PGN - Documento 201603071713240

Dependencia: PROCURADURÍA SEGUNDA DELGADA PARA LA

CONTRATACIÓN ESTATAL

165-70385-02.

Radicación:

Investigado: JULIÁN VILLARRUEL TORO Y DORIS DEL SOCORRO

MARTÍNEZ CHAVES.

Cargo: DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIA GENERAL.

Entidad : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA UNIDAD DE

PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA “UPME”.

Quejoso: CIRO SERRANO CAMACHO

Fecha Queja: 1º DE FEBRERO DE 2002

Fecha Hechos: DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2001

Asunto: CELEBRACIÓN INDEBIDA DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMEROS 020 Y 021 DE 19 Y 20

DE FEBRERO DE 2002 Y DE LA ORDEN DE TRABAJO

NÚMERO 299 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2001, EN CUANTO

SUS RESPECTIVOS OBJETOS PUDIERON ATENDERSE CON

PERSONAL DE PLANTA.

Bogotá, D. C., 15 JULIO 2003 Se encuentran las diligencias al Despacho a fin de tomar la decisión que en derecho corresponda, a lo que se procede conforme con el contenido de los siguientes capítulos.

I. ANTECEDENTES 1.1. De las irregularidades puestas de presente por el quejoso (fls.2 y 3) sobre los tres acuerdos indicados en la referencia, conoció la Procuraduría Primera Distrital, la que al efecto dispuso indagación preliminar por auto de 11 de marzo de 2002(fls.5 y 6). 1.2. Luego, por auto de 19 de abril de 2002(fls. 352 y 354), esa Dependencia

Disciplinaria se declaró incompetente para seguir conociendo de las diligencias y ordenó enviarlas a las Delegadas para Contratación, a quienes estimó con atribuciones para ello. 1.3. Después de repartidas, los autos correspondieron a esta Delegada el 23 de mayo de 2002, la que, en orden a perfeccionar la investigación, dispuso practicar las pruebas de que trata el proveído de 30 de mayo de 2002 (fls.359 a 361). 1.4. Por auto de 9 de septiembre de 2002(fls.481 a 491), esta Delegada ordenó apertura formal de investigación contra los funcionarios arriba nombrados, por los hechos allí referidos, proveído del cual fueron notificados el 8 y 4 de octubre de 2002, como así se ve de las actas que corren a folios 503 y 498, respectivamente.

II. EL AUTO DE CARGOS 2.1. Por Resolución de 20 de noviembre de 2002 (fls.506 a 529, Cd.1), esta Delegada formuló cargos a los señores JULIÁN VILLARRUEL TORO, en su condición de director General, y a DORIS DEL SOCORROMARTÍNEZ CHAVES, en su condición de Secretaria General, ambos de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA “UPME”, para la época de los hechos investigados. 2.2. Los cargos hechos se transcriben a continuación: “De las pruebas recaudadas surgen como responsables los señores JULIÁN VILLARRUEL TORO, director general, Y DORIS DEL SOCORRO MARTÍNEZ

CHAVES, secretaria general, ambos de la UPME, para la época de los hechos, razón por la cual se les formulan los cargos que a continuación se relacionan: 2.1. A JULIÁN VILLARRUEL TORO, identificado con la cédula de ciudadanía número 14`879.689, en su condición de director general de la UPME, quien ordenó la celebración de los dos negocios, a más porque desempeñó las atribuciones que se le señalan durante el tiempo que tales acuerdos se celebraron y ejecutarse, el siguiente: a) Conducta Haber ordenado el 14 de febrero de 2002(fls.53 y 54) a FIDUCAFÉ que celebrara el contrato número 020 de 19 de febrero de 2002, con Jorge Pinto, para que brindara soporte y realizara análisis y evaluaciones sobre la regulación del mercado que se tiene para los sectores de gas combustible y combustible líquidos, así como de petróleo, con miras a implementar las tareas a adelantar por la UPME, y brindar soporte en el área regulatoria y de los hidrocarburos a la dirección general y la subdirección de energía(fls.46 a 52) según lo informan el texto mismo de los acuerdos y los informes respectivos(fls.4 a 566, Anexos 1 y 2). Haber ordenado el 18 de febrero de 2002(fls.110 y 111) a FIDUCAFÉ que celebrara el contrato número 021 de 20 de febrero de 2002, con María Cecilia Concha, para 2 que asesorara a la UPME en la incorporación del componente ambiental en la planeación minera-energética(fls.103 a 109), según lo informan el texto mismo de los

