PGN - Documento 201603081404501

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal Radicación: 021-83047 de 2003

Disciplinado: William Hernán Pérez Espinel

Cargo y Entidad: Gobernador del Casanare Quejoso: De oficio Fecha de Queja: Marzo 17 de 2003

Fecha Hechos: Diciembre 27 de 2002

Asunto: Fallo de Primera Instancia. (Artículo 170 de la ley 734/02)

Bogotá, D. C., 31 de mayo de 2007 Resuelve el despacho el asunto de la referencia, en primera instancia.

1. ANTECEDENTES Las presentes diligencias se iniciaron con fundamento en las visitas especiales que ordenó el Procurador Regional del Casanare, a las distintas dependencias de ese departamento, en las cuales se advirtieron irregularidades en la etapa precontractual de lo contratos que durante el mes de diciembre de 2002, suscribió el Gobernador con inobservancia de los preceptos de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 2170 de 2002.

Mediante auto de 16 de octubre de 2003, esta Delegada ordenó apertura de investigación disciplinaria con el fin de esclarecer la conducta del señor William Hernán Pérez Espinel, Gobernador del Casanare, por las irregularidades observadas en la celebración de contratos con las cooperativas Coopmunicipios, Conalde, Coopnal, Coespro, Proteger, y Comente, al igual que con la Universidad de Cartagena, durante el mes de diciembre del 2002 (fl. 82 a 88, C-1).

2. CARGOS Mediante auto del 12 de febrero de 2004, esta Delegada formuló al disciplinado los

siguientes cargos (fl. 138 a 149, C-2): 2.1. Primer Cargo: “WILLIAM HERNAN PEREZ ESPINEL, identificado con la cédula de ciudadanía 9.520.708, en su calidad de Gobernador Departamental del Casanare, suscribió los contratos que a continuación se relacionan: Contrato Valor Objeto Contratista Plazo 728 Construcción sistema 6 Dic. 2/02 $ 2.499`153.141 Tratamiento de Aguas “COOPMUNICIPIOS” meses residuales domésticas municipio Villanueva 793 Construcción 1ª etapa 6 $ 4.999`461.814 Acueducto Urbano de los “CONALDE LTDA” meses municipios de Maní y Paz Dic. 18/02 de Ariporo. Construcción primera etapa 6 805 $ 2.085`952.095 central abastos municipio “CONALDE LTDA” meses de Yopal. Dic.18/02 Construcción administración 821 de obra y adquisición de 6 $ 640`395.464. materiales para 83 “PROTEGER AC” meses viviendas municipio de Dic.27/02 Monterrey Construcción administración de obra contratación de Expediente: 021-83047-2003 1

Proyectó: Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de Primera Instancia 950 personal equipos y 6 $ 795`264.648 adquisición de materiales “CONALDE LTDA” meses para 103 vivienda en el Dic.30/02 municipio de Yopal 1046 Construcción de la vía 6 $ 4.499`930.602 central del Llano Sec. Maní- “CONALDE LTDA” meses

Caribayona K0+000 al Dic.30/02 K0+500 1047 Pavimentación en asfalto de $ 2.984`149.145 la calle 30 entre carrera 20 “CONALDE LTDA” 4 Dic.30/02 y 31,y otras meses Mejoramiento de la vía 1048 Terques-Esmeralda “CONALDE LTDA” 3 $ 249`897.007. municipio de Tauramena meses Dic.30/02 Contrato Valor Objeto Contratista Plazo Construcción segunda 1049 etapa Colegio el Gavan – “CONALDE LTDA” 4 $ 445`495.174. Yopal. meses Dic.30/02 Mejoramiento y “CONSORCIO 1070 Construcción de obras de PUBLICO 4 $ 999`761863. arte vía Marginal – Brisas – COOPERATIVO meses Palonegro Dic.30/02 COOPNAL COOTELCO” 1072 Optimización sistema “CONSORCIO $ 999`778529. acueducto municipio de PUBLICO 4 Dic.30/02 sabanalarga corregimiento COOPERATIVO meses el Secreto primera etapa COOPNAL COOTELCO” 1073 Compra de cuatro “CONSORCIO $ 419`460.000 ambulancias de traslado PUBLICO 3 Dic.30/02 asistencial con destino a las COOPERATIVO meses IPS que conforman la Red

