PGN - Documento 201603071713267

ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA

Dependencia: Procuraduría Segunda Delgada para la Contratación Estatal

Radicación: 165-63777-01

Investigado: LUIS ALFONSO LEÓN PEREIRA y FRANCISCO ALBERTO

BURGOS DE LA ESPRIELLA.

Cargo: ALCALDES DE MONTERÍA

Quejoso: LA CONTRALORÍA GENERAL

Fecha Queja: 26 DE OCTUBRE DE 2000

Fecha Hechos: 30 DE DICIEMBRE de 1997

Asunto: PRESUNTA IRREGULARIDAD EN LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS OC-308 y 309 de 30 DE DICIEMBRE DE 1997,

Y 131 DE 10 DE DICIEMBRE DE 1998, CELEBRADOS EN

DESARROLLO DEL CONVENIO 1299 DE 1997, QUE EL MUNICIPIO

DE MONTERÍA AJUSTÓ CON FINDETER.

Bogotá, D. C., 28 FEBRERO 2003 Se encuentran las diligencias al Despacho a fin de tomar la decisión que en derecho corresponda, a lo que se procede conforme con el contenido de los siguientes capítulos.

I. ANTECEDENTES 1.1. Con oficio CDIJC-SC-0038 de 24 de octubre de 2001 (fl.2), la Gerencia Departamental de Córdoba de la Contraloría General de la República, remitió a la Procuraduría copia de su expediente 00177, correspondiente al convenio que FINDETER-FIU celebró con el MUNICIPIO DE MONTERÍA, constante de 352 folios. 1.2. De esas diligencias inicialmente conoció la Procuraduría Regional de Córdoba,

la que, por auto de 29 de agosto de 2001, dispuso indagación preliminar (fl.352), a fin de averiguar las irregularidades que en desarrollo de la ejecución del convenio 1299 se hubieren cometido. 1.3. Por auto 2 de octubre de 2001(fl.357), esa Regional declaró su incompetencia para seguir conociendo del asunto, y lo remitió a las Delegadas para Contratación Estatal, a quienes estimó las competentes, razón por la cual. 1.4. Fue así como llegó el asunto a esta Delegada, la que por auto de 19 de diciembre de 2001(359 a 361), ordenó la práctica de algunas pruebas. 1 1.5. Por providencia de 04 de junio de 2002 (fls.394 a 405), esta Delegada ordenó apertura formal de investigación disciplinaria contra aquellos funcionarios, por las razones allí expuestas, donde, además, se dispuso la práctica de las pruebas de que la misma hace memoria. 1.6. De estas diligencias, y más concretamente de la decisión de apertura de investigación, el 16 y 19 de julio de 2002 fueron legalmente notificados los acusados, como así se evidencia de las actas que obran a folios 509 y 410 de este cuaderno. 1.7. Desde el auto de apertura a la fecha el proceso quedó a disposición de la Unidad de Coordinación para que diligenciara los oficios y comisorios ordenados en el mismo, y en el espera de la información y respuestas a los mismos. Apenas el 11 de noviembre de 2002 parece que se recibió la respuesta de la Alcaldía de Montería al oficio donde se le solicitaba informar sobre el presupuesto de esa Localidad para

1997(fl.431).

II. EL AUTO DE CARGOS Por Resolución de 25 de noviembre de 2002 (fls.511 a 546), este Despacho formuló cargos a los señores LUIS ALFONSO LEÓN PEREIRA Y FRANCISCO BURGOS DE LA ESPRIELLA, en su condición de Alcaldes del MUNICIPIO DE MONTERÍA, para la época de los hechos investigados.

En las consideraciones de esta providencia se hará precisión sobre el contenido de los cargos efectuados y de sus fundamentos jurídicos.

