PGN - Documento 201603071713105

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Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada Contratación Estatal Radicación: 165-37913-2000

Disciplinados: Ana Patricia Franco Luque

Cargo y entidad: Secretarias Generales Ministerio de Educación

Quejoso: Anónimo

Fecha Queja: 1999

Fecha Hechos: 1998-1999

Asunto: Fallo

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2004 Con fundamento en las competencias asignadas a través del Decreto Ley 262 del año 2000 y la Resolución número 0017 del mismo año, expedidos por el Gobierno Nacional y el señor Procurador General de la Nación, respectivamente, procede el Despacho a decidir lo que en derecho corresponde de acuerdo a las diligencias adelantadas en el presente radicado.

I. INDIVIDUALIZACION DE LA AUTORA Se trata de la servidora pública ANA PATRICIA FRANCO LUQUE, identificada con la cédula de ciudadanía número 41.671.176, Secretaria General del Ministerio de Educación Nacional para la época en que ocurrieron los hechos endilgados en el

auto de cargos visibles a los folios 257 a 364 del cuaderno No. 3.

II. ANTECEDENTES En escrito anónimo de fecha 7 de julio de 1999 (FLS 2 a 3 CO), se pone en conocimiento del Ministerio Público posibles irregularidades contractuales ocurridas al interior del Ministerio de Educación Nacional. Manifiesta la queja que la entidad estatal le gira recursos económicos a los organismos internacionales SECAB y la OEI, para la cancelación de los contratos que se suscriban con éstos organismos y con los cuales se realiza todo tipo de actividades y así se evitan las licitaciones

públicas. Por auto de 17 de noviembre de 2000 (FLS 142 a 147 del C Nº 2), la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal dispuso iniciar formal investigación disciplinaria en contra de los servidores públicos GERMAN SILVA GRACIA, SORAYA VARGAS PULIDO y ANA PATIRICIA FRANCO LUQUE, secretarios del Ministerio de Educación Nacional, por haber autorizado los gastos de los contratos celebrados con la SECAB y la OEI cuya ejecución no guardaba relación con el objeto plasmado en el contrato con los organismos internacionales; por haber autorizado a través de subcontratos de prestación de servicios el establecimiento de una planta de personal paralela; y, por haber infringido las disposiciones relativas a la racionalización del gasto público. En pliego de cargos de fecha 22 de mayo de 2003 (FLS 257 a 364 C No. 3), la Delegada prescribió la acción disciplinaria respecto al servidor público GERMAN SILVA GRACIA y llamó a responder a las servidoras estatales SORAYA VARGAS

PULIDO y ANA PATIRICIA FRANCO LUQUE.

2 En escritos de descargos (FLS 392 a 413 C No. 3) la servidora estatal SORAYA VARGAS PULIDO, invoca la prescripción de la acción disciplinaria en razón a que la imputación de los hechos que fue objeto en dicho pliego había prescrito por haber transcurrido más de cinco años desde el acaecimiento de los mismos. A la petición de ordenar la prescripción de la acción disciplinaria respecto a la servidora mencionada, el Despacho accedió mediante auto (FLS 414 a 428 C No. 3)

en el cual se dispuso en la parte resolutiva archivar las diligencias disciplinarias en cuanto a la disciplinada SORAYA VARGAS PULIDO. Por lo anterior, las conductas endilgadas en el pliego de cargos quedó vigente en cuanto a la disciplinada ANA PATRICIA FRANCO LUQUE, de lo cual se ocupa el Despacho.

