PGN - Documento 201603071713413

ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA

Radicado: 162-21976-99

Disciplinado: Evaristo Ujueta Amador

Cargo: Contralor Distrital de Cartagena.

Fecha de la queja: 29 de julio de 1998

Quejoso: Concejo Distrital de Cartagena Asunto: fallo primera instancia

Bogotá D.C. 17 de Julio de 2002 ASUNTO Procede la Delegada a proferir fallo de primera instancia dentro de la investigación disciplinaria que se adelanta contra EVARISTO UJUETA AMADOR, en su condición de Contralor Distrital de Cartagena. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS Al señor EVARISTO UJUETA AMADOR en su condición de Contralor Distrital de Cartagena, se le formularon cargos porque como servidor público desconoció la Constitución y la ley con las siguientes conductas:

1. Por violar los principios de economía y transparencia y la regla de selección objetiva en concordancia con el artículo 2 del decreto 855 de 1994, al celebrar contrato de prestación de servicios con JOSÉ LUIS VEGA TAMARA, por $24.680.000 para llevar a cabo a todo costo divisiones y armarios en aluminio y madera, en las oficinas de la Contraloría, sin que existieran en realidad dos cotizaciones, toda vez “que las dos que se presentaron para justificar la selección del contratista son falsas y la acción falsaria se llevó a cabo por indicación del Contralor ” (fl. 12 CO 13) Con la celebración del anterior contrato, así mismo desconoció el principio de

moralidad que se le exige a todo servidor público en cumplimiento de la función pública prevista en el artículo 209 de la Constitución Política, con lo que ha podido derivar un evidente incremento patrimonial indebido en el ejercicio del cargo, toda vez que “el contralor, solicito al señor VEGA TAMARA dinero en préstamo, cuando la entidad le efectuó uno de los pagos, suma que se ha considerado como equivalente a la denominada “vacuna”, que por su monto equivaldría a cerca de diez por ciento del valor del contrato” igualmente, “le indicó al contratista que firmara uno de los comprobantes de egreso, pero no entregó el cheque respectivo y una persona diferente aparece cobrándolo”. ( fl. 15 CO 13) 2. “Haber desconocido el principio de economía y el deber de selección objetiva por cuanto no se elaboró ningún estudio sobre la necesidad o conveniencia de los servicios profesionales de asesoría contratados y otorgó múltiples órdenes de prestación de servicios para la ejecución de funciones que podían ser realizadas por personal de planta de la institución; tampoco aparece que Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Ext.: 11203 - 11208 moralidadpub@procuraduria.gov.co 1 Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12o. Tel. 3360011 - 3520066 www.procuraduria.gov.co ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA personas diferentes a los contratistas hayan presentado ofertas que permitieran una evaluación o confrontación de los servicios para que la selección no se hiciera por motivaciones subjetivas”. ( fl. 18 CO 13) 3. “En el proceso de reestructuración de la Contraloría, pudo incumplir los

principios de economía, responsabilidad, transparencia y el deber de selección objetiva que rigen la contratación estatal, porque contando con plenas facultades en el proceso de reestructuración de la entidad, decidió suprimir los cargos ocupados por ingenieros civiles, para luego someter a la entidad a una erogación mayor, al otorgar ordenes de prestación de servicios que llevaron a sustituir las funciones de la Dirección de Auditoria integral, a pesar de que contaba con 25 funcionarios, incluyendo parte de las mismas obras, sin que previamente hubiera verificado si existía personal de planta que pudiera cumplir con la función y contrayendo obligaciones sin contar con la disponibilidad presupuestal correspondiente” (fl. 28 CO 13).

4. Con la celebración del contrato de compraventa el día 12 de junio de 1998, cuyo objeto era transferir a título de venta equipos de computadores con sus redes, impresoras, cableados por valor de $ 42.924.000, con la empresa Valencia Hermanos y compañía limitada, posiblemente vulneró los principios de transparencia, selección objetiva y economía previstos en la ley 80, ya que al parecer el objeto social del contratista al momento de la suscripción del contrato era “…la construcción de instalaciones de gas natural (tipo domestico)…”. “… Y que el cambio del objeto social para darle apariencia de legalidad al contrato se hizo sobre la marcha, lo que permite afirmar que la firma contratada no contaba con la experiencia en el campo que la Contraloría requería para la ejecución del contrato de compraventa “ ( fl.30 CO 13).

