PGN - Documento 201603071713376

ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA

Radicación: 162-57656/01

Disciplinados: JULIAN PALACIO LUJAN, JUAN JOSE NEIRA LIEVANO Y

EDGAR MAC ALLISTER BRAYDY

Cargos: Presidentes, Secretario General y Jefe de Planeación Ferrovias Quejoso: De oficio Fecha queja: 2 de marzo de 1998

Fecha hechos: junio de 1997

Asunto: Fallo de primera instancia

Bogotá D.C. 3 de Mayo de 2002 ASUNTO Procede el Despacho, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 25 numeral 1 literal a) del Decreto Ley 262 de 2000, en consonancia con la Resolución 0017 de marzo 4 de 2000 artículo 19 inciso segundo, a FALLAR EN PRIMERA INSTANCIA el proceso disciplinario adelantado bajo el radicado No. 162-57656/01 contra los doctores JULIAN PALACIO LUJAN, JUAN JOSE NEIRA LIEVANO y EDGAR MAC ALLISTER BRAYDY, en sus condiciones de Presidente, Secretario General y Jefe de la Oficina de Planeación de la Empresa Colombiana de Vías Férreas FERROVIAS, respectivamente, cumplidos como se encuentran los presupuestos consagrados en los artículos 138 y siguientes del Código Disciplinario Único; y no observándose causal de nulidad que invalide la actuación. HECHOS El Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal en cumplimiento de la Circular 005 de febrero 12 de 1998 emanada del Despacho del Procurador General

de la Nación solicitó al Presidente de la Empresa Colombiana de Vías Férreas FERROVIAS, mediante oficio de marzo 2 de 1998 la remisión de los contratos de prestación de servicios y de consultoría celebrados durante los años 1997 y 1998, los estudios técnicos y de conveniencia para su celebración, constancia de las sumas pagadas a los contratistas, planta de personal de la entidad con indicación de las atribuciones en materia jurídica y económica. Documentos a los cuales se anexaron publicaciones de prensa que denunciaban contrataciones irregulares en la entidad. Con auto de fecha mayo 5 de 1998 (FL. 1 Cuad. 2), se dispuso la práctica de pruebas en indagación preliminar contra el Doctor JULIÁN PALACIO LUJAN, en su condición de Presidente de Ferrovías. Mediante auto de julio 4 de 1998 (FL. 4 Cuad. 3), se ordenó la apertura de investigación disciplinaria en su contra y se vinculó a la investigación a los señores JAIME RAMOS AGUDELO, JUAN JOSÉ NEIRA LIÉVANO Y EDGAR MAC ALLISTER BRAYDY, en sus condiciones de Presidente, Secretario General y Jefe de la Oficina de Planeación de la misma entidad, respectivamente. Con auto de enero 5 de 2001 (Fls. 2 a 49 Cuad. 4), declaró la prescripción de la acción disciplinaria adelantada contra JAIME RAMOS AGUDELO y JUAN JOSÉ ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA NEIRA LIÉVANO, por hechos ocurridos en 1995 y les formuló cargos a JULIÁN

PALACIO LUJAN, JUAN JOSÉ NEIRA LIÉVANO y EDGAR MAC ALLISTER BRAYDY por las conductas que se sintetizan a continuación: CARGOS Al doctor JULIÁN PALACIO LUJAN 1.- En su condición de Presidente de la Empresa FERROVIAS celebró el 9 de abril de 1996 con Elgar Mac Master Núñez el contrato de consultoría No. 04-0095-0-96, con violación de los principios de selección objetiva del contratista y de economía, pues no obtuvo previamente las dos ofertas, que exige el Decreto 855 de 1994, ni contó con los estudios previos que justificaran la necesidad y conveniencia de la contratación, exigidos por el artículo 25 numeral 12 de la Ley 80 de 1993. Adicionalmente, celebró el contrato sin tomar en cuenta que el contratista no tenía experiencia en la labor que tenía que ejecutar, movido por razones de amistad, más que de conveniencia para la entidad. Sufragó gastos al contratista Edgar Mac Master Núñez en forma injustificada para que asistiera entre el 16 y el 22 de junio de 1996 a un seminario de terminales ferroportuarios a Florianópolis y a una visita al puerto de Río de Janeiro, en Brasil. Actuó como interventor del contrato en cuestión en forma personal, contraviniendo la Resolución No. 2319 de 1995 artículos 6 y 7. Prorrogó el término del contrato faltando solo 6 días para su vencimiento cuando lo señalado en el reglamento eran 15 días antes y no por solicitud del interventor, sino del Jefe de la Oficina de Planeación presentada el 3

