PGN - Documento 201603071713168

ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal Radicación #: 165-52895-2001

Acusado: PATRICIA HELENA GOSSAIN MORELOS Cargo y entidad: . GERENTE DE AUDIOVISUALESQuejoso: INFORME DE FUNCIONARIO PÚBLICO.

Bogotá, D.C.,

Fecha Queja: 6 DE FEBRERO DE 2001.

Fecha Hechos: AÑOS 1999 Y 2000. 2 de mayo de 2000

Asunto: FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.

Bogotá, D.C., 8 marzo 2004 Procede el Despacho a decidir en primera instancia el proceso adelantado contra PATRICIA HELENA GOSSAIN MORELOS en su condición de gerente de la Compañía de Informaciones Audiovisuales –AUDIOVISUALES-.conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la ley 734 de 2002.

I. ANTECEDENTES Las presentes diligencias disciplinarias tuvieron su origen los oficios No. STEL-045 y STEL-044 de 6 de abril de 2001, dirigido a esta Entidad, por el Líder de la Comisión de Auditoría y la Coordinadora de Gestión Subsector de Telecomunicaciones de la Contraloría General de la República, donde pone de presente presuntas irregularidades contractuales detectadas al practicarse la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral a la Compañía de Informaciones Audiovisuales, el 30 de junio de 2000 (folios 3 a 4 y 105 a 106 C.O.1)

II. CARGOS Al implicado, PATRICIA HELENA GOSSAIN MORELOS se le formularon los

siguientes cargos (folios 419 a 433 C.O.2 ) Cargo primero. “Suscribió en 1998 el contrato de comodato con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para la entrega de una cámara a color portátil o de estudio marca Sony, cuyas especificaciones figuran en el mismo, para ser usada por el término de un año, y omitió ejercer las acciones tendientes a la restitución del bien, ya que a 24 de octubre de 2000, este elemento se encontraba en Inravisión, para su reparación y a esa fecha la Presidencia de la República no conocía el estado del mismo, por lo que, a través del oficio que obra a folio 111 vto requirió su ubicación para ser reintegrada al comodatario, debido a la labor de auditoría que estaba llevando a cabo la Contraloría General. “Al evidenciarse que su actuación no estuvo ceñida a las reglas sobre administración de bienes ajenos, por no hacer exigibles las cláusulas contractuales solicitando la restitución de la Cámara al vencimiento del contrato o prorrogando el mismo, resulta responsable por negligencia en el ejercicio de sus funciones. “Y existe esa desatención elemental porque se halla probado que sólo a raíz de la auditoria que estaba practicando la Contraloría General, se percataron del préstamo del bien mueble citado y realizaron las gestiones para su reintegro, lo cual se efectuó el 24 de noviembre de 2000, en forma incompleta ( fl. 192 “). Cargo segundo “A través de las órdenes de prestación de servicios números 4481, 4483, 4484,

4480, 4659, 4554, 4555, 4558, 4606, 4607, 4610 y 4609 por valor de $ 18.9 millones, se contrató, para los meses de febrero, marzo y abril de 2000, los servicios de cuatro editores, existiendo personal de planta que podía desarrollar dicha labor. “Así mismo, para asesoría jurídica, durante los meses de septiembre de 1999 a agosto de 2000, sin justificación. 2 “Además, firmó órdenes de servicio por concepto de asesoría en comunicaciones y asesoría en prensa, entre los meses de septiembre de 1999 a marzo de 2000, servicios no justificados, debido a que la entidad contaba con un cargo en planta de auxiliar de prensa, quien podía realizar dichas funciones. “Por otra parte, no dio cumplimiento al artículo 1 de la ley 190 de 1995 que exige que al momento de la firma del contrato o de su posesión se presenten los certificados sobre antecedentes expedidos por la Procuraduría General y el certificado sobre antecedentes penales expedido por el DAS. “Tampoco se expidió la certificación sobre inexistencia de personal de planta o que las labores contratadas no se podían llevar a cabo con el mismo, que exigen los decretos de austeridad económica números 1737 y 2209 de 1998 Ordenes editores Ordenes Asesor jurídico Ordenes asesor comunicación y prensa 4480 de 1 febrero 2000 4268 de 1 octubre de 4203 de 1 septiemb de. 1999 1999 4481 de 1 febrero 2000 4316 de 2 noviemb.de 4279 de 1 octubre de

