PGN - Documento 201603071713356

ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA

Dependencia: Procuraduría 1° Delegada para la Contratación Estatal.

Radicación # 021-46479-2000 Disciplinado y/o investigado: Daniel Jáuregui Buenaventura.

Cargo y entidad: Director General del IPSE.

Quejoso: Cesar Augusto Torres Fecha Queja: 27 de septiembre de 2000

Fecha Hechos: 30 de diciembre de 1999.

Asunto: Fallo de primera instancia.

BOGOTA, D.C., 24 de Septiembre de 2002

ANTECEDENTES: Daniel Jáuregui Buenaventura fue objeto de investigación disciplinaria mediante auto del 5 de junio de 2001 por queja que le formulara Cesar Augusto Torres con ocasión de irregularidades relacionadas con el cumplimiento del contrato para el funcionamiento de la Pequeña Central Hidroeléctrica en el municipio de López de Micay en el Departamento del Cauca, razón por la que se le formuló auto de cargos el 16 de noviembre de 2001.

CARGOS: No contar con estudios de conveniencia respecto del contrato No. 7497 del 30 de diciembre de 1999 y su adicional del 31 de mayo de 2000, desconociendo las estipulaciones de los numerales 7° y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, toda vez que la PCH del municipio de López de Micay para la fecha en que se celebró el contrato presentaba fallas de tal magnitud que conllevaban a que no solo se adquirieran los repuestos necesarios, sino que las reparaciones se centraran en los

puntos críticos de la pequeña central, arreglos que no se contemplaron en el contrato ni en su adicional, razón por la que tal central se encuentra fuera de servicio.

Normas Infringidas: Artículos 4 inciso 2°, 6° y 209 de la C.N.; 38, 40 numerales 1 y 18 de la ley 200 de 1995; 3°, 25 numerales 7 y 12, 26 numeral 1° y 51 de la ley 80 de 1993.

La falta se calificó provisionalmente como grave teniendo en cuenta los lineamientos previstos en los numerales 1, 2, 3, 4 del artículo 27 de la ley 200/95 y se imputó a título de culpa, por la posible negligencia demostrada en la celebración y desarrollo del contrato 7497 y su adicional, toda vez que no tuvo en cuenta los principios de planeación, para una correcta proyección y cumplimiento del objeto contratado y no protegió los derechos de la entidad.

DESCARGOS: El apoderado de oficio del disciplinado solicitó se decreten y practiquen una serie de pruebas: documentales, interrogatorio al disciplinado y dictamen técnico de peritos.

HECHOS PROBADOS:

1. Daniel Jáuregui Buenaventura desempeñó el cargo de Director General del Instituto colombiano de Energía Eléctrica, hoy Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas IPSE, desde el 18 de mayo de 1999 hasta el 31 de julio de 2000, devengando una asignación mensual de $3.552.621,oo. Ello se acreditó con copia del Decreto de nombramiento, acta de posesión y certificado de servicios,

visible a folios 76 a 78 del expediente.

2. El Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, representado por el disciplinado suscribió con Stromnetz de Colombia S.C.S., el contrato No. 7497 del 30 de diciembre de 1999 para el suministro de equipos, repuestos, materiales, herramientas y mano de obra para el mantenimiento de la pequeña central hidroeléctrica PCH de López de Micay, por valor de $98

En el contrato se especificó que las obras a realizar para en desarrollo del contrato.

3. El interventor de la obra informó a la Dirección General sobre el mal estado en que se encuentran las bases del chasis y el troque y el eje principal de la planta.

Ello consta en el contrato adicional suscrito el 31 de mayo de 2000, donde al respecto se consignó: “.. en razón a que las bases del chasis de la unidad No. 1 desde el momento de su instalación no quedaron niveladas, lo que ocasionó que los soportes de las bases chumaceras quedaran haciendo un torque que les propinó la ruptura, además el chasis también presenta fisuras. Por otra parte, el eje se encuentra torcido en razón a la desalineación en que se encuentra y la mala extracción para su mantenimiento que en su momento se hizo. El torque que sufrió también es causa de la desnivelación en que se encuentra el chasis. También informa el interventor, que debido a la desalineación del eje principal, los acoples flexibles del lado del generador se encontraban trabajando mal, lo que ocasionó su desgaste prematuro…”

4. El contrato fue adicionado en valor y plazo el 31 de mayo de 2000: por

$34.806.702.oo y en 45 días calendario. Ello se acreditó con copia del contrato adicional, visible a folios 18 a 19 del expediente.