de octubre de 1996. 2.- En su condición de Presidente de Ferrovias suscribió el 17 de abril de 1997 con el mismo Elgar Mac Master Núñez, esta vez como representante legal de Cargo Plus Ltda. Contrato de prestación de servicios profesionales 02-081-0-97 por valor de $355.560.000,00 para que asesorara en el montaje de un sistema de coordinación operativa de los centros de distribución de carga, desconociendo los principios de transparencia, economía, planeación y responsabilidad que rigen la contratación estatal. Ello, por cuanto invitó de manera directa al señor Mac Master para que prestara sus servicios a través de la naciente empresa, que no tenía infraestructura, ni capacidad económica para ejecutar el contrato, sin que existieran estudios previos sobre la necesidad y conveniencia de su celebración, sin establecer en el contrato las condiciones particulares en que debía desarrollarse, sin estudios que indicaran el valor aproximado de costo de los trabajos, sino que se dejó a la discrecionalidad del oferente el precio de los servicios, situación que demuestra que el contrato se suscribió con el único fin de favorecer al contratista. ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA Adicionalmente la firma CARGO PLUS se constituyó el 30 de enero de 1997 en la Notaria 5 Quinta de Bogotá, por los señores Gloria Alicia Quijano Rodríguez, Daniel Alberto Espinosa Garcés y Elgar Bruce Mac Master Núñez amigos y antiguos compañeros de trabajo suyos en Colpuertos y a la que su esposa estaba estrechamente vinculada. La firma tampoco tuvo el capital social que se anunció en la escritura de constitución, pues en relación con la socia Gloria Alicia Quijano manifestó

no haber aportado nunca el capital social, que allí se indica. Atendiendo la naturaleza del contrato y su cuantía debieron surtirse invitaciones a presentar propuestas para la selección del contratista y no escoger de manera directa a Cargo Plus, firma creada en las condiciones antes señaladas para defraudar al Estado, donde participo Edgar Mac Allister. 3.- Suscribir el 13 de noviembre de 1997 con la misma firma Cargo Plus un nuevo contrato de prestación de servicios profesionales con el fin de que la empresa adelantara el seguimiento y registro de todas las operaciones que conformaban el desempeño del modo férreo, facilitando a FERROVIAS el manejo de los diversos elementos técnicos y profesionales, así como el conocimiento que le permitiera desarrollar la función de confrontar la información suministrada por los operadores, apoyar el proceso de acopio y clasificación de información relacionada con la oferta y demanda real del servicio de transporte férreo, para detectar fallas en la prestación del servicio por valor de $ 18.455.600.000,00 en un plazo de cinco años a partir de la suscripción del acta de iniciación del mismo, con violación de los principios de selección objetiva, de responsabilidad y de economía que rigen la contratación estatal. El contrato anterior se suscribió teniendo como antecedentes las justificaciones dadas por el Jefe de la oficina de planeación, así como el concepto de 30 de septiembre de 1997 rendido por el abogado externo Ernesto Matallana Camacho, quien recomendó la contratación directa con la obtención de dos propuestas previas, cuando lo contemplado en el Decreto 855 de 1994 es la colocación de un aviso en lugar visible de la

