PGN - Documento 201603081404536

PROCURADURIA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PUBLICA Radicación No: 162-95532 de 2003

Investigado: JESÚS ANTONIO MOTTA MANRIQUE Cargo y entidad: Rector de la Universidad Surcolombiana Quejoso: De oficio Fecha de la queja: 01 de agosto de 2003

Fecha Hechos: 12 junio 2002

Asunto. Fallo de primera instancia Bogotá D.C. 30 de abril de 2007

I. ASUNTO Procede el Despacho a proferir fallo de primera instancia dentro del presente proceso disciplinario adelantado contra Jesús Antonio Motta Manrique, en su condición de Rector de la Universidad Surcolombiana, sin que se avizoren causales de nulidad que invaliden la actuación

II. ANTECEDENTES

1. Hechos: El Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión, el 5 de junio de 2003 aprobó la conciliación prejudicial celebrada el 22 de mayo de 2003, entre el señor JOSE IGNACIO VALENCIA GUTIERREZ y la Universidad Surcolombiana, por valor de $1.200.000, por concepto de servicio de publicidad en noticiero TV Novedades, con el objeto de difundir y promocionar los servicios educativos y eventos de la Universidad durante los meses de junio, julio y agosto de 2002 y dispuso compulsar copias a la Procuraduría Regional del Huila, por considerar que para la fecha de la factura que originó el acuerdo conciliatorio el ordenador del gasto pudo infringir el artículo 39 de la ley 80 de 1993 y lo preceptuado por los artículos 71 y 113 del Estatuto Orgánico del Presupuesto

(Decreto 111/96).

2. Investigación: Por los hechos denunciados, mediante auto del 9 de febrero de 2004 se inició investigación disciplinaria contra el doctor JESUS ANTONIO MOTTA MANRIQUE, en su condición de Rector de la Universidad Surcolombiana (fs. 88-89).

3. Pruebas relevantes para la decisión Todos los medios de prueba arrimados al proceso poseen los atributos de existencia y validez, por cuanto, fueron practicados según las formalidades legales y no se encuentran afectados de nulidad alguna, razón por la cual se procede a analizar si cada uno de los hechos, son constitutivos de la conducta presuntamente irregular atribuida al señor JUAN ANTONIO MOTTA MANRIQUE, en su calidad de Rector de la Universidad Surcolombiana y que seguidamente son objeto de evaluación para determinar si se cometió falta disciplinaria y si procede la imposición de sanción disciplinaria.

Además de las pruebas tenidas en cuenta para la formulación de cargos, éste despacho considera de relevancia las siguientes: 1  Orden de publicidad N.0270 del 12 de junio de 2002, mediante la cual el representante legal de la Universidad Surcolombiana doctor JESÚS ANTONIO MOTTA M. Acuerda con T.V. Noticias, el servicio de comercialización / difusión, promoción servicios educativos y eventos de la Universidad del 12-06-2002 al 1508-2002 por un valor total de $1.200.000 (f.16)  Cuenta de cobro por $1.200.000 del 5 de agosto de 2002 efectuada por el Gerente de TV Noticias JOSE IGNACIO VALENCIA GUTIERREZ a la