5. Al disponer el pago de “…las obligaciones relacionadas correspondían a la

vigencia fiscal de 1997, sin embargo fueron pagadas por la contraloría sin que previamente existiera certificado de disponibilidad presupuestal; las erogaciones recurrían un acto administrativo que ordenara el pago, sin embargo el doctor EVARISTO UJUETA como suprema autoridad “nominadora de la contraloría, posiblemente las ordenó, comprometiendo a la entidad sin tener presupuesto disponible,…”. “ En tales condiciones, es posible que el contralor Distrital haya incumplido el contenido del artículo 71 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto, al disponer el pago de obligaciones asumidas por la contraloría, sin contar con la apropiación presupuestal necesaria para atender el gasto que tal situación generaría.” (fl. 34 CO 13). 6. “…fue renuente a rendir informe ante el Concejo Distrital de Cartagena, de acuerdo a las solicitudes hechas, a pesar de haber rendido un informe que en ultimas fue fragmentario porque impidió a los Concejales tener acceso directo a la documentación de la Contraloría y se opuso rotundamente a recibir a la comisión creada para verificar el funcionamiento de la entidad, con lo que pudo incumplir lo establecido en la Constitución Política por cuanto de acuerdo al artículo 268-11,corresponde al Contralor General de la República , rendir informes al Congreso de la República y al Presidente de la republica sobre el cumplimiento de sus funciones y certificar sobre la situación de las finanzas del Estado, disposición que en el ámbito municipal se debe armonizar Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Ext.: 11203 - 11208 moralidadpub@procuraduria.gov.co 2

Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12o. Tel. 3360011 - 3520066 www.procuraduria.gov.co ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA con el inciso 6 del artículo del artículo 272 ibídem que establece “ Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción las funciones atribuidas al contralor general de la república”. “Estas disposiciones encuentran desarrollo en el artículo 32 de la ley 136 de 1994, en sus numerales 2 y 9. 7. “…Pudo desconocer su deber de actuar con moralidad e imparcialidad…” al pedirle a exfuncionarios de esa entidad, que para el pago de la liquidación de las prestaciones sociales, le dieran el 50% de los intereses moratorios, con lo cual posiblemente desconoció el artículo 209 de la Carta Política. Con las anteriores actuaciones además “incumplió los deberes previstos en los numerales 1,2,3,7,13,18,22 y 23 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, incurrió en las prohibiciones numerales 1,7 y 9 del artículo 41 del Código Único Disciplinario, estando incurso, en consecuencia, en concurso de faltas disciplinarias al tenor del artículo 38 ejusdem.”. PRUEBAS RECAUDADAS La prueba testimonial esta conformada por las declaraciones de:  Argemiro Bermúdez Villadiego (fl.107 a 109 CO 1).  Adolfo Malo David (fl.110 CO 1).  Germán Néstor Viana Guerrero. (fl.111 a 114 CO 1).

 Javier Bustillo Pertuz (fl.113 y 144)  David Manuel Pager Lequerica (fl.124)  Lewis Montero Polo (fl.125).  Freddy Reyes Bastidas (fl.168 a 175 CO 10)  Arnoldo Olmos Hoyos(fl.109 a 111 CO 11)  Julio Rafael Barrios Arrieta (fl.112 y 113)  Arturo Ahumada Tapias (fl.114 y 115)  Antonio Fernández Atencio (fl.116 a 119)  Gustavo Rafael Acevedo Padilla (fl. 120 a 122).  Uriel Gómez Franco (fl. 123 a 125)  Gabriel Alberto Espinosa Medrano (fl.126 a 130)  José Luis Vega Tamara (fl.152 a 156 y 160 y 161)  Javier Eligio Escudero Aldana (fl.100 y 101 CO 12)  Néstor Eduardo Ramírez Camargo (fl. 102 y 103)  Rafaela Ester Sayas Contreras (fl.105 a 115)  Castula Teresa Escandon Reyes (fl.116 a 123)  Carmen Lucia Agamez saltarin (fl.200 a 203)  Teofilo Posso Romero (fl.215 a 217)  Piedad Quintero Cotes (fl.124 a 226). La prueba documental esta integrada por:  Oficios 00292 del 28 de julio de 1998 (fl.3 CO 1)  Resolución 08 del Concejo Distrital (fl.5 y 6)  Acta de visita practicada por los Concejales en la Contraloría (fl.7 a 12)  Actas 14, 41, 93 y 104 de sesiones ordinarias del Concejo (fl.13 a 105)

