PGN - Documento 201603081404416

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación No: 021-108669-04

Disciplinado : EDUARDO ALVARADO SANTANDER

Cargo y Entidad: Alcalde de Pasto.

Informe: De oficio Fecha informe: 6 de julio de 2004

Fecha Hechos: 23 de abril, 14 de julio y 30 de julio de 2003

Actuación: Fallo primera instancia

Bogotá, D.C. 31 de marzo de 2008 Conforme lo dispone el artículo 169 de la ley 734 de 2002, procede este Despacho a proferir fallo de primera instancia, dentro de la investigación disciplinaria adelantada contra EDUARDO ALVARADO SANTANDER, en su condición de Alcalde de Pasto (Nariño), para la época de los hechos materia de averiguación.

I. ANTECEDENTES Dio lugar a la presente actuación disciplinaria la visita administrativa practicada por la Procuraduría Regional de Nariño, el 6 de julio de 2004, así como el debate efectuado en la sesión del concejo de Pasto el 28 de junio de 2004, que daba cuenta de posibles irregularidades en la celebración y ejecución del contrato de obra No. 028 del 30 de julio de 2003, celebrado entre la Alcaldía de Pasto y la Unión Temporal Ingenieros Licitantes 2003, cuyo objeto consistía en la construcción de un puente metálico sobre la Avenida Panamericana en el barrio San Vicente, por valor de $709.497.885, ya que, al parecer, por la falta de cesión de un predio, las obras y el

plazo de ejecución debieron suspenderse en la misma fecha de su iniciación (30 de julio de 2003) -fls. 2 a 27 del c.p. 1Así mismo, se evidenciaron otras posibles irregularidades relativas a la celebración y ejecución del aludido contrato, concernientes a la selección del contratista, en el sentido de que la propuesta contenía, al parecer, condiciones económicas artificialmente bajas y, de otra parte, la suscripción de un contrato adicional que se atribuyó a una presunta falta de planeación en la etapa previa a la celebración del contrato. Por lo expuesto, la Procuraduría Regional de Nariño ordenó la apertura de indagación preliminar a través de auto del 2 de agosto de 2004, contra funcionarios indeterminados, cuyo desarrollo indicó que podía verse comprometida la responsabilidad de quienes se desempeñaron como alcaldes de la ciudad de Pasto para la época de los hechos, razón por la cual dispuso, por auto del 24 de agosto de 2004, la remisión de la presentes diligencias a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal ®, con fundamento en el literal c) del numeral 1º del artículo 25 del Decreto 262 de 2000 (fls. 95 a 96 del c.p. 1 y 203 del c.p. 2). Carlos Fernando 1 Expediente No. 021-108669-2004 Fallo 1ª Instancia Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o. Tel. 3 360011 - 3520066 Ext.11133 www.procuraduria.gov.co

Efectuado el reparto del expediente, correspondió a esta Delegada conocer del asunto en referencia, determinando mediante auto del 5 de octubre de 2004, que existía suficiente mérito para iniciar investigación disciplinaria contra EDUARDO ALVARADO SANTANDER y RAUL DELGADO GUERRERO, en su condición de Alcaldes de Pasto, investigación que se extendió a ANA HILDA OBANDO ENRIQUEZ, en su calidad de interventora del contrato de obra No. 028 de 2003, decisión que fue notificada personalmente a los dos últimos investigados el 25 y 27 de octubre de 2004, respectivamente, mientras que a EDUARDO ALVARADO SANTANDER fue notificado por edicto desfijado el 8 de noviembre de 2004 (fls. 204 a 206, 219, 224 y 229 del c.p. 2).