Universidad Surcolombiana (f.17).  Certificación de Jesús A. Motta Manrique del 10 de septiembre de 2002 (f.26).  Certificación del Jefe de la División de Personal de la Universidad Surcolombiana en cuanto a que el señor JESÚS ANTONIO MOTTA MANRIQUE, se desempeñó en el cargo de Rector de la Universidad, por el tiempo comprendido entre el 18 de mayo de 2001 y el 26 de julio de 2002 (f.40 cd.2).  Acuerdo N.017 de 19 de septiembre de 2000, por el cual se expide el estatuto General de Contratación de la Universidad Surcolombiana, (fs.46 a 68) en que consagra: Artículo Cuarto: Toda contratación que celebre la Universidad deberá constar por escrito, bien sea a través de órdenes contractuales, de contratos o de convenios, la que no requiere más requisitos de forma que aquellos propios de su naturaleza, y debe contener, al menos: Nombre e identificación del rector o de su delegado, nombre e identificación del contratista, objeto general y específico, valor, forma de pago, plazo, término de ejecución y condición, descripción de las actividades específicas según la naturaleza de la orden contractual, contrato o convenio, la disponibilidad y sujeción presupuestal. Artículo 7: Modalidades de contratación. “(…) La Universidad podrá contratar previa certificación de disponibilidad presupuestal... prestación de servicios, bajo las siguientes modalidades: ...1 Ordenes contractuales hasta por una cuantía equivalente a cuarenta salarios mínimos mensuales vigentes (...)”. Artículo 8: Competencia. Para suscribir órdenes contractuales, contratos y convenios,

el Rector y las autoridades del nivel directivo en quién él delegue. Artículo 9. De los contratos de la Universidad. Se enuncian el contrato de prestación de servicios, definido como “(...) los que celebre la universidad para desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la Entidad, estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados (...)”. Artículo 14. Perfeccionamiento y ejecución. Las órdenes contractuales se perfeccionan con las firmas de las partes. Para su ejecución requieren: certificado de disponibilidad presupuestal, pago del impuesto de timbre cuando haya lugar y aprobación de las garantías exigidas.  Testimonio solicitado por la defensa de Jaime Ramírez Plazas, profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Surcolombiana, 2 economista de la Universidad de los Andes y como tal dice haber conocido los fundamentos teóricos de la hacienda pública y su proyecto de grado en la especialización en Instituciones jurídico – políticas y derecho público de la Universidad Nacional de Colombia versó sobre temas presupuestales e igual acontece en la maestrías en derecho económico y sociología jurídica en el Externado de Colombia y por mas de 13 años dictó la materia de Hacienda pública y se materializó el conocimiento sobre la materia en el libro finanzas públicas en Colombia y quien define en qué consiste la disponibilidad presupuestal y cuál es el papel en materia contractual de un ente universitario público como: “(…) La ley orgánica de presupuesto en su etapa de ejecución sostiene que el

certificado de disponibilidad presupuestal es la garantía de la existencia de saldo disponible presupuestalmente, que le permite al ordenador comprometer recursos de la entidad a través del procedimiento establecido para su respectiva contratación. El certificado de disponibilidad presupuestal es, en consecuencia, el elemento fundamental sobre el cual se inicia el proceso contractual de una institución. En el caso de las Universidades públicas, de conformidad con la Constitución y la ley, gozan de autonomía que le permiten establecer por parte de sus directivas su propio estatuto presupuestal y contractual… y sobre esa base la Universidad Surcolombiana goza de su propio estatuto presupuestal y contractual (…)” (fs.523 a 525).  Copias de la resolución No.3183 de 1996, hojas 5, 6, 35, 53, 65, que contienen las funciones de la Vicerrectoría Administrativa; Secretaría general; de presupuesto; Tesorería; Secretario Ejecutivo de Rectoría, respectivamente (fs.535 a547).

4. Cargo El 27 de julio de 2005, ésta Delegada profirió pliego de cargos en contra de Jesús Antonio Motta Manrique, (fs.406 a 413) en los siguientes términos: “(…) El señor JESÚS ANTONIO MOTTA MANRIQUE, en su condición de Rector de la Universidad Surcolombiana, firmó orden de prestación de servicios de publicidad N.0270 con el vendedor Miguel Barbosa de T.V.

