PGN - Documento 201603081405043

Delegada para la Moralidad Pública Radicación # 162-91297-2003 Disciplinada Jesús Antonio Motta Manrique y otro Cargo y entidad Rector Universidad Surcolombiana Queja De oficio Procuraduría Regional del Huila Fecha Hechos 22 de junio del 2002 Asunto Fallo de Primera Instancia Bogotá, D.C. 31 de agosto de 2006

I. ASUNTO Procede la Delegada de conformidad con el artículo 170 de la ley 734 del 2002, a proferir fallo de primera instancia en la investigación disciplinaria que se adelanta en contra de los servidores públicos de la Universidad Surcolombiana, señores JESÚS ANTONIO MOTTA MANRIQUE, en su condición de Rector, y VICTOR MANUEL OCAMPO RONCANCIO, Jefe de la Oficina Jurídica, para la época de los hechos, por posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

II. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL El 4 de noviembre del 2003, esta Delegada ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de los servidores públicos de la Universidad Surcolombiana, señores JESÚS ANTONIO MOTTA MANRIQUE, en su condición de Rector, y VICTOR MANUEL OCAMPO RONCANCIO, Jefe de la Oficina Jurídica, para la época de los hechos, por presuntas irregularidades en la celebración del contrato individual de trabajo del 22 de junio del 2002, con el señor Mario Perdomo Cifuentes.

(fls. 152-157, cuaderno original 1). El 6 de septiembre del 2004, se les formularon cargos y presentaron descargos el 7 y

8 de octubre del 2004, respectivamente, solicitando la práctica de pruebas, las cuales fueron decretadas mediante auto del 22 de noviembre del 2004. (fls. 205-215, 229237, 239-246, 251-252, cuaderno original 2) El 18 de julio del 2005, se dio traslado por el término de cinco (5) días para alegatos de conclusión, los cuales fueron presentados el 4 de agosto del 2005, por el apoderado de JESÚS ANTONIO MOTTA MANRIQUE. (fls. 327 y 342-345, cuaderno original 2)

III. SÍNTESIS DE LOS HECHOS INVESTIGADOS JESÚS ANTONIO MOTTA MANRIQUE, en su condición de rector, y representante legal de la Universidad Surcolombiana, el 22 de junio del 2002, celebró el contrato individual a término fijo con el señor Mario Perdomo Cifuentes, el cual contó con el visto bueno del señor VICTOR MANUEL OCAMPO RONCANCIO, Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad. (fls. 79-81, cuaderno original 1) El objeto del contrato consistió en que el contratista ponía al servicio de la universidad toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el 1 desempeño de las funciones propias del cargo de asistente de rectoría y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le impartieran la universidad o sus representantes. Así mismo, a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a

trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia del contrato. El término del contrato se pactó en cinco meses, comprendido entre el 22 de junio y el 20 de diciembre del 2002, y como remuneración la suma de $11.497.767.oo, pagaderos en mensualidades vencidas de $1.400.670.oo, como sueldo básico mensual.

IV. IDENTIDAD DE LOS INVESTIGADOS JESÚS ANTONIO MOTTA MANRIQUE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.287.247, nombrado rector de la Universidad Surcolombiana, mediante decreto No. 12 del 18 de mayo del 2001, cargo del cual tomó posesión el mismo día y permaneció hasta el 26 de julio del 2002. (fl. 194-203, cuaderno 1) VICTOR MANUEL OCAMPO RONCANCIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.098.377, nombrado Jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad Surcolombiana, mediante resolución No. 18 del 18 de enero de 1999, cargo del cual tomó posesión el mismo día y permaneció hasta el 18 de diciembre del 2003. (fl. 186193, cuaderno 1)

V. PRUEBAS APORTADAS A LA INVESTIGACIÓN Documentales.  Contrato individual de trabajo del 22 de junio del 2002, celebrado entre la Universidad Surcolombiana y Mario Perdomo Cifuentes, (fls. 79-81, cuaderno 1)  Acta de visita practicada el 10 de febrero del 2004, por la Procuraduría Regional del Huila, a la Universidad Surcolombiana. (fls. 4-6, anexo 2)