III. CARGOS PRIMER CARGO: “Haber celebrado sin el cumplimiento del principio transparencia y obviando los procedimientos de selección objetiva, los contratos 027 y 075 de 1999, bajo la inobservancia de los mismos, al haber ordenado los contratos de prestación de servicios personales de JESÚS MARTÍNEZ y CARMEN CHAVERRA con cargo a los convenios Nº 193 de 1997; LUZ MARINA CIFUENTES con cargo al convenio Nº 054 de 1996; STELLA ANGARITA, ESPERANZA VARGAS y ROCÍO LOZANO, con cargo al convenio Nº 083 de 1996; ELBA MARTÌNEZ, con cargo al convenio Nº 16 de 1998; LIGIA CORTES y CECILIA NAVARRO, con cargo al convenio Nº 15 de 1998; VERONICA DAVILA, con cargo al convenio Nº 08 de 1998; YOLANDA DELGADO, LUIS JAIME PIÑEROS, HECTOR A ROMERO, OLGA FORERO DE S, GERARDO A MEDINA, ROBERTO ZARAMA U, con cargo al convenio Nº 04 de 1998; ALFREDO DUQUE y FLORALBA CANO, con cargo al convenio Nº 017 de 1999; HECTOR M

SARMIENTO, LEONARDO VERANO, AURA MONTAÑEZ, CESAR A HERREÑO, ROCIO ORDOÑEZ, ANA C CORDOBA, MARTA R PINEDO, ERWING H VARGAS, ALFREDO DUQUE, con cargo al convenio Nº 014 de 1998; MARTHA RICAUTE, LILIAN JANETH ROSERO, ANGELA L MELO, con cargo al convenio Nº 039 de 1996; y PAOLA ROSO, LUISA FDA ROSADA y ROSA MALAGON, con cargo al convenio Nº 229. Los contratos 027 y 075 de 1999, que fueron celebrados con las organizaciones internacionales mencionadas y las órdenes dadas a las mismas, para la celebración de contratos de prestación de servicios personales, se realizaron sin el cumplimiento de los requisitos de selección objetiva y la falta de transparencia. En efecto, el deber era hacer las correspondientes invitaciones por escrito, en la forma en que precisa y detallada se diera la información básica sobre las características generales y particulares de la prestación de servicios a contratar, condiciones de pago, términos para su presentación, y demás aspectos fundamentales, deber de selección objetiva que fue indebidamente omitido”.

CARGO SEGUNDO: “Haber autorizado, esto es, haber ordenado los contratos de prestación de servicios personales para ejercer funciones inherentes a las que ejercen quienes desempeñan los empleos en la planta global del Ministerio sin haber obtenido la correspondiente 3 certificación del jefe del organismo, en donde se certifique, previamente a la contratación y a las órdenes impartidas, que la entidad estatal en su planta de

personal no tenía el personal suficiente o que no existía personal de planta con capacidad para realizar las actividades a contratar. Efectivamente, en el radicado aparece que las organizaciones internacionales, previa autorización de la estatal, contrató los servicios personales de JESÚS MARTÍNEZ y CARMEN CHAVERRA con cargo al convenio Nº 193 de 1997; LUZ MARINA CIFUENTES con cargo al convenio Nº 054 de 1996; STELLA ANGARITA, ESPERANZA VARGAS y ROCÍO LOZANO, con cargo al convenio Nº 083 de 1996; ELBA MARTÌNEZ, con cargo al convenio Nº 16 de 1998; LIGIA CORTES y CECILIA NAVARRO, con cargo al convenio Nº 15 de 1998; VERONICA DAVILA, con cargo al convenio Nº 08 de 1998; YOLANDA DELGADO, LUIS JAIME PIÑEROS, HECTOR A ROMERO, OLGA FORERO DE S, GERARDO A MEDINA, ROBERTO ZARAMA U, con cargo al convenio Nº 04 de 1998; ALFREDO DUQUE y FLORALBA CANO, con cargo al convenio Nº 017 de 1999; HECTOR M SARMIENTO, LEONARDO VERANO, AURA MONTAÑEZ, CESAR A HERREÑO, ROCIO ORDOÑEZ, ANA C CORDOBA, MARTA R PINEDO, ERWING H VARGAS, ALFREDO DUQUE, con cargo al convenio Nº 014 de 1998; MARTHA RICAUTE, LILIAN JAN ROSERO, ANGELA L MELO, con cargo al convenio Nº 039 de 1996; y PAOLA ROSO, LUISA

FDA ROSADA y ROSA MALAGON, con cargo al convenio Nº 229”.

