PGN - Documento 201603081404333

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación # 162-105034-2004 Implicado Guillermo Castro Daza y otros. Cargo y entidad Gobernador del Departamento del Cesar y otros. Queja Rubby Cecilia López Rodríguez Fecha Hechos Noviembre 6 del 2003 Asunto Fallo primera instancia. Bogotá, D.C. 5 de noviembre de 2008

I. ASUNTO Procede el despacho, a proferir el fallo que en derecho corresponda, en el expediente 162105034-2004.

II. IDENTIDAD DE LOS SUJETOS DISCIPLINABLES Esta Delegada, vinculó en calidad de investigados, a los siguientes servidores públicos de la Gobernación del Departamento del Cesar, para la época de los hechos (fols. 111 a 115):

1. GUILLERMO CASTRO DAZA, en su condición de Gobernador encargado del departamento, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.717.056 de Valledupar.

2. MIGDONIA MENESES MEJÍA, Secretaria de Salud Departamental, con la cédula de ciudadanía No. 63.300.876 de Bucaramanga;

3. JESÚS ALBERTO PALMERA GUERRA, Secretario de Gestión Administrativa Integral, con la cédula de ciudadanía No.77.008.814 de Valledupar.

4. MARTHA PATRICIA PABA CAMACHO, Almacenista General, para la época de los hechos, con la cédula de ciudadanía No.49.742.017 de Valledupar.

III. RESUMEN DE LOS HECHOS De la queja.

Las presentes diligencias tuvieron origen en la queja presentada el 17 de febrero del 2004, ante

la Procuraduría Regional del Cesar, por la señora Rubby Cecilia López Rodríguez, Secretaria de Gestión Administrativa Integral de la Gobernación del Departamento del Cesar, en donde se advertían posibles irregularidades en la celebración y ejecución del contrato de compraventa No. 107 del 6 de noviembre del 2003 (fls. 1-2). Actuación procesal. De la indagación preliminar, investigación disciplinaria y formulación de cargos. La Procuraduría Regional del Cesar, conoció inicialmente de la queja y ordenó adelantar indagación preliminar, con auto del 15 de marzo del 2004, contra funcionarios por establecer de la Gobernación de ese departamento (fols. 55 a 56), para lo cual dispuso tener como pruebas los 1 documentos aportados por la denunciante y practicar otras diligencias que obran a folios 60 a 105 C.1. Con auto del 11 de junio del 2004, la citada Regional remitió la actuación a las Procuradurías Delegadas para la Contratación Estatal (reparto), teniendo en cuenta que uno de los posibles sujetos disciplinables era el señor GUILLERMO CASTRO DAZA, quien se desempeñó como Gobernador del departamento del Cesar (fl. 110), correspondiéndole el conocimiento de la misma a esta Delegada. Mediante proveído de septiembre 2 de 2004, éste despacho dispuso la apertura de investigación disciplinaria (fols. 111 a 115 C.1), en contra de los servidores señalados en el acápite I y además contra los señores LUÍS OROZCO CÓRDOBA, en su condición de Jefe de la Oficina

Jurídica y FIDEL ROYERO PARRA, como Coordinador del Centro de Regulación de Urgencias y EmergenciasCRUE, de la Secretaría de Salud del departamento. A los disciplinados se les investigó por posibles irregularidades en la celebración y ejecución del contrato de compraventa No. 107 del 6 de noviembre del 2003, comportamiento con el que al parecer desconocieron los principios de planeación, responsabilidad, economía, publicidad, transparencia y el deber de selección objetiva, consagrados en la ley 80 de 1993, así como los deberes previstos en el Código Disciplinario Único. La anterior decisión, se le notificó a todos los investigados por medio de edicto (fols.34 a 36 C.2) y personalmente a los señores JESÚS ALBERTO PALMERA GUERRA y MIGDONIA MENESES MEJÍA, previa comunicación, enviada a la dirección suministrada por LA coordinadora de Gestión Humana de la Gobernación del Cesar (fols. 13 a 33 ídem). Con auto de diciembre 13 de 2007, esta Delegada le formuló cargos, a los sujetos disciplinables señalados en el acápite I de este proveído y ordenó el archivo de la investigación a favor de los señores LUÍS OROZCO CÓRDOBA y FIDEL ROYERO PARRA y parcialmente a favor de la doctora MIGDONIA MENESES MEJÍA por los hechos relacionados con la designación del interventor del contrato 107 de 2003.