Noticias, por valor de $1.200.000 con el objeto de difundir y promocionar servicios educativos y eventos de la Universidad durante dos meses contados del 12 de junio al 15 de agosto de 2002, sin que previamente hubiera

obtenido certificado de disponibilidad presupuestal, con probable desconocimiento del régimen contractual del ente universitario, ignorando lo prescrito en el artículo 71 del Estatuto orgánico del Presupuesto e inobservando disposiciones constitucionales y legales referentes al asunto, inobservó los deber consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 34 ibídem y enmarco su comportamiento a la descripción típica del numeral 31del artículo 48 de la ley 734 de 2002 (…)”. En este sentido, se imputó al señor Jesús Antonio Motta Manrique el desconocimiento intencional: De la Constitución Política, artículos 6, 121, 345 y 346. 3 Decreto 111 de l996, artículo 71. Acuerdo 075 de 1994, Estatutos de la Universidad Surcolombiana, artículos 31,69, 71. Acuerdo N.017 de 19 de septiembre de 2000, Estatuto General de Contratación de la Universidad Surcolombiana, artículos 2, 4, 7, 8, 10 No. 1, 14 Ley 734 de 2002, artículos 23, 34, Nos.1 y 2; numeral 31 del artículo 48.

5. Descargos Después de notificado el pliego de cargos, el doctor José William Sánchez Plazas, apoderado del investigado, presentó sus observaciones frente al cargo imputado (fs. 454 a 464) argumenta: Siendo la Universidad Surcolombiana Pública, goza de autonomía universitaria y se gobiernan por un régimen especial, artículo 69 Constitución Política, transcribe los artículos 93 y 94 de la ley 30 de 1992, para señalar que este panorama normativo

obliga a diferenciar dos situaciones jurídicas, sobre este particular se refiere el artículo 14 del acuerdo 017 de 2000 de la Universidad Surcolombiana, cuando señala que “para su ejecución (las órdenes contractuales) requieren: certificado de disponibilidad presupuestal, pago del impuesto del timbre cuando haya lugar y aprobación de las garantías exigidas, por lo que considera que en el auto de cargos desatiende esta precisión jurídica y procedimental de la contratación en la USCO, lo que per se desvirtúa el cago único formulado. Lo tratado en el numeral anterior porque tiene incidencia. Veámos: Es un hecho cierto que la ordenación del gasto está regida por el principio de legalidad del gasto público, esto es que cualquier compromiso económico que adquiera la entidad pública debe contar con la correspondiente disponibilidad presupuestal; pero esto no significa que en materia contractual el perfeccionamiento del contrato requiera un supuesto “certificado” de disponibilidad presupuestal, pues, resalta, lo que se requiere es “disponibilidad presupuestal”. Este aparente juego de palabras, mal utilizadas, es el que edifica el auto de cargos. La disponibilidad presupuestal, constituye el principio de la legalidad del gasto público y sobre el particular cita jurisprudencia de la Corte Constitucional y concepto del Procurador General de la Nación. Manifiesta además, que con base en las pruebas que fundamentan el cargo, para el momento en que su defendido firmó la orden de prestación de servicios de publicidad 0270 de junio de 2002, contaba no solo con la correspondiente disponibilidad presupuestal, sino que pudo evidenciarlo o constatarlo documentalmente en el libro oficial de presupuesto y en los informes de los saldos de apropiación, que se le

enviaban todos los lunes de cada semana. Evidencias documentales o certificaciones puestas de presente, fueron objeto de comentario por su defendido en su versión libre: “… de hecho existía disponibilidad presupuestal para ese gasto y en la fecha en que se autorizó realizarlo. El procedimiento que siempre se ha realizado en la universidad Surcolombiana estaba basado en la revisión de los saldos presupuestales que la 4 oficina de presupuesto enviaba a la rectoría todos los lunes de la semana con el fin de verificar si existía saldo para autorizar el gasto…”. Reafirma que para el perfeccionamiento de la orden de prestación de servicios de publicidad no se requería ningún certificado, como requisito legal; en segundo lugar, para dicha época y antes de la ordenación del gasto existía la correspondiente disponibilidad presupuestal. Dice, en el auto de cargo se imputa a Jesús Antonio Motta M. que no contó previamente con certificado de disponibilidad presupuestal y de acuerdo con la definición del diccionario enciclopédico de derecho usual de Guillermo Cabanellas, certificar es asegurar, afirmar algo: Dar por verdadera una cosa: Mientras que certificación significa: testimonio o documento justificativo de la verdad de algún escrito, acto o hecho. Acto por medio del cual una persona da fe de algo que le consta. Aspectos que fueron corroborados por su defendido en forma explícita, por lo que debe indicar, el tal “(…) “CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL” es un requisito para la ejecución del contrato que no le correspondía expedirlo al Rector y que debía ser atendido para el momento del pago (…)”. Y, en el hipotético evento de la carencia de certificado de disponibilidad presupuestal,