TERCER CARGO: “Haber autorizado, esto es, haber ordenado la adquisición o servicios de tiquetes aéreos con las agencias de viajes TURISMO JOTACE LTDA, AVIATUR y JEEP TOURS, según relación vista folios 90, 91, 103, 104, 105, 107, 108, 130, 131, 142, 144, 146, 151, 174 y 176 del anexo Nº. 6, por un valor de TREINTA Y UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/L ($31 418 000.oo), contratos que fueron celebrados por las organizaciones internacionales mencionadas, previa autorización de la disciplinada, sin el cumplimiento de los requisitos de selección objetiva y falta de transparencia. En efecto, el deber era hacer las correspondientes invitaciones por escrito, en la forma en que precisa y detallada se diera la información básica sobre las características generales y particulares de la prestación de servicios a contratar, condiciones de pago, términos para su presentación, y demás aspectos fundamentales, deber de selección objetiva que fue indebidamente omitido”.

IV. DESCARGOS

En escrito de descargos (FLS 369 a 387 C No. 3) la disciplinada aborda los cargos endilgados bajo los temas de la conceptualización jurídica de los temas centrales de la investigación y de los cargos; resumen del auto de cargos y su violación al derecho de defensa y al debido proceso; y, el análisis de los cargos. En cuanto a la conceptualización jurídica de los temas centrales de la investigación y

de los cargos, la disciplinada en sus descargos los asume bajo la celebración de los contratos con organismos internacionales y su ejecución; los contratos de ciencia y tecnología; la ordenación del gasto; el principio de la transparencia y la selección objetiva; los subcontratos de prestación de servicios personales y la planta paralela; y, los gastos de viajes y pasajes en los contratos de prestación de servicios. 4 Esgrime la disciplinada que la celebración y la ejecución de los contratos con organismos internacionales a los que se refiere el artículo 13 de la ley 80 de 1993, se someten a los reglamentos de tales entidades internacionales, por lo cual, en su sentir, la Ley 80 no es la única normativa que puede regir la actividad contractual de las entidades del estatales y, por ende, el estatuto contractual no obliga en el caso de objeto de investigación disciplinaria, pues, se trata es de contratos celebrados con organismos internacionales, y, afirma: “Entonces, su celebración no requiere procedimiento alguno de selección y adjudicación; y su ejecución puede estar sustraída por la disposición de la ley 80, artículo 13, de los procedimientos establecidos en la ley 80 para la contratación de las entidades estatales, en cuando dicha ley se aplica a éstas, y adelantarse, dicha ejecución, de acuerdo con los reglamentos de los organismos de cooperación”. Por lo anterior inquiere la disciplinada ¿Con base en qué, entonces puede afirma el Despacho que se obviaron procedimientos y requisitos legales? ¿Cuáles? ¿Los de la Ley 80, que no aplica por disposición de ésta misma?

Posteriormente la disciplinada, en su escrito de descargos, hace un recuento de los contratos de ciencia y tecnología para significar que el Despacho no analizó tal reglamentación en razón a que dichos contratos se celebraron con base en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 3° del Decreto 591 de 1991, ya que son contratos de cooperación y asistencia técnica de ayuda y apoyo para solucionar problemas de los países en desarrollo basados en convenios. Y la ciencia y la tecnología tienen que ver con el desarrollo del conocimiento científico y con su aplicación. En el mismo sentido, la investigada se fundamenta en la Ley 29 de 1990, por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y, en igual forma, en la Ley 20 de 1990, marco del decreto 591 de 1990, por lo cual, recaba que los artículo 3° y 4° de dicho decreto consagran expresamente que los contratos que por él se regulan se rigen por las normas del derecho privado y se celebran directamente. Respecto a la ordenación del gasto, manifiesta que es la celebración del contrato con la cual se compromete el presupuesto de la entidad estatal con cargo al cual han de pagarse los bienes o servicios objeto de dicho contrato. Por o anterior, en su sentir, no constituye ordenación del gasto las actuaciones tendientes a la ejecución del contrato. Esgrime la servidora estatal que en los contratos objeto de investigación, en algunos le correspondía la ordenación del gasto y en otros dicha ordenación del gasto estaba en cabeza del Ministro de Educación, por lo cual, expresa que si se revisan los