 Acuerdo No. 021 del 15 de mayo de 1996, “Por el cual se fija la planta de personal administrativo y se determina el número de trabajadores oficiales de la Universidad Surcolombiana.” (fls. 112-113, anexo 3)  Acuerdo No. 17 del 29 de septiembre del 2000, “Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Universidad Surcolombiana”. (fls. 9-19, anexo 2)  Manual específico de funciones de la Universidad Surcolombiana, adoptado mediante resolución No. 3183 de 1996. (fls. 18 y 40, anexo 3) Versión libre Del 19 de abril del 2004, del señor JESÚS ANTONIO MOTTA MANRIQUE. (fls. 4244, anexo 2) Testimoniales.  Juan Felipe Molano, C.C. No. 7.695.509. (fls. 305-307, cuaderno 2)  Rosalba Bermeo Torres, C.C. No. 26.597.233. (fls. 310-312, cuaderno 2)  María Nelfy León Medina, C.C. No. 36.151.530. (fls. 313-315, cuaderno 2)  Franco Arturo Ibarra Narváez, C.C. No. 14.440.751. (fls. 316-317, cuaderno 2) 2

VI. SINOPSIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS A JESÚS ANTONIO MOTTA MANRIQUE, se le formuló el siguiente cargo único: “En su condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Surcolombiana,

haber vinculado a la Entidad al Señor Mario Perdomo Cifuentes, el 22 de junio del 2002, bajo la modalidad de Contrato Individual de Trabajo, cuyo objeto consistió en desarrollar actividades en la Rectoría, siendo éste de prestación de servicios de conformidad con el numeral 3º del artículo 9º del Acuerdo No. 17 del 29 de septiembre del 2000, del Consejo Superior de la Universidad, violando presuntamente los principios de planeación, economía, responsabilidad, publicidad, transparencia y selección objetiva, allí previstos y en las demás normas concordantes.” Tales faltas se calificaron provisionalmente como de naturaleza gravísima de conformidad con lo dispuesto en el numeral 31 del art. 48 de la ley 734 del 2002; cometidas a título de dolo. Como normas infringidas se le citaron los artículos 123 y 209 de la Constitución Política; artículo 34 de la ley 734 del 2002 numerales 2, 10 y 21; y los artículos 2, 3, 7, 9 y 10 del Acuerdo No. 17 del 29 de septiembre del 2000, del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, Estatuto General de Contratación de la Entidad. A VICTOR MANUEL OCAMPO RONCANCIO, se le formuló el siguiente cargo único: “En su condición de Jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad Surcolombiana, haber omitido el control legal en la Entidad tomado las medidas necesarias como le era exigible de conformidad con el parágrafo del artículo 3º del Acuerdo No. 17 del 29 de septiembre del 2000, del Consejo Superior de la Universidad y en el Manual de

Funciones de la Entidad, en la celebración del Contrato Individual de Trabajo el 22 de junio del 2002, siendo éste de prestación de servicios de conformidad con las normas de la Entidad, violando posiblemente los principios de economía, responsabilidad, publicidad, transparencia y el deber de selección objetiva, allí previsto y en normas concordantes.” Las posibles faltas se calificaron provisionalmente como de naturaleza gravísima, de conformidad con el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 del 2002; cometidas a título de dolo. Como normas infringidas se le señalaron los artículos 123 y 209 de la Constitución Política; artículo 34 de la ley 734 del 2002 numerales 2, 10 y 21; y los artículos 2, 3, 7, 9 y 10 del Acuerdo No. 17 del 29 de septiembre del 2000, del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, Estatuto General de Contratación de la entidad.

VII. ALEGACIONES DE DESCARGOS JESÚS ANTONIO MOTTA MANRIQUE, a través de su apoderado, sostiene que no ha incurrido en falta disciplinaria, o en su defecto, estaría incurso en alguna de las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria de conformidad con el artículo 28 del Código Disciplinario.

Señala que de conformidad con el artículo 69 de la Carta Política la Universidad Surcolombiana goza de autonomía universitaria, por lo tanto, se rige por el régimen 3 especial previsto en el artículo 93 de la ley 30 de 1992, según el cual los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u