entidad, por un término no menor de dos días, por lo que el procedimiento de selección del contratista solo muestra la intención de favorecer a Cargo Plus, quien tampoco se encontraba inscrito en la Cámara de Comercio en el registro único de proponentes, ni contaba con la infraestructura para ejecutar el contrato . Modificó la forma de pago del contrato mencionado con el único fin de favorecer al contratista y permitió el manejo irregular del anticipo, pues el contratista entregó a la Fiduciaria Tequendama el valor recibido para que le generara rendimientos financieros. 4.- Suscribió contrato adicional al contrato 02-0249-0-95 con Asesorías Jurídicas Especializadas de Colombia en junio 12 de 1997 por valor de $ 343.500.000,00 superando el 50% permitido por la Ley. ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA 5.- Sin terminarse de ejecutar el contrato 02-0249-0-95 ordenó la apertura de un nuevo proceso de contratación, para atender las mismas labores que en ese contrato, adelantar el proceso de saneamiento de los inmuebles de la empresa, para hacer la entrega de los bienes inmuebles a la concesión red atlántico, desconociendo los fines de la contratación, el deber de selección objetiva y los principios de transparencia, economía y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993. Por cuanto no se hizo una invitación pública a cotizar y las actuaciones estuvieron encaminadas a favorecer la firma Asesorías Especializadas de Colombia. 6.- Suscribió los contratos de prestación de servicios 02-0047-0-97 y 020078-0-98 con la firma EVENTUALES LTDA, por valor de $123.000.000 y $520.000.000 y plazo de tres meses, con el objeto de suministrar personal profesional y técnico que cubriera las necesidades de la empresa a nivel nacional y que no pudiera realizarse con personal de planta, contraviniendo los fines de la contratación estatal, puesto que no se analizó la conveniencia o inconveniencia de celebrar el contrato, no se vigiló la correcta ejecución del contrato y no se protegió los derechos de la entidad. Lo anterior, por cuanto el personal reclutado con cargo a estos contratos fue puesto al servicio de Asesoría Jurídicas Especializadas, como ocurrió con la señora Nancy Acosta Gueitio que trabajó como secretaria de Fernando Echeverri, asesor y accionista de esa firma. Ana Cecilia Tovar Montes, contratada como profesional en Cali, no tenía estudios profesionales, fue seleccionada por recomendaciones políticas del Dr. Luis Fernando Londoño Capurro y presto servicios en FERROVIAS sin contrato de trabajo. Derly Jhaneth Muñoz fue vinculada por recomendación política, como lo demuestra la carta de junio 10 de 19971. Al doctor EDGAR MAC ALLISTER BRAYDY 1.- En su condición de Jefe de la Oficina de Planeación de FERROVIAS envió el 11 de febrero de 1997 carta al Presidente de la entidad solicitando la contratación de los servicios profesionales de coordinación operativa de los centros de distribución de carga, con fundamento en el documento Conpes 2776 de abril de 1995, que pretendía vincular la entidad a proyectos que buscara impulsar el establecimiento de terminales y centros de transferencia, que aprovecho el presidente

celebrar el contrato de prestación de servicios profesionales 02-081-0-97 con el señor Elgar Mac Master Núñez, representante legal de Cargo Plus Ltda. Firma comercial creada para defraudar al estado con su ayuda y la del presidente de la entidad, aprovechándose indebidamente de la posición directiva que ocupaba en la empresa para favorecer económicamente a la firma contratista, para la cual trabajaba su hermana Alba Ligia Mac Allister. 1 Fl. 35 anexo 8 ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA 2.- Participar en la defraudación de la entidad realizada a través del contrato de prestación de servicios con la firma CARGO PLUS suscrito el 13 de noviembre de 1997, pues pretendió justificar la celebración del contrato por 18.500.000.000 con un estudio carente de objetividad y soporte técnico, sin que existiera un estudio de factibilidad que apuntara hacia una verdadera necesidad de conveniencia del mismo. Nuevamente con el animo de favorecer los intereses del presidente de la entidad y los suyos pues su hermana Alba Ligia Mac Allister, colaboraba como asesora contable y tributaria de la firma Cargo Plus y en ocasiones como secretaria. Prueba de lo cual se tiene del acta de la junta de socios de la firma, que facultó al gerente para celebrar el contrato, que resultó falsa, pues una de las socias firmantes del documento Gloria Alicia Quijano Rodríguez no asistió a la reunión. Al doctor JUAN JOSÉ NEIRA LIÉVANO 1.- En su condición de Secretario General encargado de las funciones de Jefe de la Oficina Jurídica, por la licencia de maternidad de su titular,

