PGN - Documento 201603081405052

PROCURADURIA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA

Radicación: 162-96359-03

Investigado: Alejandro Ignacio Vallejo Askuntar

Cargo: Rector Instituto Tecnológico del Putumayo Quejoso: Anónimo Fecha de la queja: 7 de febrero de 2002

Fecha de los hechos: 2002

Asunto: Fallo de Primera Instancia

Bogotá D.C., 21 de marzo de 2006

I. ASUNTO Se profiere fallo de primera instancia dentro del presente proceso disciplinario adelantado contra ALEJANDRO VALLEJO ASKUNTAR, Rector del Instituto

Tecnológico del Putumayo.

II. ACTUACIÓN PROCESAL La Procuraduría Regional del Putumayo mediante auto del 30 de abril de 2002 inició indagación preliminar contra ALEJANDRO VALLEJO ASKUNTAR, en su calidad de Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo (folios 17 y 18), con fundamento en queja anónima del 7 de febrero de 2002 (folios 3 a 8).

Posteriormente, por auto del 26 de mayo de 2004, aclarado por auto del 3 de noviembre de 2004, esta Delegada avocó conocimiento y ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra ALEJANDRO IGNACIO VALLEJO ASKUNTAR, en su calidad de Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, por posibles irregularidades al desconocer disposiciones legales de carácter contractual, al celebrar contratos de prestación de servicios existiendo personal de planta para desarrollar esas labores y sin hacer un proceso de selección objetiva de los contratistas, en los contratos Nos. 113, 022, 028, 027, 034, 011 y 0114 de 2002

(folios 82 a 84 y 144).

III. DE LOS CARGOS Mediante auto del 11 de abril de 2005, esta Delegada formuló pliego de cargos a ALEJANDRO IGNACIO VALLEJO ASKUNTAR, en su condición de Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, para la época de los hechos, en los siguientes

términos (Ver folios 232 y ss del cuaderno 2): “PRIMER CARGO  Descripción de la conducta irregular El doctor ALEJANDRO IGNACIO VALLEJO ASKUNTAR, al celebrar los contratos Nos. 113, 028 y 011 de 2002, desconoció presumiblemente disposiciones legales de carácter contractual, por cuanto al efectuar la selección del contratista desconoció los principios de economía, transparencia y el deber de selección objetiva, al no solicitar 1 por lo menos dos ofertas, como era su obligación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 855 de 1994.” Como normas posiblemente vulneradas se le citaron los artículos 6º, 123 inciso 2° y 209 de la Constitución Política; el artículo 40 (numerales 1º, 22 y 23) de la Ley 200 de 1995 y los artículos 29 y 24, parágrafo 2° de la Ley 80 de 1993 y los artículos 2° y 3° del Decreto 855 de 1994. La falta se calificó provisionalmente como GRAVE y la forma de culpabilidad a título de dolo. “SEGUNDO CARGO  Descripción de la conducta irregular Al celebrar los contratos de prestación de servicios Nos. 113, 022, 028, 027, 034, 011

y 0114 de 2002, el doctor ALEJANDRO IGNACIO VALLEJO ASKUNTAR, no tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 32, numeral 3º de la Ley 80 de 1993, según el cual los contratos de prestación de servicios solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.” Como normas presuntamente violadas se le citaron los artículos 6º, 123 inciso 2° y 209 de la Constitución Política; los artículos 38 y 40, numerales 1°, 22 y 23 de la Ley 200 de 1995 y el artículo 32, numeral 3° de la Ley 80 de 1993. La falta se calificó provisionalmente como GRAVE y se consideró que la falta se había cometido a título de dolo. El auto de cargos fue notificado personalmente al implicado el 6 de mayo de 2005 por la Secretaría de la Procuraduría Regional del Putumayo (folio 242 del cuaderno 2).

IV. DE LOS DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSION Dentro de la oportunidad legal, el 23 de mayo de 2005, el señor Alejandro Ignacio Vallejo Askuntar, presentó memorial de descargos, asumiendo de manera personal la defensa de sus intereses (folios 243 a 253 del cuaderno 2).