contratos allegados al expediente se observará que se hace referencia a recursos de inversión, de los cuales era responsable un Director de la entidad estatal. En cuanto al principio de transparencia y la selección objetiva elevadas en el cargo disciplinario, recaba que con base en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 y en especial su inciso final, la citada ley y sus decretos reglamentarios no aplican. No 5 obstante acepta en gracia de discusión que aún sujetándose los contratos a dicho ordenamiento, la ley contractual prevé la contratación directa y el Decreto 855 de 1994 en su artículo 3° hace referencia a un elemento central de dichos contratos como es intuito personae, por lo cual, en su apreciación la norma prevé expresamente que no son necesarios los procedimientos de invitación plural ni la licitación para efectos de la selección objetiva. En lo atinente a los contratos de prestación de servicios y la planta paralela, plantea la investigada que en forma alguna se presentó la subcontratación en calidad a que el organismo contratista ejecuta su obligación de asistencia y cooperación a través de de personas. Lo que ocurre en el sentir de la investigada es que los proyectos para los cuales se acude a la cooperación y asistencia técnica, incorporan la contratación de personal, por lo cual, de acuerdo con el proyecto EVI y los recursos de inversión se exige que se separe la mano de obra calificada y la no calificada y dentro de ambas se relacione tanto el personal de planta de la entidad como el personal que debe ser contratado. Finalmente, en cuanto a la planta paralela expresa que tal denominación no está definida en el ordenamiento, empero, acota que en sentido literal se presenta cuando

existiendo personal de planta se contratan más personas para hacer los mismo. Y ello no escapa a ninguna entidad por lo que la ley contractual prevé el contrato de prestación de servicios condicionado a que el personal de la planta no sea suficiente. En lo que atañe a los gastos de viajes y pasajes en los contratos que dan cuenta la prestación de servicios y en la ejecución de los proyectos de inversión, asume que todos los años la ley de presupuesto repite dentro de sus autorización de pactar en los contratos de prestación de servicios el reconocimiento y gasto de pasajes a las personas vinculadas mediante tales tipos de negocios jurídicos. En otro apartado del escrito hace referencia en forma general al auto de cargos para recabar sobre las consideraciones de la defendida que ya se han dejado expuestas en párrafos precedentes. Así mismo, en sus descargos la encartada solicita la nulidad del proveído de cargos, empero, al respecto la Delegada ya se pronunció sobre los mismos en el auto que rechaza la nulidad invocada por la servidora estatal (FLS 414 a 428 C No. 3), y en el cual se archivan las diligencias disciplinarias respecto a SORAYA VARGAS PULIDO por haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción disciplinaria. El proveído de nulidad fue notificado y comunicado (FLS 430 a 433 C No. 3) en debida forma a la disciplinada FRANCO LUQUE, sin que hiciera valer sus derechos que le otorgó el proveído en mención. Reasume finalmente la disciplinada en la parte final del proveído de cargos, así: para expresar en cuanto al primer cargo endilgado que el principio de la transparencia y la

selección objetiva no son exigibles en los contratos cuestionados, además, fundamenta que dichos organismos actuaron para ejecutar los contratos con sus propias normas; en lo que atañe al segundo cargo para argumentar que la exigencia 6 de la certificación que hace referencia el cargo 2° del proveído, no era aplicable a la ejecución de los convenios celebrados; y, al tercer cargo para reiterar la inaplicabilidad de la norma citada en el Decreto 855 de 1994, en fundamentación al artículo 13 de la Ley 80 de 1993.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En escrito visible a los folios 547 a 548 del cuaderno número 3, el doctor WILLIAM JOSÉ ALBERTO CRUZ SUÁREZ, quien se anuncia como apoderado de la disciplinada, manifiesta que el debate de la investigación es un punto de derecho a la forma como se ha interpretado el inciso 4° del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, en cuanto atañe a la forma de ejecución de los contratos suscritos entre el Ministerio de Educación Nacional y los organismos de derecho público OEI y SECAB.