oficiales, se regirán por el derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos. Alega que es importante tener en cuenta la naturaleza del contrato, independientemente de la denominación que se le dé, pues considera que presuntamente se le está enjuiciando no por la naturaleza del contrato, sino por su forma, desconociéndose además todos los antecedentes y circunstancias que rodearon la conducta por él ejecutada. Sostiene que lo que sí es sustancial, es determinar las circunstancias por las cuales el sujeto disciplinable incurrió en una determinada conducta, pues de ahí se deriva si efectivamente actúo con culpabilidad o no que es un principio rector del poder disciplinario y de todos los poderes punitivos del Estado en Colombia. Sostiene que tal como lo manifestó en su versión libre, no es abogado, por lo que en sus funciones como rector de la Universidad se apoyaba de manera decidida y confiada en el doctor Victor Manuel Ocampo Roncancio, Jefe de la Oficina Jurídica, quien consideró y justificó que con la Sentencia C-154 de 1997, en la que la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del numeral 3° del artículo 32 de la ley 80 de 1993, era prioritario analizar si en la vinculación de personal a través de contrato de prestación de servicios se constituía o no una relación de trabajo, pues de ocurrir así, no importaba la forma de la vinculación sino que sustancialmente se dieran los tres elementos de una relación de trabajo. Afirma que el móvil determinante para que firmara el contrato cuestionado es, sin

lugar a dudas, la intervención asesora del doctor Ocampo Roncancio. Jamás se imaginó quebrantar el ordenamiento jurídico, todo lo contrario cada acto que ejecutaba siempre debía estar asesorado, proyectado y con el visto bueno del jefe de la oficina jurídica. “Esto, per se demuestra la inexistencia absoluta del dolo que se le imputa.” Concluye diciendo que sin lugar a dudas se tipifican varias de las causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria a las que se refiere el artículo 28 del Código Disciplinario, por haber realizado la conducta en estricto cumplimiento de un deber constitucional, y que ejecutó la conducta de firmar el contrato individual de trabajo cuestionado con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria. Por su parte, el señor VICTOR MANUEL OCAMPO RONCANCIO, se ocupa de la Sentencia C-154 de 1997, de la Corte Constitucional, para llamar la atención acerca de la primacía de la realidad en el contrato de prestación de servicios. Sostiene entonces, que se celebró con el señor Mario Perdomo Cifuentes un contrato individual de trabajo y no uno de prestación de servicios, dadas las características de la labor que debía desempeñar el citado contratista como asistente de rectoría, para lo cual se requería necesariamente cumplir con un horario de trabajo, bajo la continua dependencia y subordinación de la Universidad. Agrega que la oficina jurídica se acogió a las directrices contempladas en el capítulo VI de la ley 30 de 1992, mediante las cuales el legislador al desarrollar el principio

constitucional de la “Autonomía Universitaria” consagrado en el artículo 69 de la 4 Carta Política, estableció un régimen especial de contratación para las universidades públicas u oficiales. Con ello, al celebrar el contrato individual de trabajo en su concepto se estaba dando cabal cumplimiento a lo ordenado en una norma de rango superior y general, ley 30 de 1992, sin que ello significara infringir o ir en contravía de lo dispuesto en el Acuerdo No. 17 del 29 de septiembre del 2000, de la institución. Concluye afirmando que dado el soporte constitucional y legal en el cual se apoyó la oficina jurídica para aprobar la celebración del mencionado acuerdo de voluntades y que por ende, permitió que la rectoría suscribiera el contrato individual de trabajo con el señor Perdomo Cifuentes, le permite inferir que su actuación se realizó dentro de los estrictos y precisos límites en que debe actuar un servidor público. Comportamiento que lo excluye de la responsabilidad disciplinaria que se le endilga, lo cual debe conducir necesariamente al archivo definitivo de las diligencias, tal como lo indica el artículo 73 de la ley 734 del 2002.

VIII. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN JESÚS ANTONIO MOTTA MANRIQUE, en sus alegatos presentados a través de su apoderado, en esencia presenta los mismos argumentos de sus descargos,

precisando lo siguiente:

1. El régimen contractual aplicable a la Universidad Surcolombiana ameritaba conocimientos jurídicos especializados que no poseía.

2. El asesor jurídico de confianza del rector era el jefe de la oficina jurídica, quien

era la persona idónea para que resolviera tan compleja situación jurídica.

3. No puede estructurarse dolo en la actitud asumida por él.

4. Jamás se imaginó quebrantar el ordenamiento jurídico, todo lo contrario, cada acto que ejecutaba siempre estaba asesorado, proyectado y visado por el jefe de la oficina jurídica doctor VICTOR MANUEL OCAMPO RONCANCIO. “Esto per se demuestra la inexistencia absoluta del dolo que se le imputa.”

5. Realizó la conducta en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal.

6. Ejecutó la conducta con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria

IX. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN Precisión metodológica.