COOPNAL

Pública. COOTELCO” 1074 Suministro de 3.234 $ 598`998.246. mercados para familias “PROTEGER A.C.” 2 Dic.30/02 usuarias de hogares meses comunitarios Pavimentación en asfalto de 1075 la avenida circunvalar entre 4

$2.997`901.288. la calle 40 y la carrera 29 y “COMENTE LTDA” meses de la calle 30 entre la vía Dic.30/02 morichal y la transversal 7 Construcción modulo de 1076 aulas sobre la calle 24 del 4 $1.101`778.071 colegio La Campiña, “COOESPRO” meses terminación sección Dic.30/02 primaria colegio Técnico Ambiental San Mateo Contrato Valor Objeto Contratista Plazo Suministro de 22 1077 servidores de red de 3 $ 947837.900 información con 214 “PROTEGER A.C.” meses estaciones de trabajo y Dic.30/02 235 licencias antivirus para dotar las aulas de informática de los establecimientos educativos.. Construcción base de 1078 $ 399`906.822 Bomberos primera etapa “COMENTE LTDA” 5 Dic.30/02 del municipio de Yopal meses Construcción sistema de tratamiento de aguas “CONSORCIO Expediente: 021-83047-2003 2

Proyectó: Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de Primera Instancia 1079 residuales para el PUBLICO 6 $ 983`635.822 corregimiento de la COOPERATIVO meses Dic.31/02 Chaparrera municipio de COOPNAL Yopal y construcción COOTELCO” primera etapa acueducto Vereda Palonegro municipio de Monterrey Contratos que fueron celebrados, sin exigir previamente a los contratistas la respectiva inscripción en el Registro Único de Proponentes, tal como lo dispone el artículo 22 de la Ley 80 de 1993, concordante con los artículos 1º, 3º y 4º del Decreto 856 de 1994,

teniendo en cuenta que el Director Jurídico de la Cámara de Comercio de Casanare, mediante oficio R.1363 de noviembre 27 de 2003, informa a la Procuraduría, que las Cooperativas antes relacionadas, no se encuentran inscritas allí”. El auto señaló que con la conducta descrita el disciplinado violó los artículos 6 y 209 de la Constitución Política; 3, 22, 22.3, 24.8 y 29 de la ley 80 de 1993; 1º , 3º y 4º del Decreto 856 de 1994; los artículos 23, 35 numerales 1,2,3,4,15,21 y el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002. En la providencia se afirmó, que el disciplinado, durante el mes de diciembre del 2002, suscribió los contratos con cinco cooperativas, evadiendo el principio de transparencia y el deber de selección objetiva, pues si bien las cooperativas conformadas por entidades territoriales se entienden entidades estatales (parágrafo del artículo 2º de la ley 80 de 1993), el artículo 2º del decreto 855 de 1994, exige, para ello, garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y el deber de la selección objetiva. Señaló, que al servidor público cuando actúa por la modalidad de contratación directa, se le imponen unas exigencias que permitan observar las garantías de igualdad e imparcialidad en la escogencia de los contratistas; que por ello el artículo 22 de la ley 80 de 1993 y el decreto 856 de 1994, “fija las pautas que debe seguir la

administración pública, para la adjudicación de contratos interadministrativos con cooperativas conformadas por entidades territoriales, procedimiento que inobservó el implicado, puesto que omitió pedir a los contratistas, estar inscritos en el Registro Único de Proponentes”. Por último señaló el auto de cargos, que las normas violadas imponían al mandatario departamental el deber de exigir a las cooperativas la inscripción en el registro único de proponentes, que permitiera a la administración verificar su clasificación y calificación, la experiencia, la capacidad financiera, su capacidad técnica, la organización y la disponibilidad de equipos que éstas tenían, para ejecutar directamente el objeto de los contratos. La falta fue calificada como gravísima a título de dolo. 2.1. Segundo Cargo: “Suscribió el contrato interadministrativo 867 de diciembre 27 de 2002, con la Universidad de Cartagena, inobservando los principios de economía, transparencia y selección objetiva, por cuanto: El referido convenio presenta por objeto, el prestar servicios de administración delegada y de interventoría en la ejecución de las obras y acciones encaminadas a la ejecución del plan de inversión del departamento, (adviértase construcción, ampliación, mantenimiento, pavimentación de vías urbanas municipales del departamento de Expediente: 021-83047-2003 3