Mediante auto del 25 de julio de 2005, se ordenó la práctica de pruebas solicitadas por el investigado, consistentes en solicitar copia de los Decretos Nos. 2312 del 13 de octubre de 1994, 615 del 5 de abril de 2002, 616 del 5 de abril de 2002 y 846 del

4 de abril de 2003, el manual de funciones y la versión de Luz Marina Meza. Además, se ordenó de oficio la práctica de visita especial al Instituto Tecnológico del Putumayo, con el fin de verificar si en los archivos de la entidad de diciembre de 2001, reposan avisos, solicitando copias de hojas de vida con el fin de celebrar contratos de prestación de servicios, certificaciones sobre falta de personal de planta y documentos seleccionando el personal a contratar, suscritos por el Rector, anexando los respectivos documentos si existieren o, en caso negativo dejando constancia de ello (folios 267 y 268 del cuaderno 2). 2 Dicha prueba fue practicada por la Procuraduría Regional del Putumayo (folios 335 a 364 cuaderno 2). En el memorial de descargos, el investigado cuestiona el auto de cargos, por las siguientes razones:

1. Con relación al cargo primero, manifiesta que para la celebración de los contratos si se tuvieron en cuenta por lo menos dos hojas de vida, realizando una selección objetiva, tal como lo demuestra con la copia auténtica que anexa. En cuanto a la afirmación del Vicerrector Administrativo respecto a que no se encontraron hojas de vida, considera que es una afirmación apresurada e irresponsable, pues si no se hubiesen recibido, no se habrían podido celebrar los contratos.

Agrega que la planta de personal en la época de los hechos investigados era de tres funcionarios, correspondiéndole contratar personal sin extralimitarse nunca en sus funciones. Sostiene que no puede endilgársele la conducta a título de dolo, pues no se ha probado y jamás tuvo la intención de violar el Estatuto Contractual, así que no

se puede presumir el dolo. Además, sostiene la presunción de inocencia se encuentra consagrada en el artículo 29, inciso 4° de la Constitución Política, en el artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificado por Colombia a través de la Ley 16 de 1974 y en consecuencia al no encontrarse probado el dolo, se le endilga una responsabilidad a título objetivo que está proscrita del régimen jurídico colombiano. Finalmente considera que la contratación se hizo conforme a la ley, haciendo una selección objetiva y en consecuencia debe ser absuelto del cargo.

2. En cuanto al cargo segundo, manifiesta que para la época de los hechos la planta de personal vigente fue la que se aprobó mediante Decreto 2312 del 13 de octubre de 1994, la cual constaba de tres (3) cargos: Rector, Secretario Ejecutivo y Tesorero y anexa copia del mismo. Agrega que si bien el 17 de marzo de 1998 el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 004 estableció una planta de personal conformada por 38 administrativos y 43 docentes para un total de 81 funcionarios, este acuerdo solo fue un requisito para llevar la propuesta de personal de planta al Ministerio de Educación Nacional, pues la planta real era de tres funcionarios.

Sostiene que para principios del 2002 la propuesta de planta de personal ya se había modificado, siendo 58 los cargos propuestos, discriminados así: 24 administrativos y 34 docentes, anexando copia auténtica de ese documento. Señala que el 5 de abril de 2002 se expidieron los Decretos 615 y 616 de estructura y planta docente,

aprobando 34 cargos docentes, y el 4 de abril de 2003 se expidió el Decreto 846 estableciendo la planta de personal con veinte (20) cargos, anexando copia de los mismos. Manifiesta que solo en el segundo semestre de 2002, se nombraron 17 docentes mediante concurso público al cual se inscribieron más de 150 personas y en el año 2003 se nombraron 19 funcionarios siguiendo todas las orientaciones de la Función Pública. Afirma que antes de celebrar los contratos de prestación de servicios, se dejaban las constancias respecto a que el personal de planta no era suficiente para cumplir algunas actividades, y anexa tres folios. Explica que la persona que suministró la 3 información a esta investigación sencillamente se remitió a las hojas de vida, sin revisar todas las carpetas que existen en la Institución, donde se archiva este tipo de documentos. Con lo anterior, considera que queda demostrado que no violó el artículo 32, numeral 3° de la Ley 80 de 1993, y señala que la conducta no es dolosa, puesto que si bien no es abogado, contrato a un profesional del derecho para tener la certeza de que no se violaba la Constitución, ni la ley. Al igual que en el cargo anterior, sostiene que el dolo no se ha probado, que se debe partir de la presunción de inocencia, debiendo ser absuelto del cargo. Por auto del 24 de noviembre de 2005, se ordenó correr traslado al disciplinado por el término de cinco (5) días para que presentara alegatos de conclusión (folio 374 del cuaderno 2), sin que transcurrido el término concedido se haya presentado escrito

alguno (folio 380 del cuaderno 2).