IV. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE CADA UNO DE LOS SUJETOS

DISCIPLINABLES.

Metodología para decidir. Este despacho se pronunciará sobre la situación de cada uno de los investigados, para lo cual, analizará los siguientes aspectos: 1. Los cargos formulados; 2. De la imputación objetiva y jurídica, que sirvió de sustento al reproche disciplinario formulado; 3. La valoración fáctica y probatoria de los comportamientos atribuidos, teniendo en cuenta los cargos, descargos y alegatos; 4. La decisión respectiva.

1. GUILLERMO CASTRO DAZA, Gobernador del Cesar encargado, para la época de los hechos. 1.1 Del cargo formulado.

El reproche disciplinario a este servidor se le concretó de la siguiente manera: 2 “Usted celebró el contrato de compraventa No. 107 del 6 de noviembre del 2003, con la empresa DISTRI – MIA y/o YINA ESTHER ARMENTA, con posible desconocimiento de los principios de economía, transparencia, responsabilidad y el deber de selección objetiva previstos en la ley 80 de 1993, así como de las disposiciones legales que establecen los requisitos exigidos para la apertura de establecimientos farmacéuticos y la venta de sus productos. Lo anterior, de acuerdo con las situaciones descritas para cada caso, en el acápite de la imputación objetiva y jurídica”. 1.2 Síntesis de la imputación objetiva y jurídica, que sirvió de sustento al reproche disciplinario formulado al señor CASTRO DAZA. Se concretan a los siguientes aspectos: (i) Posible violación del principio de economía, reflejado en la presunta imprecisión en los

estudios de conveniencia y omisión en consultar los precios del mercado, de manera previa a la celebración del contrato. (ii) Presunta violación al principio de transparencia y del deber de selección objetiva, por no haberle exigido al contratista que allegara documentos relativos a su experiencia, idoneidad, capacidad financiera y el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para el suministro de medicamentos. 1.3 De la valoración de los comportamientos atribuidos, teniendo en cuenta el análisis de las pruebas, los cargos, descargos y alegatos. (i) Advierte este despacho, que los estudios de conveniencia y oportunidad, para la celebración del contrato 107 de noviembre 6 de 2003, fueron elaborados por el señor FIDEL ROYERO PARRA, Supervisor de la Secretaría de Salud (fls. 65-66 C.2), quien declaró bajo juramento, que fue el encargado de estimar el precio de los elementos a adquirir, en la suma de $10.000.000.00, con base en dos cotizaciones que solicitó de las empresas Serrano Gómez y Drogas Dondi (fls. 75 - 76 C.1), las cuales a su vez, según el mismo funcionario, fueron el soporte para pedir la disponibilidad presupuestal para la adquisición de los bienes, como consta a fol.83 C.2. No hay soporte para dudar que se consultaron los precios del mercado de manera previa a la apertura del proceso de selección. Sí bien la suma presupuestada de los $10.000.000 resultó ser insuficiente para la adquisición de todos los productos farmacéuticos, sin embargo, por este

hecho no se le puede responsabilizar al investigado, cuando no se hizo con el señor Fidel Royero, quien fue el encargado en forma directa de estas funciones, como quiera que al no obrar en el expediente las cotizaciones de las empresas Serrano Gómez y Drogas Dondi, no puede determinarse los parámetros que le sirvieron al funcionario para calcular el valor de las prestaciones o para analizar sí pudo tratarse de unas ofertas con precios artificialmente bajos. Lo cierto es, de acuerdo con las pruebas, que para la suscripción del contrato, el disciplinado CASTRO DAZA, se acogió a la disponibilidad presupuestal y al precio de la propuesta presentada por la empresa Distrí-Mía, que fue la que se ajustó a la suma presupuestada para la contratación. En este orden de ideas, resulta claro que no hubo incumplimiento por parte del investigado Castro Daza, de lo dispuesto en el numeral 5º literal c) del artículo 24 de la ley 80 de 1993, porque cuando suscribió el contrato 107 de 2003, lo hizo con base en la consulta de los precios del mercado y los estudios de conveniencia elaborados por el funcionario encargado, que precisaron la necesidad de la contratación y los bienes que se requerían y determinaron el valor de las prestaciones que el disciplinado tomó de referencia. 3 De igual forma se observa, que el disciplinado tampoco vulneró el artículo 25 numerales 12 y 13 de la ley de contratación, pues con la aclaración que al señor Castro Daza tampoco le correspondía efectuar el registro presupuestal, en todo caso, aparece demostrado que una vez suscrito el respectivo contrato, el servidor competente constituyó la reserva y compromiso