III. LOS DESCARGOS 3.1. Del señalado auto de cargos los inculpados fueron noticiados en legal forma el 20 de enero de 2003 y el 20 de diciembre de 2002, como así se constata de las respectivas actas que corren a folios 568 y 562 de este cuaderno del cartulario. 3.2. Dentro del término legalmente previsto ninguno de los acusados presentó descargo alguno, así como tampoco ninguno pidió práctica de pruebas, razón por la cual providencia de pruebas de descargos no se produjo. 2 3.3. Se limitaron estos acusados a presentar sus escritos que obran a folios 563 a 567, 569 y 570, donde expusieron que por no tener a la mano el expediente no podían ejercer su defensa, al tiempo que solicitaban se les remitiera el diligenciamiento a Montería para el estudio correspondiente, a lo cual esta Delegada contestó con nuestra providencia 03 de febrero de 2003, visible a folios 571 y 572, en la que dicho pedido sobre el envío del expediente se negó.

IV. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA

4.1. Sea lo primero relievar que la decisión a tomar ha de ser de fondo, habida consideración que no se advierte causal alguna que pudiera invalidar lo actuado, en todo o en parte. 4.2. En segundo, que conforme se verá en los apartados siguientes, la providencia de imputaciones le hace a LEÓN PEREIRA tres (3) cargos y a BURGOS DE LA ESPRIELLA dos (2). Las acusaciones que se le hacen al primero de los nombrados procesados, hoy están prescritas, y así lo declarará esta Delegada en la parte resolutiva de este fallo; de donde se sigue que la responsabilidad disciplinaria se declarará contra el segundo de los mismos por la celebración y ejecución irregular del negocio jurídico que le concierne, tal cual se verá más adelante. Veamos: 4.3. LA PRESCRIPCIÓN EN FAVOR DE LEÓN PEREIRA 4.3.1. A este procesado se le hicieron tres cargos, los que a continuación se transcriben: “PRIMER CARGO: “a) Conducta “Haber celebrado los contratos números OC-038 de 30 de diciembre de 1997, entre el MUNICIPIO DE MONTERÍA y FERNANDO CRUZ PATERNINA, para rehabilitar y mantener el canal de conducción de aguas residuales del sector San Martín en el trayecto KO+000 al KO+166.7, y OC-309 de 30 de diciembre de 1997, entre esa Localidad y MANUEL GONZÁLEZ FLÓREZ, para rehabilitar y mantener ese canal en el trayecto KO+166.7 al KO+333.4, sin que previamente hubiera efectuado la planeación que el caso requería.

“ ... . 3 “SEGUNDO CARGO: “a) Conducta “Haber celebrado los contratos números OC-038 de 30 de diciembre de 1997, entre el MUNICIPIO DE MONTERÍA y FERNANDO CRUZ PATERNINA, para rehabilitar y mantener el canal de conducción de aguas residuales del sector San Martín en el trayecto KO+000 al KO+166.7, y OC-309 de 30 de diciembre de 1997, entre esa Localidad y MANUEL GONZÁLEZ FLÓREZ, para rehabilitar y mantener ese canal en el trayecto KO+166.7 al KO+333.4, mediante fraccionamiento de su objeto, pues por tratarse la tarea prevista en cada uno de ellos de un mismo objeto, a su ejecución debió acudirse mediante la implementación de un solo convenio y usando el procedimiento licitatorio, como correspondía, lo que no hizo. “... . “TERCER CARGO: “a) Conducta “Haber faltado a la responsabilidad que le competía como alcalde, ordenador del gasto y representante legal de la entidad en lo que tiene que ver con el período de la post celebración de los dos contratos atrás referidos y de la ejecución de los mismos, en cuanto consintió que los contratistas no pagaran los derechos para la publicación de los mismos, no pagó el anticipo en la forma pactada, no le pagó a esos contratistas el precio total de los acuerdos con los recursos de aquel convenio como correspondía, sino con recursos de rubros diferentes, consintió que esos contratistas no ampliaran las garantías a las que estaban obligados con ocasión de la liquidación de los acuerdos, y permitió las reiteradas suspensiones de las ejecuciones. ”