5. La microcentral no está prestando ningún servicio debido a que las turbinas se encuentran totalmente desamarradas. Ello se acreditó con copia del oficio remitido por varios funcionarios del municipio de López de Micay al Ministro de Minas y Energía el 22 de agosto de 2000, visible a folios 23 a 25 del expediente.

6. El IPSE contrató contrato con la firma especializada ESGEM Worldwide Corporation la inspección y diagnóstico de la PCH de López de Micay con el fin de poner en funcionamiento la microcentral, debido a que las obras faltantes no estaban previstas en los contratos principal y adicional materia de reproche. Ello se desprende de lo consignado en el acta de terminación y liquidación final del contrato 7497 y su adicional, el 3 de septiembre de 2001, visible a folios 112 a122 del expediente.

7. La firma contratada determinó cuales eran las obras a realizar y recomendó que debían ser ejecutadas por personal técnico idóneo, con amplios conocimientos especializados en la materia. Ello se acreditó con copia del informe resultante de la 2 inspección y diagnóstico del equipo de la pequeña central hidroeléctrica de López de Micay, rendido por la firma ESGEM en el año 2001, visible a folios 123 a 149 del expediente.

8. La central hidroeléctrica aludida se encuentra funcionando actualmente en un 38%, y los trabajos de mantenimiento y de obras aún no se encuentran terminados.

Ello se acreditó con copia del oficio suscrito por el alcalde municipal de López de

Micay el 27 de agosto de 2002, visible a folios 159 a 160 del expediente.

CONSIDERACIONES: El principio de economía regulado en el artículo 25 de la ley 80 de 1995 impone un adecuado manejo de los recursos públicos, a través de ciertos mecanismos que exigen eficiencia en la actividad contractual desarrollada por servidores públicos.

La elaboración de estudios previos a la iniciación de un proceso de selección del contratista, es una carga que recae sobre las entidades estatales, toda vez que optimizan la prestación contractual, y sus resultados determinan la prestación a ejecutar, su costo, y su oportunidad, con base en lo cual puede tomarse la decisión o no de ejecutarlo. El permite, entre otras, determinar el valor del bien o servicio a contratar y a su vez deducir las verdaderas capacidades económicas de la entidad para acometer un proyecto determinado, como quiera que debe constatar en el presupuesto la existencia de recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones que su ejecución conlleva. Encuentra este Despacho que en el asunto materia de investigación, el disciplinado suscribió un contrato sin contar con los estudios previos que determinaran el estado de las obras realizadas con anterioridad, circunstancia determinante para establecer las verdaderas necesidades de contratación y las prestaciones a ejecutar, con el fin de poner en funcionamiento la central hidroeléctrica, circunstancia que llevó a que su ejecución fuera inconclusa, y a que la prestación del servicio que con la obra se pretendía satisfacer, no se concretara, incumpliendo de esta manera el fin inmediato de tal actividad. Los estudios exigidos en desarrollo del principio de economía, deben efectuarse

previamente a la selección del contratista, sin embargo en este caso el disciplinado los contrató cuando el contrato se encontraba en la etapa de ejecución, circunstancia que refleja que ellos eran indispensables para el desarrollo del proyecto y que pone en evidencia la trasgresión del principio de transparencia. Una conducta desarrollada de esta manera resulta contraria a los fines que busca la contratación estatal a través de sus servidores, esta tiende a la satisfacción de los intereses generales, lo que se logra mediante la ejecución integra de los proyectos acometidos, pues la eficacia no se califica por el seguimiento de reglas sino por el logro de resultados, objetivo ausente en el asunto materia de investigación, toda vez que la obra pública hoy no presta ningún servicio. El servidor público en sus relaciones con el Estado debe atender al cumplimiento de sus fines, como quiera que son éstos los que legitiman su existencia en tanto que se orientan a la satisfacción de las necesidades generales de la comunidad. Por esta 3 razón, el funcionario debe velar por la defensa y el respeto de los intereses de la entidad y de los terceros. La inversión de recursos públicos en actividades inconclusas constituye un desgreño administrativo, que transgrede el principio de economía que les es exigible a quienes ostentan la calidad de representantes legales de las entidades estatales, por cuanto en el ejercicio de sus funciones, y básicamente dentro de la actividad contractual, están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y a proteger los derechos de la entidad y de terceros que puedan verse afectados con la ejecución del contrato. Con la suscripción del contrato materia de reproche y su adicional, no se protegieron los derechos de la entidad, en la medida en que se contrató a