VI. CONSIDERACIONES Antes de todo, cómo premisa al estudio de los cargos que han sido objeto del presente proceso disciplinario, la Delegada se ocupa de determinar el alcance que para dicho análisis tiene el inciso 4 articulo 13 de la ley 80/93, dado que tanto la disciplinada a través de los medios de defensa que tuvo ocasión de presentar, como su apoderado según se aprecia en los alegatos de conclusión, invocan como concepto de absolución.

Para comenzar, señala este Despacho que en sentencia C-239 de 2004, la Corte

Constitucional fijó con criterio de autoridad el alcance de la excepción prevista en el citado inciso 4, los parámetros básicos de tal alcance se estructuran de la siguiente manera:

1. No es posible aplicar la excepción prevista en otros contratos que no sean los de empréstito, donación, cooperación o asistencia internacional que impliquen el traslado de recursos, aportes de organismos internacionales incluido el caso de la cofinanciación con contrapartidas nacionales.

2. Se excluye de dicha excepción las demás modalidades contractuales caso en los que se debe, de manera inescapable, aplicar los mandatos del estatuto contractual.

3. Particularmente se excluye la posibilidad de celebrar contratos de administración o intermediación de recursos con este tipo de organizaciones internaciones sobre la base que en la naturaleza de estos no esta previsto el elemento de gratuidad que lleva implícito la cooperación y la asistencia internacional.

4Se deduce de dicho alcance y análisis fijado por la Corte Constitucional que en los casos en que aplica la excepción, esto es, en los empréstitos, donación, contratos de cooperación o asistencia técnica internacional, la excepción permite que la selección de los contratistas se haga con base en los procedimientos del organismo internacional cooperante, donante o prestatario. Pero para que lo anterior sea posible es necesario que Colombia, mediante el respectivo tratado internacional debidamente aprobado y ractificado, forme parte de dicho organismo internacional. 7 Así mismo, en desarrollo de dicho tratado ya bien sea a través de acuerdos ejecutivos o de protocolos, que establezcan especificas modalidades de cooperación a las asistencias técnicas internacionales o las reglas básicas de la nación y del

empréstito. Por ultimo, que en desarrollo de la anterior, el organismo internacional correspondiente cuente con un instrumento aprobado por sus órganos en el cual se definan los procedimientos de selección del contratistas para aplicarlos a los casos en que se demanden. En el presente caso se observa lo siguiente: CARGO PRIMERO En relación con las conductas del primer cargo, esto es, haber celebrado los contratos con organismo internacionales 027 de 29 de junio de 1999, como obra a folios 96 a 102 del anexo 12; y, 75 de 1999 celebrado el 29 de septiembre del mismo año como obra a folios 84 a 90 del mismo anexo 12, encuentra el Despacho que a operado el fenómeno prescriptivo que extingue la acción disciplinaria. En el mismo sentido se observa que dentro del mismo cargo se cuestiona la conducta de la disciplinada por haber celebrado varios contratos de prestación de servicios con cargo a los convenios suscritos con la SECAB en unos casos y, con la OEI en otros, observándose que para el caso se celebró los contratos de prestación de servicios personales con JESÚS MARTÍNEZ y CARMEN CHAVERRA con cargo a los convenios Nº 193 (FLS 124 a 127 anexo No. 1) de 1997; STELLA ANGARITA, ESPERANZA VARGAS y ROCÍO LOZANO, con cargo al convenio Nº 083 (FLS 26 a 51 anexo No. 5) de 1996; ELBA MARTÌNEZ, con cargo al convenio Nº 16 (FLS 48 a 51 anexo No. 4) de 1998; LIGIA CORTES y CECILIA NAVARRO, con cargo al