acuerdos y los informes respectivos(fls.4 a 566, Anexos 1 y 2). Esas órdenes fueron dadas para desarrollar esos específicos objetos, no obstante que esas actividades podían ser ejecutadas por el personal de planta de la entidad, pues, según el Manual de Funciones de la UPME, vigente para aquellas fechas, era funciones: - Del subdirector de planeación energética, coordinar el diseño para establecer los procedimientos, metodologías y modelos requeridos para planear y evaluar la oferta y demanda de recursos energéticos y determinar las prioridades con el fin de satisfacer los requerimientos, de conformidad con el interés nacional, así como dirigir la definición metodológica y las actividades necesarias para la elaboración del plan energético nacional y los demás planes subsectoriales, como el plan de expansión del sector eléctrico, y coordinar con el Ministerio de Minas y las demás entidades competentes, la formulación de un programa de ahorro, conservación y uso eficiente de la energía(fl.415); - del subdirector de planeación minera, coordinar la elaboración de estudios y recomendaciones que permitan la formulación de programas de desarrollo del sector minero nacional, así como coordinar los estudios requeridos para establecer los procedimientos, metodologías y modelos requeridos para planear y evaluar la oferta y demanda de recursos minerales del país y determinar las prioridades par satisfacer los requerimientos de conformidad con el interés nacional(fls.415 y 416); y - de los asesores con código 1020, grado 14 y 12, realizar estudios y análisis de oferta y demanda en materia minero en energética, por regiones, fuentes y usos, asesorar a la entidad en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y

planes generales en materia minero energética recomendadas en el plan minero y energético nacional y articular los planes sectoriales al plan nacional de desarrollo, asesorar a la entidad en la definición de estrategias de desarrollo minero y energético, ambientalmente sostenibles, coordinar y promover la incorporación de la dimensión ambiental dentro del planeamiento minero energético integrado, desarrollar y presentar estudios y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, ejecución y control de los programas propios de la Unidad en materia minera y energética, asesorar a la Unidad en el análisis de la evolución de las variables demográfica, tecnológica, de competitividad , ambientales y económicas de los precios de los recursos energéticos y mineros, y elaborar y hacer seguimiento de planes, programas y proyectos técnicos de la Unidad en materia minera y energética(fls.420 a 424). b) Normas Presuntamente Violadas Con la conducta descrita este acusado presuntamente violó los artículos 1º de la Resolución 0090 de 26 de mayo de 2000, por medio de la cual el Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética, modificó el Manual de Funciones y Requisitos para los diferentes empleos que conforman la Planta de Personal de esa entidad; 32.3 de la Ley 80 de 1993; 1º del Decreto 2209 de 1998, que modificó el artículo 3º del Decreto 1737 de 1998; 23 del Decreto 26 de 1998; 123.2 y 209 de la Constitución Política; 40.1 de la ley 200 de 1995, precepto legal este aplicable a este 3