V. MATERIAL PROBATORIO Para la formulación de cargos se tuvieron en cuenta las pruebas practicadas dentro del término de la Indagación Preliminar y de la Investigación Disciplinaria, así:

1. En la indagación preliminar, se practicó visita especial al Instituto Tecnológico del Putumayo, Sección Jefatura de Personal y Tesorería (folios 19 y 20), mediante la cual se allegaron los siguientes documentos:  Relación de contratistas (folio 21).  Contrato administrativo de prestación de servicios sin formalidades plenas No. 113 de 2002, celebrado con Francisco Javier Benavides Arévalo (folios 22 y 23), certificado de disponibilidad presupuestal No. 065 (folio 25) y certificado de registro presupuestal No. 103 (folio 24)  Contrato administrativo de prestación de servicios sin formalidades plenas No. 022 de 2002, celebrado con Janeth Amanda Díaz Villota (folios 26 y 27), certificado de disponibilidad presupuestal No. 024 (folio 29) y certificado de registro presupuestal No. 027 (folio 28).  Contrato administrativo de prestación de servicios sin formalidades plenas No. 028 de 2002, celebrado con Vicente Anacona (folios 30 y 31), certificado de disponibilidad presupuestal (folio 33) y certificado de registro presupuestal No. 033 (folio 32).  Certificado de disponibilidad No 029 y registro presupuestal No. 0322, por concepto de contrato de servicios con Martha Liliana Osorio (folios 35 y 36).  Contrato administrativo de prestación de servicios sin formalidades plenas No. 034 de 2002, celebrado con Rosalba Andrade Delgado (folios 37 y 38),

certificado de disponibilidad presupuestal No. 036 (folio 40) y certificado de registro presupuestal No. 039 (folio 39).  Contrato administrativo de prestación de servicios sin formalidades plenas No. 011 de 2002, celebrado con José Guerrero (folios 41 y 42), certificado de disponibilidad presupuestal No. 013 (folio 44) y certificado de registro presupuestal No. 016 (folio 43).  Contrato administrativo de prestación de servicios sin formalidades plenas No. 0114 de 2002, celebrado con Maribeth Cristina Apraez Rodriguez (folios 45 y 4 46), certificado de disponibilidad presupuestal No. 074 (folio 48) y certificado de registro presupuestal No. 138 (folio 47).  Contrato de aprendizaje No. 227 de 2002, celebrado con James Duvan Garnica Fajardo (folios 49 a 53), acta de compromiso (folio 54), certificado de disponibilidad presupuestal No. 151 (folio 56) y certificado de registro presupuestal No. 353 (folio 55).  Ingresos y Presupuesto del Instituto Tecnológico de Putumayo (folios 58 y 59).  Libro de Registros de apropiaciones, compromisos, obligaciones y pagos (folios 60 a 67)  Personal administrativo, correspondiente al mes de enero de 2002, sede Mocoa y Sede Sibundoy (folios 68 a 70).

2. En desarrollo de la investigación disciplinaria se practicó visita especial al Instituto Tecnológico del Putumayo (folios 107 y 108), mediante la cual se allegaron copias de los contratos que son materia de esta investigación (folios 113 a 131), así como

también certificación del presupuesto y cuantías de contratación en el año 2002 (folio 111) y certificación respecto a que no se encontraron pliegos de condiciones o términos de referencia, ni constancias de que no existía personal de planta, ni ofertas u hojas de vida presentadas para la contratación en la vigencia de 2002 (folio 112). Además, mediante oficio No. TH-0014 del 10 de febrero de 2005 la doctora Leonor Vivas, funcionaria de la Oficina de Talento Humano del Instituto Tecnológico del Putumayo, remitió copia de la Planta de Personal y del Manual de funciones del año 2002 (folios 150 a 224).

3. Con el escrito de descargos, el investigado presentó los siguientes documentos: avisos de recepción de hojas de vida, certificación de falta de personal, acta de selección de personal, oficio recibido del Ministerio de Hacienda respecto a la planta de personal, copia de los Decretos Nos. 2312 del 13 de octubre de 1994 y 846 del 4 de abril de 2003 (folios 254 a 265 del cuaderno 2).