1999 1999 4483 de 1 febrero 2000 4450 de 11 enero de 2000 4280 de 1 octubre de 1999 4484 de 1 febrero 2000 4506 de 1 febrero de 2000 4329 de 2 de nov. de 1999 4554 de 1 marzo de 2000 4541 de 1 marzo de 2000 4330 de 2 noviemb 1999. 4555 de 1 marzo de 2000 4593 de 1 abril de 2000 4467 de 4 enero de 2000 4558 de 1 marzo de 2000 4199 de 1 septiem. de 4478 de 10 febrero de 1999 2000 4659 de 2 de mayo de 4244 de 16 sept. de 1999 4479 de 1 febrero de 2000 2000 4606 de 1 abril de 2000 4371 de 1 diciembre 1999 4543 de 1 marzo de 2000 4607 de 1 abril de 2000 4481 de 1 febrero 2000 4544 de 1 marzo de 200 4609 de 1 abril de 2000 4479 1 febrero de 2000 4385 de 1 diciem 1999 3 4610 de 1 abril de 2000 4467 4 enero de 2000 Cargo tercero. “a) Para los acuerdos de voluntades 078 y 243, previo al proceso de contratación no se realizó el estudio de conveniencia, oportunidad o inconveniencia del objeto a contratar, desconociendo el principio de planeación ínsito en el de economía, a tal punto que sin legalizar el contrato 078, se ordenó mediante resolución No. 14798 de 14 de julio de 1998 cancelar la suma de 19.5 millones, haciendo efectivo el pago

mediante comprobante No. 001221 del mismo mes y año, causando grave detrimento al patrimonio estatal”. “b) Del contrato 243 celebrado el 24 de agosto de 1998 con Eduardo Legaria, por $ 124.000.000, cuyo objeto fue la cesión a título de venta en favor de Audiovisuales, permitió que el contratista en forma inconsulta modificara el proyecto realizando un dramatizado y no un documental ficción como se había pactado, lo cual dio lugar a la terminación y liquidación del acuerdo de voluntades en forma anticipada. Posteriormente, la compañía aduciendo que el contratista mejoró la calidad técnica del programa, aceptó recibir siete capítulos por el valor de los diez, es decir $ 62. millones , incurriendo en un sobrecosto de $ 18.6 millones en detrimento del patrimonio de la entidad. Además, al terminar el contrato quedaron pendientes de entrega cuatro capítulos. “Ahora bien, no entiende este Despacho por qué si el contratista modificó el objeto contractual, se le reconocieron costos financieros so pretexto del mejoramiento de la calidad del programa, si como bien lo afirma el acta de liquidación, se pactó un documental ficción y se desarrolló un dramatizado. “c) No previó, al momento de liquidar el contrato, el cobro del impuesto de retención en la fuente, la retención del ICA, como tampoco lo referente a ACINPRO”.

III. DESCARGOS

4 La implicada dentro de la presente investigación, GOSSAIN MORELOS, presentó por medio de apoderado las correspondientes exculpaciones, de la siguiente manera (folios 449 a 455 C.O.2) En lo que respecta al cargo tercer, este Despacho no hará ninguna mención a las

exculpaciones presentadas por el implicada, ya que se encuentra prescrito como se entrará a determinar en la parte considerativa de este proveído. Sobre el primer cargo sostiene, que en su calidad de Gerente de Audiovisuales dio instrucciones a ALBERTO AMAYA CALDERON, productor general de la Compañía, JAIRO LOAIZA jefe de la División de Producción y ESTELLA GARCÍA LEYTON jefe de la División Jurídica para obtener la restitución del bien objeto de reproche quienes desarrollaron una serie de actividades. Con relación al segundo cargo la encartada se limita a transcribir la respuesta dada por AUDIOVISUALES al informe preliminar de la Contraloría General de la Republica donde se manifestó en síntesis que su administración puso en conocimiento de la Junta Directiva la necesidad de reestructurar la planta de personal como consecuencia a recurrir a celebrar contratos de prestación de servicios según acta 192 de 19 de diciembre de 1997, la que se aplazó por los altos costos y a la política de austeridad del Gobierno. Afirma que la contratación de servidores obedeció a la necesidad de cumplir con el normal desenvolvimiento del giro ordinario de la actividad industrial y comercial en la media que en sus últimos 20 años la empresa no ha tenido cambios en su planta de personal, lo que no constituyó una nomina paralela. Expresa, que por este hecho la Contraloría General de la República se abstuvo de iniciar juicio fiscal. Para justificar la necesidad de las órdenes de servicio para vincular editores y asesores de prensa funcionario de Audiovisuales, así como los propios editores de planta expondrán las razones de dicha contratación.