esto no es responsabilidad del Rector de la época en la que se adquiría el compromiso, es una responsabilidad de la dependencia de presupuesto y División financiera. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN Procede la Delegada a proferir fallo de primera instancia para lo cual se analizarán los medios probatorios allegados dentro de la presente actuación disciplinaria, así como los argumentos defensivos presentados con el fin de establecer el sentido del fallo disciplinario de instancia. Para lo anterior, las motivaciones de la decisión se expondrá en el siguiente orden: Presupuestos probatorios para sancionar según el artículo 142 de la ley 734 de 2002. El artículo 142 de la ley 734 de 2002, establece como presupuestos probatorios para proferir fallo sancionatorio la existencia de prueba que conduzca a la certeza de la materialidad de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. En efecto, de una lectura sistemática del Código disciplinario único se desprende que para la demostración de estos dos aspectos puede acudirse dentro del proceso a cualquiera de los medios de prueba existentes, siempre que las pruebas se encuentren legalmente producidas, allegadas o aportadas al proceso. De este modo, la legislación disciplinaria ha adoptado como método para la valoración de la prueba el denominado sistema de persuasión racional, según el cual ningún medio de prueba tiene previamente señalada la valoración que debe darle el funcionario que conoce del asuntotarifa legal-, por el contrario, corresponde a aquél examinar la prueba conforme a las reglas de la lógica, el correcto entendimiento humano, los principios generales del derecho, con el propósito de obtener 5 certidumbre sobre la cuestión fáctica que será el objeto de análisis desde el punto de

vista de las diferentes normas disciplinaria. El sistema de valoración de la prueba descrito está llamado a coadyuvar en la conquista de los fines del proceso disciplinario, especialmente, el de la aproximación razonable a la verdad material Análisis probatorio y jurídico del caso en concreto Según se describió en el acápite de hechos, las circunstancias fácticas que dieron lugar a la existencia de la presente investigación disciplinaria, más aún a proferir el pliego de cargos, consisten en discernir si el señor Jesús Antonio Motta Manrique, en su calidad de Rector de la Universidad Surcolombiana de Neiva, suscribió la orden de prestación de servicios de publicidad No.0270 el 12 de junio de 2002, sin que previamente hubiera obtenido certificado de disponibilidad presupuestal, como requisito previo exigido en los Estatutos Generales de la universidad (acuerdo No.075 de 1994), de contratación del ente universitario (acuerdo No.17 de 2000) y el artículo 71 del Estatuto orgánico del presupuesto. Bajo estas condiciones se analizará la prueba legal y oportunamente allegada al proceso, la cual deja entrever: Para el momento en que se suscribió la orden 270/2002 existía el saldo de disponibilidad presupuestal, pues los medios de convicción, enseñan que para el día de la suscripción de la orden de prestación de servicio de publicidad, para el mes de junio se contaba con una apropiación presupuestal de $35.566.263 (f.8) En su calidad de Rector y representante de la Universidad Surcolombiana de Neiva, JESUS ANTONIO MOTTA MANRRIQUE, participó en el proceso contractual y