presupuestal tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar el acuerdo de voluntades (fol.34 y 35 C.1). Con fundamento en las consideraciones precedentes, queda desvirtuado el primer cargo formulado al señor GUILLERMO CASTRO DAZA. (ii) Ahora bien, respecto a la selección del contratista, es preciso anotar que por la cuantía, se trató de un contrato sin formalidades plenas, de acuerdo con la certificación obrante a folio 82 C.2, regido para la época de los hechos por el decreto 2170 de 2002, para lo cual sólo se requería la solicitud de la oferta, previa consulta de los precios del mercado, como se hizo. En consecuencia no comporta ninguna irregularidad, el hecho que no se le hubiere exigido al futuro contratista, otros documentos relativos a su experiencia, idoneidad y capacidad financiera, porque la ley no los contempla. Aún así, se aprecia que se allegó posteriormente el certificado de la Cámara de Comercio de la empresa Distr.- Mía con quien se contrató, en la que aparece registrada como actividad comercial “la venta de medicamentos para la salud humana” (fol. 104105C.1). En este orden de ideas, no era necesario efectuar evaluaciones técnicas o financieras a las propuestas presentadas. En cuanto al análisis jurídico, se observa a folio 38 C.1, el oficio de fecha 22 de octubre de 2003, dirigido por el Secretario de Gestión Administrativa Integral ALBERTO PALMERA GUERRA, al doctor LUÍS OROZCO CÓRDOBA, Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos de la Gobernación del César, en la que le solicita emita concepto jurídico del contrato sin formalidades

y sin número, de manera previa a la suscripción por parte del Gobernador. Aunque no obra por escrito en el expediente dicho concepto, sin embargo se advierte que de acuerdo con las funciones asignadas al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica por el decreto 000519 del 21 de diciembre de 2001, le correspondía entre otras “… 12. Dar concepto Jurídico cuando se requiera, como por ejemplo en procesos de licitación o contrataciones por servicios especializados, entre otras formas de contratación” (fol. 76 anexo 1 pruebas descargos). Le asiste razón al investigado y se encuentra demostrado, que fueron otros funcionarios los que intervinieron que en la etapa pre-contractual y hasta la etapa previa a la suscripción del contrato, desde la elaboración de los estudios de conveniencia y oportunidad, el recibo de cotizaciones, la preselección del contratista, la elaboración del contrato y se solicitó concepto jurídico para su celebración, el cual se entiende fue favorable, todo de acuerdo con las funciones que a cada dependencia le correspondía por ley realizar en el proceso de contratación. En cuanto a la intervención del disciplinado en la suscripción del contrato, aparece demostrado, que la propuesta presentada por la empresa DistriMia (fols. 86 a 90 C.2), comparada con la de Salud Costa, fue la más favorable en cuanto a precio ($9.997.885.00 – fls. 49-50 C.1) y la que se ajustó al presupuesto existente para la adquisición, ya que la de Salud Costa superó dicho valor ($11.485.689.00 - fols. 51 – 54 C.1), habiendo cotizado las dos, los mismos productos y en igual