caso por tratarse de hechos anteriores al actual Estatuto Disciplinario; y quebrantamientos estos con los cuales incumplió los deberes, abusó y se extralimitó en el ejercicio de los derechos y funciones e incursionó en conflicto de intereses, lo que a voces del artículo 38 de la Ley 200 de 1995, constituye falta disciplinaria y por tanto da lugar a imposición de la sanción correspondiente. c) Concepto de Violación El artículo del artículo 1º de la Resolución 0090 de 26 de mayo de 2000, por medio de la cual el Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética, que modificó el Manual de Funciones y Requisitos para los diferentes empleos que conforman la Planta de Personal de esa entidad, establece como funciones permanentes tanto en las de los subdirectores de planeación energética y de planeación minera, como en las de los asesores con Código 1020, Grado 14 y 12, entre otras, aquellas que quedaron reseñadas en el apartado a) que antecede de esta providencia y que permitían adelantar las actividades sin necesidad de contratación adicional. El numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que señala que los contratos de prestación de servicios para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, serán viables únicamente cuando dichas actividades no pudieren realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especiales. Como se observa, no obstante que aquellas tareas puestas a hacer a esos contratistas, no son más que parte de las funciones que aquel Manual establece a cargo de los directores y asesores particularizados, lo que indica que ellas podían y

debían ser ejecutadas por UPME a través de sus empleados de planta de esas plazas, el encartado prefirió dar la orden para que esa actividad fuera desarrollada por los contratistas en cuestión, cuando no podía, pues, como enseguida se precisará, un contrato de prestación de servicios como los aquí señalados, sería procedente únicamente en la medida en que la entidad no contara dentro de su planta de personal con los funcionarios con los cuales pudiera atender esas labores o con la especialidad que el caso requiera, lo que en el caso presente no sucedió. Estas normas resultan quebrantadas en cuanto, como ya quedó visto, y fue corroborado por el quejoso y Beatriz Herrera Jaime y Gilberto Jaimes Flórez, quienes declararon, las tareas contratadas pudieron realizarse con personal de planta(fls.9,10 y 372 a 380). Del mismo modo se pudo infringir el artículo 1º del Decreto 2209 de 1998, que modificó el artículo 3º del Decreto 1737 de 1998, que prescribe que los contratos de prestación de servicios sólo podrán celebrarse cundo no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán, lo cual se entiende cuando es imposible atender la actividad porque de acuerdo con los manuales de funciones específicos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio; sentido en el que también aparece expresado el artículo 23 del Decreto 26 de 1998. Es que existiendo en la planta de la entidad personal con el cual se podía asumir la actividad contratada, y debiendo tener ese personal la suficiente especialidad 4 inherente a la materia de su profesional, aquella actividad ha debido ejecutarse con

el mismo y no a través de los señalados contratos de prestación se servicios. De suerte que al haber procedido con evidente desconocimiento de esa verdad, el procesado quebrantó los preceptos legales que le han quedado señalados. Al haber procedido con infracción de tales preceptos legales, lesionó los artículos 123.2 y 209 de la Constitución Política, que indican que los servidores públicos deben ejercer sus funciones en la forma dicha por esa Carta, la ley y el reglamento, y que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y de los particulares, y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, economía e imparcialidad, en la medida en que al haber ordenado la celebración de tales convenciones procedió con evidente desconocimiento de lo preceptuado por los artículos 1º de la Resolución 0090 de 26 de mayo de 2000, expedida por el mismo Director General de la UPME, 32. 3 de la Ley 80 de 1993, 1º del Decreto 2209 de 1998, y 23 del Decreto 26 de 1998, que precisan de modo taxativo los presupuestos que deben existir para que válidamente proceda celebrar contratos de prestación de servicios, según ya se vio. Con la conducta irregular puesta de presente en este cargo, y frente a aquellas convenciones, el encartado incumplió el mandato previsto en el numeral 1º del artículo 40 de la ley 200 de 1995, que señala que es deber de los servidores públicos cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, las leyes y los estatutos y reglamentos de la entidad, precepto legal este aplicable a este caso por tratarse de