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Ext.: 11203 - 11208 moralidadpub@procuraduria.gov.co 3 Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12o. Tel. 3360011 - 3520066 www.procuraduria.gov.co ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA  Escrito dirigido a la Procuraduría General de la Nación (fl.115 a 122)  Escrito del Contralor (fl.128 a 143)  Escrito suscrito por la Directora de la oficina de prevención social de la contraloría (fl.144 y 145)  Fotocopia de las autoliquidaciones y aportes en salud de la contraloría (fl.146 a 158)  Fotocopia de los contratos celebrados con publiservic litografía, Teofilo Posso Romero, Jairo Berastegui Segovia, Miguel Bustamante, Beder Zuleta y Cia S. en C., Rómulo Cabrales Ardila, Emilio José González Mercado, Jose Luis Vega Tamara, Samuel Mendoza Ballesta, David Torrenegra Prens (fl.94 a 130).  Informe final de evaluaciones de 1997 sobre el contrato de asesoría técnica en ingeniería civil suscrito con Jairo Berstegui (fl.15 a 56 CO 9)  Informe presentado por la firma expertos y tecnología Ltda. sobre el proceso de reestructuración administrativa de la contraloría Distrital (fl.31 a 47)  Fotocopia de tres cotizaciones presentadas para la adjudicación de contrato en la contraloría (fl.81 a 83)

 Nomina de empleados de la contraloría (fl.148 a 155)  PAC mensualizado de enero a julio de 1998 (fl.5 a 20 CO 10)  Cesantías por pagar de la contraloría (fl. 19 a 46)  Relación de pagos hechos en el primer semestre de 1998 (fl.115)  Resolución 248 del 29 de abril de 1998, por medio del cual se adopta la planta de personal de la contraloría (fl.3 a 16 CO 11)  Acuerdos 036 del 29 de diciembre de 1997 y 13 de marzo de 1998 (fl.17 a 85)  Fotocopia de algunas piezas procesales del proceso penal adelantado por la Fiscalía 16 seccional Cartagena contra Evaristo Ujueta Amador (fl.195 a 264).  Prueba trasladada de la actuación surtida ante la Fiscalía 16 seccional de Cartagena por el delito de concusión.  Prueba de inspección integrada por las visitas practicadas en la contraloría , Registraduría Municipal de Cartagena, oficina de Recursos humanos, financiera, tesorería, presupuesto, investigaciones y juicios fiscales de la Contraloría de Cartagena. RESUMEN DE LOS DESCARGOS Dentro del término que otorga la ley, el implicado a través de apoderado presentó exculpaciones, en los términos que a continuación se compendian:  En primer lugar solicitó la nulidad del auto de cargos, argumentando que se “…desconoció el derecho de defensa y el debido proceso tendiendo en cuenta la imprecisión y la ambigüedad de los mismos, aunado a ello que no se indico

respecto de la conducta las normas vulneradas, incluyendo la ley 200 de 1995” FRENTE AL PRIMER CARGO Expone “el fundamento probatorio lo constituye única y exclusivamente el testimonio del señor Luis Vega Tamara se advierte que de la sola lectura de la diligencia de la declaración, que en esta incurre en varias contradicciones y confusiones”. Igualmente dice que el declarante respecto de las cotizaciones “… no tiene claridad Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Ext.: 11203 - 11208 moralidadpub@procuraduria.gov.co 4 Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12o. Tel. 3360011 - 3520066 www.procuraduria.gov.co ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA sobre las mismas, toda vez que se refiere a la realización de varios trabajos con una imprecisión de fechas ostensibles de abril a septiembre…” Prosigue diciendo “…Como se explica que siendo los señores WASHINGTON MERCEDES y LUIS GODOY trabajadores de él y amigos suyos, no se hubieran enterado de que sus nombres fueron utilizados para cometer ese ardid, por lo cual puede presumirse que en su afán de justificar su conducta irregular el señor VEGA TAMARA, optó por la vía fácil de imputarle la determinación de la misma al contestar EVARISTO UJUETA, toda vez que si realmente hubiera actuado bajo presión o sugerencia injusta, lo mínimamente sensato es que él hubiera comentado a sus amigos sobre tal hecho.” En cuanto al reproche sobre la “vacuna” expone: “Sobre la supuesta petición de