II. CARGOS Mediante auto del 28 de abril de 2006, esta Delegada formuló pliego de cargos en contra de EDUARDO ALVARADO SANTANDER, en su condición de Alcalde de Pasto, por las siguientes conductas: “… ordenó, mediante resolución No. 097 del 23 de abril de 2003, la apertura de la licitación DPV-001-2003, suscribió, el 30 de julio de 2003, el contrato de obra 028, cuyo objeto consistió en la construcción de un puente peatonal metálico sobre la Avenida Panamericana en el barrio San Vicente, con el ingeniero HECTOR GUERRERO QUINTERO, representante legal de la Unión Temporal Ingenieros Licitantes 2003 (fls. 124 a 132 del cuaderno 1), y suscribió, el 14 de

julio de 2003, el contrato 07, con la ingeniera ANA HILDA OBANDO ENRIQUEZ, para la interventoría técnica y administrativa de la construcción del puente peatonal San Vicente (fls. 610 a 618 del cuaderno 4), sin haber adelantando el proceso de cesión, por parte de un tercero y a favor del municipio, de un terreno que resultaba necesario para la ejecución de la obra, lo que obligó a suspender el plazo de ejecución de los contratos antes mencionados, hasta que se produjera dicha cesión.” (fls. 813 a 817 del c.p. 4). Se citaron como normas presuntamente violadas las previstas en los artículos 209 de la Constitución Política; 3 de la ley 489 de 1998; 23 y 25 numeral 4º de la ley 80 de 1993; 34 numerales 1 y 2 de las ley 734 de 2002. La falta fue calificada provisionalmente como GRAVÍSIMA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 numeral 31 de la ley 734 de 2002. Esta providencia fue notificada personalmente al disciplinado el 22 de mayo de 2006 (fl. 833 del c.p. 4). En relación a los demás hechos objeto de investigación, esto es, a lo concerniente a la selección del contratista en el sentido de que la propuesta contenía, al parecer, condiciones económicas artificialmente bajas y, en relación a las posibles irregularidades en la suscripción de un contrato adicional se estableció que en el expediente no obraba prueba que comprometiera la responsabilidad de EDUARDO ALVARADO SANTANDER, así como de RAUL DELGADO GUERRERO y ANA

Carlos Fernando 2 Expediente No. 021-108669-2004 Fallo 1ª Instancia Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o. Tel. 3 360011 - 3520066 Ext.11133 www.procuraduria.gov.co HILDA OBANDO ENRIQUEZ, ordenando el archivo de la actuación adelantada en su contra, por tales conductas.

III. DESCARGOS Y ETAPA PROBATORIA Mediante apoderado, el disciplinado presentó los descargos cuyos principales argumentos se transcriben a continuación (fls. 834 a 848 del c.p. 4): “(…) aEl contrato de obra 028 de julio 30 de 2003, fue manejado por la Dirección Técnica del Plan Vial del municipio, dependencia administrativa especializada, en asocio con la oficina jurídica del municipio. b-El Alcalde de Pasto ordenó la apertura de la licitación DPV-001-2003 y suscribió el contrato de obra 028, como consecuencia de la culminación de un proceso adelantado por los funcionarios especializados en el tema, con la certeza de haberse cumplido a cabalidad, como en efecto, ocurrió, con las normas de la contratación estatal. cEl Alcalde de Pasto, EDUARDO ALVARADO SANTANDER, realizó las reuniones, gestiones y diligencias administrativas que le correspondían ante la Universidad de Nariño, no solo para involucrar a esa Institución en el proyecto sino para concretar la cesión del área de terreno de la Universidad que se requerían para la ejecución de la obra, logrando los resultados requeridos en

cuanto a que dicha institución formara parte activa del proyecto y determinara la entrega de las áreas necesarias para la construcción del puente peatonal. dLa suspensión del contrato al que se refiere el pliego de cargos resultó inocua en sus efectos como quiera que el contratista al momento de suscribir el contrato de obra tenía a disposición las áreas para iniciar la obra, reclamándose tan solo el documento en el que conste ese hecho, tan es así que entre la suscripción del contrato de obra y el convenio para formalizar la cesión del terreno tan solo transcurrió un fin de semana. No hubo entonces, solución de continuidad con efectos patrimoniales en la ejecución del contrato de obra, entre su suscripción y la del convenio entre la Universidad de Nariño y el Municipio de Pasto en el que consta la cesión del terreno. eLa decisión de suspensión del plazo de ejecución del contrato de obra ya referido, se tomó a instancias del PLAN VIAL DE PASTO, entre la interventoría del contrato de obra 028, el propio contratista y el supervisor de obra delegado, sin que el Alcalde ALVARADO SANTANDER haya tenido injerencia alguna. fCon la suspensión del contrato a la que se refiere el cargo disciplinario, la obra no sufrió tropiezo, interrupción ni demora en su ejecución y en consecuencia, no se ocasionó ningún tipo de PERJUICIO ECONOMICO, NI DE NINGUNA OTRA INDOLE a las partes contratantes ni a la comunidad. (…) No se puede endilgar al Alcalde ALVARADO SANTANDER el no haber identificado la necesidad de contar con los terrenos de la Universidad de Nariño para la construcción del puente peatonal y de no haber actuado con diligencia