Proyectó: Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de Primera Instancia Casanare; construcción, ampliación, mantenimiento y pavimentación de vías secundarias y terciarias del departamento de Casanare; construcción, ampliación y mantenimiento de la infraestructura de acueductos y alcantarillados urbanos del

Departamento; construcción de infraestructura hospitalaria del mismo departamento; compra de terrenos, construcción, ampliación y adecuación de escenarios deportivos, recreación y conchas acústicas en el departamento; construcción, ampliación y mantenimiento de redes eléctricas en el departamento, construcción plan centro, y construcción de programas y proyectos de vivienda de interés social en el multicitado departamento), comprendiendo la ejecución, dirección, administración y control de las obras a realizar y al manejo de los recursos que se destinen para dichas obras, pudiendo el administrador ejecutarlas directamente o subcontratar, el costo fijado dentro de este contrato se estipuló el departamento para la Universidad el 9.2% del valor total de las obras civiles, 7.2% de las obras eléctricas y electromecánicas y el 2.2% en los demás proyectos relacionados en el contrato, como plazo de ejecución se fijó doce (12) meses – folios 51 a 72 Cuaderno 1. (…) Utilizó la forma de contrato Interadministrativo a efecto de obviar el trámite licitatorio que debía seguir en razón del monto de la contratación; inobservando de contera lo dispuesto en el artículo 4 numeral 1 de la ley 80 de 1993, en lo que toca a la idoneidad exigida al contratista, como quiera que empleo la forma de administración delegada donde está permitida la subcontratación. Contravino de la misma forma lo establecido en el artículo 25 numeral 12, como quiera que no existían estudios, diseños, como que tampoco las obras a realizar se encontraba en proyectos a desarrollar; y previo a la suscripción del contrato inter. Administrativo

objeto de reproche no se hallaron pliegos o términos de referencia… (…) omitió aplicar el deber de selección objetiva estatuido en el artículo 29 de la ley 80 de 1993, como quiera que no se realizó análisis alguno previo a la suscripción del convenio, ya que no cotejó, ya que no solicitó mas ofertas que la de la Universidad con quien suscribió el acuerdo. Respecto de este cargo, el auto indicó que la conducta descrita violó los artículos 6 y 209 de la Constitución Política; 3, 23, 24.8 y parágrafo, 25.12, 26 numerales 1, 3 y 4, 29 y 30.1 de la ley 80 de 1993; 2 y 3 del decreto 855 de 1994; los artículos 23, 34 numerales 1, 2,3, 4, 15, 21, y el 31 del artículo 43 (sic) de la ley 734 de 2002. La providencia de reproche, señaló, que en aras de la imparcialidad que debe dominar todo proceso de selección, era necesario aplicar el principio de selección objetiva garantizado con unos pliegos de condiciones o términos de referencia que establezcan factores caracterizados por su ponderación, conducencia y generalidad; que debe ser evaluados de manera sistemática y en conjunto; y que estuvieron ausentes en la contratación investigada porque no existían estudios, ni análisis previos de la viabilidad de dichos contrato. Se le endilgó haber contratado la ejecución y la interventoría de las obras con la Universidad de Cartagena, dejando en manos de esta entidad no solo el desarrollo

de las mismas sino además su vigilancia, contrariando lo establecido en el artículo 3º de la ley 80 de 1993, pues el interventor debe ser independiente del contratista, teniendo en cuenta que la función de aquel es vigilar que éste cumpla con las especificaciones señaladas en el contrato. El auto indicó, que los contratos interadministrativos deben perfeccionarse y legalizarse respetando los principios rectores de la contratación estatal, establecidos en el parágrafo 2º del artículo 24 de la ley 80 de 1993 y en el artículo 2º del decreto Expediente: 021-83047-2003 4

Proyectó: Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de Primera Instancia 855 de 1994; que la contratación analizada obedeció a la arbitrariedad y subjetivismo de la administración, en cabeza del disciplinado, toda vez que inobservó factores de selección y evaluación de conveniencia, capacidad, idoneidad y experiencia; que no se han encontrado documentos soportes de invitaciones, propuestas u ofertas, para establecer la escogencia entre pluralidad de oferentes; y, que no existen los estudios, diseños y proyectos requeridos.