vacuna equivalente al 10% queda sin piso tal presunción, ya que en la misma declaración reconoce el señor Luis Vega dos cosas sustanciales; a) en una ocasión le prestó al Contralor la suma de $5.000.000 y éste se los devolvió, y b) bajo la gravedad del juramento el interrogado dijo que en ningún momento el Contralor le había pedido plata, pero si un préstamo que había devuelto y aduce “…cabe preguntarse con todo respeto que si es usual que ‘vacunado’” le devolviera la vacuna a su ‘vacunado’ Y concluye “que el evidente incremento patrimonial indebido en el ejercicio del cargo no esta comprobado en autos, ya que como allí se afirma”, el citado cheque fue endosado y cobrado por CLAUDIA ARIAS con C.C. 45.475.442 de Cartagena, persona desconocida para el investigado conforme lo manifestó en versión rendida ante la Fiscalía, la Procuraduría, sin que exista ni siquiera un indicio o algún otro soporte probatorio de que el doctor EVARISTO UJUETA AMADOR hubiera recibido dicha suma que sería el objeto evidente que configure el incremento patrimonial.” Señala que “En conclusión bajo las anteriores evidencias surgidas a partir de la falta de veracidad del testimonio del señor LUIS VEGA TAMARA y las aclaraciones de que no hubo en ningún momento la supuesta vacuna que se afirma, este cargo carece de utilidad probatoria, desvirtuándose la acusación en él contenido” FRENTE AL SEGUNDO CARGO Arguye que “es preciso declarar que ante la necesidad que tenía el Contralor de apoyarse en la asesoría especializada de varios profesionales en distintas áreas del

derecho para un mejor desempeño de su función y un desarrollo de las funciones de la Contraloría… se hizo necesario contratar abogados que por su formación experiencia y especialización cumplieran una labor de apoyo al despacho, que los funcionarios de planta no estaban en condiciones de desarrollar en la misma solvencia profesional que pudieran brindar los especialistas, Manifiesta que se acató lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, ya que se contrató con abogados especializados, toda vez, que los abogados vinculados a la Contraloría tienen acreditada a su hoja de vida la especialización requerida. Prosigue debatiendo que con esta vinculaciones no se atentó contra la economía de la entidad, por cuanto en muchos casos los expertos “…son precisamente quienes le evitan a la entidad el pago oneroso por concepto de decisiones erradas que a veces Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Ext.: 11203 - 11208 moralidadpub@procuraduria.gov.co 5 Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12o. Tel. 3360011 - 3520066 www.procuraduria.gov.co ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA tiene que tomar el nominador con base en conceptos errados emitidos por quienes no tienen la preparación y formación suficientes para el acierto en el manejo de las complejidades administrativas que el jefe de la Entidad por sus múltiples ocupaciones debe delegar en sus subalternos. FRENTE AL TERCER CARGO Expresa que en lo que concierne a las conductas mencionadas en el numeral 6.5.2, “… se cuestiona que no hubo planeación en el proceso de reestructuración al