tramitó en forma irregular el contrato celebrado por Ferrovías con la firma Cargo Plus suscrito el 13 de noviembre de 1997, por $18.500.000.000 con claro desconocimiento de sus deberes, puesto que permitió que el abogado externo Ernesto Matallana Camacho elaborara las invitaciones a los contratistas Cargo Plus Ltda. e Ingenieros Consultores mediante Oficios 000712 y 000713 de octubre 14 de 1997 invitándolas a que presentaran ofertas para prestar sus servicios a la empresa con el objeto de desarrollar el seguimiento y registro de operaciones que conforman el modo férreo, cuando la firma Ingenieros Consultores no podía aceptar la invitación, dado que no tenia capacidad operativa, ni experiencia en los asuntos que correspondían al objeto del contrato, como tampoco la capacidad financiera necesaria para su ejecución en razón de la cuantía, además que tampoco se encontraba inscrita en el registro de proponentes de la Cámara de Comercio y Cargo Plus por su parte, tampoco contaba con la infraestructura para desarrollar el objeto contractual, además que fue la firma creada por Palacios Lujan para defraudar el patrimonio de la entidad. De otro lado, permitió que el asesor externo recibiera las propuestas, elaborara el contrato, prestara asistencia profesional a Cargo Plus y permitió que el anticipo al contratista fuera del 40%, el 20% a los seis meses de suscrita el acta de iniciación y el saldo de 7.382.240.000 para cancelar en los cinco años cuotas mensuales de $136.708.148. Luego a partir del séptimo mes de suscrita el acta de iniciación del contrato se había cancelando el 60% del valor del contrato, lo cual resulta

desfavorable para la administración en un contrato cuyo termino de ejecución era de 60 meses, situación que le permitió al contratista poner los dineros en la Fiduciaria Tequendama a que rentaran beneficios financieros, de igual manera permitió el manejo irresponsable del anticipo. ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA 2.- Cometió irregularidades en el tramite precontractual del contrato de prestación de servicios 02-0249-2-97 efectuando una supuesta invitación a cotizar a la firma Asesorías Jurídicas Especializadas de Colombia y Nohora Elizabeth Barón Gil, ex socia de la firma anterior, en donde los términos de referencia del contrato resultaban contrarios a los fines de la contratación estatal, puesto que la inversión se estimó en 2.800 millones de pesos, cuando el objeto del contrato era la entrega al concesionario de los bienes inmuebles en los que este manifestara tener interés, asesorar a FERROVÍAS en la destinación de aquellos inmuebles que no fueran entregados al concesionario y recomendar el procedimiento jurídico a aplicar. Los requisitos exigidos al contratista eran los que precisamente beneficiaban a Asesorías Jurídicas y no tenia la otra invitada a participar. Adicionalmente, usted era secretario de la Junta de socios de la firma Asesorías Jurídicas Especializadas de Colombia. También incurrió en faltas disciplinarias en la ejecución del contrato, por cuanto los contratistas no cumplieron a cabalidad con el objeto pactado, por cuanto no entregaron los inmuebles con la descripción de linderos, ubicación, cabida, folio de matricula inmobiliaria, que permitieran precisarlo con exactitud el inmueble.

El contrato tuvo el mismo objeto del contrato 02-0249-2-97, al punto que el contratista presento la misma propuesta que para el nuevo contrato, en las mismas tres fases. Como normas presuntamente violadas por los encartados con las anteriores conductas fueron citados los artículos 209, 122 y 123 de la Constitución Política; 40 numerales 1, 2, 5, 13,18, 22 y 23 del Código Disciplinario Único; 3, 13, 23, 24 numeral 1 literal d) y 8, 25 numeral 1, 7 y 12, y 26, 29 y 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993; y 2 y 3 del Decreto 855 de 1994. Las faltas fueron calificadas en forma provisional como gravísimas e imputadas a titulo de responsabilidad con dolo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 numeral 4 de la Ley 200 de 1995. La condición de funcionarios públicos de los investigados se acreditó con los documentos que obran a folios 75 del cuaderno 1 del expediente y 194 y s.s. del cuaderno 6. Los encartados descorrieron el traslado a los cargos dentro del término legal y solicitaron la práctica de pruebas (FL. 67 a 162 Cuad. 4; 1 a 74 Cuad. 5; y 108 a 112 Cuad. 6), sobre las que se resolvió mediante auto de mayo 18 de 2001 (FL. 114 y SS. Cuad. 6). PRUEBAS RECAUDADAS Las pruebas tenidas en cuenta para la formulación de cargos se hallan relacionadas en el correspondiente auto, a las que nos remitimos a fin de evitar repeticiones