5 Expone posteriormente, que habiéndose adquirido para producción de televisión y cine equipos de avanzada tecnología y al no tener los editores de planta conocimiento sobre el manejo de los mismos se determinó unos cursos de capacitación pero dichos funcionarios no respondieron a dichos curso lo que conllevó a contratar personal experto para entrar a manejar y explotar de manera inmediata los mismos. Afirma que Audiovisuales dejó de ser la empresita pequeña de hace 20 años, y el servicio a cargo de estado se incrementó profusamente ya que para los años de 1998 y 1999 le correspondió producir todos los programas de televisión del misterio de Cultura con tres (3) editores de planta a los cuales le era imposible editar lo que se demostrará con documentos y declaraciones de dichos funcionarios. Las nuevas salas de edición junto con las antiguas sumaban un número de puestos de edición superior a los tres empleados de planta. Con relación a las asesorías jurídicas, manifiesta que la jefatura de la División Jurídica dará las explicaciones y la razón sobre las necesidades para cubrir todos los aspectos de la Compañía precisando que solamente se cuenta con un abogado de planta para atender todos del ramo. Aclara que si bien en dicha División figura una asistente este cargo no lo desempeña un abogado sino una persona para desarrollar labores de digitación, archivar y guardar papeles. Posteriormente pasa la implicada a describir en forma detallada las funciones que asignadas a la División jurídica, las cuales serán evaluadas más adelante. En cuanto a la asesoría de prensa señala que su necesidad será expuesta y

demostrada por los jefes de División de Producción, el Productor General y sus asistentes.

IV. DILIGENCIA DE VERSIÓN

6 Así mismo la implicada rindió su versión libre visible a folios 500 a 504 del C.O.2, donde reitera lo expuesto en sus descargos relacionado con las imputaciones atribuidas en el auto inculpatorio y solicita se recepcione declaraciones y se aporte pruebas documental a lo cual se accedió con proveído de 17 de octubre de 2003.

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Una vez hecho el traslado de ley, según constancia visible a folio 588 del C.O.2, y por no observarse dentro del trámite de la investigación disciplinaria irregularidades constitutivas de causal de nulidad que impida continuar con su adelantamiento, y habiéndose garantizado el derecho de defensa, así como el debido proceso, se procede a emitir el fallo de instancia a que haya lugar.

Analizada la situación de la implicada PATRICIA HELENA GOSSAIN MORELO, se tiene, que el tercero cargo endilgado, está prescrito, en la medida en que el primer hecho descrito en el literal a), consistente en suscribir los contratos Nos. 078 de 15 de julio de 1997 (folios 354 a 356 C.O.; 285 a 287 C.O2 C.O.2) y 243 de 24 de agosto de 1998 (folios 128 a 131 y 312 a 315 C.O.2), sin realizar los estudios de conveniencia, oportunidad y conveniencia del objeto a contratar y que conllevó a que el primer negocio jurídico mencionado sin estar legalizado se ordenara cancelar la