cantidad . En consecuencia, no existe razón para considerar que hubo violación al principio de transparencia y al deber de selección objetiva, por parte del disciplinado CASTRO DAZA. Finalmente, al investigado no se le puede responsabilizar, por no haber examinado en el momento de la celebración del contrato, sí la empresa Distri-Mía se encontraba inscrita en la Coordinación de Vigilancia y Control de Medicamentos, de la Secretaria de Salud del 4 departamento del Cesar, como establecimiento farmacéutico, de conformidad con la exigencia del decreto 1950 de julio 31 de 1964. Valga anotar que la Circular No. 044 de octubre 27 de 2003 que se expidió por la Secretaría de Salud, en donde recordaba abstenerse de seguir contratando con establecimientos farmacéuticos, no inscritos en esa Secretaría (fol.16 C.1), esta dirigida es a los gerentes de las IPS, EPS, ARS y ESE, pero no a ninguna de las dependencias de la Gobernación encargadas de participar en la contratación, incluida la Jefatura de Asesoría Jurídica o al mismo Gobernador. De otra parte, tampoco hay prueba que demuestre que al disciplinado se le enteró del contenido de la misma de manera previa a la suscripción del contrato, por lo tanto, no puede señalarse que el investigado no tuvo en cuenta la recomendación que se hizo en ese sentido. Además, debe recordarse que el examen de la parte legal del contrato, estaba por ley asignada a otro funcionario a quien en efecto se le solicitó el concepto y dicha revisión incluía el cumplimiento de las disposiciones en materia de Salud por parte del contratista. Además, según se observa, los funcionarios encargados de efectuar la respectiva inscripción,

hasta el 1 de febrero de 2004, cuando ya se había celebrado el contrato de compraventa No. 107 de noviembre de 2003, fue que advirtieron con oficio dirigido al Coordinador CRUE, Fidel Royero Parra, que la empresa DISTRI – MIA y/o YINA ESTHER ARMENTA, no estaba registrada en la Oficina de Control de Medicamentos (fol. 3 C.1), requisito que cumplió el 18 de febrero de 2004 (fol.69 C.1), hecho que como se anotó desconocía el investigado cuando suscribió el contrato y que no tenía porqué averiguar, pues como lo señaló en su defensa, contó con el concepto jurídico favorable del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, dentro de las funciones que por ley le correspondían a dicho funcionario. 1.4 Razones de la absolución. Con fundamento en las razones fácticas y probatorias que anteceden, queda desvirtuado el cargo formulado en su día, en contra del señor GUILLERMO CASTRO DAZA, en su condición de Gobernador encargado del departamento del Cesar. En consecuencia en la parte resolutiva de esta decisión se le absolverá de responsabilidad disciplinaria.

2. MIGDONIA MENESES MEJÍA, en su condición de Secretaria de Salud Departamental. 2.1 De los cargos formulados.

A la doctora Meneses, se le formularon los siguientes reproches disciplinarios: CARGO PRIMERO: “Usted en su condición de Secretaria de Salud del departamento del César, participó en la etapa pre-contractual de la contratación adelantada por el ente departamental, para la

adquisición medicamentos e insumos para la Secretaría de Salud Departamental, con posible desconocimiento de los principios de economía y responsabilidad previstos en la ley 80 de 1993, de conformidad con el análisis efectuado en la imputación objetiva y jurídica”.

CARGO SEGUNDO: “Usted en su condición de Secretaria de Salud del departamento del César, omitió posiblemente en forma injustificada el ejercicio de sus funciones propias de su cargo, en la vigilancia, inspección y supervisión del cumplimiento de las normas legales y 5 administrativas expedidas en materia de Salud, de conformidad con el análisis efectuado en la imputación objetiva y jurídica”. 2.2 Valoración de los comportamientos atribuidos a la doctora MENESES, teniendo en cuenta imputación objetiva y jurídica, que sirvió de sustento a cada uno de los reproches disciplinarios formulados a la doctora MENESES.

(i) En cuanto al primer cargo formulado a la disciplinada, esta Delegada no puede pronunciarse, en virtud a que a la fecha ha ocurrido el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria, frente a los comportamientos relacionados con la participación de la funcionaria en la etapa precontractual del contrato 107 de noviembre 6 de 2003, a través de la suscripción de los estudios de conveniencia, al parecer el 15 de octubre de 2003, como quiera que han transcurrido más de cinco (5) años de la ocurrencia de los hechos. En consecuencia, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 29 numeral 2. de la ley 734 de 2002 y se decretará la extinción de la acción, frente al primer cargo formulado.