suprimir los cargos y proceder a vincular inmediatamente a tales profesionales….” “…Como se expuso con antelación, bajo la premisa de la necesidad de profesionales especializados, en este caso en el aérea civil, son validos los mismos argumentos consignados ene el acápite anterior, con el ingrediente adicional de que por un lado existía la necesidad…” Continúa pronunciándose sobre este cargo diciendo “Ahora bien, a diferencia de la consideración de cargos, según la cual el Contralor EVARISTO UJUETA habría suprimido los empleos cuya función irían a desempeñar los contratistas TORRENEGRA PRENS y BERASTEGUI SEGOVIA, se desvanece con el hecho de que fue precisamente por autorización del Consejo Distrital de Cartagena, mediante acuerdo 036 del 29 de diciembre de 1997, antes de que asumiera EVARISTO UJUETA el cargo de Contralor. Una cosa es la disponibilidad que exista en el rubro al momento de asumir el compromiso y otra es cumplir con la formalidad de expedir el certificado de disponibilidad. Se debe establecer, si existía disponibilidad del recurso en el rubro correspondiente” Por otro lado no es objeto de reproche que se haya efectuado el registro con fecha 20 de mayo, puesto que este documento siempre se expide una vez se perfeccionado el compromiso (para este caso 4 de mayo). FRENTE AL CUARTO CARGO Expresa que “En este aspecto, debe tenerse en cuenta que previamente a la contratación realizada, se publicó el aviso exigido por la ley y se seleccionó la firma Valencia Hermanos, no obstante que también concurrieron las firmas

COMPUREDES Ltda. y SURTICERVICIE CANEL, quien ofrecía a juicio de la Entidad mejores condiciones de oferta. Si bien es cierto dicha firma tenía un objeto disímil, venía realizando dentro de su objeto social general la actividad relacionada con compraventa de equipos e insumos de computación, actividad legalizada ante la Notaría 4ª de Cartagena , mediante escritura pública 1.431 el 9 de junio de 1998, es decir, antes de realizarse la contratación cuestionada. Igualmente aduce que en el acta de inspección judicial practicada a la empresa, se omitió incluir los contratos que había realizado con el Hogar infantil Los Ciruelos, en la cual se realizó mantenimiento y reparación de soctwart, al igual que en la clínica y DasaludBolívar, Secretaria de Salud. Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Ext.: 11203 - 11208 moralidadpub@procuraduria.gov.co 6 Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12o. Tel. 3360011 - 3520066 www.procuraduria.gov.co ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA Indica que “habida cuenta de la anterior, debe destacarse que el objeto del contrato se cumplió, los equipos fueron recibidos a satisfacción por la Contraloría, por lo cual se concluye que la presunta irregularidad planteada en este ítem, se encuentra justificada. FRENTE AL QUINTO CARGO Al contestarlo alega que “es necesario remitirnos a la diligencia de exposición rendida a la diligencia de exposición por el señor ELIAS FARAH DIAZ , director de la Oficina de Presupuesto de la Contraloría de Cartagena, quien ante la unidad de

Investigaciones Fiscales de la Contraloría General de la Republica (fls 173 a 178 del cuad. 12), en la cual se consigno que la Contraloría Distrital de Cartagena le asignó un presupuesto definitivo, para la vigencia de 1998 la suma de $3.560.000.000 de los cuales el Distrito le transfirió para el mismo año, quedando pendiente transferir la suma de $ 106.675.338, dineros que fueron girados el 2 de febrero de 1999. En virtud del principio de unidad de caja, según el cual, con todas las rentas que reciban las entidades del estado, se atenderán todos los gastos que se hayan causado, teniendo en cuenta que durante los meses de enero y febrero de 1998, se tenía dinero en bancos, los que no había sido utilizados, se optó por cancelar los compromisos de la vigencia de 1997, mientras se recibía el abono para el pago de dicha vigencia. Consecuentemente no existe irregularidad por cuanto los dineros fueron reintegrados nuevamente una vez se recibió dicho abono. FRENTE AL SÉPTIMO CARGO Establece que por ultimo va a referirse a la solicitud del 50% del valor de los intereses moratorios liquidados; “ …es menester remitirse a la totalidad de las declaraciones que dan cuenta de este hecho, de los cuales se desprende sin ninguna duda, la convicción plena de que no existe demostración probatoria alguna, que al doctor UJUETA AMADOR hubiese realizado efectivamente dicha conducta, toda vez, que los testimonios recibidos solo uno de ellos el de Rafael Sayas señala que el contralor en su despacho y en un papel que no fue aportado al informativo le

hizo la petición aludida, mientras que los demás declarantes son acordes en señalar a un tercero ROMUALDO CABRALES de efectuar tal premención a nombre del contralor. En tales condiciones en este precario soporte probatorio mal puede sostenerse una imputación de la magnitud y de la trascendencia que refieren los declarantes, por tanto no hay ninguna evidencia en autos en que el contralor EVARISTO UJUETA hubiera recibido tales dineros. En los descargos no se realiza ningún pronunciamiento respecto al cargo sobre la renuencia a rendir informe al Consejo Distrital de Cartagena

ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO

Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN DE LA SANA CRÍTICA PROBATORIA EN DERECHO DISCIPLINARIO Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Ext.: 11203 - 11208 moralidadpub@procuraduria.gov.co 7 Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12o. Tel. 3360011 - 3520066 www.procuraduria.gov.co

ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA

1. Establece el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, que el fallo será sancionatorio cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. Desde luego que para la demostración de estos dos aspectos puede acudirse a cualquiera de los medios probatorios legalmente reconocidos, siempre y cuando los que se aprecien y valoren correspondan a pruebas legalmente producidas, allegadas o aportadas al proceso y se haga en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, lo que significa que el Código Único Disciplinario adoptó

el denominado sistema de persuasión racional, en el que ningún medio de prueba tiene señalada de antemano una tarifa y corresponde al funcionario examinar la prueba conforme a las reglas de la lógica, el correcto entendimiento humano, los principios generales del derecho, etc., para obtener conclusiones homogéneas y en las que no exista desconocimiento del contenido objetivo de la prueba, ya sea porque se tergiverse, se desconozca o se suponga. Dicho en otros términos, la apreciación conjunta de las pruebas comporta la comparación recíproca de todos y cada uno de los medios probatorios existentes y válidos, con el propósito de obtener certidumbre sobre la cuestión fáctica que será el objeto de análisis desde el punto de vista de las diferentes normas disciplinarias. Hecha esa confrontación con las pruebas obrantes en un determinado asunto, se puede concluir cuáles ofrecen credibilidad, confiabilidad y atención, y qué pruebas o conjunto de pruebas, rompen la coherencia o no brindan certeza. Se explica de esta manera, la esencia de la prueba, que consiste en formar el convencimiento del funcionario y arrojar certeza sobre los presupuestos de hecho que permiten la aplicación de una norma disciplinaria.

CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA

1. Es de advertir que dentro del escrito de los descargos, el abogado defensor, igualmente, solicitó se decretara la nulidad del auto de cargos y en su momento procesal, este Despacho se pronunció al respecto, por auto de 5 de diciembre de 2001, negando la nulidad y decretando la práctica de pruebas solicitadas en el escrito.

Por tanto al no presentarse, dentro del plenario, ninguna de las causales de nulidad que consagra el Código Disciplinario Único y habiendo sido resuelta la petición que aquí se reitera, puede esta Delegada emitir fallo de primera instancia, previas las siguientes consideraciones.

2. En la ley 80 de 1993, la contratación directa es una forma de adjudicación excepcional y procede únicamente en los casos taxativamente contemplados en ella.

Pero so pretexto de este carácter excepcional, no pueden desconocerse los motivos de interés público que sirven de fundamento y causa a la contratación estatal. Esto indica que la administración debe someterse a ciertas pautas o reglas mínimas que preserven el mencionado interés, garantizando siempre los principios de economía, transparencia y selección objetiva, por tanto la selección del contratista no puede ser arbitraria, subjetiva y discrecional, sino debe ser un acto reglado, con sujeción a los principios mencionados. La selección objetiva como tal, se erige en un imperativo de igualdad. Esta no es una exigencia caprichosa del legislador; es ni más ni menos que el desarrollo del principio superior de la igualdad, previsto en el Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Ext.: 11203 - 11208 moralidadpub@procuraduria.gov.co 8 Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12o. Tel. 3360011 - 3520066 www.procuraduria.gov.co ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA artículo 13 de la Carta Política, que encuentra su concreción en los principios de