innecesarias (FLS. 8 y SS. Cuad. 4). Recaudadas en la etapa probatoria del proceso obran las siguientes: ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA DOCUMENTALES  Informes de ejecución del contrato No. 04-0095-0-96.  Informe final definitivo del contrato No. 02-0081-0-97.  Evaluación técnica financiera de la propuesta presentada por Cargo Plus.  Pliego de condiciones para la concesión de la red férrea Nacional Atlántica.  Certificación expedida por la División de Recursos Humanos sobre la Planta de Personal.  Oficio VCD 0965/01 de la Vicepresidencia de Concesiones.  Decretos 1915, 1916 y 1917 de 1995.  Informes presentados por la firma Asesorías Jurídicas Especializadas de Colombia Ltda.  Actas 116, 126 y 132 del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS, relacionadas con la concesión férrea nacional.  Auto 00209 de septiembre 12 de 2000 y resolución 07787 de noviembre 20 de 2000 de la Contraloría General de la República mediante los cuales se fallo con responsabilidad fiscal solidaria contra Julián Palacio Lujan y las firmas Cargo Plus LTDA, Asesorías Jurídicas Especializadas de Colombia Ltda. y Teresa Sánchez de Díaz, por los hechos relacionados con los contratos 02-0233-0-97, 02-0269-097 y 04-0010-0-98.  Correspondencia cruzada en los años 1996,1997 y 1998 entre Ferrovias - Red Férrea Nacional y el Departamento Nacional de Planeación.

 Cuadro comparativo del pliego de condiciones y las obligaciones presentadas en la solicitud de oferta que sirvió de base para la celebración del contrato con Cargo Plus suscrito en noviembre 13 de 1997.  Sentencia de primera instancia de septiembre 28 de 2000 proferida por el Juzgado 1º Penal del Circuito mediante la cual se absuelve a los investigado Julián Palacio Lujan y Juan José Neira Lievano, entre otros, de los cargos de peculado por apropiación, en concurso heterogéneo con el de celebración indebida de contratos formulado por la Fiscalía instructora en las radicaciones 364950 y 360721, relacionados con los contratos 04-0095-0-96, 02-0081-0-97, 02-0233-0-97, 02-0249-0-95 y 02-0269-0-97.  Decreto 1588 de julio 18 de 1989 sobre creación de Ferrovías. TESTIMONIALES  Declaración bajo la gravedad del juramento del señor Javier Guerrero Yates (FL. 188) DESCARGOS ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA El Doctor JULIÁN PALACIO LUJAN, descorrió el traslado a través de apoderado (Folios 1 a 74 Cuaderno Original 5), quien respecto de los cargos señala: 1.- Las presuntas irregularidades del contrato 04-0095-0-96 se edifican sobre meras especulaciones, pues el conocimiento previo que su defendido tuviera de los señores Mac Master y Garzón Piñeros, no sirve por si sólo para afirmar violación al deber de selección objetiva del contratista, ya que los amigos de los funcionarios públicos también pueden contratar con el Estado, pues en su sentir no existe

disposición legal que lo impida. Adicionalmente, afirma que el artículo 3 del Decreto 855 de 1994 autoriza la presentación de ofertas en forma verbal, por lo considera que no hubo quebrantamiento al procedimiento de escogencia. Respecto a la presunta falta de inscripción en el Registro Único de Proponentes, refiere que el requisito legal solo existe para celebrar contratos de obra, consultoría, compraventa y suministro de bienes muebles (Art. 22 de la ley 80 de 1993), cuando superen la mayor cuantía inciso sexto ibidem, por lo que considera que la Procuraduría viola el principio de imparcialidad del artículo 77 numeral 6 del C. D. U. Con relación a la falta de estudios de conveniencia para la celebración del contrato manifiesta que el documento Confis y el convenio de desempeño anexo a los descargos, demuestran la necesidad de celebrar los contratos que permitían cumplir las políticas del gobierno nacional; y que tampoco puede considerarse irregular que el Presidente de la entidad se hubiera desempeñado como supervisor del contrato, pues así se estableció en el contrato que podía hacerse y ello era viable porque la Resolución 2319 de noviembre 23 de 1995, lo autoriza al establece “sin perjuicio de las reglamentaciones especiales definidas para cada contrato según su naturaleza” en consonancia con el artículo 26 numeral 5 de la Ley 80 de 1993. 2.- Respecto a las presuntas irregularidades en la etapa precontractual del contrato de prestación de servicios profesionales 02-081-0-97 suscrito en abril 17 de 1997 con CARGO PLUS Ltda., dice que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá

en el proceso 2202 lo absolvió de imputaciones similares, llegando a la conclusión que la Firma Cargo Plus no fue ningún instrumento creado para defraudar al Estado y que ninguna de las actuaciones de su representado a este respecto fue objeto de reproche, que la providencia en cuestión señala que el decreto 1588 de 18 de julio de 1989 acto de creación de Ferrovias, autoriza en su artículo 4 literal e) a propender el desarrollo de empresas y microempresas que puedan proporcionarle bienes y servicios esenciales, lo que supone la facultad de apoyar pequeñas empresas. Que la Procuraduría no cuenta con elementos de juicio adicionales a aquellos con los que contó la justicia penal para arribar a las conclusiones señaladas, por lo que no puede afirmarse que Cargo Plus nació para defraudar al Estado, ni que Julián Palacio participo en actividades criminales. En relación con las afirmaciones que se hacen en torno a la señora Olga Lucia, esposa de Julián Palacio señala que no tiene la condición de investigada en el proceso y por tanto, la Procuraduría no puede afirmar que ideó la empresa para defraudar al Estado con su esposo; tal afirmación atenta contra su derecho fundamental al debido proceso, contra la presunción de inocencia convertida en fallo ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA por la justicia penal, que tal circunstancia de haber sido cierta, que no lo es, no puede ser tenida como hecho indicador de que su esposo tuvo que ver con la constitución de la firma, que la Procuraduría debe partir de manera también desprevenida bajo el entendimiento que no tuvo interés en la constitución de la

empresa a analizar la celebración de los contratos. Respecto a la falta de estudios sobre la necesidad y conveniencia, a la justificación de la contratación, en el oficio de febrero 11 de 1997, basado a su vez en el documento Conpes 2776 de abril de 1995 y al valor aproximado de la asesoría, considera que si para la Procuraduría no es estudio previo el trabajo efectuado por la Oficina de Planeación, esta circunstancia no le puede servir para aseverar la ausencia de un adecuado análisis, pues el principio de economía no permite a los funcionarios redactar y consignar por escrito todo aquello sobre lo cual delibera y discute. Que el contrato cuestionado es un contrato intuito personae y en tal virtud podía contratar directamente, sin ser necesario el procedimiento que se señala en el cargo y mucho menos los términos de referencia, pues estos hacen suponer la existencia de un concurso público. 3.- Sobre el cargo relacionado con el contrato de prestación de servicios profesionales celebrado el 13 de noviembre de 1997 con Cargo Plus Ltda. Por el término de 5 años y un valor de $18.455.600.000,00 dice que, la falta de vencimiento del plazo del contrato anterior no tiene ninguna relevancia jurídica, pues no existe disposición que le impida a un contratista tener varios contratos vigentes con una misma entidad pública, ni celebrar contratos con quien ya tiene una relación negocial. Que las justificaciones para la celebración del contrato emitidas por el Jefe de Planeación, demuestran que el investigado no actuó de manera inconsulta, sino por el contrario con fundamento en estos requerimientos, que si ahora se advierte que la

