motores fuera de borda por $1`532.800; d) con el mismo CARLOS PALACIOS otros motores similares con por $11`260.000; e) de una planta eléctrica por $30`000.000; f) de 5 generadores eléctricos por $10`000.000; y g) de 2 motores de 75 HP fuera de borda por $18`000.000, no obstante que no lo podía hacer no solo porque esas adquisiciones no estaban contemplados en el Plan Operativo del proyecto sino porque anteladamente no hizo ni obtuvo los análisis de conveniencia, los estudios, diseños y proyectos requeridos según los respectivos objetos, ni hecho las invitaciones, recepcionado las propuestas y evaluado éstas”. Al respecto, se dispondrá la prescripción de la acción disciplinaria en cuanto al haber impartido la orden a la fiduciaria para que celebrara con el señor CARLOS PALACIO, propietario del almacén Andino, la compraran de motores fuera de borda por un valor de $6.000.000 y $11.260.000, respectivamente. Lo anterior, en consideración a que dichas órdenes fueron impartidas los días 27 de octubre de 1998 y 19 de febrero de

1999 (FLS 37 y 40 cuaderno No. 8), es decir, desde que se profirieron dichas órdenes han transcurrido más de cinco años y, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, exige para que opere la prescripción de la acción disciplinaria que haya transcurrido un lapso de cinco años desde la ocurrencia de la conducta, situación esta que se presenta en las órdenes mencionadas. En igual forma se ordenará la prescripción de la acción disciplinaria respecto a la orden que impartió a la fiduciaria, para que compra otros motores fuera de borda al THOMAS ELIECER CORTÉS por un valor de $1.532.800. Lo anterior, habida cuenta que la orden fue impartida el día 19 de febrero de 1999 (FL 38 cuaderno original No. 8), es decir, han transcurrido más de cinco años desde la ocurrencia de la conducta al haber impartido la orden sin que dicha adquisición estuviera contemplada en el plan operativo del proyecto y, además, sin que se hubiese efectuado los respectivos estudios y las evaluaciones. En lo atinente a la orden que impartió a la fiduciaria para que le comprara al señor CARLOS PALACIO dos motores fuera de borda y dos botes por un valor de Exp. 165-51332 PATRICIO GAVIRIA PATIÑO 12 $38.077.696, una planta eléctrica por $30.000.000 y cinco generadores eléctricos por $10 millones, se dispondrá el archivo de las diligencias disciplinarias en razón a que no se probó que el disciplinado hubiera impartido dicha orden. En igual forma se dispondrá el archivo de las diligencias disciplinaria respecto al

haber impartido la orden para la compra dos motores 75 HP por un valor de $18.000.000. Lo expuesto, en consideración a que en el informe de auditoria al Proyecto Bosques de Guandal Fase II, aparece probado que la compra de dichos motores 75 HP fue autorizada por la embajada mediante oficio OS/BOG/034/99 de fecha 09 de febrero de 1999 (FL 41 anexo 4). SÉPTIMO CARGO “Haber ordenado el giro y pago de $4`500.000, $4`273.000, $8`625.000, $30`740.000, $25305.000 y $33`000.000, dizque adquiriendo equipo básico forestal, aserríos portátiles e imprevistos, equipos que finalmente nunca ingresaron al Proyecto de Aprovechamiento y Manejo de Bosques de Guandal e imprevistos no contemplados en los conceptos del manejo de recursos, como así lo informa la prueba documental visible a folios 228, 229, 231, 332 y 333 del Cuaderno 1 y folio 42 del anexo No. 4 del expediente, no obstante que no debía ni podía hacerlo”. Los pagos ordenados y efectuados que da cuenta el cargo disciplinario y que se cita en los folios arriba referenciados, evidencian que los mismos se efectuaron los día 29 de octubre de 1998; 10 de diciembre de 1998; 4 de febrero de 1999; 19 de marzo de 1999; 20 de abril de 1999 y en el mes de marzo de 1999, según prueba que obra a los folios 228, 229, 231, 332 y 333 del Cuaderno 1 y 42