suma de $19.5 millones según Resolución No. 14798 de 14 de julio de 1998 (folio 126 C.O29 haciéndose efectivo el pago mediante comprobante No. 001221 del mismo mes y año (folios 127 y 267 C.O.2), encontrándose que a la fecha han transcurrido más de cinco (5) años. Es decir la potestad disciplinaria en cabeza de esta entidad de control se encuentra agotada, por el transcurso de tiempo que de conformidad con el articulo 34 de la Ley 200 de 1995, norma aplicable al momento de ocurrencia de los hechos, era de cinco años contados a partir del día de la consumación, independientemente para cada una de las acciones que son consecuencia de varios comportamientos atribuidos a la investigada y por los cuales se inició investigación disciplinaria. 7 Con relación al literal b) del cargo tercero la acción disciplinaria igualmente se encuentra prescrita, pues se cuestionó el haber recibido dentro el contrato No. 243 de 24 de agosto de 1998 siete capítulos por el valor de 10, es decir $62 millones, incurriendo en un sobrecosto de 18.6 millones, modificándose así mismo el objeto contractual y cancelándose por parte de audiovisuales costos financieros so pretexto de mejorar la calidad del programa (folios 128 a 131 y 312 a 315 C.O.2). Evidentemente, los hechos cuestionados tuvieron ocurrencia hace más de cinco (5) años ya que la liquidación del contrato No. 243 de 1998, se efectuó el 15 de diciembre de 1998 tal como se verifica a folios 359 a 360 del C.O.1., operándose el fenómeno prescriptivo de la acción disciplinaria.

En lo que respecta al literal c) del cargo de marras, la acción disciplinaria así mismo está prescrita, toda vez que la conducta endilgada consistió que en el momento de liquidar el contrato No 243 de 1998, no se previó el cobro del impuesto de retención, la retención del ICA, como tampoco lo referente a ACIMPRO, encontrándose que a le fecha han transcurrido más de cinco (5) años desde que se liquido dicho acto bilateral lo que tuvo ocurrencia el 15 de diciembre de 1998 (folios 359 y 360 C.O1) En consecuencia, esta Delegada declarará la prescripción de la acción disciplinaria del tercer cargo. Con relación a este tema, la Corte Constitucional en sentencia C-244 de 1996, sostuvo: “La prescripción de la acción es un instituto jurídico, en virtud del cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer la sanción. “Este fenómeno tiene operancia en materia disciplinaria cuando la Administración o la Procuraduría General de la Nación, dejan vencer el plazo señalado por le legislador -5 añossin haber adelantado y concluido el proceso respectivo, con decisión de mérito. El vencimiento de dicho lapso implica para dichas entidades la perdida de la potestad de imponer sanciones, es decir que una vez cumplido dicho 8 período sin que se haya dictado y ejecutado la providencia que le ponga fin a la actuación disciplinaria, no se podrá ejercitar la acción disciplinaria en contra del beneficiado con la prescripción”. Acerca de los hechos atribuidos en el cargo primero, que se contrajo a omitir las

acciones tendientes a la devolución de un cámara a color que había sido entregada a la Presidencia de la República en comodato y que se encontraba en Inravisión para su reparación y que solamente por la labor de auditoría que llevaba la Contraloría General de la República se requirió su reintegro para ser entregada la comodatario, a juicio de la Delegada este cargo está llamado a prosperar por los siguientes motivos A folios 108 a 110 vuelto del C.O.2, se observa el contrato sin fecha, suscrito por PATRICIA HELENA GOSSAIN MORELOS, como Gerente de la Compañía de Informaciones Audiovisuales –AUDIOVISUALES-, y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a fin de entregar a titulo de comodato una cámara a color portátil o de estudio marca Sony, con tres (3) elementos de color CCD Hyper Had de 2/3, con shutter electrónico resolución horizontal de 770 líneas de alta sensibilidad con los siguientes accesorios: un lente zoom VCL, un visor electrónico DXF, una maleta, un adaptador para trípode, un adaptador para conexión de cámara. Una grabadora reproductora portátil. Un cargador para cuatro baterías, un adaptador de AC/120, un micrófono con estuche y un monitor de televisión a color. En la cláusula cuarta del mencionado negocio jurídico se estableció como plazo de vigencia de un año partir del perfeccionamiento. Así mismo en la cláusula tercera se estipuló como obligación a cargo del comodatario restituir el bien al comodante una vez vencido el plazo. Evidentemente a folio 111 del C.O.1, aparece el oficio de 29 de mayo de 1998,