(ii) Respecto al segundo cargo formulado a la doctora MENESES, en su condición de Secretaria de Salud del departamento, este despacho de acuerdo con las pruebas, acepta los argumentos de la investigada en su versión, en cuanto a que no le correspondía entre sus funciones, contempladas en el decreto 00519 de diciembre 21 de 200, haber advertido sobre el requisito de la inscripción que debía cumplir el establecimiento farmacéutico con el que se contratara, para la venta de dichos productos, como lo exigía el decreto 1950 de julio 31 de 1964, que reglamentó la ley 23 de 1962, ya que no estaba encargada directamente de la verificación del cumplimiento de normas en los procesos de contratación. Con base en el mismo manual, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, era el encargado de coordinar y asesorar el desarrollo y trámite de los procesos contractuales y de emitir concepto jurídico, previo a su celebración, es decir lo relacionado con la parte legal, incluida la verificación del cumplimiento de normas por parte del contratista. Por consiguiente, la investigada, no podía prever sí dicho funcionario conocía o no las disposiciones que regulaban la venta de medicamentos para advertirlo de tal situación. De otra parte, debe tenerse en cuenta que la Circular No. 044 de octubre 27 de 2003, la expidió la Coordinación de Vigilancia y Control de Medicamentos, con copia a la doctora Meneses, estaba dirigida a los gerentes de las IPS, EPS, ARS y ESE, en donde se les recordó abstenerse de seguir contratando con establecimientos farmacéuticos, no inscritos en esa Secretaría. Por lo

tanto, es discutible sí los funcionarios que suscribieron la circular, tenían que enterar también de su contenido a las dependencias de la Gobernación encargadas de la contratación o al Gobernador o expedir otra que igualmente les recordara el cumplimiento del requisito y de ser así, surge el interrogante cuándo debían hacerlo y quien era el encargado de advertirlo. En todo caso, por este hecho no se le puede responsabilizar a la investigada, porque no esta demostrado que a ella le correspondía hacerlo ni en qué momento. En este orden de ideas, de acuerdo con el análisis precedente, el segundo cargo no esta llamado a prosperar. 2.3. Decisión Con fundamento en el análisis precedente referido en los puntos (i) y (ii), en la parte resolutiva de esta decisión, de decretará la extinción de la acción disciplinaria para el primer cargo formulado a 6 la doctora MIGDONIA MENESES MEJÍA, en su condición de Secretaria de Salud Departamental y se le absolverá del segundo cargo. 3.3 SITUACIÓN DEL SEÑOR JESUS ALBERTO PALMERA GUERRA, en su condición de Secretario de Gestión Administrativa Integral. 3.1 Del cargo formulado.

CARGO ÚNICO: “Usted en su condición de Secretaria de Gestión Administrativo del departamento del César, participó en la etapa pre-contractual y en la actividad contractual adelantada por el ente departamental, para la adquisición medicamentos e insumos para la Secretaría de Salud Departamental, con posible desconocimiento de los principios de economía, responsabilidad, transparencia y el deber de selección objetiva, previstos en la ley 80 de

1993, así como de las disposiciones legales que establecen los requisitos exigidos para la apertura de establecimientos farmacéuticos y la venta de sus productos, de conformidad con el análisis efectuado en la imputación objetiva y jurídica”. 3.2 Consideraciones previas. Antes de realizar el respectivo análisis, es importante anotar que la situación del investigado Palmera Guerra, se resolverá con base en la valoración integral de las pruebas y al cargo formulado, toda vez que el servidor no presentó descargos ni alegatos, no obstante que se cumplió con el requisito de la notificación personal respecto al auto de cargos y se le corrió traslado para que alegara de conclusión. Encontrándose el expediente para proferir el fallo de primera instancia, el disciplinado presentó el 10 de octubre del año en curso, una solicitud previa, para que se le escuchara en ampliación de versión libre y espontánea, la cual se le decidió favorablemente y en forma inmediata, comisionando para recibirla a la Procuraduría Regional del Cesar, dependencia que lo citó para el día 21 del citado mes y año. Cuando se presentó el disciplinado se abstuvo de hacer uso de su derecho, argumentando que no se acordaba de los hechos y que era necesario ver el expediente para revisar de que se trataba (fls. 271 a 277 C.2). Teniendo en cuenta que no formuló peticiones posteriores ni se hizo presente para examinar el expediente, se entienden agotadas todas las etapas previas al fallo, por lo que se procede a decidir su situación. 3.3 De la valoración de los comportamientos atribuidos en la imputación objetiva y jurídica