4. Finalmente, mediante auto del 25 de julio de 2005, se ordenó la práctica de pruebas, allegando las siguientes: copia de los Decretos Nos. 615 y 616 del 5 de abril de 2002 (folios 371 a 373); declaración de Luz Marina Meza (folios 335y 336 del cuaderno 2); y visita especial al Instituto Tecnológico del Putumayo y documentos recopilados en la misma (folios 337 a 364 del cuaderno 2).

VI. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Teniendo en cuenta que los dos cargos formulados se relacionan con la celebración

de contratos de prestación de servicios, es del caso precisar en primer lugar que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 numeral 3º dispone: “Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados”. 5 Una vez realizada esta aclaración respecto a la definición de los contratos de prestación de servicios, se procederá a examinar cada uno de los cargos endilgados, así: DEL CARGO PRIMERO Se le imputó en este cargo al investigado que al celebrar los contratos de prestación de servicios Nos. 113, 028 y 011 de 2002, desconoció disposiciones legales de carácter contractual al no solicitar por lo menos dos ofertas, como era su obligación de acuerdo con el artículo 3° del Decreto 855 de 1994. Este cargo se formuló con fundamento en el recaudo probatorio allegado, por cuanto no se encontraron hojas de vida para la contratación, tal como lo afirmó el Vicerrector Administrativo del Instituto Tecnológico del Putumayo en certificación del 8 de julio de 2004 (folio 112). Para aclarar este punto, es necesario tener en cuenta que se ordenó como prueba de descargos, recibir declaración juramentada a la señora Luz Marina Meza Díaz, quien presta sus servicios en la entidad desde el año 2002, e interrogada sobre la forma como se desarrollo el proceso de contratación y las ofertas presentadas, manifestó: “Si, fue publicación en cartelera y esa documentación esta guardada en

la caja fuerte de la Institución, en razón a que a comienzos del año 2002, se perdió una cantidad significativa de documentos, entonces por seguridad y al tener acceso a la caja fuerte por mis funciones, el señor rector me ordenó que guardada una cantidad de información en la cual se encuentra incluida el proceso de contratación (…) Después de la publicación en cartelera del personal que se requería para contratar y haber recibido las hojas de vida, se realizó la selección del personal que la institución requería para el desempeño de sus funciones, en el año 2002 existía una planta de personal muy pequeña que constaba del rector, la secretaria ejecutiva y el señor tesorero, por tanto, no existía en planta de personal para cumplir con la misión de la Institución. Los documentos se encuentran en el archivo de la Institución y otros en la caja fuerte” (folio 335 del cuaderno 2). En efecto, en la visita practicada a la entidad, la declarante puso a disposición un AZ en el cual se encuentran los contratos mencionados y varios documentos, relacionados con este cargo, anexando copia de los siguientes:

1. Aviso suscrito por el investigado, con el fin de recepcionar hojas de vida para desarrollar funciones que no alcanzan a realizarse con personal de planta

(folio 341 del cuaderno 2).

2. Escrito sobre selección de las hojas de vida (folios 344 y 345 del cuaderno

2).

3. Copia de los contratos (folios 351, 352, 357, 358, 361 y 362 del cuaderno

2). Así las cosas, con las anteriores pruebas, ha quedado demostrado que le asiste razón al investigado al manifestar en el escrito de descargos, que para la celebración

de los contratos se tuvieron en cuenta por lo menos dos hojas de vida, realizando una selección objetiva. 6 En consecuencia, habiéndose dado cumplimiento al deber de selección objetiva, de acuerdo con lo establecido en los artículos 29 de la Ley 80 de 1993, 2° y 3° del Decreto 855 de 1994, este Despacho considera que han quedado desvirtuadas las razones por las cuales se investiga la conducta del señor ALEJANDRO IGNACIO VALLEJO ASKUNTAR , en cuanto a los contratos Nos. 113, 028 y 011 de 2002 y por lo tanto, se ABSOLVERA DEL CARGO PRIMERO, FORMULADO EN EL PLIEGO

DE CARGOS DEL 11 DE ABRIL DE 2005.