convenio Nº 15 (FLS 139 a 141 anexo No. 1) de 1998; VERONICA DAVILA, con cargo al convenio Nº 08 (FLS 41 a 44 anexo No 4) de 1998; YOLANDA DELGADO, LUIS JAIME PIÑEROS, HECTOR A ROMERO, OLGA FORERO DE S, GERARDO A MEDINA, ROBERTO ZARAMA U, con cargo al convenio Nº 04 (FLS 15 a 19 anexo No. 4) de 1998; ALFREDO DUQUE y FLORALBA CANO, con cargo al convenio Nº 017 (FLS 1 a 5 anexo No. 12) de 1999; HECTOR M SARMIENTO, LEONARDO VERANO, AURA MONTAÑEZ, CESAR A HERREÑO, ROCIO ORDOÑEZ, ANA C COVA, MARTA R PINEDO, ERWING H VARGAS, ALFREDO DUQUE, con cargo al convenio Nº 014 de 1998 (FLS 26 a 29 anexo No. 4); MARTHA RICAUTE, LILIAN JANETH ROSERO, ANGELA L MELO, con cargo al convenio Nº 039 (FLS 57 a 63 anexo No. 12) de 1996; y PAOLA ROSO, LUISA FDA ROSADA y ROSA MALAGON, con cargo al convenio Nº 229 (FLS 123 a 127 anexo No. 5). La relación de los contratos de prestación de servicios personales obra a folios 4 y 5, 14 a 16, 90, 95, 104, 105, 140, 146, 150, 155, 158, 160, 164, 165,172, 185, todos,

del anexo 6. En la relación de los contratos de prestación de servicios personales consta que los mismos fueron celebrados entre los día 7 de septiembre de 1998 al 12 de julio de 1999, por lo cual, en idéntico sentido a operado el fenómeno de la prescripción haber transcurrido más de cinco años desde el acaecimiento de la conducta que se reprocha. 8 SEGUNDO CARGO La servidora estatal fue llamada a responder por haber ordenado la celebración de contratos de presesión servicios personales para ejercer funciones inherentes a quienes desempeñan empleos en la planta de personal de la entidad estatal. Para el efecto, el cargo relaciona las personas que fueron contratadas por medio de los organismos internacionales con cargos a dichos convenios. A lo anterior, observa la Delegada que en los contratos de prestación de servicios personales que se da cuenta en el cargo (FL 287 a 288 del cuaderno original), los cuales si son comparados en la relación de los contratistas con cargo a los convenios y que aparecen a los folios 270 a 273 del pliego de cargos en el cuaderno original No. 1, en dónde además, aparecen las fechas en que se suscribieron dichos contratos de prestación de servicios con cargo a los convenios suscritos con la SECAB en unos casos y, con la OEI en otros, se aprecia que se suscribieron con JESÚS MARTÍNEZ y CARMEN CHAVERRA con cargo a los convenios Nº 193 (FLS

124 a 127 anexo No. 1) de 1997; STELLA ANGARITA, ESPERANZA VARGAS y

ROCÍO LOZANO, con cargo al convenio Nº 083 (FLS 26 a 51 anexo No. 5) de 1996; ELBA MARTÌNEZ, con cargo al convenio Nº 16 (FLS 48 a 51 anexo No. 4) de 1998; LIGIA CORTES y CECILIA NAVARRO, con cargo al convenio Nº 15 (FLS 138 a 141 anexo No. 1) de 1998; VERONICA DAVILA, con cargo al convenio Nº 08 (FLS 41 a

44 anexo No. 4) de 1998; YOLANDA DELGADO, LUIS JAIME PIÑEROS, HECTOR A ROMERO, OLGA FORERO DE S, GERARDO A MEDINA, ROBERTO ZARAMA U,

con cargo al convenio Nº 04 (FLS 15 a 19 anexo No.4) de 1998; ALFREDO DUQUE y FLORALBA CANO, con cargo al convenio Nº 017 (FLS 1 a 5 anexo No. 12) de 1999; HECTOR M SARMIENTO, LEONARDO VERANO, AURA MONTAÑEZ, CESAR A HERREÑO, ROCIO ORDOÑEZ, ANA C COVA, MARTA R PINEDO, ERWING H VARGAS, ALFREDO DUQUE, con cargo al convenio Nº 014 (FLS 26 a 29 anexo No. 4) de 1998; MARTHA RICAUTE, LILIAN JANETH ROSERO, ANGELA L MELO, con cargo al convenio Nº 039 (FLS 57 a 63 anexo No. 12) de 1996; y PAOLA ROSO, LUISA FDA ROSADA y ROSA MALAGON, con cargo al convenio