para concretar dicha autorización de la Universidad para desarrollar el proyecto, Carlos Fernando 3 Expediente No. 021-108669-2004 Fallo 1ª Instancia Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o. Tel. 3 360011 - 3520066 Ext.11133 www.procuraduria.gov.co ya que como se ha explicado, el mencionado Alcalde realizó, en lo que a él le correspondía como primera autoridad del municipio, todas las diligencias para que la Universidad asumiera el proyecto como propio y cediera las áreas para dicho cometido, prueba de ello es que cuando se solicitó el documento que contenía la entrega de las áreas por parte de la Universidad al Municipio, el documento se suscribió inmediatamente, resultando inocua la suspensión del contrato de que da cuenta el acta que la contiene.” Por auto del 5 de febrero de 2007, se decretaron las pruebas solicitadas por el defensor del investigado, las cuales fueron reiteradas por medio de auto del 26 de mayo de 2007 y, de otra parte, a través de autos del 7 de septiembre y 31 de octubre de 2007, se dispuso escuchar en versión libre al disciplinado, teniendo en cuenta que su apoderado había presentado petición en este sentido, diligencia que se efectuó el 10 de diciembre de 2007 (fls. 857 a 861, 899 a 902, 919 a 920, 955 a 956 y 970 a 972 del c.p. 4)

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto del 26 de septiembre de 2007, esta Delegada dio traslado al

apoderado del disciplinado para alegar de conclusión antes del fallo, como lo dispone el numeral 8º del artículo 92 de la ley 734 de 2002, quien presentó el correspondiente escrito, en el que retomó y reiteró, básicamente, los argumentos expuestos en los descargos (fls. 929 y 945 a 954 del c.p. 4)

V. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Procede el Despacho a estudiar los cargos formulados al disciplinado EDUARDO ALVARADO SANTANDER en el auto de cargos, reiterando para ello los presupuestos exigidos por la ley disciplinaria, para determinar si un investigado es responsable de las conductas que se le han imputado.

Para tal efecto, vale la pena recordar que el artículo 142 de la ley 734 de 2002, prescribe que para proferir fallo sancionatorio es requisito indispensable que obre prueba en el expediente que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado. De lo anterior se desprende, entre otros aspectos, que en materia disciplinaria la conducta que pretende ser objeto de reproche debe estar tipificada como falta al momento de su comisión u omisión en la ley vigente, cuya existencia debe acreditarse a través del acervo probatorio recaudado en el expediente, esto es, que se debe demostrar no solo la existencia material de la conducta, sino que también se debe verificar que el actuar u omisión del disciplinado haya incurrido en el desconocimiento o incumplimiento de las disposiciones que contienen los deberes a que estaba obligado a cumplir o haya incurrido en las prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y/o conflictos de intereses previstos en la Constitución o en la Ley,

en concordancia con lo señalado en el artículo 4º de la ley 734 de 2002. Carlos Fernando 4 Expediente No. 021-108669-2004 Fallo 1ª Instancia Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o. Tel. 3 360011 - 3520066 Ext.11133 www.procuraduria.gov.co Pero esto no es suficiente para efectuar un juicio de reproche respecto a la conducta desplegada por el investigado, toda vez que ésta, además, deber ser antijurídica, lo cual se logra cuando se produce un quebrantamiento a sus deberes funcionales, incumplimiento éste que no debe ser meramente formal sino sustancial frente a la función pública que le ha sido encomendada, sin que obre justificación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º Ibídem, precepto que dispone lo siguiente: “Ilícitud sustancial.- La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna.”. Frente a este tema, la Corte Constitucional se pronunció de la siguiente manera1: “(...) En este sentido y dado que, como lo señala acertadamente la vista fiscal, las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública. El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la

antijuricidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta.“. De lo expuesto, se infiere que el sustento de la antijuridicidad disciplinaria radica en establecer si la conducta imputada al disciplinado afectó o no la buena marcha de la administración y, por ende, los fines y funciones del Estado, circunstancias estas que se constituyen en objeto de protección del derecho disciplinario, razones que explican el interés de éste en verificar el cumplimiento de los deberes del servicio asignados a los funcionarios del Estado, entre otros destinatarios de la ley disciplinaria. Finalmente, y para declarar al procesado responsable de la conducta que se le imputa, debe obrar en el expediente prueba que comprometa su culpabilidad, ya sea a título de dolo o de culpa, toda vez que en materia disciplinaria está proscrita la responsabilidad objetiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 734 de 2002. Con base en las consideraciones que preceden y en la valoración de la probanza recaudada, se evidencia que a través de Resolución No. 097 del 23 de abril de 2003, EDUARDO ALVARADO SANTANDER, en su condición de Alcalde de Pasto, ordenó

la apertura del proceso licitatorio DPV-001-2003, con el objeto de adelantar la construcción del puente peatonal sobre la Avenida Panamericana en el Barrio San 1 Sentencia C-948 del 6 de noviembre de 2002, M.P. Dr. ALVARO TAFUR GALVIS, a través de la cual se declaró la exequibilidad del artículo 5º de la ley 734 de 2002. Carlos Fernando 5 Expediente No. 021-108669-2004 Fallo 1ª Instancia Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o. Tel. 3 360011 - 3520066 Ext.11133 www.procuraduria.gov.co Vicente, proceso en el que varias firmas presentaron oferta, siendo escogida la allegada por la UNIÓN TEMPORAL INGENIEROS LICITANTES 2003, según Resolución No. 201 del 11 de julio de 2003, firma con la que el investigado suscribió el contrato de obra No. 028 del 30 de julio de 2003, para llevar a cabo las citadas obras por valor de $709.497.885.49, dentro de un plazo de 5 meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación (fls. 669 a 670 del anexo No. 3, 145 a 148 y 124 a 132 del c.p. 1). El acta de iniciación se suscribió el 30 de julio de 2003, pero en la misma fecha el contrato fue suspendido por decisión del contratista, la interventoría y el supervisor

de obra delegado de la Dirección Técnica Vial de la Alcaldía de Pasto, mientras se perfeccionaba el convenio entre el municipio y la Universidad de Nariño, mediante el cual ésta última cedería al primero el predio ubicado en la carrera 33 calle 5ª No. 5121, Barrio San Vicente, ya que la construcción del puente peatonal pretendía unir no solo barrios de la ciudad separados por la Avenida Panamericana, sino que uniría propiedades de la referida institución universitaria, como se desprende de las especificaciones técnicas previstas en el anexo No. 2 de los pliegos de condiciones, al igual que en sus linderos, los cuales comprendían los siguientes: a) por el lado del liceo de la Universidad de Nariño en un área de 152.82 m2; b) por la sede de la VIPRI de la misma Universidad, en área de 205.29 m2 (fls. 151 y 152 del c.p. 1 y 650 a 661 del anexo 3). Para el efecto, se fijó en el acta de suspensión del contrato, el 19 de agosto de 2003 como fecha de reiniciación de la obra, lo que efectivamente ocurrió según el acta suscrita en la misma fecha por los representantes de las partes contractuales; sin embargo, el mencionado convenio se suscribió el 4 de agosto de 2003 (fls. 153 del c.p. 1 y 280 a 281 del anexo 4). Simultáneamente al adelantamiento del proceso licitatorio para la construcción de la obra, el Ing. FABIO CALVACHE SANTANDER, Director del Plan Vial de la Alcaldía de Pasto, ordenó, mediante Resolución No. 008 del 20 de mayo de 2003, la apertura