hechos anteriores al actual Estatuto Disciplinario. Todo lo expuesto lo hace responsable, como así lo establece el artículo 6º de la Carta Política, que señala que los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución, las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Todo lo anterior, no es más que el incumplimiento de deberes, abuso y extralimitación de los derechos y funciones e incursión en conflicto de intereses, lo que a voces del artículo 38 de la Ley 200 de 1995, constituye falta disciplinaria y por tanto da lugar a imposición de la sanción correspondiente. d) Las Pruebas que sirven de Fundamento Las pruebas en que se apoya este cargo son las siguientes: - El contrato de fiducia mercantil número 4-1-0143 de 30 de abril de 1999, entre la UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA “UPME” y FIDUCIARIA CAFETERA S. A. “FIDUCAFÉ”, por medio del cual la primera le entregó a la segunda la administración, manejo e inversión de los recursos presupuestales asignados a aquélla, por el término de 3 años, y para comprometer sus recursos asignados para las vigencias de 1999 a 2002. Allí se estableció que FIDUCAFÉ quedaba obligada a elaborar los contratos que se requieran para garantizar el funcionamiento de la Energética, y previa solicitud del ordenador del gasto de la UPME(fls. 334 a 349). 5 - La orden que en ese sentido le emitió JULIÁN VILLARRUEL TORO, en calidad de

director general de la UPME el 14 de febrero de 2002(fls.53 y 54) a FIDUCAFÉ para que contratara a Jorge Pinto Nolla. - El contrato número 020 de 19 de febrero de 2002 que acatando esa orden FIDUCAFÉ celebró con JORGE PINTO NOLLA, por $85000.000, para ser pagada en 10 mensualidades y por el término de 10 meses, para que brindara soporte y realizara análisis y evaluaciones sobre la regulación del mercado que se tiene para los sectores de gas combustible y combustible líquidos, así como de petróleo, con miras a implementar las tareas a adelantar por la UPME, y brindar soporte en el área regulatoria y de los hidrocarburos a la dirección general y la subdirección de energía(fls.46 a 52). - La orden que en ese sentido le emitió JULIÁN VILLARRUEL TORO, en calidad de director general de la UPME el 18 de febrero de 2002(fls.110 y 111) a FIDUCAFÉ para que contratara a Concha Albán. - El contrato número 021 de 20 de febrero de 2002 que acatando esa orden FIDUCAFÉ celebró con MARÍA CECILIA CONCHA ALBÁN, por $28800.000, para ser pagada en 6 mensualidades y por el término de 6 meses, para que asesorara a la UPME en la incorporación del componente ambiental en la planeación mineraenergética(fls.103 a 109). - Los testimonios de Beatriz Herrera Jaime y Gilberto Jaimes Flórez(fls. 372 a 380), así como la declaración y ratificación del quejoso(fls. 9 y 10), quienes coincidieron en

sostener que el objeto de aquellos contratos, y más exactamente la labor que observaron realizar a los respectivos contratistas, se podía ejecutar con el personal de Planta de la UPME, al punto que incluso ellos mismos podían hacerlo. - El Manual de Funciones de la entidad establecidos para los empleos de Subdirectores y de Asesores, contenido en la documental que obra a folios 415 a 429 de este cuaderno, de la que se establece que es función de quienes ocupan tales plazas. Coordinar el diseño para establecer los procedimientos, metodologías y modelos requeridos para planear y avaluar la oferta y demanda de recursos energéticos; dirigir la definición metodológica y las actividades necesarias para la elaboración del plan energético nacional; coordinar la elaboración de estudios y recomendaciones que permitan la formulación de programas de desarrollo del sector minero nacional; coordinar los estudios requeridos para establecer los procedimientos, metodología y modelos requeridos para planear y evaluar la oferta y demanda de recursos minerales y determinar las prioridades para satisfacer los requerimientos; realizar estudios y análisis de oferta y demanda en materia minera y de energía; asesorar en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes generales en materia de energía y minería; asesorar en la definición de estrategias de desarrollo minero y energético ambiental sostenible; coordinar y promover la incorporación de la dimensión ambiental dentro del planeamiento minero energético; desarrollar y presentar estudios y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones en materia minera y de energía relacionados con la dimensión ambiental; y asesorar en el análisis de la evolución de las variables demográficas ambientales, económicas,