suscrito por MARÍA JOSEFINA ACERO C., asesora de Televisión de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, dirigido al director ejecutivo de INRAVISIÓN, FELIPE CAMARGO donde le solicita ”se sirva ordenar a quien corresponda, se autorice la reparación y cambio de cabezas de la cámara de video 9 marca sony, modelo dxc-537 No. 13744, con camcorder sony modelo pvu1a No. 12911 y lente zoom No. 2850005494”. Igualmente y con oficio de 24 de noviembre de 2000, el coordinador de TV de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, EDUARDO RAMÍREZ R., remitido al jefe de Producción de AUDIOVISUALES, JAIRO LOAIZA remite la cámara Sony ¾ que en calidad de comodato estaba en servicio de la Presidencia de la Republica y que se entrega sin la unidad de video casetera ¾ marca Sony y serie No. 12127, pues se está ubicando en las instalaciones de Inravisión (folio 110 C.O.2) . Lo expuesto permite afirmar al Despacho que indefectiblemente, la censura atribuida a la implicada, en este primer cargo, está llamada a prosperar por cuanto desconoció lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato de comodato, donde se estipulaba que su duración sería de un (1) año a partir de su perfeccionamiento y los documentos allegados al informativo dan cuenta que hasta la fecha de desvinculación del cargo de Gerente de Audiovisuales ocurrida el 25 de febrero de 2000 (folio 397 C.O.2) no había solicitado al comodatario o sea el Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República, la restitución los bienes objeto del mismo. Pretende la implicada justificar, sin lograrlo, su conducta omisiva manifestando, tanto en su exculpaciones, como en la versión libre (folios 419 a 433 y NN a C.O.2), que ordenó a los funcionarios LEONARDO ALBERTO AMAYA CALDERON, productor general, JAIRO LOAIZA, jefe de la División de Producción y BLANCA STELLA GARCÍA LEYTON, jefe de la División Jurídica, adelantar las gestiones tendientes a la recuperar el bien dado en comodato, hechos que están corroborados en las declaraciones rendidas el 12 de diciembre de 2003, (folios 563 a 568 y 571 a 574 C.O.2), ya que para la Delegada la conformación de dicha comisión no puede exonerar de responsabilidad a la Gerente de AUDIOVISUALES, como representante legal de la estatal ha debido de cerciorarse directamente para que el bien entregado al Departamento Administrativo de le Presidencia de la República fuera restituido acorde con lo que se había estipulado en las cláusulas tercera y cuarta del acto bilateral referido. 10 Considera el Despacho que aun correspondiéndoles a los funcionarios designados por la acusada GOSSAIN MORELOS, como representante legal de AUDIOVISUALES adelantar los trámites correspondientes para obtener la restitución de la cámara marca Sony, no es menos cierto que en su calidad de servidor público de alta jerarquía dentro de la entidad que gerenciaba y suscriptora del contrato de comodato estaba obligada a vigilar y controlar que una vez vencido el plazo mismo

establecido en la cláusula cuarta el bien fuera restituido como era obligación del comodatario según la cláusula tercera. Claro está, que la actividad desplegada por PATRICIA HELENA GOSSAIN MORELOS, debe ser tenida en cuenta para aminorar la responsabilidad disciplinaria atribuida en le primer cargo. En lo relacionado con la primera conducta del segundo cargo, por suscribir órdenes de prestación de servicios para vincular como editores (folios 171 a 182 C.O.1; 14 vuelto, 80 vuelto, 82 vuelto, 85, 86 vuelto, 89, 91, 9396, 100, 102, C.O.2), asesores jurídicos (folios 207, 212, 215, 216, 217, 220, 225 228, 229, 232, 234, C.O.1; 46 vuelto, 49 vuelto, 55, 63 vuelto, 66, 69 vuelto, 73, 77 vuelto, C.O.2) asesores de comunicación (folios 182, 186, 190, 193 C.O.1; 21 vuelto, 26, 29, 33, 42) y prensa (folios 196,199, 201, 203, 205, C.O1; 39, 42 vuelto, C.O2), existiendo funcionarios en la planta personal que podía desarrollar esas funciones es del caso manifestar, que si bien es cierto la implicada, tomó la iniciativa de plantear ante la Junta Directiva de Audiovisuales la necesidad de adecuar y reestructurar la planta de personal, ya que desde hace más de 20 años no se había modificado como está demostrado en las actas Nos. 190 de 18 de noviembre, 192 de 19 de diciembre de 1997 y 193 de enero