de la invitación pública No. 010-2003, para escoger a la persona que se encargaría de ejercer la interventoría técnica y administrativa de las obras, por delegación realizada por el Alcalde, según Decreto 0266 del 8 de julio de 2002 (fls. 40 a 41 del c.p. 1). Surtida dicha convocatoria, el investigado resolvió adjudicar la interventoría de las obras a la Ing. ANA HILDA OBANDO ENRIQUEZ, por medio de la resolución No. 187 del 20 de junio de 2003, quien suscribió el contrato de interventoría No. 07 del 14 de julio de 2003, con el Director del Plan Vial de la administración municipal, en virtud de la delegación conferida por el alcalde, cuya ejecución se suspendió también el 30 de julio para reanudarse el 19 de agosto de 2003, según actas de las mismas fechas, por las razones explicadas en precedencia (fls. 40 a 44, 28 a 35 y 65 a 66 del c.p. 1). Ahora bien, se reprocha al investigado que ordenó la apertura del proceso licitatorio y suscribió los referidos contratos, sin haber adelantado el procedimiento de cesión, Carlos Fernando 6 Expediente No. 021-108669-2004 Fallo 1ª Instancia Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o. Tel. 3 360011 - 3520066 Ext.11133 www.procuraduria.gov.co en favor del municipio de Pasto, de un terreno que se requería para construir el

puente peatonal, lo que obligó a suspender el plazo de ejecución de ambos contratos, debido, según el pliego de cargos, a que el disciplinado, en su condición de director de la actividad contractual, no verificó que la administración contara con la propiedad del terreno en mención (fl. 814 del c.p. 4). Sea lo primero advertir que no es posible endilgar responsabilidad disciplinaria al investigado, frente a las circunstancias que se tipificaron en el pliego de cargos, en lo que tiene que ver con la suscripción del contrato de interventoría No. 07 del 14 de julio de 2003, toda vez que el perfeccionamiento del mismo, al igual que la apertura del respectivo proceso de selección, corrieron por cuenta de un servidor distinto al vinculado a la presente actuación, esto es, a cargo del Ing. FABIO CALVACHE SANTANDER, Director del Plan Vial de la Alcaldía de Pasto de la época. La participación del disciplinado se limitó a efectuar la adjudicación de la convocatoria pública que dio lugar a la celebración del aludido contrato, proceder sobre el que no se realizó reproche específico en el pliego de cargos. Por lo expuesto, sería pertinente compulsar copia de las piezas procesales que resultaren necesarias, para que en una cuerda procesal diferente se examinara el proceder adoptado por el citado funcionario, frente a los hechos que motivaron la presente investigación, en aras de la imparcialidad que rige la actuación disciplinaria. No obstante, considera la Delegada que tal proceder resulta innecesario y, de otro lado, porque encuentra mérito para absolver al investigado de los cargos formulados en su contra, ya que si bien es cierto al momento de ordenar la apertura de la

licitación y ser suscritos los contratos de obra 028 de 2003 y de Interventoría 07 de 2003, no se había formalizado, a través de la celebración del correspondiente convenio, la cesión del terreno de dominio de la Universidad de Nariño en favor del municipio; tampoco lo es que dicha situación no alcanzó a consolidar el elemento objetivo de la falta, dado que el material probatorio indica, en primer lugar, que el disciplinado, en su calidad de jefe de la administración municipal, promovió y adelantó las gestiones que estaban a su alcance para adquirir el predio en debate y, en segundo lugar, que la suspensión de los contratos bajo estudio no transcendieron a la esfera de la ilicitud sustancial, como se explica a continuación. Sustentan las anteriores aseveraciones la siguiente probanza: El testimonio rendido por LUCÍO MIGUEL PAREDES MORA el 14 de marzo de 2007 (anexo 5), quien manifestó lo siguiente, con ocasión del ejercicio de su cargo de Jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Pasto: “Frente a este proceso de contratación estatal asistí a algunas de la reuniones del comité de contratación durante el proceso de selección del contratista, como integrante de ese comité y recuerdo en alguna oportunidad también asistí a una reunión entre el Alcalde y el Rector de la Universidad de Nariño, doctor PEDRO VICENTE OBANDO, para tratar el tema relacionado con la cesión de las áreas del lote que se requería para la construcción del puente peatonal metálico sobre la Panamericana en el Barrio San Vicente de Pasto, que afectaba en un extremo