6 tecnológicas y de competitividad que permitan establecer las proyecciones de oferta y demanda de recursos minero energéticos, entre otras muchas más. - El régimen de contratación interno que mediante Resolución número 025 de 11 de febrero de 2002 estableció la entidad(fls.17 a 26), que ni faculta al director general encartado para contratar del modo que lo hizo y menos lo exime, y no lo puede hacer, de cumplir los mandatos de la ley 80 de 1993, en punto a la celebración de contratos de prestación de servicios, como de los que tratan los particularizados. - Las copias de la Resolución 0368 de 30 de diciembre de 1998, expedida por la Directora General de la UPME, que obran a folios 1 y 2 del Anexo 1. - Las copias de los informes de ejecución presentados por el contratista del contrato 020, donde quedó establecida la tarea que en concreto hizo ese particular(fls. 134 a 457, Anexos 1 y 2). - Los idénticos documentos respecto del contrato 021 de 2002, celebrado con María Cecilia Concha(fls. 458 a 566, A 2). - Las copias del manual de funciones y requisitos para los empleos de la UPME, que obran a folios 567 a 639 del Anexo 2. e) Análisis de los argumentos del Implicado El Despacho advierte que este procesado hasta el momento no ha presentado argumento alguno en su defensa, no obstante que le fue notificado la providencia de apertura de investigación. f) Calificación Provisional de la Falta Dice el artículo 24 de la ley 200 de 1995, aplicable a este asunto por involucrar

hechos anteriores al actual Código Disciplinario Único, que para efectos de la sanción, las faltas pueden ser gravísimas, leves y graves. En este caso, El Despacho provisionalmente califica la falta relacionada con el cargo que se hace a este acusado como grave, con fundamento en los numerales 1º, 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 27 de la ley 200 de 1995, pues no cabe duda que el procesado obró con falta de consideración para con el personal de planta que pudo ejecutar aquellas labores, el hecho de que la conducta irregular no la desarrolló en uno sino en dos de los contratos, ser él la cabeza principal dentro de la estructura organizacional de la entidad, y la naturaleza de esa falta y los efectos que la misma causó en al interior de los funcionarios de la estatal. g) La Forma de la Culpabilidad Partiendo del principio que el servidor público está en la obligación de conocer la normatividad que regulan sus distintas actividades , entre ellas las relativas a la contratación estatal, en particular las disposiciones que contienen el régimen relativo a la contratación de prestación de servicios y la relación de sus objetos con la planta de personal y el Manual de funciones de ésta, y la obligación que tiene de constatar la ausencia de posibilidad de que una tarea a contratar por prestación de servicios se ejecute con personal de planta, y que el implicado, actuando con conocimiento de 7 causa, inobservó dichos deberes, esta Delegada califica la falta cometida por el implicado como dolosa. 2.2. A DORIS DEL SOCORRO MARTÍNEZ CHAVES, identificada con la cédula de

ciudadanía número 38`982.671, en su condición de secretaria general de la UPME, quien como tal suscribió la orden de trabajo, a más porque desempeñó esas atribuciones durante el tiempo que tal acuerdo se celebró y ejecutó, el siguiente: a) Conducta Haber dado la Orden de Trabajo número 299 de 14 de septiembre de 2001(fls.282 a 284), por la cual, por $12412.000, para ser cancelados en 4 cuotas, y por el término de 3 meses y 25 días, contrató a GERMÁN CORREDOR AVELLA para que asesorara a la UPME en el proceso de desarrollo de los mecanismos de planificación energética y su impacto en el sector como ente planificador, según lo informan el texto mismo de esa orden y los informes respectivos(fls. 4 a 566, Anexos 1 y 2). Esa orden así las dio, para desarrollar ese específico objeto, no obstante que esas actividades podían ser ejecutadas por el personal de planta de la entidad, pues, según el Manual de Funciones de la UPME, vigente para aquellas fechas, era funciones: - Del subdirector de planeación energética, coordinar el diseño para establecer los procedimientos, metodologías y modelos requeridos para planear y evaluar la oferta y demanda de recursos energéticos y determinar las prioridades con el fin de satisfacer los requerimientos, de conformidad con el interés nacional, así como dirigir la definición metodológica y las actividades necesarias para la elaboración del plan energético nacional y los demás planes subsectoriales, como el plan de expansión del sector eléctrico, y coordinar con el Ministerio de Minas y las demás entidades