DEL CARGO SEGUNDO Se le atribuye al investigado que al celebrar los contratos de prestación de servicios Nos. 113, 022, 028, 027, 034, 011 y 014 de 2002, probablemente no tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 32, numeral 3º de la Ley 80 de 1993, según el cual los contratos de prestación de servicios solo podrán celebrarse con personas naturales cuando tales actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Al respecto, el investigado en el escrito de descargos, manifiesta que para la época de los hechos la planta de personal era de tres (3) cargos: Rector, Secretario Ejecutivo y Tesorero, afirmación que coincide con lo manifestado en la declaración juramentada por la señora Luz Marina Meza Díaz, al afirmar que: “en el año 2002 existía una planta de personal muy pequeña, que constaba del rector, la secretaria

ejecutiva y el señor tesorero, por tanto, no existía en planta de personal para cumplir con la misión de la Institución” (folio 335 del cuaderno 2). Lo anterior se comprueba con la copia del Decreto 2312 del 13 de octubre de 1994, aportada por el investigado, donde se señala que mientras se tramita la planta de personal se establece una planta de tres cargos: Rector del Institución Tecnológica, Secretario Ejecutivo y Tesorero (folios 262 y 263 del cuaderno 2). Respecto al Acuerdo No. 004 del 17 de marzo de 1998 del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico del Putumayo, que se tuvo en cuenta para formular el cargo y que estableció una planta de personal de 81 funcionarios, el investigado sostiene que fue solo una propuesta de planta de personal para presentarla ante el Ministerio de Educación. En efecto, de acuerdo con el oficio del 19 de febrero de 2002, suscrito por el doctor Ezequiel Lenis Ramírez, Director General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual actualiza la viabilidad presupuestal para la planta de personal del Instituto Tecnológico del Putumayo, señala que: “La planta de ese órgano pasara de 3 cargos a 58 cargos (…)” (folio 260 del cuaderno 2). Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió los Decretos 615 y 616 del 5 de abril de 2002, mediante los cuales se establece la estructura del Instituto y se establece la planta de personal docente (folios 371 a 373). De otra parte, en la visita practicada a la entidad, se encontraron varios documentos:

los avisos invitando a presentar hojas de vida para desarrollar funciones que la planta de personal no alcanza a realizar, las justificaciones para celebrar los contratos y la selección de los contratistas (folios 341 a 350 del cuaderno 2). 7 Así las cosas, teniendo en cuenta que los contratos citados en este cargo fueron celebrados en los meses de enero, febrero y marzo de 2002 con anterioridad a la conformación de la planta de personal, que en la visita practicada en la entidad se encontraron las justificaciones para contratar y que la planta de personal vigente al momento de contratar era de tres (3) cargos, se observa que no se desconoció lo dispuesto en el artículo 32, numeral 3° de la Ley 80 de 1993, por cuanto las actividades contratadas no podían realizarse con personal de planta. En consecuencia, este Despacho considera que han quedado desvirtuadas las razones por las cuales se investiga la conducta del doctor ALEJANDRO IGNACIO VALLEJO ASKUNTAR, en cuanto a los contratos Nos. 113, 022, 028, 027, 034, 011 y 0114 de 2002 y por lo tanto se ABSOLVERA DEL CARGO SEGUNDO, FORMULADO EN EL PLIEGO DE CARGOS DEL 11 DE ABRIL DE 2005. Finalmente, teniendo en cuenta que esta investigación se inició por queja anónima, no hay lugar a remitir la comunicación de que trata el artículo 109 de la Ley 734 de 2002. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública en uso de sus facultades legales, RESUELVE PRIMERO: ABSOLVER al señor ALEJANDRO IGNACIO VALLEJO ASKUNTAR,

identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.123.350 de Mocoa, en su condición de Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, para la época de los hechos, de los CARGOS FORMULADOS EN EL PLIEGO DE CARGOS DEL 11 DE ABRIL DE 2005, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Contra la presente decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 22 numeral 1° del Decreto 262 de 2000 en los términos establecidos por los artículos 110 y ss. de la Ley 734 de

2002.

TERCERO: NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente decisión al señor ALEJANDRO IGNACIO VALLEJO ASKUNTAR, remitiendo comunicación a la

carrera 12 No. 12-03 Barrio Obrero y a la carrera 11 No. 11-05 de la ciudad de Mocoa (folios 91 y 138), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO: Como quiera que el proceso disciplinario se inició por queja anónima, no hay lugar a librar comunicación alguna.

QUINTO: Por la Unidad Coordinadora, háganse las comunicaciones, anotaciones y constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

Procurador Delegado para la Moralidad Pública

LFCF/MBLM

162-96359-03 8