a la sede de la VIPRI de la Universidad y en el otro extremo afectaba el área del Carlos Fernando 7 Expediente No. 021-108669-2004 Fallo 1ª Instancia Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o. Tel. 3 360011 - 3520066 Ext.11133 www.procuraduria.gov.co lote del Colegio Liceo de Bachillerato de la misma universidad, estas son las actividades que recuerdo. (…) La ejecución del proyecto en general, por el principio de especialidad, le correspondió a la entonces Dirección Técnica del Plan Vial a cargo de Fabio Calvache y consecuentemente las actividades relacionadas con su ejecución, tales como la de legalización de predios, entiendo como dije antes las gestiones para que la Universidad de Nariño hiciera la cesión de las áreas del lote necesarias para la construcción de las bases del puente la realizó el Alcalde, EDUARDO ALVARADO SANTANDER, sobre los trámites de su perfeccionamiento, entiendo las adelantó la Dirección del Plan Vial, mencionado. (…).” Al preguntársele si tenía conocimiento si el señor EDUARDO ALVARADO SANTANDER, en su condición de Alcalde de Pasto, ordenó o adelantó directamente alguna gestión tendiente a adquirir para el municipio el terreno ubicado en la Carrera 33 Calle 5 No. 5 – 121, barrio San Vicente, de dicha ciudad, con la finalidad de llevar a cabo la obra en mención, el deponente manifestó: “Sí, como lo dije anteriormente tuve conocimiento que el doctor EDUARDO

ALVARADO SANTANDER, gestionó ante el Rector de la Universidad para que la entidad hiciera la cesión gratuita de las áreas de terreno que se requerían para la construcción del puente, teniendo en cuenta también que esa obra serviría para garantizar la seguridad de los niños y niñas y estudiantes de esa institución educativa, quienes más utilizan el puente son ellos, nbo (sic) podría precisar el momento en que empezó, pero fue mucho antes del proceso de contratación, incluso antes que se desarrollara un concurso de ideas para el diseño arquitectónico del puente.” Al interrogársele sobre el motivo para que el terreno en mención se haya adquirido por el municipio hasta la celebración del Convenio No. 02 del 4 de agosto de 2003, con la Universidad de Nariño, pese a que el proceso licitatorio y el contrato de obra bajo estudio se efectuaron con antelación, específicamente a través de Resolución No. 097 del 23 de abril y 30 de julio de 2003, respectivamente, el declarante indicó: “Aunque no participé directamente en esos trámites, tuve conocimiento de que hubo algunas dificultades para el perfeccionamiento de la tradición de esos lotes en alguna dependencia de la Universidad de Nariño, creo que la Oficina Jurídica o Planeación de la Universidad, porque se decía que debía ser objeto de compraventa y no de cesión gratuita, también habían dificultades en determinar la áreas para hacer la tradición de los bienes, posiblemente, hubo un error de conceptualización en los trámites a surtirse para la legalización de esa tradición y se consideró que era suficiente que el Alcalde de Pasto o mejor que entre el Alcalde de Pasto y el rector de la Universidad de Nariño ya había un acuerdo