que sirvió de sustento al cargo. (i) En cuanto a la participación del funcionario en la etapa pre-contractual, es importante resaltar, que este Despacho ha perdido competencia para pronunciarse, en virtud a que a la fecha ha ocurrido el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria, frente a los comportamientos relacionados con la suscripción de los estudios de conveniencia y oportunidad por parte de este funcionario, al parecer el 15 de octubre de 2003 (fol. 42a 44 C.1), así como por haber aceptado la participación del oferente sólo la cotización, sin haberle exigido al futuro contratista que allegara los documentos pertinentes con los que acreditara su experiencia, idoneidad, capacidad financiera, actuación que se entiende tuvo lugar hasta el 22 de octubre de 2003, fecha en que el disciplinado remitió el proyecto de contrato para la revisión por parte del Jefe de la oficina Asesora Jurídica de la Gobernación. 7 En consecuencia, como quiera que las situaciones descritas, tuvieron ocurrencia hace más de cinco (5) años, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 29 numeral 2. de la ley 734 de 2002 y se decretará la extinción de la acción respecto a esta parte del cargo. (ii) En relación con la exigencia que debió hacerse al futuro contratista, para que acreditara que cumplía con el requisito del registro en la Coordinación de Vigilancia y Control de Medicamentos, de la Secretaria de Salud del departamento del Cesar, para poder ofrecer y suministrar medicamentos, este despacho considera, que este aspecto le correspondía examinarlo al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, cuando se le solicitó su concepto por el investigado Palmera

Guerra de conformidad con la función asignada a este funcionario por el decreto 000519 del 21 de diciembre de 2001, en virtud del cual se le asignó entre otras tareas la de “… 12. Dar concepto Jurídico cuando se requiera, como por ejemplo en procesos de licitación o contrataciones por servicios especializados, entre otras formas de contratación” (fol. 76 anexo 1 pruebas descargos). Aunado a ello, es preciso anotar, que no hay prueba que demuestre que al disciplinado PALMERA GUERRA se le enteró del contenido de la Circular 044, que como se anotó estaba dirigida a los gerentes de las IPS, EPS, ARS y ESE y además se expidió el 27 octubre de 2003, cinco (5) días después de que el investigado envió el proyecto de contrato al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica para que emitiera su concepto previo a la firma por parte del Gobernador. 3.4 Decisión. Las consideraciones precedentes, señaladas en los numerales (i) y (ii) de este acápite para el disciplinado JESÚS PALMERA GUERRA, permiten extinguir la acción disciplinaria frente a la parte del cargo relacionada con la participación en la etapa pre-contractual y de otra, exonerarlo de responsabilidad frente al comportamiento relacionado con el presunto incumplimiento de las disposiciones legales que establecen los requisitos exigidos para la apertura de establecimientos farmacéuticos y la venta de sus productos, de acuerdo con la imputación objetiva y jurídica.

4. SITUACION DE LA SEÑORA MARTHA PATRICIA PABA, en su condición de Almacenista General. 4.1 Del cargo formulado.

El comportamiento atribuido a la señora MARTHA PATRICIA PAVA fue el siguiente: “Usted en su condición de Almacenista General de la Gobernación del César, suscribió los estudios de conveniencia y oportunidad para la adquisición medicamentos e insumos para la Secretaría de Salud Departamental, con posible desconocimiento de los principios de transparencia y economía previstos en la ley 80 de 1993, de conformidad con el análisis efectuado en la imputación objetiva y jurídica”. 4.2 De los comportamientos señalados en la imputación objetiva y jurídica que sirvieron de sustento al cargo. Teniendo en cuenta que la participación de esta investigada en la etapa pre-contractual, se circunscribió únicamente a la suscripción de los estudios de conveniencia, es claro, que como dicha actuación tuvo lugar al parecer el 15 de octubre de 2003, ello significa que a la fecha, ha operado el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria, como quiera que han transcurrido más de cinco (5) años desde la ocurrencia de los hechos. 8 4.3 Decisión Con base en las consideraciones precedentes, esta Delegada, en la parte resolutiva de esta decisión, dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 29 numeral 2. de la ley 734 de 2002 y decretará la extinción de la acción disciplinaria a favor de la investigada MARTHA PATRICIA PABA, en su condición, para la época de los hechos de Almacenista General. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública,