La Delegada procede al análisis de las pruebas allegadas al proceso y proferir fallo de primera instancia. Para tal fin, en primer término se ocupará de la competencia para conocer del presente asunto, y enseguida se analizarán los fundamentos jurídico y fáctico. Posteriormente, se analizará la conducta de cada uno de los investigados con el fin de establecer sus responsabilidades disciplinarias. Competencia. La Delegada es competente para proferir fallo de primera instancia en el proceso que se adelanta en contra de los servidores públicos de la Universidad Surcolombiana, señores JESÚS ANTONIO MOTTA MANRIQUE, en su condición de Rector, y VICTOR MANUEL OCAMPO RONCANCIO, Jefe de la Oficina Jurídica, para la época de los hechos, de conformidad con el artículo 25 del decreto 262 del 2000. 5 Fundamento legal.

De conformidad con la ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, las universidades estatales u oficiales son entes autónomos, con régimen especial, dotados de personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera y patrimonio independiente, lo que les permite elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que les compete. En cuanto al derecho de que gozan las instituciones de educación superior para darse sus propios estatutos, prevé la ley: “ARTÍCULO 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.” (subrayado fuera de texto) En cuanto al régimen de contratación y control fiscal, establece: “ARTÍCULO 93. Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos.” Así, al declarar la exequibilidad de los artículos 93 y 94 del estatuto de educación

superior, la Corte Constitucional en sentencia C-547 del 1° de diciembre de 1994, con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, precisó lo siguiente: “La autonomía universitaria, como lo ha sostenido esta Corporación, encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo.....En síntesis el concepto de autonomía universitaria implica la consagración de una regla general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos superiores, de tal modo que las restricciones son excepcionales y deben estar previstas en la ley, según lo establece con claridad el artículo citado. (art. 69 C.N)". (Sent. T-492 agosto 12/92 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, reiterada en T-02/94). (…) Haciendo un análisis sistemático de las normas constitucionales que regulan este asunto, se concluye que la autonomía universitaria no es absoluta, puesto que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos (art. 67 C.N.); y a la ley establecer las condiciones requeridas para la creación y gestión de los centros educativos (artículo 68 C.N.), y dictar las disposiciones generales con arreglo a las 6 cuales las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus estatutos (art. 69

C.N.). A más de lo anterior, el constituyente autoriza a la ley para crear un "régimen especial" para las universidades del Estado, lo que significa que estas instituciones se regularán por normas especiales que pueden ser iguales o distintas a las aplicables a otras entidades de educación superior, públicas y privadas, o a las demás entidades estatales, siempre y cuando con ellas no se vulnere su autonomía. (…).” (negrilla y subrayado fuera de texto) Entonces, en ejercicio de esa autonomía, el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, a través del Acuerdo No. 17 del 29 de septiembre del 2000, expidió su propio Estatuto General de Contratación, que conforme al artículo 1°, el mismo tiene por objeto adoptar las reglas y los principios generales que rigen los contratos de la universidad, señalando que para el cumplimiento de sus fines, la universidad puede celebrar toda clase de contratos con entidades públicas y personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de acuerdo con las normas del derecho privado, las de ciencia y tecnología, las contenidas en el estatuto, sus reglamentaciones y aquellas propias de su naturaleza. Así mismo, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, de conformidad con el artículo 2°, establece que la contratación en la Universidad se adelantará con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, transparencia, responsabilidad y publicidad, en consecuencia, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. Los procesos contractuales son públicos.

2. Los trámites se deben adelantar con austeridad de tiempo, medios y gastos, y no

se exigirán formalidades o requisitos que no estén señalados en el Estatuto.

3. Se elaborarán estudios previos acordes con las políticas determinadas por los órganos de gobierno, el plan de desarrollo de la Universidad, los planes de acción y el plan de compras elaborado por la entidad.

4. Para la contratación se debe selección objetivamente la propuesta más favorable a la Universidad.

5. Se evaluarán las diferentes propuestas, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, las características particulares de los bienes o servicios, los precios y las condiciones del mercado, así como los estudios o análisis efectuados por la institución.