sobre la cesión de estas áreas”. Al indagársele, por la incidencia de no disponer del terreno en comento al momento de iniciar las obras objeto del contrato No. 028 del 30 de julio de 2003, el deponente señaló: Carlos Fernando 8 Expediente No. 021-108669-2004 Fallo 1ª Instancia Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o. Tel. 3 360011 - 3520066 Ext.11133 www.procuraduria.gov.co “ Yo considero que no hubo incidencias relevantes entre la entrega del lote de terreno y la ejecución del contrato, pues como lo dije antes, esta se hizo dentro de pocos días al perfeccionamiento y legalización del contrato y dentro del término prudencial para la suscripción del acta de inicio de obras, en tan poco tiempo no puede haberse generado alteraciones de las condiciones económicas del contrato, ni de las especificaciones técnicas. (…)”. Por su parte, el Ingeniero FABIO CALVACHE SANTANDER en testimonio rendido el 14 de marzo de 2007 (anexo 5), quien se desempeñó como Director de la Unidad Ejecutora del Plan Vial de la Alcaldía de Pasto, señaló: “Antes de hacer proceso licitatorio por ser esta obra un proyecto pedido por la comunidad y aprobado en cabildos, este se somete a conocimiento de esa comunidad y se hace una exposición del mismo, usando para este fin un video beam, los planos respectivos, para que se (sic) ella misma la comunidad quien haga las observaciones pertinentes, se socializa el proyecto, la cual le dio muy

buena acogida, igualmente después de este paso, era compromiso presentárselo al Rector de la Universidad, puesto que ellos eran parte importante y directa y se beneficiarían con la obra directamente, en ese momento negocia el Alcalde, el municipio no paga nada, la Universidad cede los predios, por ser obra con la cual ello (sic) se benefician, el municipio se ahorra varios cientos millones de pesos, el acto de apertura de la licitación tiene que haberla hecho la oficina jurídica, nosotros hacíamos todos los pasos pertinentes como estudios, diseños, presupuesto, inscripción de proyecto en la cámara de comercio con antelación de un mes, se pedía reglamentación a planeación municipal sobre las características del proyecto (sic) la vía, esto antes de los estudios, igualmente en el caso del puente este fue aprobado por planeación municipal, ya que tenía componentes geométricos y estructurales”. Al preguntársele a qué dependencia le correspondía elaborar para la firma del Alcalde de Pasto, EDUARDO ALVARADO SANTANDER, el acto administrativo que ordenaba la apertura del proceso licitatorio que pretendía adjudicar las obra en comento y qué requisitos debía reunir para someter a consideración del burgomaestre dicho acto, el testigo manifestó: “El trámite relativo a los lotes fue adelantado por nosotros en cabeza de la doctora Gloria Benavides, abogada que prestaba servicios al Plan Vial, ella fue quien elaboró el documento de cesión, igualmente, se encargó de agilizar el proceso sobre todo en la firma, porque ya lo había firmado el Alcalde, estaba en revisión de la Universidad y allá se demoró, por eso la doctora hizo lobby para

agilizar la legalización con la firma del Rector y todo e (sic) proceso se tuvo en cuenta a la Universidad”. Al indagársele, en qué momento el Alcalde EDUARDO ALVARADO SANTANDER recibía en su Despacho la documentación correspondiente a la etapa previa de los procesos de contratación, cuya licitación debía abrir mediante acto administrativo, de qué manera se garantizaba que la misma reuniera todos los requisitos legales establecidos en el estatuto contractual (estudio de necesidad, conveniencia, técnicos, Carlos Fernando 9 Expediente No. 021-108669-2004 Fallo 1ª Instancia Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o. Tel. 3 360011 - 3520066 Ext.11133 www.procuraduria.gov.co costos, disponibilidad presupuestal, adquisición de terrenos, licencias, permisos, etc); el deponente señaló: “Nosotros dentro del procedimiento le íbamos indicando en el transcurso del tiempo en que iba cada proyecto y el hacía los requerimientos, solicitando que se verifique cada uno de ellos, previos a la etapa de licitación, tanto así que el paso final de un proyecto viene hacer la evaluación de costos probables de su ejecución”. Al interrogársele, si el señor EDUARDO ALVARADO SANTANDER, en su condición de Alcalde de Pasto, ordenó o adelantó directamente alguna gestión tendiente a adquirir para el municipio el terreno ubicado en la Carrera 33 Calle 5 No. 5 – 121, barrio San Vicente, de dicha ciudad, con la finalidad de llevar la obra en mención; el

deponente indicó: “Me ratifico en lo dicho antes, no se podía proyectar nada sino había un compromiso previo de utilización de las áreas para ese proyecto, se lo hizo con antelación incluso a los estudios como informe