RESUELVE:

PRIMERO. Absolver del cargo formulado en su día, al Señor GUILLERMO CASTRO DAZA, en su condición de Gobernador (E) del Departamento del Cesar. SEGUNDO. Decretar la extinción de la acción disciplinaria a favor de los disciplinados, de acuerdo con los motivos expuestos en la parte considerativa de esta decisión, así: De la doctora MIGDONIA MENESES MEJIA, Secretaria de Salud Departamental, por el primer cargo formulado en su día. Del señor JESUS ALBERTO PALMERA GUERRA, en calidad de Secretario de Gestión Administrativa Integral, por la parte del único cargo formulado en su día, relacionado con su participación en la etapa pre-contractual. De la señora MARTHA PATRICIA PABA, en su condición de Almacenista General del mismo departamento, del único cargo formulado en su día. SEGUNDO. Absolver a la doctora MIGDONIA MENESES MEJIA, como Secretaria de Salud Departamental, del segundo cargo formulado en su día y al señor JESUS ALBERTO PALMERA GUERRA, en calidad de Secretario de Gestión Administrativa Integral, de la segunda parte del cargo único formulado en su día. Lo anterior, de acuerdo con el análisis fáctico y probatorio efectuado para cada servidor en la parte considerativa de este proveído. TERCERO. NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente decisión a los sujetos procesales, para lo cual, se les enviará comunicación a las siguientes direcciones obrantes en el expediente: GUILLERMO CASTRO DAZA, a la calle 7B No. 663 de la ciudad de Valledupar (fol.135 C.1) y

a su apoderado a la transversal 13B No. 6ª - 56 Barrio Aremasain de la Ciudad de Valledupar (fol.269 C.2) MIGDONIA MENESES MEJÍA, a la carrera 13 No. 7D-25 de la ciudad de Valledupar (fols. 99 y136 C.1) y a su apoderado a la carrera 14 No. 13C -60 oficina 302, Centro Ejecutivo Argona, de la Ciudad de Valledupar (fol.181 C.2) JESÚS ALBERTO PALMERA GUERRA a la carrera 11A No. 13C-56 oficina 402, edificio Manaure, Barrio El Centro de la ciudad de Valledupar (fol. 24 C.2) MARTHA PATRICIA PABA, a la carrera 19 E No.8 A21, urbanización Villa Sandra de la ciudad de Valledupar (fol. 140 C.1) y a su apoderado a la calle 14 No. 15-56 de la Ciudad de Valledupar (fol.256 C.2) 9 CUARTO. En el acto de notificación, se les informará a los investigados MIGDONIA MENESES MEJÍA, JESÚS ALBERTO PALMERA GUERRA y MARTHA PATRICIA PABA, a favor de quienes se decretó la extinción de la acción disciplinaria por prescripción, en la parte señalada para cada uno, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 734 de 2002, pueden renunciar a dicha prescripción, caso en el cual la acción sólo podrá proseguirse por el término máximo de dos (2) años, contados a partir de la presentación de la solicitud.

QUINTO. Contra esta decisión no procede ningún recurso y por consiguiente queda en firme en la fecha de su suscripción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 inciso segundo de la ley 734 de 2002. SEXTO. No se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 109 de la ley 734 de 2002, de comunicarle al quejoso la presente decisión, en razón a que fue una funcionaria pública quien denunció los hechos. SÉPTIMO. Por la Unidad Coordinadora Administrativa para la Contratación Estatal, se efectuarán las anotaciones, comunicaciones de rigor y se dispondrá lo necesario para el envió de la decisión al Centro de Notificaciones de la Entidad, para la notificación a los sujetos procesales.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE

FERNANDO ALBERTO RODRÍGUEZ CASTRO

Procurador Delegado para la Moralidad Pública PDMP Exp. 162-105034/04

FRC/LFCF/MHGC.

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