contrató de manera directa el objeto de la orden de Publicidad No.0270 de 2002 y admite haber firmado la orden porque había disponibilidad presupuestal, como ordenador del gasto revisó el saldo presupuestal que la oficina de presupuesto envió a la Rectoría y, alega: “(…) En la situación concreta de la orden de trabajo para el periodista Valencia se observa que fue detenida en rectoría y no se surtió el trámite de la disponibilidad presupuestal como debía realizarse…y según deduzco se intentó anular o se anuló la orden que se había dado para el señor periodista VALENCIA, por parte del rector encargado entrante (…)”. (resaltado nuestro). La orden de Publicidad No.0270 de 12 de junio de 2002, comenzó a ejecutarse con la divulgación de dos comerciales sobre información de las diferentes carreras y cubrimiento de las diversas actividades que viene realizando la Universidad Surcolombiana en el programa TV Novedades Regional, en los municipios de San Agustín, Campoalegre; La Plata, Isnos, Garzón, Timaná, Bruselas, Pitalito, Rivera y Neiva (fs.17, 24) El investigado certificó el 10 de septiembre de 2002, que la Programadora TV Noticias a través del noticiero TV novedades transmitió los fines de semana a las 8 p.m. un espacio de 30 segundos promoviendo servicios educativos y eventos de la Universidad, durante dos meses consecutivos del 12 de junio hasta agosto de 2002 (f.26). 6 El señor Jesús Antonio Motta Manrique prestó sus servicios a la Universidad Surcolombiana, en calidad de Rector por el tiempo comprendido entre el 18 de mayo

de 2001 y el 26 de julio de 2002, es decir, que el contrato que ocupa la atención del Despacho para el momento de la dejación del cargo del Rector investigado, se ejecutó prácticamente en su totalidad (solo faltaba por emitir 90 segundos de transmisión). En otras palabras, en vigencia de la administración del investigado, no se surtió el trámite de la disponibilidad presupuestal como debía realizarse, así lo aseveró el señor Motta Manrique en su versión y como consecuencia se llevó a cabo la conciliación prejudicial celebrada el 22 de mayo de 2003 en la Procuraduría 34 Judicial Administrativa y aprobada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila (fs.3,12 a 31). Así las cosas, es durante el ejercicio de las funciones del rector Jesús Antonio Motta Manrique que se contrató y ejecutó prácticamente el objeto contratado, correspondiéndole por lo tanto promover no solo la verificación el saldo de la disponibilidad presupuestal, sino la obtención del certificado de disponibilidad presupuestal y los argumentos exculpatorios, en cuanto a que la orden se intentó anular, se anuló por el rector entrante, no tienen fundamento, pues como lo afirma el Investigado en su versión libre “(…) lo que debió haberse hecho es lo que siempre se ha realizado: verificado el saldo de disponibilidad por parte de rectoría se procedía a expedirlo formalmente por la División de presupuesto de la Universidad (…)” . (resaltado nuestro) y no lo hizo, no dispuso que se hiciera, asumió un compromiso sin contar con las autorizaciones pertinentes, numeral 2 del acuerdo 017 de 2000.

De lo anterior, se infiere que el señor Jesús Antonio Motta Manrique, en su calidad de Rector de la Universidad Surcolombiana de Neiva, suscribió la orden de prestación de servicios de publicidad No.0270 el 12 de junio de 2002, con la cual ordenó difundir y promocionar servicios educativos y eventos de la Universidad durante dos meses, contados del 12 de junio al 15 de agosto de 2002, sin que previamente hubiera obtenido certificado de disponibilidad presupuestal. Debe tenerse en cuenta que tal conducta pone en peligro la debida ejecución presupuestal, pues el certificado de disponibilidad previo tiene como finalidad garantizar que la administración cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus compromisos y evitar incurrir en obligaciones que no pueda cumplir. La finalidad es salvaguardar los principios de especialización y legalidad del gasto y evitar exceder el monto respecto de las apropiaciones presupuestales, luego inobservó los principios básicos y de procedimiento, es decir, las normas enunciadas en el cargo han sido precisas y desconocidas en su actuación. El certificado de disponibilidad presupuestal es un documento expedido por el Jefe de la División Financiera o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza la existencia de apropiación disponible y libre de afectación para la asunción de un gasto, requisito que debía solicitarse previamente a la celebración de un compromiso. Ahora bien el manejo de los recursos públicos es formal, exigente y legal y no se les puede dar el tratamiento de patrimonio privado informal, pues precisamente se trata de bienes comunes y así se consigna en el artículo 69 del Estatuto general de la