Que el artículo 7º del decreto 855 de 1994, ha de ser interpretado en concordancia con el 2º ibídem, aplicando los principios de la contratación a los convenios interadministrativos, y que el principio de la escogencia objetiva debe ser respetado integralmente en cualquier proceso de selección de contratista. La falta fue calificada como gravísima a título de dolo, porque el disciplinado obró con la voluntad de evadir el deber de adelantar una selección objetiva del contratista.

3. DESCARGOS El 26 de marzo de 2004, el disciplinado William Pérez Espinel, por intermedio de apoderada, presentó escrito de descargos y solicitó pruebas (fl. 156 a 168, C - 2).

En relación con el primer cargo, señaló, que la Procuraduría se limitó a constatar que las cooperativas contratistas no se encontraban inscritas en la Cámara de Comercio de Casanare, para inferir que se desatendió la existencia del llamado registro único de proponentes (RUP), sin tener en cuenta que algunas de éstas se encuentran registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá, y, por eso, allí aparece radicado el RUP. Manifestó, que en el texto de los contratos cuestionados se hace referencia a la cámara de comercio en la que se encuentra inscrita la correspondiente cooperativa y el respectivo RUP; que la administración había constatado, antes de la celebración de los contratos, no solo la naturaleza jurídica y el objeto social, sino también su inscripción en el RUP, pues existieron otros negocios jurídicos celebrados con ellas. Planteó, que es preocupante el cuestionamiento hecho por haber agotado el presupuesto de la vigencia fiscal 2002, toda vez que es un deber de mandatario seccional ejecutar el presupuesto y lo reprochable sería no haberlo ejecutado. En lo referente al reproche por haber contratado con Proteger AC, la construcción y administración de 83 viviendas y, posteriormente, un contrato para el suministro de mercados, precisó, que dicha cooperativa incluye dentro de su objeto social ambas actividades. En relación con el segundo cargo, afirmó, que por la naturaleza jurídica de la

Universidad de Cartagena, era perfectamente factible y legal efectuar una contratación directa. Que “cuando se trata de contratos interadministrativos, es de recibo la contratación directa, independiente del monto de la contratación”, y a que la propia ley 80 de 1993, da la facultad a la administración para efectuar la contratación en la forma en que fue celebrada. Sobre la violación al principio de planeación, manifestó, que los estudios, diseños y términos de referencia, debieron existir en el trámite precontractual y deben estar Expediente: 021-83047-2003 5

Proyectó: Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de Primera Instancia inscritos en el banco de proyectos de la gobernación, para lo cual solicitó una diligencia de inspección a esa oficina y a las secretarías de la entidad.

Manifestó que no se debe cuestionar la idoneidad de la Universidad de Cartagena para desarrollar el objeto del contrato porque “bien se sabe que una universidad es un centro de ciencia y academia. Una facultad que cuenta con carrera de Ingeniería, en diferentes áreas y especializaciones es suficiente garantía de idoneidad, experiencia y excelencia, pero además, se trata de una entidad pública y con seguridad ello, también daba mayores y mejores condiciones para el desarrollo del objeto del contrato”. Agregó, que si en ese contrato se cometió alguna irregularidad, se debe tener en cuenta que todo el tramite precontractual estaba a cargo de otros servidores de la administración departamental, por la delegación de funciones; que el gobernador intervino en la firma del contrato pero todos los demás trámites como la programación de las necesidades, la disponibilidad presupuestal, las invitaciones o

avisos, recepción de ofertas, valoración de las mismas y estudios de legalidad, eran asuntos concedidos a otras dependencias; y que, por resolución 612 de 2001, el disciplinado delegó en el Secretario General del Departamento la realización de los actos administrativos previos a la celebración de los contratos, incluyendo la ordenación de la apertura del proceso de contratación e invitaciones públicas. Resaltó, que la contratación directa se admitía por razones de conveniencia, oportunidad, continuidad y eficiencia en los servicios públicos a cargo de la administración, pero que de considerarse que se imponía la licitación como forma de contratación, operan los principios constitucionales de desconcentración, delegación, buena fe y confianza que rigen la función administrativa. Concluyó, que no están demostrados, en la conducta del disciplinado, el conocimiento y la voluntad de quebrantar el precepto, como elementos del dolo.