competentes, la formulación de un programa de ahorro, conservación y uso eficiente de la energía(fl.415); - del subdirector de planeación minera, coordinar la elaboración de estudios y recomendaciones que permitan la formulación de programas de desarrollo del sector minero nacional, así como coordinar los estudios requeridos para establecer los procedimientos, metodologías y modelos requeridos para planear y evaluar la oferta y demanda de recursos minerales del país y determinar las prioridades par satisfacer los requerimientos de conformidad con el interés nacional(fls.415 y 416); y - de los asesores con código 1020, grado 14 y 12, realizar estudios y análisis de oferta y demanda en materia minero en energética, por regiones, fuentes y usos, asesorar a la entidad en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes generales en materia minero energética recomendadas en el plan minero y energético nacional y articular los planes sectoriales al plan nacional de desarrollo, asesorar a la entidad en la definición de estrategias de desarrollo minero y energético, ambientalmente sostenibles, coordinar y promover la incorporación de la dimensión ambiental dentro del planeamiento minero energético integrado, desarrollar y presentar estudios y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, ejecución y control de los programas propios de la Unidad en materia minera y energética, asesorar a la Unidad en el análisis de la evolución de las variables demográfica, tecnológica, de competitividad , 8 ambientales y económicas de los precios de los recursos energéticos y mineros, y elaborar y hacer seguimiento de planes, programas y proyectos técnicos de la Unidad en materia minera y energética(fls.420 a 424).

b) Normas Presuntamente Violadas Con la conducta descrita esta acusada presuntamente violó los artículos 1º de la Resolución 0090 de 26 de mayo de 2000, por medio de la cual el Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética, modificó el Manual de Funciones y Requisitos para los diferentes empleos que conforman la Planta de Personal de esa entidad; 32.3 de la Ley 80 de 1993; 1º del Decreto 2209 de 1998, que modificó el artículo 3º del Decreto 1737 de 1998; 23 del Decreto 26 de 1998; 123.2 y 209 de la Constitución Política; 40.1 de la ley 200 de 1995, precepto legal este aplicable a este caso por tratarse de hechos anteriores al actual Estatuto Disciplinario; y quebrantamientos estos con los cuales incumplió los deberes, abusó y se extralimitó en el ejercicio de los derechos y funciones e incursionó en conflicto de intereses, lo que a voces del artículo 38 de la Ley 200 de 1995, constituye falta disciplinaria y por tanto da lugar a imposición de la sanción correspondiente. c) Concepto de Violación El artículo del artículo 1º de la Resolución 0090 de 26 de mayo de 2000, por medio de la cual el Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética, que modificó el Manual de Funciones y Requisitos para los diferentes empleos que conforman la Planta de Personal de esa entidad, establece que con funciones de los subdirectores de planeación energética y de planeación minera, así como de los