hermana del Jefe de Planeación tenía vinculo laboral con Cargo Plus, es un asunto que no puede derivar responsabilidad a Palacio Lujan, lo mismo que si se considera que el concepto del abogado Matallana fue errado. La solicitud de oferta efectuada a Ingenieros Consultores, no puede ser considerada como un simple medio para justificar la transparencia del proceso, pues siendo un contrato intuito personae, no tenía necesidad de realizar tal procedimiento, pero en todo caso invitó a proponer a dos personas jurídicas capaces, con experiencia en el objeto del contrato y que contaban con un equipo de profesionales de las mejores calidades, las cuales describe. En relación con la falta de inscripción en el Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio, encuentra que al tenor del artículo 22 de la Ley 80 de 1993, tal requisito no era exigible, pues en forma expresa señala que no es necesario para celebrar contratos de prestación de servicios, al no incluirse en la enumeración que allí se hace. Sobre la conveniencia de su celebración, reitera la existencia del documento CONPES 2776 y hace una comparación entre los aspectos principales del documento y los pliegos de condiciones del contrato en cuestión, para concluir que ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA aun cuando a la Procuraduría no le parezca convincente la justificación, en su momento fue hecha por el encartado y su Jefe de Planeación, que la consideraron una verdadera necesidad para la entidad. Frente a la presunta falta de infraestructura de Cargo Plus y capacidad para desarrollar de manera autónoma el contrato, afirma que ninguna empresa de las existentes en la época tenía la infraestructura que se echa de menos y la

especialidad en la prestación del servicio requerido que necesitaba de la creación de un software especial y que además el acto administrativo de creación de la entidad le autorizaba a la promoción de empresas que tuvieran por objeto suministrar bienes y servicios y que la Ley 80 permite la presentación de propuestas bajo la promesa de constituir una sociedad futura, lo que le permite señalar que no es necesario al momento de solicitar las ofertas que las firmas cuenten con todo el sistema operativo y administrativo necesario para la ejecución del contrato, ante la eventualidad de que no se le asigne el contrato. Sobre la forma de pago del precio del contrato 40% anticipo, 20% a los seis meses y el saldo por meses dentro de los cinco años de ejecución, manifiesta que ello obedeció a que la mayor parte de los recursos estaba destinada al montaje de los nodos para el levantamientote la información, adquirir vehículos, equipos de computación y al montaje del sistema en red de todo el país, para la elaboración de informes y para la estructuración del sistema de oferta y demanda del servicio. De otro lado, encuentra que el estatuto de contratación permite pactar anticipos hasta del 50% del valor del contrato y que por el mal manejo del anticipo que hubiere hecho el contratista no puede responsabilizarse al Jefe de la entidad. 4.- Sobre la suscripción de contratos adicionales al contrato de prestación de servicios con Asesorías Jurídicas Especializadas de Colombia 02-0249-0-95, en precio y plazo, sostiene que no obedeció a falta de planeación, que la posibilidad de adicionar los contratos esta prevista en la Ley 80/93 (Art. 40), que el hecho fue analizado y justificado en el proceso penal, en donde incluso se practicó dictamen

pericial. Adicionalmente afirma que la naturaleza de las labores implicaba dar continuidad al propósito de sanear la propiedad inmobiliaria de Ferrovías y de comercializar todos los bienes que no se necesitaban, para proveer a la entidad de recursos para sus actividades. Con relación a que el contrato hubiera establecido obligaciones de medio y no de resultado al contratista, afirma que no puede ser de otra manera, puesto que el artículo 53 numeral 2 del Estatuto del ejercicio de la Abogacía Decreto 196 de 1971 establece que constituye falta de lealtad con el cliente garantizar que de ser encargado de la gestión, habrá de obtener un resultado favorable, por lo que considera que se incurrió en un yerro al formular el cargo. 5.- Frente a las imputaciones relacionadas con el contrato de prestación de servicios profesionales 02-0269-0-97 celebrado con Asesorías Jurídicas Especializadas de Colombia, refiere que podía contratar directamente por autorización del artículo 24 numeral 1 literal d del Estatuto de Contratación, por ser contrato intuito personae, que el contrato se celebró con la misma firma, por que era lo más conveniente para la entidad, dado que ella había adelantado un proceso similar y tenia conocimiento de lo que faltaba por concluir, situación por la que era considerado el contratista mas idóneo para realizar la actividad. Pero que en todo ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA caso se fijó el aviso que ordena la ley, por lo que Palacio Lujan no tenía nada que aparentar, ni violó el principio de transparencia. En relación a la confección de los términos de referencia con el animo de favorecer a Asesorías Jurídicas encuentra que hubo un error de interpretación, pues lo que

puede entenderse es que la entidad quería al mejor contratista y dada la buena experiencia que había tenido con ella, supuso a un contratista con iguales o superiores calidades. 6.- Frente a los cargos relacionados con el contrato Eventuales Ltda. afirma que resultan li