de 1998 (folios 517 a 539 C.O.2), dicha conducta no puede ser considerada como eximente de responsabilidad, sino que se tendrá en cuenta en el acápite de la dosificación de la sanción. La implicada con los testimonios solicitados en sus exculpaciones (folios 566 a 568 y 571 a 574 C.O .2) pretende desvirtuar la conducta del cargo endilgado lo cual no ocurre, ya que no puede tener justificación que en el periodo comprendido de 11 septiembre a marzo de 2000, haya suscrito 14 ordenes de prestación de servicios vinculado a ZULEMA SERRANO (folio 182, 186, 190, y 193 C.O1), 29, 33, 39 y 42 vuelto C.O2); ANA ROSA ACERO BARRERA (folios 196, 199, 201, 201, 203, y 205 C.O.1) personal para desempeñar las funciones de asesor de comunicación y prensa, respectivamente. Igualmente, en sólo tres meses (de 1 de febrero a 1 de abril de 2000), PATRICIA HELENA GOSSAIN MORELOS, vinculo por dicho modalidad contractual a RAFAEL GUTIERREZ CONDE (folio 171, 178, 181 C.O.1); HECTOR ALFONSO MATIZ (folio 172, 179 C.O.1); EDGAR ACOSTA (folio 173, 175, 180 C.O.1); JHON JAMES ESCOBAR (folio174, 176, 177 C.O.1), como editores, cuando, como lo expresa la misma implicada, en la planta de personal existía tres funcionarios desempeñando dichos cargos (folio 450 C.O.2), hecho que está corroborado en la certificación de 20

de junio de 1999 expedida por el Jefe de la División Administrativa y Financiera de AUDIOVISUALES, que obra a folios 236 a 238 C.O.1. Le asiste razón a la implicada cuando argumenta en su defensa que se vinculó, a un asesor jurídico (folios 207, 212, 215, 216, 217, 220, 225, 228, 229, 232, 234 C.O.1; 46 vuelto, 49 vuelto, 55, 63 vuelto, 66, 69 vuelto, 73, 77 vuelto C.O.2), ya que en planta de personal no existía sino solamente un abogado que era el jefe de la División Jurídica y que la asistente no tenía tal calidad. En efecto, a folio 257 del C.O.2, se encuentra demostrado que efectivamente en AUDIVISUALES no contaba dentro de su planta de personal sino con un abogado que desempeñaba el cargo de Jefe de la División Jurídica (folio 237 C.O.1) para atender las diversas actividades en materia jurídica de dicha entidad estatal. Lo expuesto encuentra respaldo probatorio en la declaración rendida por GILBERTO MAURICIO MIRANDA MUÑÓZ cuando manifiesta “Si nos ponemos a mirar de que consta el departamento Jurídico de la compañía, no enteraremos que sólo cuenta con una Abogada y una Asistente, personal escaso para las tareas que diariamente responden al oficio legal necesario. Este personal se dedicaba a la elaboración de contratos, legalizaciones, pólizas de garantía, pero frente a una 12 representación ante compromisos que en algún momento comprometiera A AUDIOVISUALES a circunstancias difíciles y que mas (sic) adelante podría tener