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN El 29 de septiembre de 2004, el disciplinado, por medio de su apoderada, presentó escrito de alegatos de conclusión (fl. 327 a 342, C-2), en los cuales insistió en los argumentos de su memorial de descargos, y agregó adicionalmente: En relación con la inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá de las cooperativas contratistas, indicó que dicha entidad “… informó a ese Despacho que en efecto si se encontraba registro único de proponentes de COOPMUNICIPIOS, PROTEGER AC, COMENTE y COESPRO, señalando de igual manera la fecha de inscripción de cada una de éstas”.

Informó, también, que la cooperativa Conalde se encuentra inscrita en la Cámara de Comercio de Tunja con registro número 1953 del 23 de agosto de 1999 y RUP número 001383 del 14 de abril de 2000; que como prueba de ello aportaba los documentos pertinentes. En cuanto al Consorcio Público Cooperativo Coopnal – Cootecol, manifestó que para efectos de presentar la propuesta en la entidad, cada uno de los partícipes del consorcio debía estar inscrito, clasificado y calificado en el RUP, teniendo en cuenta Expediente: 021-83047-2003 6

Proyectó: Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de Primera Instancia que en éste solo se inscriben las personas naturales y jurídicas legalmente capaces y el consorcio no constituye por si mismo un ente capaz de adquirir derechos; que las cooperativas mencionadas estaban inscritas en Bogotá, tal como lo demuestra aportando copia de la inscripción de cada una de ellas.

Indicó, que a esta investigación se remitió “copia de la documentación en la que consta los proyectos que fueron inscritos por cada una de las Secretarías del Despacho del Gobernador, con el nombre del proyecto, la entidad proponente y la fecha de radicación, documentación que obra en cuadernos 1 (fl 117) y 2 (fl 261) del expediente”; que en el primero de los folios citados, “se encuentra una relación detallada del objeto de cada uno de los proyectos, la existencia de estudios previos, diseños e inscripción en el banco de proyectos de la Gobernación”; lo cual explica

porqué en la carpeta revisada por la Procuraduría, en la visita especial realizada a la oficina jurídica de la Gobernación, no reposaba la totalidad de los antecedentes relacionados con el contrato, ya que los mismos se hallaban en otras dependencias.

5. COMPETENCIA La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal es competente para conocer el presente asunto, en el que es disciplinado William Hernán Pérez Espinel, en condición de Gobernador del Casanare, en la época de los hechos, de conformidad con el literal c), numeral 1, artículo 25 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con el artículo 19 de la Resolución 017 de 2000.

6. CONSIDERACIONES De conformidad con el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, el fallo sancionatorio procede cuando obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado. Bajo esta óptica se determinarán los hechos probados y se evaluará la responsabilidad del disciplinado en relación con cada uno de los cargos imputados. 6.1. Primer cargo. 6.1.1. Hechos probados en el proceso.

Está acreditado, que William Hernán Pérez Espinel, en su condición de Gobernador del Casanare, celebró, en el mes de diciembre de 2002, los contratos que se relacionan y describen en el auto de cargos, con las siguientes cooperativas: Coopmunicipios, Conalde Ltda., Proteger AC, Comente, Cooespro y Coopnal y Cootelco, estas dos últimas en consorcio. Dichas cooperativas son de aquellas

conformadas, sin ánimo de lucro, por las entidades territoriales. En las actas de la visita especial practicada a la Gobernación de Casanare por funcionarios de la Procuraduría Regional del Casanare, Comisión de lucha contra la gran corrupción, realizada los días 17 y 18 de julio de 2003 (fls. 63 a 77, C-2), consta que se revisaron las carpetas de los contratos objeto del cargo y se relacionó, para cada contrato, los documentos hallados que soportaban la contratación en cada caso, los cuales se anexaron en fotocopia auténtica (anexos 1, 2). En ninguna de las carpetas se halló el certificado de inscripción en el registro único de proponentes.