(fls.513, 520 y 526, Cd.1-B). 4.3.2. Como se observa, las faltas que se atribuyen en los dos primeros cargos a este procesado, consisten en el quebrantamiento de los principios de transparencia, economía y del deber de selección objetiva, por haber alcanzado tales pactos sin haber obtenido previamente los estudios de conveniencia, los planos, proyectos y haberlos fraccionado para propiciar su implementación por la vía de la contratación directa obviando así el procedimiento de la licitación pública, que era el que correspondía, según la ley y la cuantía del objeto integral negociado, y, en el del tercero, a las irregularidades dadas desde la celebración de tales pactos hasta el período de su ejecución, en cuanto consintió que los contratistas no pagaran los derechos para la publicación de los mismos, no pagó el anticipo en la forma pactada, no le pagó a esos contratistas el precio total de los acuerdos con los recursos de aquel convenio como correspondía, consintió que esos contratistas no ampliaran las garantías a las que estaban obligados con ocasión de la liquidación de los acuerdos, y permitió las reiteradas suspensiones de las ejecuciones. 4 Como se advierte, las imputaciones que se le hacen a este disciplinado se circunscriben a conductas activas y omisivas suyas generadas o que debió generar en ejercicio de sus atribuciones como Alcalde, como ordenador del gasto y representante legal de la Localidad de Montería. 4.3.3. No obstante ocurre que, según lo certifica el Coordinador de Gestión Humana

de la Alcaldía de Montería, en documento que obra a folio 416 de este cuaderno, este procesado se desempeñó como burgomaestre de esa Capital durante el período comprendido entre el 1o de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1997; lo cual significa, a no dudarlo, que toda responsabilidad suya relacionada con el ejercicio que hizo, hubiere hecho o le tocaba ejecutar de las funciones propias de esa posición estatal se extendieron y, por lo mismo, cesaron ese 31 de diciembre de 1997, momento en que hizo dejación del cargo ante el inicio, en ese mismo entonces, del período Constitucional del nuevo Jefe de esa Administración Municipal. Quiere decir lo acabado de sostener que, en todo caso, la responsabilidad que a éste acusado le pueda caber por las conductas irregulares de que hacen acopio cada uno de los tres cargos arriba transcritos, cesó aquel 31 de diciembre de 1997, cuando dejó de ocupar el empleo de Alcalde del Municipio de Montería, pues evidentemente no se le puede achacar responsabilidad por todo aquello que debió hacerse a partir, inclusive, del 1º de enero de 1998 para acá, en cuanto que ello él no lo podía disponer sencillamente porque para entonces carecía de competencia, al no ser el titular de la función. 4.3.4. Atendido la circunstancia de que los hechos que envuelve esta investigación en los tres cargos puestos de presente, se atribuyen como ocurridos durante la vigencia de la Ley 200 de 1995, y que por aplicación del principio de favorabilidad que rige en derecho sancionatorio, a este asunto le son aplicables las normas contenidas en el citado Estatuto Disciplinario Único.

4.3.5. En punto a la prescripción, el artículo 34 de la citada ley 200 de 1995, señala que la acción disciplinaria prescribe en el término de cinco años contado desde el día de su consumación, para el caso de las faltas instantáneas, y desde la realización del último acto, para el caso de aquellas de carácter permanente o continuado. 5 4.3.6. Puestas así las cosas, resulta claro, en consecuencia, que la acción disciplinaria relacionada con los hechos objeto de los tres cargos trascritos atrás, a la fecha se encuentra prescrita. Ciertamente, si los hechos que dieron origen a las faltas endilgadas a este disciplinado lo constituyen la celebración y el incumplimiento de los deberes en la base de ejecución de aquellos acuerdos, si esas celebraciones tuvieron lugar el 30 de diciembre de 1997, y si la responsabilidad en lo que toca con la ejecución se produjo incluso hasta el 31 de diciembre de 1997, fecha en que este acusado dejó de ser el Alcalde, se tiene entonces que el término para la prescripción respectiva empezó a correr, a más tardar, a partir del mismo 31 de diciembre de 1997. Si desde esa fecha se cuenta, se tiene que a hoy han transcurrido mucho más de los cinco años, los que ciertamente se cumplieron el 31 de diciembre de 2002. Indica ello que a la fecha de esta providencia la acción disciplinaria derivada del hecho de la celebración y ejecución de los contratos en rigor, de donde se hizo configurar el quebrantamiento a los mentados principios de la contratación estatal,