resultados lamentables, era necesario contar con una asesoría que representara de una manera eficiente y exitosa a la compañía” (folio 561 C.O.2). En términos similares se pronuncia BLANCA STELLA GARCÍA LEYTON, en el testimonio rendido visible a folio 564 del C.O.2. En consecuencia, se evidencia que el reproche que se le hizo a la investigada en esta conducta del segundo cargo, relacionada con el asesor jurídico esta desvirtuada. Con relación a la segunda conducta del precitado cargo, que se contrajo al hecho de no exigir al momento de suscribir las órdenes de prestación de servicios, la presentación del certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación y el certificado de antecedentes penales expedido por le Departamento Administrativo de Seguridad DAS, es del caso a manifestar que habiéndose solicitado dichos documentos (folio 173 C.O.2) no fueron reportados con su cumplimiento, por lo que se deberá declarar que esta conducta no esta desvirtuada, y por lo tanto se infringió lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 190 de 1995. En lo que hace alusión con la tercera conducta cargo segundo, consistente en que no se expidió por parte de la representante legal de AUDIOVISUALES el certificado sobre la inexistencia de personal de planta o que las labores no podían ser adelantadas por el mismo, es del caso manifestar que revisado el expediente disciplinario no obra que la implicada hubiera proferido certificación alguna en este sentido, a fin de poder suscribir las órdenes de prestación de servicio relacionados en los folios 425 y 426 del pliego de cargos, vulnerándose consecuencialmente el

artículo 1del Decreto 2209 de 1998.

VI. CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS

13 Con fundamento en los numerales 1, 4 y 6 del artículo 27 de la Ley 200 de 1995, las faltas objeto de reproche disciplinario, se califican definitivamente como graves, por la jerarquía y mando que la implicada tenía en el cargo desempeñado para la época de en que ocurrieron los hechos materia de investigación y por la falta de consideración con los administrados.

VII. GRADO DE CULPABILIDAD Aspecto de marcada importancia, que debe tener en cuenta todo juzgador de la conducta humana, es el concerniente a la sanción que desde el punto de vista disciplinario deba imponerse a un servidor que en ejercicio de sus funciones omita, retarde o se extralimite en le cumplimiento de las mismas.

La conducta oficial, al reunir los requisitos exigidos para declararla responsable de los cargos no desvirtuados, al ser contrarias a derecho y a los deberes del servidor público, amerita imponerle sanción de carácter disciplinario, con fundamento al principio de la proporcionalidad. Las atribuidas al acusado en principio de calificaron como dolosas, por la forma intencional y consciente en que fueron ejecutadas; sin embargo, dentro del presente proceso disciplinario no obra prueba de que esta conductas se hubieren realizado en ese grado de culpabilidad, pues obedecieron a la falta de diligencia y cuidado en su ejercicio, razón por la cual se impone al tenor del numeral 2 del artículo 29 del C.D.U. la sanción de multa equivalente a 60 días del salario mensual que devengaba para la época de los hechos.

En mérito a lo expuesto, el PROCURADOR SEGUNDO DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL en uso de sus atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO: Declarar legalmente probados y por lo tanto no desvirtuados el primero y segundo cargo parcialmente que le fueron formulados mediante auto de 14 de 14 noviembre de 2002 a PATRICIA HELENA GOSSAIN MORELOS identificado con la cédula de ciudadanía No.45.481.020 de Cartagena en su condición de gerente de la Compañía de Informaciones Audiovisuales –AUDIOVISUALESde conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: En consecuencia imponer a PATRICIA HELENA GOSSAIN MORELOS, en su calidad y condición aludida, sanción de 60 días del salario que devengaba para la época de los hechos, equivalente a $13.794.094,oo.

TERCERO: Declarar la prescripción de la acción disciplinaria a favor de PATRICIA HELENA GOSSAIN MORELOS en su calidad de gerente de la Compañía de Informaciones Audiovisuales –AUDIOVISUALES, respecto al cargo tercero, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: Como consecuencia de la anterior, ordenar el archivo definitivo de las diligencias, respecto al ordinal tercero de este proveído.

QUINTO. Esta decisión no se comunicará según lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 734 de 2002, en razón al concepto dado por a Procuraduría Auxiliar en oficio No. 5348 de 4 de septiembre de 2000.

SEXTO: Notificar al apoderado del la interesado el presente proveído, acorde con lo

establecido en los artículos 101 y siguientes de la Ley 734 de 2002.

SÉPTIMO: Contra esta providencia procede le recurso de apelación el cual deberá interponerse ante la Sala Disciplinaria de la procuraduría General de la Nación, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 734 de 2002.

OCTAVO: Por la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal, se harán las comunicaciones, registros y anotaciones del caso.

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COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO ROBERTO MOLANO LÓPEZ

Procurador Delegado Exp. 165-52895

MRML/CCMM. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.

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