sabiendas de que tales obras no eran suficientes para poner en funcionamiento el proyecto, lo que constituyó un despilfarro de recursos, pues si no presta ningún servicio, era mejor abstenerse de contratarla, pues se corre el riesgo de que lo ejecutado se deteriore con el paso del tiempo, incrementando de esta manera sus costos, pues las medidas a tomar deben tender a su conservación y a la eficacia de su ejecución, con obras oportunas y concordantes con la necesidad del servicio, no obras que dependen únicamente de la discrecionalidad de los administradores. La conducta se imputa definitivamente a título de culpa en razón a la negligencia demostrada por el disciplinado en el desarrollo del proyecto, por no tener en cuenta los principios de planeación para una correcta proyección y cumplimiento del objeto contratado. La falta se califica como grave teniendo en cuenta los lineamientos previstos en los numerales 1, 2, 3, 4 del artículo 27 de la ley 200/95, teniendo en cuenta el grado de imputación de la falta; el cargo desempeñado, pues el disciplinado ostentaba la calidad de representante legal de la entidad contratista y fue esa condición la que le permitió actuar con inobservancia del principio de economía y de los fines de la contratación; la trascendencia social de la falta, pues existieron varias quejas y reclamos en torno a lo sucedido y, porque tal conducta condujo a la terminación sin resultados, de una obra estatal. Como sanción por la comisión de la falta disciplinaria, se impondrá al disciplinado una multa equivalente a sesenta (60) días de salario devengado para el año de

1999, correspondiente a la suma de SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL DOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($7.105.242.oo), suma de dinero que será cancelada a favor del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas IPSE, en los términos y condiciones previstos en el Código Disciplinario Unico (Ley 734/02), debidamente indexadas y actualizadas desde la fecha de ejecutoria de esta resolución y hasta la fecha de pago efectiva, aplicando para ello los índices de precios al consumidor establecidos por el DANE. En mérito de lo expuesto, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal,

RESUELVE:

4 Primero.- Declarar probado el cargo formulado contra DANIEL JÁUREGUI BUENAVENTURA en su condición de Director General del Instituto colombiano de Energía Eléctrica, hoy Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas IPSE, mediante auto del 16 de noviembre de 2001. Segundo.- Como consecuencia de la anterior declaración, sancionar a DANIEL JÁUREGUI BUENAVENTURA en su condición de Director General del Instituto colombiano de Energía Eléctrica, hoy Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas IPSE con multa equivalente a sesenta (60) días de salario devengado para el año de 1999, correspondiente a la suma de SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL DOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($7.105.242.oo), de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero.- El disciplinado deberá cancelar la suma impuesta como multa, dentro de

los treinta días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, a favor del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas IPSE, conforme lo señala el artículo 31 de la ley 200 de 1995, en concordancia con lo previsto en el artículo 173 de la ley 734 de 2002, con la correspondiente indexación . Cuarto.- Notifíquese personalmente el contenido de esta providencia al disciplinado, haciéndole saber que contra ella proceden los recursos de Ley. Quinto.- Una vez ejecutoriada esta providencia, a través de la Unidad Coordinadora de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, envíese copia de ella al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas IPSE, para lo de su competencia. Sexto.- Efectúese las comunicaciones de Ley, y envíese copia de ella, junto con la constancia de ejecutoria a la División de Registro y Control de este ente de control.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

BENJAMIN HERRERA BARBOSA

Procurador Primero Delegado Exp. 021-46479Proy: Adriana Bravo 5