Fundamentos de hecho. En materia disciplinaria la falta se estructura a partir de la infracción del deber funcional, pues quienes ejercen la función pública, deberán desempeñar su empleo, cargo o función consultando permanentemente los intereses del bien común, teniendo siempre presente que los servicios que prestan constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y no liberalidad del Estado, conforme lo prevén los numerales 8 y 15 del artículo 34 de la ley 734 del 2002, Código Disciplinario. En este orden de ideas, hechas las anteriores precisiones y de acuerdo con el material probatorio recaudado, esta Delegada procederá al análisis de las pruebas 7 allegadas al proceso, para determinar la responsabilidad disciplinaria de los investigados. JESÚS ANTONIO MOTTA MANRIQUE, en su condición de rector, y representante legal de la Universidad Surcolombiana, el 22 de junio del 2002, celebró el contrato individual a término fijo con el señor Mario Perdomo Cifuentes, el cual contó con el

visto bueno de VICTOR MANUEL OCAMPO RONCANCIO, Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad. El objeto del contrato consistió en que el contratista ponía al servicio de la universidad toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del cargo de asistente de rectoría y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le impartieran la universidad o sus representantes. Así mismo, a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia del contrato. (fls. 79-81, cuaderno original 1) Ahora bien, establece el artículo 7º del Acuerdo No. 17 del 29 de septiembre del 2000, a través del cual la Universidad Surcolombiana se dio su propio “Estatuto General de Contratación”, que la Universidad podrá contratar previa certificación de disponibilidad presupuestal, obras, trabajos, suministros o compra de bienes muebles y prestación de servicios, estos últimos, bajo la modalidad de ordenes contractuales hasta por una cuantía equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv), y contratos cuando la cuantía sea superior a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Define así mismo el artículo 9º, que son contratos de la Universidad todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebre el ente autónomo universitario a que se refiere el estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los

que allí se definen, entre otros, los de prestación de servicios, que serán aquellos que celebre la Universidad para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Sin embargo, los investigados JESÚS ANTONIO MOTTA MANRIQUE, y VICTOR MANUEL OCAMPO RONCANCIO, Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad, quien le dio el visto bueno a la contratación, optaron por la celebración de un contrato individual de trabajo a término fijo, que de conformidad con el artículo 3° del Acuerdo No. 021 del 15 de mayo de 1996, “Por el cual se fija la planta de personal administrativo y se determina el número de trabajadores oficiales de la Universidad Surcolombiana”, son los que se celebran con los trabajadores oficiales de la entidad, y el mismo Acuerdo los define como aquellos que desarrollan trabajos de aseo, construcción y sostenimiento de obras públicas. (fls. 112-112, anexo 3) Así mismo, en el artículo 3° del mencionado Acuerdo 021, se deja claramente establecido el número de trabajadores oficiales con que contará la Universidad, así: “Fijase en cincuenta y siete (57) el número de trabajadores Oficiales al servicio de la Universidad Surcolombiana para el desarrollo de trabajos de aseo, construcción y sostenimiento de obras públicas.”. Esto, con fundamento en el concepto favorable de viabilidad presupuestal al proyecto de planta de empleos públicos, que emitió la Dirección General de Presupuesto Nacional, según el cual la planta de personal de la Universidad Surcolombiana quedaría así: (fls. 179-180, anexo 3) 8 Planta No. de cargos

Empleados públicos 213 Trabajadores oficiales 57 Docentes universitarios 234 Por lo tanto, el reproche que se les hizo a los investigados en la formulación de cargos de haber celebrado un contrato de trabajo a término fijo siendo de prestación de servicios, además de estar expresamente prohibido en el estatuto de contratación de la entidad dadas las labores que debía adelantar el contratista, esto es, de asistente de la rectoría de la institución, conlleva obligaciones, responsabilidades, así como carga prestacional y económica importante para la entidad. Finalmente, es preciso llamar la atención acerca del hecho que aparece probado en la investigación, de haber celebrado el investigado JESUS ANTONIO MOTTA MANRIQUE, igualmente con la aprobación de su asesor y jefe de la Oficina Jurídica VICTOR MANUEL OCAMPO RONCANCIO, con el mismo contratista Mario Perdomo Cifuentes, los siguientes contratos de prestación de servicios para desempeñar labores de asistente en la rectoría de la Universidad, entre el 1° de junio del 2001 y el 21 de junio del 2002, así: No. Fecha Objeto Valor Plazo Folio Contra to 87 01-06Prestar sus servicios en $8.400.000.o 01-0697-98 01 calidad de asistente con o 01al cuaderno oportunidad y eficiencia 31-121 en la rectoría de la 01 universidad. 21 04-02Prestar sus servicios en $8.864.200.o 04-0283-84 02 calidad de asistente con o 02al cuaderno oportunidad, eficacia y 21-061