7 Universidad Surcolombiana, al recibir transferencias de la Nación, sus recursos son públicos y el establecimiento educativo en momento alguno es ajeno al acatamiento de las normas presupuestales, para ejecutar su propio presupuesto se somete a los términos que defina la ley orgánica de presupuesto y a la correspondiente ley anual de apropiaciones. El artículo 71 del mismo estatuto prevé que para la validez, los contratos que celebre la Universidad, además del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, estarán sujetos a los requisitos de apropiación y registro presupuestal, a la sujeción de los pagos según la suficiencia de las respectivas apropiaciones. Tales normas están armonizadas con lo preceptuado en el acuerdo 017 del 19 de septiembre de 2000, Estatuto General de Contratación de la Universidad. De acuerdo con lo anterior, es incontrovertible la comisión de la irregularidad endilgada al investigado, por trasgresión de las normas citadas en el pliego de cargos, lo cual trajo como consecuencia, que se llegara al pago mediante una conciliación por no haber hecho el trámite requerido en la ley orgánica de presupuesto y los estatutos del Ente Universitario, para difundir y promocionar servicios educativos y eventos de la Universidad, actuación reprochable disciplinariamente, pues tenía el deber funcional de vigilar y controlar que se cumplieran todos los trámites necesarios en el proceso contractual, dentro de los cuales se encontraba la disponibilidad presupuestal, asegurada mediante el certificado expedido por la División Financiera del Ente Universitario. El ejercicio de la ordenación del gasto le hacia exigible el cumplimiento y

observancia no solo de las normas de carácter contractual contenidas en los Acuerdos No.17 y 075 de 2000, sino que esencialmente y en forma concomitante, también le eran exigibles en forma inexorable e ineludible el cumplimiento de todas las normas de carácter presupuestal, especialmente las contenidas en el estatuto orgánico de presupuesto decreto 111 de 1996, concretamente lo previsto en el artículo 71 de la precitada norma. Al disciplinado Jesús Antonio Motta Manrique, se le citó como normas sustantivas infringidas, entre otras, el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, en cuanto a que todos los actos administrativos que afectan las apropiaciones presupuestales deberán contar con el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Disposición que hace posible el juicio de tipicidad respectivo. El incumplimiento de un deber funcional es el que orienta la determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria, obviamente, no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir, el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, y es donde se encuentra el origen de la antijuricidad de la conducta. Al margen de lo anterior, es prudente precisar que la estrategia defensiva del apoderado del disciplinado en el escrito de descargos y la exposición hecha por el testigo, basada en el interrogatorio de la defensa técnica, se enruta hacia la

pretendida demostración de la no aplicación de la ley orgánica de presupuesto y/o normatividad presupuestal, por tratarse de un ente universitario autónomo, sometido 8 a régimen jurídico contractual y presupuestal especial y por tanto el ente investigador desatendió lo prescrito en el artículo 14 del acuerdo 017 de 2000, en cuanto a que el certificado de disponibilidad presupuestal solo se requería para la ejecución del contrato, es aserción que el despacho no comparte. Aceptar tal discernimiento, sería tanto como desconocer el proceso contractual reglado en el acuerdo 017 de 19 de septiembre de 2000 o Estatuto General de Contratación de la Universidad Surcolombiana, el que examinado globalmente, evidencia el proceso contractual, al cual debía ceñirse el Rector y demás servidores públicos que participan en el proceso contractual en representación de la Universidad, quienes por sus acciones u omisiones antijurídicas, responden disciplinaria. Es así como antes de iniciarse el proceso de contratación, debe analizarse en forma integral los proyectos estudios y diseños que definan y caracterizan su objeto y obtenerse las autorizaciones pertinentes, acorde con las políticas determinadas por los órganos de gobierno, el plan de desarrollo de la Universidad, los planes de acción y el plan de compras elaborado por la Institución, artículo 2. Toda contratación que celebre la universidad como entidad contratante, debe constar por escrito, bien sea a través de órdenes contractuales y debe contener al menos la disponibilidad y sujeción presupuestal, artículo 4. La universidad podrá contratar previa certificación de disponibilidad presupuestal, prestación de servicios, artículo 7.