Expediente: 021-83047-2003 7

Proyectó: Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de Primera Instancia Sin embargo, examinados los siguientes contratos que reposan en el expediente se encuentra lo siguiente: En el contrato No. 728 del 2 de diciembre de 2002 (fl. 205, anexo 2), suscrito con la Administradora Pública Cooperativa de Municipios COOPMUNICIPIOS, se dejó constancia que esa cooperativa se encuentra inscrita en el RUP bajo el No. 0022800 del 24 de enero de 2000, “según certificado de inscripción, clasificación y calificación de la Cámara de Comercio de Bogotá del 3 septiembre de 2002”. Esta información fue confirmada por dicha Cámara por medio de comunicación del 21 de julio de 2004

(fl. 229, C2).

Con respecto a los contratos números 793, 805, 950, 1046, 1047, 1048, 1049 celebrados con Administración Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades Territoriales, CONALDE LTDA., en diciembre de 2002, se dejó constancia que esa cooperativa se encuentra inscrita en el RUP bajo el No. 001383 del 25 de abril de 2001, según certificados de inscripción, clasificación y calificación de la Cámara de Comercio de Tunja del 10 septiembre de 2002 y del 17 de diciembre de 2002 (fls. 132, 117, 48, 102, 1, 19 y 34, anexo 1). De acuerdo con el certificado de la Cámara de Comercio de Tunja (fl.346, C-2), el cual se anexó al escrito de alegatos de conclusión, dicha entidad cooperativa, está inscrita con el número 001383, sin embargo, en ella consta que se inscribió el 12 de mayo de 2004. En el contrato firmado con Administración Cooperativa de proyectos Técnicos Gerenciales PROTEGER AC, número 821 del 27 diciembre de 2002 (fls. 175, anexo 1), se dejó constancia, que esa cooperativa está “inscrita en el registro de proponentes bajo No. 00024941 del 26 de octubre de 2000, según certificado de inscripción, clasificación y calificación de la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha septiembre 4 de 2002…”.,De acuerdo con el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá (fl. 230, C-2), Proteger AC está inscrita en el RUP con el número

00123103, desde el 26 de octubre de 2000. Por otra parte, la Administradora Pública Cooperativa de Municipio y Entidades Estatales, COMENTE (contratos números 1075 y 178 del 30 de diciembre de 2002), está inscrita en el RUP con el número 00106870, desde el 26 de enero de 2000, de acuerdo con certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá (fl. 230, C-2) Igualmente, la Administradora Cooperativa Especializada en Proyectos (COESPRO), que celebró el contrato número 1076 del 30 de diciembre de 2002, está inscrita en el RUP bajo el número 00140866, desde el 20 de septiembre de 2001, según certificó la Cámara de Comercio de Bogotá (fl. 231, C-2). En cuanto al Consorcio Público Cooperativo “Coopnal - Cootecol”, se acreditó que su integrante Coopnal, Cooperativa Nacional de Municipios Ltda., está inscrita en el RUP con número 00029013, desde el 19 de julio de 2002, en la Cámara de Comercio de Bogotá (fl. 362 a 373, C-2). En relación con las cuantías para contratación durante la vigencia 2002 en la Gobernación del Casanare, según certificación del señor Jorge Cortés Colmenares, Jefe de la Oficina Jurídica (fl. 14, C-2), el monto para contratación directa era hasta $309.000.000, monto a partir del cual se debía hacer licitación pública.