eficiencia en la rectoría de 02 la universidad. Es decir, que para las fechas en que se celebraron dichos contratos, ya la Corte Constitucional se había pronunciado en la Sentencia C-154 de 1997, en la que se han apoyado para su defensa los investigados MOTTA MANRIQUE y OCAMPO RONCANCIO, como antecedente de justificación de sus conductas reprochables. Razón de más, para haber obrado con mayor diligencia y cuidado frente al cumplimiento de sus deberes funcionales, en especial el de informarse como elemento esencial para superar los errores de interpretación en que se podía estar incurriendo. Así pues, ha quedado suficientemente probada la responsabilidad disciplinaria de los investigados conforme a las piezas probatorias aportadas al proceso, además de la versión libre del señor MOTTA MANRIQUE, y los siguientes testimonios que lejos de desvirtuar los cargos que se le formularon, contribuyen a probarlos: 9 En versión libre del 19 de abril del 2004, el señor JESUS ANTONIO MOTTA MANRIQUE, manifestó: (fls. 42-44, cuaderno original 1) “El Dr. Ocampo, Jefe de Jurídica, manifestó que por haberse producido una sentencia de la Corte constitucional, en donde ordena reconocer prestaciones sociales proporcionales a las personas con quienes se suscribe contratos de prestación de servicios, y por el hecho de haberse producido, en meses anteriores, inclusive en años anteriores de la llegada suya a la Rectoría, bastante cantidad de demandas, el Dr. Ocampo me recomendó suscribir el contrato individual de trabajo. Agrega que en ningún momento considero que violaría norma alguna, mas bien

pensó que se estaba favoreciendo el patrimonio de la Universidad. Mi asesor era el Jefe de la Oficina Jurídica quien obviamente es abogado y se supone conoce suficientemente la normatividad interna y las leyes.” En testimonio del 3 de marzo del 2005, Juan Felipe Molano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.695.509, quien se desempeñó como secretario general de la Universidad Surcolombiana, en el período 2001-2002, manifestó: (fls. 305-307, cuaderno original 2) “De lo poco que conocí de la contratación de personal es que dicha competencia radicaba en la Vicerrectoria Administrativa (…) de igual forma conocí que los contratos los elaboraban de común acuerdo con el Jefe de la Oficina Jurídica de la época doctor VICTOR MANUEL OCAMPO RONCANCIO y en consecuencia luego de definir su viabilidad jurídica y refrendados con sus firmas los pasaban a la Rectoría para la firma final. Respecto de la forma o mejor el tipo de contrato a suscribir insisto que quien poseía los conocimientos, la experiencia, la idoneidad y la competencia era el doctor OCAMPO RONCANCIO por razón de su cargo y de alguna forma me enteré que el contrato materia de investigación se celebró con fundamento en una posición jurídica asumida por la Universidad desde años atrás y la cual fue presentada y defendida por el doctor OCAMPO y si no estoy mal en concordancia con el fallo de la Corte Constitucional del año 1997. PREGUNTA EL SEÑOR APODERADO. Por favor doctor precísele a la Procuraduría

(…) si quien determinaba la necesidad de personal y quien comenzaba el trámite administrativo de vinculación era la vicerrectoría administrativa y si quien definía la modalidad o tipo de vinculación era el jefe de la Oficina Jurídica del (sic) universidad.

CONTESTO: Efectivamente quien tenía la potestad de vincular o no era el Rector bien es cierto que la definición de las necesidades de personal, la determinación de los recursos correspondía a la Vicerrectoria Administrativa pero la decisión del tipo de contrato era una facultad exclusiva del Jefe de la Oficina Jurídica.

Preguntado: Por su experiencia o vivencia como servidor público de la Universidad Surcolombiana podría aclararnos si por estas forma (sic) de descentralización y delegación administrativa mencionada a cargo de los inmediatos colaboradores del Rector de la época a este se le llevaba (sic) los procedimientos administrativos ya consolidados por los actos jurídicos llamasen (actos Administrativos o Contratos) solo para su firma. CONTESTO: Sí.

Preguntado En estos trámites administrativos advirtió usted alguna intención ilícita o irregular de parte del Rector de la época JESÚS ANTONIO MOTTA MANRIQUE.

CONTESTO: No

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