asesores con Código 1020, Grado 14 y 12, entre otras, aquellas que quedaron reseñadas en el apartado a) que antecede de esta providencia. El numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que señala que los contratos de prestación de servicios para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, serán viables únicamente cuando dichas actividades no pudieren realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especiales. Como se observa, no obstante que aquellas tareas puestas a hacer a ese contratista, no son más que parte de las funciones que aquel Manual establece a cargo de los directores y asesores particularizados, lo que indica que ellas podían y debían ser ejecutadas por UPME a través de sus empleados de planta de esas plazas, la encartada prefirió dar la orden para que esa actividad fuera desarrollada por el contratista en cuestión, cuando no podía, pues, como enseguida se precisará, un contrato de prestación de servicios como el que entraña la orden en cuestión, sería procedente únicamente en la medida en que la entidad no contara dentro de su planta de personal con los funcionarios con los cuales pudiera atender esas labores o con la especialidad que el caso requiera, lo que en el caso presente no sucedió. Estas normas resultan quebrantadas en cuanto, como ya quedó visto, y fue corroborado por el quejoso y Beatriz Herrera Jaime y Gilberto Jaimes Flórez, quienes declararon, las tareas contratadas pudieron realizarse con personal de planta. Del mismo modo se pudo infringir el artículo 1º del Decreto 2209 de 1998, que

modificó el artículo 3º del Decreto 1737 de 1998, que prescribe que los contratos de prestación de servicios sólo podrán celebrarse cundo no exista personal de planta 9 con capacidad para realizar las actividades que se contratarán, lo cual se entiende cuando es imposible atender la actividad porque de acuerdo con los manuales de funciones específicos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio; sentido en el que también aparece expresado el artículo 23 del Decreto 26 de 1998. Es que existiendo en la planta de la entidad personal con el cual se podía asumir la actividad contratada, y debiendo tener ese personal la suficiente especialidad inherente a la materia de su profesional, aquella actividad ha debido ejecutarse con el mismo y no a través de la señalada orden de prestación se servicios. De suerte que al haber procedido con evidente desconocimiento de esa verdad, la procesada pudo quebrantar los preceptos legales que le han quedado señalados. Al haber procedido con infracción de tales preceptos legales, lesionó los artículos 123.2 y 209 de la Constitución Política, que indican que los servidores públicos deben ejercer sus funciones en la forma dicha por esa Carta, la ley y el reglamento, y que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y de los particulares, y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, economía e imparcialidad, en la medida en que al haber despachado esa orden procedió con evidente desconocimiento de lo preceptuado por los artículos 1º de la Resolución 0090 de 26 de mayo de 2000, expedida por el mismo Director General de

la UPME, 32. 3 de la Ley 80 de 1993, 1º del Decreto 2209 de 1998, y 23 del Decreto 26 de 1998, que precisan de modo taxativo los presupuestos que deben existir para que válidamente proceda celebrar contratos de prestación de servicios, según ya se vio. Con la conducta irregular puesta de presente en este cargo, y frente a aquella Orden de Trabajo, la encartada incumplió el mandato previsto en el numeral 1º del artículo 40 de la ley 200 de 1995, que señala que es deber de los servidores públicos cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, las leyes y los estatutos y reglamentos de la entidad, precepto legal este aplicable a este caso por tratarse de hechos anteriores al actual Estatuto Disciplinario. Todo lo expuesto la hace responsable, como así lo establece el artículo 6º de la Carta Política, que señala que los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución, las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Todo lo anterior, no es más que el incumplimiento de deberes, abuso y extralimitación de los derechos y funciones e incursión en conflicto de intereses, lo que a voces del artículo 38 de la Ley 200 de 1995, constituye falta disciplinaria y por tanto da lugar a imposición de la sanción correspondiente. d) Las Pruebas que sirven de Fundamento Las pruebas en que se apoya este cargo son las siguientes: - Los testimonios de Beatriz Herrera Jaime y Gilberto Jaimes Flórez (fls. 372 a 380),

así como la declaración y ratificación del quejoso(fls. 9 y 10), quienes coincidieron en sostener que el objeto de esa orden, y más exactamente la labor que observaron 10 realizar al contratista, se podía ejecutar con el personal de Planta de la UPME, al punto que incluso ellos mismos podían hacerlo. - El Manual de Funciones de la entidad establecidos para los empleos de Subdirectores y de Asesores, contenido en la documental que obra a folios 415 a 429 de este cuaderno, de la que se establece que es función de quienes ocupa