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Proyectó: Luis Jorge Arévalo Reyes

Fallo de Primera Instancia

Finalmente, con los documentos que obran a folios 29 a 32 del anexo 3, está acreditado que William Hernán Pérez Espinel, ejercía el cargo de Gobernador del Casanare para la época de los hechos. 6.1.2. Análisis de la responsabilidad del disciplinado En el primer cargo, se le atribuyó a William Hernán Pérez Espinel, en condición de Gobernador del Casanare, haber celebrado 18 contratos “sin exigir previamente a los contratistas la respectiva inscripción en el Registro Único de Proponentes, tal como lo dispone el artículo 22 de la Ley 80 de 1993, concordante con los artículos 1º, 3º y 4º del Decreto 856 de 1994, teniendo en cuenta que el Director Jurídico de la Cámara de Comercio de Casanare, mediante oficio R.1363 de noviembre 27 de 2003, informa a la Procuraduría, que las Cooperativas antes relacionadas, no se encuentran inscritas allí”. Sobre la inscripción en el registro único de proponentes señala el artículo 22 de la ley 80 de 1993, lo siguiente: “Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, se inscribirán en la Cámara de Comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y calificadas de conformidad con lo previsto en este artículo. (…) La certificación servirá de prueba de la existencia y representación del contratista y de las facultades de su representante legal e incluirá la información relacionada con la clasificación y calificación del inscrito.

(…) No se requerirá de este registro, ni de calificación ni clasificación, en los casos de contratación de urgencia a que se refiere el artículo 42 de esta ley; contratación de menor cuantía a que se refiere el artículo 24 de esta ley; contratación para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas; contratos de prestación de servicios y contratos de concesión de cualquier índole y cuando se trate de adquisición de bienes cuyo precio se encuentre regulado por el Gobierno Nacional. (…) 22. 3. DE LA CLASIFICACION Y CALIFICACION DE LOS INSCRITOS. La clasificación y calificación la efectuarán las mismas personas naturales o jurídicas interesadas en contratar con las entidades estatales, ciñéndose estrictamente a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional en aplicación de criterios de experiencia, capacidad financiera, técnica, organización, disponibilidad de equipos, y se presentará a la respectiva cámara de comercio simultáneamente con la solicitud de inscripción. La entidad contratante se reservará la facultad de verificar la información contenida en el certificado expedido por la cámara de comercio y en el formulario de clasificación y calificación. Quiso el legislador de 1993, que todas las personas, naturales o jurídicas, que aspiraran a celebrar con las entidades estatales contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, debían inscribirse previamente en el registro único y público de proponentes que llevarían las cámaras de comercio, con el fin de que en dicho registro constaran “todos aquellos aspectos que se consideren indispensables para el cabal conocimiento por parte de la administración pública de

su eventual contratante” y para que allí se inscribieran, entre otras circunstancias, “lo relativo a la existencia y representación del contratista, los hechos que permitan Expediente: 021-83047-2003 9

Proyectó: Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de Primera Instancia establecer un adecuado conocimiento acerca de sus condiciones de idoneidad moral, técnica y financiera, así como toda aquella información que resulte útil al proceso de selección (contratos ejecutados, cuantía, plazo, sanciones impuestas y términos de duración)”.1

Por su parte, el Decreto 856 de 1994, por el cual se reglamenta el funcionamiento del registro de proponentes en las cámaras de comercio, estableció que la inscripción debía efectuarse “ante la Cámara de Comercio que tenga jurisdicción en el domicilio principal del proponente”; que dicha inscripción resultaba obligatoria para todas las personas que aspiren celebrar los contratos señalados en e inciso 1º del art. 22 de la ley 80 de 1993 (contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles) y que “cuando los contratos puedan celebrarse con consorcios o uniones temporales, cada uno de los miembros o participes de ellos deberán estar inscritos, clasificados y calificados en el registro de proponentes” (art. 3º y 4º). En relación con el registro único de proponentes, la Corte Constitucional en sentencia C-949 de 2001, consideró: “Por regla general, a las personas naturales como jurídicas que tengan como actividad desarrollar su objeto social a través de contratos con el Estado, se exige la inscripción,

calificación y clasificación en el registro único de proponentes de naturaleza pública, a fin de que la administración pueda evaluar las propuestas presentadas en atención a la información que de manera anticipada y objetiva contiene dicho registro sobre la capacidad financiera, la capacidad jurídica, técnica, de contratación, especialidad del contratista, multas, sanciones, etc. Dada la naturaleza de los contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, la norma acusada parcialmente [artículo 22, numeral 6º de la Ley 80 de 1993] exige que para presentar las respectivas propuestas el oferente debe estar inscrito en el r