Nº 229 (FLS 32 a 39 anexo No. 12). Los contratos de prestación de servicios personales relacionados, obra a folios 4 y 4, 14 a 16, 90, 95, 104, 105, 140, 146, 150, 155, 158, 160, 164, 165,172, 185, todos, del anexo 6. En dicha relación de los contratos de prestación de servicios personales consta que los mismos fueron celebrados entre los día 7 de septiembre de 1998 al 12 de julio de 1999, a excepción del contrato de prestación de servicios personales suscrito con LUZ MARINA CIFUENTES. Por lo expuesto, procede la declaratoria de la prescripción de la acción disciplinaria en razón a que los contratos de prestación de servicios personales fueron celebrados entre el 7 de septiembre de 1998 al 12 de julio de julio de 1999, es decir, han transcurrido más de cinco años desde la ocurrencia de la conducta. 9 En relación con el contrato de prestación de servicios que fuera celebrado con LUZ MARINA CIFUENTES el día 28 de octubre de 1999, según obra a folio 16 del anexo No. 6, encuentra el Despacho que si bien el mismo se celebró con cargo al convenio No. 054 que obra a folios 65 a 68 del anexo No. 1, lo cual le permite inferir que el contrato fue celebrado en el marco de la cooperación y asistencia prevista en el convenio No. 054 de 1996 y que, consecuentemente, pudo haberse celebrado en desarrollo de los procedimientos de selección de ese organismo internacional. En ese sentido, al no obrar prueba en sentido contrario durante las presentes

diligencias, no queda otro camino que declarar no probado el cargo y, consecuentemente, absolver a la disciplinada por este concepto. CARGO TERCERO La servidora estatal fue llamada a responder por haber ordenado con cargo a los convenios celebrados con los organismos internacionales, la adquisición de tiquetes aéreos por un valor de $31.418.000, sin que se hubiese observado los requisitos legales de la transparencia y la selección objetiva, esto es, sin haber cursado las respectivas invitaciones. En relación con la adquisición de tiquetes aéreos, encuentra el Despacho que la compra de los mismos se realizaron con las agencias de viajes JOTACE LTDA, AVIATUR y JEEP TOURS, según la relación que obra s los folios 90 a 91, 103 a 105,107 a 108, 130 a 131, 142, 144, 146, así mismo, 151, 174 y 176 del anexo No. 6, por lo cual, encuentra el Despacho que si bien los mismos se celebraron con cargo a los convenios No. 016/98, 015/98, 08/98, 013/98 y 229 de 1996, que obran a los folios: 138 a 141 anexo No. 1, 32 a 37 anexo No. 4, 48 a 51 anexo No. 4 y 123 a 126 anexo No. 5 , lo que le permite inferir a la Delegada que dichas compras de tiquetes aéreos fueron efectuadas en el marco de la cooperación y asistencia previstas en dichos convenios y, consecuentemente, pudo haberse adquirido dichos tiquetes en desarrollo de los procedimientos de selección de contratistas previstos para dichos

organismos internacionales, en ese sentido, al no obrar prueba en sentido contrario durante las presentes diligencias, no queda otro camino que declarar no probado el cargo y, consecuentemente, absolver a la disciplinada por este concepto. En consecuencia con lo expuesto, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, RESUELVE: PRIMERO.- Declarar no probado los cargos endilgados a la servidora estatal ANA PATRICIA FRANCO LUQUE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.671.176, quien para la época de los hechos investigados se desempeñaba como Secretaria General del Ministerio de Educación Nacional. SEGUNDO.-Como consecuencia de lo anterior, se dispondrá el archivo de las diligencias disciplinarias de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del proveído. TERCERO.- Por haberse iniciado las diligencias disciplinarias de acuerdo a un anónimo, no es procedente dicha comunicación en los términos del artículo 109 de la Ley 734 de 2002. 10 CUARTO.- Por la Unidad Coordinadora para Contratación Estatal, procédase a las desanotaciones y comunicaciones del caso.

COMUNÍQUESEY CÚMPLASE

MARIO ROBERTO MOLANO LÓPEZ

Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal Exp. 165-37913

MRML/PGP