Tiene competencia para suscribir órdenes contractuales, el Rector, artículo 8. Las órdenes contractuales deben cumplir, cuadro comparativo de las cotizaciones, la solicitud de la dependencia (en este caso de la Rectoría), que requiere el bien o servicio a contratar debidamente justificado, o el perfil de la persona a contratar en caso de prestación de servicios y la certificación de la División Financiera sobre la disponibilidad presupuestal, artículo 10. Efectuado el proceso anterior por la Universidad, la orden contractual se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución requieren el registro presupuestal, pago del impuesto de timbre cuando haya lugar y aprobación de las garantías exigidas. El marco normativo de los principios presupuestales están consagrados a nivel constitucional y son aplicables por disposición del artículo 353 ibídem, entre otros relativo a la “legalidad del gasto”. Una de las manifestaciones del principio enunciado se encuentra contenida en los requisitos de ejecución del presupuesto atinentes al certificado previo de disponibilidad y el registro presupuestal, artículo 71 del Decreto 111 de 1996. Cualquier compromiso que se adquiera con violación de esos mandatos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma dichas obligaciones, de acuerdo con lo dispuesto en su inciso final, dicha norma está reiterada en el Acuerdo 075 de 1994 y artículos 66 y 69, Estatuto general de la Universidad Surcolombiana. 9 En relación con el argumento defensivo cabe citar la sentencia C-220/del 29 de abril de 1997 de la Corte Constitucional, Expediente D-1470 del 29 de abril de 1997.

“(…) El principio de autonomía universitaria no excluye a las universidades del Estado de las disposiciones constitucionales sobre presupuesto, contenidas en el capítulo 3 del título XII de la Carta Política. El presupuesto público, es, según la doctrina, "...un estimativo de los ingresos fiscales y una autorización de los gastos públicos, que normalmente cada año efectúa el órgano de representación en ejercicio del control político que en materia fiscal le corresponde". La elaboración del mismo está supeditada al cumplimiento de una serie de principios, cuya aplicación garantiza una adecuada política presupuestal, entre ellos cabe destacar el denominado principio de unidad presupuestal, según el cual "...los ingresos y gastos de todos los servicios dependientes de una misma colectividad pública, principalmente del Estado, deben estar agrupados en un mismo documento y presentados simultáneamente para el voto de autoridad presupuestal Marcel Waline, Tratado elemental de ciencia y legislación financiera, París, 1952, citado en Hacienda Pública, de Juan Camilo Restrepo… El principio de universalidad, que consiste en que todas las rentas y todos los gastos sin excepción, figuren en el presupuesto; el principio de unidad de caja, que señala que la totalidad de los ingresos públicos deben ingresar sin previa destinación a un fondo común, desde donde se asignan a la financiación del gasto público. Los mencionados principios subyacen en las disposiciones del capítulo 3 del título XII de la C.P., que trata del presupuesto, las cuales establecen, por ejemplo, que no podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el congreso, las asambleas departamentales, o los concejos municipales (art. 345); que no podrá

incluirse en la ley de apropiaciones partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a la ley anterior (art. 346); que dicho proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva, incluidos los que realicen los órganos autónomos a los que se refiere el artículo 113 de la C.P. (art. 347); y que la ley orgánica de presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo (no así de los órganos autónomos para los cuales el Congreso expide normas especiales), y su coordinación con el Plan de Nacional de Des