prescribió; luego no le queda a esta instancia otra alternativa más que declararla, como así se hará en la parte resolutiva de este fallo de primera instancia. 4.4. LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL PROCESADO BURGOS DE LA ESPRIELLA 4.4.1. A este procesado se le hicieron dos cargos, los que a continuación se transcriben: “PRIMER CARGO: “a) Conducta “Haber celebrado el contrato número 131 de 10 de diciembre de 1998, entre el MUNICIPIO DE MONTERÍA y CONVIVIENDA LIMITADA y/o ALFONSO GARCÍA SALLEG, para rehabilitar y mantener el tramo KO+370 al KO+432 de aquel sector, con plazo de ejecución de 65 días desde la orden de iniciación, por $35’399.900, a ser pagada con anticipo del 50% a su perfeccionamiento, y el saldo con la presentación de actas parciales, sin que previamente hubiera efectuado la planeación que el caso requería. “b) Normas Presuntamente Violadas 6 “Con la conducta descrita este acusado presuntamente violó los artículos 3.1, 11.1, 23, 25.7, 25.12, 26.3 y 26.5 de la Ley 80 de 1993; 123.2 y 209 de la Constitución Política; 40.1 de la ley 200 de 1995, precepto legal este aplicable a este caso por tratarse de hechos anteriores al actual Estatuto Disciplinario; y quebrantamientos estos con los cuales incumplió los deberes, abusó y se extralimitó en el ejercicio de

los derechos y funciones e incursionó en conflicto de intereses, lo que a voces del artículo 38 de la Ley 200 de 1995, constituye falta disciplinaria y por tanto da lugar a imposición de la sanción correspondiente. “c) Concepto de Violación “El numeral 1º del artículo 3 de la Ley 80 de 1993 que señala que los servidores públicos tendrán en consideración que con la ejecución de los contratos las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales. El numeral 1º del artículo 11 ejusdem prescribe que la competencia para ordenar y dirigir la celebración de contratos es del jefe de la entidad. “Por otro lado, conforme con los principios de economía y responsabilidad, previstos en los artículos 23, 25.7, 25.12, 26.3 y 26.5 de dicha ley, se tiene que la conveniencia o inconveniencia del objeto y las autorizaciones y aprobaciones se impartirán con antelación al inicio del proceso de selección, antes de la firma del contrato deben elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos en los términos de referencia, los servidores públicos responderán cuando hubieren abierto procesos negociales sin haber elaborado previamente términos de referencia, estudios, diseños, planos y evaluaciones que fueren necesarios, y que la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección es del jefe o representante de la entidad. “En el caso del contrato aludido, este alcalde resultó celebrándolo sin que previamente se hubiere efectuado ninguna planeación al respecto, esto es sin que antes de convenir hubiera efectuado los diseños, estudios, planos, proyectos y

evaluaciones que necesariamente se requerían atendida la naturaleza de la tarea que se pretendía encargar. No existe al respecto la menor mención acerca de la necesidad latente de que el municipio tuviera que contratar la ejecución de tales tareas. No obstante que la ley así lo exige, lo cierto es que previamente a esa celebración no realizó los estudios, ni la planeación antelada, necesarios pues las obras los requerían, al punto que por falta de aquellos estudios y planeación previos, hubo de suspenderse su ejecución. La documental del Anexo 4, relativa a este negocio, refiere justamente eso, que se celebró sin haberse elaborado previamente los correspondientes estudios, sin que anteladamente se hubieren efectuado la planeación que el caso exigía. “La prueba documental en referencia fue tomada directamente del expediente contractual, que de ese negocio envió la alcaldía a la Procuraduría Regional, por lo que los documentos que se han echado de menos, son precisamente porque en tales expedientes no fueron hallados, como así se dejó expresado en el numeral 2.1.7. del auto de apertura(fls.398 y 399). “Los preceptos puestos de presente probablemente fueron infringidos por el proceso en cuanto, estando obligado a contratar el objeto que involucra el negocio jurídico desarrollando toda actividad previa dispuesta por la ley y que se requerían, sin embargo no lo hizo. 7 “Esta falta de planeación se evidencia, además, con el siguiente desarrollo de los hechos en el período de la ejecución: El 11 de diciembre de 1998 el alcalde ordenó pagar el anticipo; que el 22 de febrero de 1999 se dio la orden de iniciar labores; que