igualdad, imparcialidad y moralidad previstos en el artículo 209 ibídem. Ciertamente, previendo que los derechos de quienes se consideren en condiciones de contratar con el Estado, sea cual fuere el ente de que se trate –del orden nacional, local, descentralizado o desconcentrado–, sean respetados y garantizados a cabalidad por la propia administración, fue necesario establecer mecanismos para canalizar adecuadamente su tutela. Ello llevó a la consagración de la figura de la selección objetiva del contratista, evitando abusos, desequilibrios y situaciones de inequidad, que pudieran presentarse en los procesos contractuales en los que esté involucrada la administración pública. Así lo sostuvo la Corte Constitucional en SENTENCIA C-400/99 (junio 2 de 1999): Para la Corte es claro que la teleología propia de toda la normatividad que propicia la escogencia objetiva de la mejor oferta formulada por los proponentes previamente calificados, cuyos antecedentes personales sean garantía de seriedad y cumplimiento, no es otra que la de asegurar la prevalencia del interés general, valor fundadante del Estado colombiano al tenor del primer artículo de nuestra Carta Fundamental; así las cosas, desde este punto de vista, tal normatividad, contenida parcialmente en las normas demandadas, no sólo se ajusta a la Constitución, sino que es su natural y obvio desarrollo. De otra parte, la Corte encuentra también que la escogencia del contratista mediante licitación o concurso es un sistema que implícitamente es aceptado por nuestra Carta Política. En efecto, el artículo 273 superior a su tenor literal expresa que "a solicitud de cualquiera de los proponentes, el Contralor General de la República y

demás autoridades de control fiscal competentes, ordenarán que el acto de adjudicación de una licitación tenga lugar en audiencia pública", norma constitucional que necesariamente debe ser interpretada en el sentido de que el constituyente le confirió categoría de validez jurídica a la institución de la licitación. (…) En el caso de la selección de los oferentes para la contratación administrativa, el trato diferente consistente en la selección de uno o varios y no de todos los licitantes, está plenamente justificado por cuanto: a) la situación de hecho en que se encuentran los distintos sujetos no es la misma, toda vez que unos presentan mejores garantías de seriedad que otros, dados sus antecedentes profesionales. b) El trato diferente persigue un fin, cual es la consecución del interés general, y este principio es constitucionalmente válido, lo cual hace razonable el trato diferente, y c) el trato diferente es racional, dado que resulta adecuado para la obtención del fin perseguido, esto es la garantía de la prevalencia del interés general. El actor aboga por un trato que no tenga en cuenta la diferenciación básica y objetiva existente entre los sujetos, ni las finalidades de rango constitucional perseguidas, desconociendo con ello que el principio de igualdad, cuando debe ser aplicado en relación con individuos que no se encuentran en la misma situación, se presenta bajo su aspecto de igualdad proporcional, e impone la adecuación del comportamiento del operador jurídico a la diferenciación de individualidades. Dar el mismo trato jurídico en la asignación de las responsabilidades colectivas a sujetos

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Ext.: 11203 - 11208 moralidadpub@procuraduria.gov.co 9 Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12o. Tel. 3360011 - 3520066 www.procuraduria.gov.co ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA distintamente capacitados, y con méritos dispares, implica un desconocimiento de ese aspecto de la igualdad que se llama proporcionalidad. Dentro de la modalidad del contrato de prestación de servicios, el legislador diferencia entre contratos de simple prestación de servicios y los de prestación de servicios profesionales --artículo 24 numeral 7 ibídem--; los primeros, de acuerdo con la cuantía, se someten a licitación pública o contratación directa, mientras que los segundos se harán siempre por contratación directa y se refieren a los que se celebran con personas naturales o jurídicas calificadas como profesionales (economistas, ingenieros, abogados, etc). Sobre la materia, el profesor Jaime Orlando Santofimio G., expone: “En este sentido los contratos de prestación de servicios profesionales o los de prestación de servicios que celebren las entidades estatales deben adecuarse plenamente a los principios y postulados rectores de la materia que se establecen en el ordenamiento jurídico. No deben, por tanto, ser el producto de la improvisación o el desconocimiento de la selección objetiva, la transparencia y en especial no deben ir en contra de los intereses patrimoniales del Estado, a través de su celebración desmedida, innecesaria en razón de favoritismo político, partidista o sencillamente personal de los responsables de la contratación.

Al respecto la Corte Constitucional ha ind