el 29 de marzo de 1999 la ejecución fue suspendida; que las labores se reiniciaron el 30 de mayo de ese año; que se volvió a suspender el 14 de agosto; que el 1º de junio de 1999 se levantó acta de entrega final de la obra; y que el 15 de junio de 1999 el acuerdo fue liquidado. “Con ello, el disciplinado no tuvo en consideración que con la ejecución de aquellas tareas el Municipio busca el cumplimiento de los fines estatales, a más que desdice de la norma que prescribe que la competencia para ordenar y dirigir la celebración de contratos es del jefe de la entidad. “Al haber procedido con infracción de tales preceptos legales, lesionó los artículos 123.2 y 209 de la Constitución Política, que indican que los servidores públicos deben ejercer sus funciones en la forma dicha por esa Carta, la ley y el reglamento, y que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y de los particulares, y se desarrolla con fundamento en los principios de moralidad, eficacia, celeridad y economía, en la medida en que su actuar es evidentemente configurativo de falta de aplicación de tales principios, según ya se vio. “Con la conducta irregular puesta de presente en este cargo, y frente a aquel convenio, el encartado incumplió el mandato previsto en el numeral 1º del artículo 40 de la ley 200 de 1995, que señala que es deber de los servidores públicos cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, las leyes y los estatutos y reglamentos de la entidad, precepto legal este aplicable a este caso por tratarse de hechos anteriores al actual Estatuto Disciplinario.

“Todo lo expuesto la hace responsable, como así lo establece el artículo 6º de la Carta Política, que señala que los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución, las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. “Lo anterior, no es más que el incumplimiento de deberes, abuso y extralimitación de los derechos y funciones, lo que a voces del artículo 38 de la Ley 200 de 1995, constituye falta disciplinaria y por tanto da lugar a imposición de la sanción correspondiente. “ ... . “SEGUNDO CARGO: “a) Conducta “Haber faltado a la responsabilidad que le competía como alcalde, ordenador del gasto y representante legal de la entidad en lo que tiene que ver con el período de la post celebración del contrato atrás referido y de su ejecución, en cuanto consintió que el contratista no pagara los derechos para la publicación del mismo, no pagó el anticipo en la forma pactada, no le pagó al ese contratista el precio total de los acuerdos con los recursos de aquel convenio como correspondía, sino con recursos de rubros diferentes, consintió que ese contratista no ampliara la garantía a la que 8 estaba obligado con ocasión de la liquidación del acuerdo, y permitió las reiteradas suspensiones de la ejecución. “b) Normas Presuntamente Violadas “Con la conducta descrita este acusado presuntamente violó los artículos 3.1, 4.1, 14.1, 23, 25.19, 26.1, 26.5, 41.parágrafo 3º, y 60.4 de la Ley 80 de 1993; 24 del

Decreto 679 de 1994 123.2 y 209 de la Constitución Política; 40.1 de la ley 200 de 1995, precepto legal este aplicable a este caso por tratarse de hechos anteriores al actual Estatuto Disciplinario; y quebrantamientos estos con los cuales incumplió los deberes, abusó y se extralimitó en el ejercicio de los derechos y funciones e incursionó en conflicto de intereses, lo que a voces del artículo 38 de la Ley 200 de 1995, constituye falta disciplinaria y por tanto da lugar a imposición de la sanción correspondiente. “c) Concepto de Violación “El numeral 1º del artículo 3 de la Ley 80 de 1993 que señala que los servidores públicos tendrán en consideración que con la ejecución de los contratos las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales. El numeral 1º del artículo 4º ejusdem prescribe que para la consecución de los fines estatales, las entidades exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto., en tanto el artículo 14.1 tiene expresado que para ese cumplimiento tales entidades tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. “Por otro lado,conforme con los principios de economía y responsabilidad, previstos en los artículos 23, 25.19, 26.1 y 26.5 de dicha ley, se tiene que el contratista debe prestar garantía única que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y se mantendrá vigente hasta la liquidación del contrato, que los servidores están obligados a vigilar la correcta ejecución del objeto, estudios, diseños, planos y evaluaciones que fueren necesarios, y que la responsabilidad de la

dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección es del jefe o representante de la entidad. “Del mismo modo, los artículos 41,parágrafo 3º, y 60.4 de la Ley 80 de 1993 y 24 del Decreto 679 de 1994, indican que perfeccionado el contrato se solicitará su publicación, que para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio y demás, y que los contratos deberán publicarse en la forma dicha en el parágrafo 3º del artículo 41 citado. “El quebrantamiento de tales preceptos normativos deviene como consecuencia del hecho de que de los documentos enviados por la Alcaldía Local, directamente tomados del expediente contractual, no se evidencia que el contratista pagara los derechos para la publicación del contrato, y además de lo siguiente: El 11 de diciembre de 1998 el alcalde ordenó pagar el anticipo; que el 22 de febrero de 1999 se dio la orden de iniciar labores; que el 29 de marzo de 1999 la ejecución fue suspendida; que las labores se reiniciaron el 30 de mayo de ese año; que se volvió a suspender el 14 de agosto; que el 1º de junio de 1999 se levantó acta de entrega final de la obra; y que apenas el 15 de junio de 1999 el acuerdo fue liquidado. “Todo ese encadenamiento de hechos evidencia que este encartado dejó de aplicar el principio de responsabilidad que le tocaba como ordenador del gasto y 9 representante legal de la entidad, en el lapso de tiempo transcurrido entre la

celebración del negocio y el inicio de su ejecución y a lo largo de esta misma. “Al haber procedido con infracción de tales preceptos legales, lesionó los artículos 123.2 y 209 de la Constitución Política, que indican que los servidores públicos deben ejercer sus funciones en la forma dicha por esa Carta, la ley y el reglamento, y que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y de los particulares, y se desarrolla con fundamento en los principios de moralidad, eficacia, celeridad y economía, en la medida en que su actuar es evidentemente configurativo de falta de aplicación de tales principios, según ya se vio. “Con la conducta irregular puesta de presente en este cargo, y frente a aquel convenio, el encartado incumplió el mandato previsto en el numeral 1º del artículo 40 de la ley 200 de 1995, que señala que es deber de los servidores públicos cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, las leyes y los estatutos y reglamentos de la entidad, precepto legal este aplicable a este caso por tratarse de hechos anteriores al actual Estatuto Disciplinario. “Todo lo expuesto la hace responsable, como así lo establece el artículo 6º de la Carta Política, que señala que los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución, las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. “Lo anterior, no es más que el incumplimiento de deberes, abuso y extralimitación de los derechos y funciones, lo que a voces del artículo 38 de la Ley 200 de 1995, constituye falta disciplinaria y por tanto da lugar a imposición de la sanción

correspondiente.” (fls.533 a 537 y 539 a 543). 4.4.2. Como se observa, tiene que ver con la aplicación de los principios de economía y responsabilidad la problemática que plantean los cargos acabados de acopiar, en la medida en que, en el caso del primero, este disciplinado concurrió a su celebración que haber desarrollado previamente, como correspondía según la ley, ninguna actividad de planeación, y, en el del segundo, no ejerció responsablemente las obligaciones y deberes que le surgieron desde el momento inmediatamente siguiente al ajuste de tales pactos. 4.4.3. Planteado así el panorama que refleja esta investigación, necesario se hace reflexionar sobre cada una de las figuras jurídicas que involucran las dos señaladas imputaciones. 4.4.4. El Principio de Economía y la Planeación: Uno de los principios que incorpora la legislación de contratación pública es el de economía, con el que se pretende que las actuaciones relacionadas con los convenios se lleven a cabo con celeridad y eficacia, principios estos que desde la 10 Carta Política están determinados como orientadores de la función administrativa, en orden a obtener una mayor agilización de sus actuaciones. Conforme con este principio de economía se pretende que en un proceso de contratación determinado, se evacuen únicamente aquellos estadios necesarios para una óptima selección, y que el actuar de la estatal que corresponda se lleve a cabo fundamentalmente con la optimización de costos, en orden a lo cual, el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, tiene establecido que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, deberán

elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos. Con el propósito de evitar la generación de circunstancias que puedan causar daño a la administración pública y perjuicio al erario público, los servidores estatales están obligados a adelantar, antes incluso de la apertura de la licitación, un conjunto de actuaciones, dentro de las que se hallan las relacionadas con los estudios previos que todo buen gerente debe implementar para decidir sobre un acuerdo, estudios dentro de los que se encuentra la comprobación de la necesidad de adquisición de la obra o servicio, su concordancia con los planes de inversión y desarrollo, la naturaleza del objeto a ejecutar, la determinación exacta del lugar o sitio donde deba desarrollarse el objeto, la correspondencia de la obra o servicio con las normas sobre uso del suelo, entre otros muchos. 4.4.5. El Principio de Responsabilidad y la Ejecución: Conforme con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines, y justamente para ello el numeral 1º del artículo 14 de este mismo ordenamiento prevé que tales entidades, es decir sus representantes, tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia del contrato. Por ello el artículo 23 ibídem pregona que las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal debe desarrollarse con plena aplicación, entre otros, del principio de responsabilidad, éste en virtud del cual los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de aquellos fines, a vigilar la correcta ejecución del objeto, a proteger los derechos de la entidad, como

así expresamente lo señala el artículo 26 del citado articulado, el que, además, tiene sentado que los mentados servidores responderán por sus actuaciones y omisiones 11 antijurídicas, y que la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual es del jefe o representante del organismo público (num. 5º). Los preceptos normativos acabados de traer a colación no son más que el desarrollo de los principios que irradia la Carta Política a través de sus artículos 6º, 121, 122, 123 y 209, en cuanto señalan que los funcionarios estatales son responsables cuando infrinjan la Constitución, las Leyes o por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, que ninguna autoridad podrá ejercer funciones distintas de las que tales ordenamientos le atribuyen, que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento, y que ellos deben ejercer sus funciones en la forma prescrita en esa normatividad, y conforme a los principios de eficacia e imparcialidad. 4.4.6. El Caso en Cuestión: En el caso presente sucedió que BURGOS DE LA ESPRIELLA, representando a la estatal, mediante contrato número 131 de 10 de diciembre de 1998 contrató a CONVIVIENDA LIMITADA Y/O ALFONSOGARCÍA SALLEG para, que rehabilitara e hiciera el mantenimiento del tramo K0+370 al K0+432 del sector San Martín, con plazo para su ejecución de 65 días desde la orden de iniciación, por $35399.900, a ser pagada con un anticipo del 50% a su perfeccionamiento y el saldo con la presentación de actas parciales.

Pues bien. Como se sostuvo en la providencia de acusaciones, este alcalde resultó celebrando el contrato aludido sin que previamente hubiera efectuado ninguna planeación al respecto, esto es sin que antes de convenir hubiera efectuado los diseños, estudios, planos, proyectos y evaluaciones que necesariamente se requerían atendida la naturaleza de la tarea que finalmente encargó, como es toda actividad que configure un contrato de obra pública. Dentro del abundante acervo probatorio recopilado, que para el caso es el mismo con base en el cual se le hizo el primero de los anotados cargos, no existe al respecto la menor mención acerca de la necesidad latente de que el municipio tuviera que contratar la ejecución de tales tareas. No obstante que las normas contenidas en los artículos 25.7, 25.12 y 26.3 de la Ley 80 citadas así lo exige, lo cierto es que previamente a esa celebración este acusado no realizó los estudios, ni la planeación antelada, necesarios