PGN - Documento 201603081405103

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal Radicación: 165-87752/2003

Investigado: Luís Daniel Vargas y Libardo Simancas Torres Cargo y entidad: Gobernadores, titular y encargado, del Departamento de Bolívar Quejoso: Jorge Alfonso Piedrahita Aduen Fecha Queja: junio 13 de 2003

Fecha Hechos: diciembre 27 y 31 del año 2001.

Asunto: Fallo de primera instancia, absolutorio para uno de los implicados y condenatorio para el otro.

Bogotá, D.C., 15 de junio de 2006 Procede la Delegada a resolver sobre el fondo de la presente investigación disciplinaria seguida contra los señores LUÍS DANIEL VARGAS y LIBARDO SIMANCAS TORRES, dictando el fallo de primera instancia correspondiente, una vez agotada la etapa investigativa y tras haberse corrido traslado a las partes procesales, para alegar de conclusión, conforme se expone a continuación:

1. ANTECEDENTES.

Se originó el presente asunto en el escrito queja radicado el 13 de junio de 2003, mediante el cual el señor Jorge Alfonso Piedrahita Aduen pone de presente la posible comisión de irregularidades por parte de los señores LUIS DANIEL VARGAS SÀNCHEZ y LIBARDO SIMANCAS TORRES, en su condición de Gobernadores (Titular y Encargado) del Departamento de Bolívar, en lo que tuvo que ver con la suscripción de dos contratos diferentes los días 27 y 31 de diciembre del año 2001, por $160’000.000.oo y $164’575.000.oo, para la adquisición de computadores,

accesorios y el software correspondiente. Acompañándose la queja con copia de los contratos en cuestión y de documentación relacionada con los mismos (fls. 3 a 85 del cuaderno de actuación principal Nº 1 –c.p.1-). Una vez quedó radicada la precitada queja en esta Delegada, mediante auto de julio 29 de 2003 se dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra de SIMANCAS TORRES y de VARGAS SÁNCHEZ respecto de las probables irregularidades cometidas por estos en el aparente fraccionamiento del objeto contractual que se habría dado con el propósito de eludir el procedimiento licitatorio (fls. 86 a 90 c.p.1). Durante la etapa de investigación se incorporaron las copias y certificaciones relativas a las calidades laborales de los implicados (fls. 95 a 104 c.p.1). Así mismo, durante la diligencia de visita especial practicada en la Oficina de Presupuesto de la Gobernación de Bolívar, por una funcionaria de la Procuraduría Regional de Bolívar (a la que se comisionó para tal efecto), se allegó una copia de la tabla de topes de contratación vigentes en la Gobernación de Bolívar para el año 2001, Y mediante la diligencia de visita especial practicada en la Oficina de Apoyo Logístico, por la misma funcionaria de la Procuraduría Regional de Bolívar, se allegó una copia del plan de compras, del sistema de información para la administración de la educación en Bolívar, al igual que del cuadro comparativo entre los contratos ______________________________ Fallo de 1ª instancia Exp. Nº 165-72685/2002

Proyectó: Mauricio Gómez Sañudo suscritos con COLCOMPUTO LTDA. y DRACO SISTEMAS tabla de topes de contratación en la Gobernación de Bolívar para el año 2001 (fls. 136 a 171 c.p.1).

De igual forma la apoderada del implicado LUIS DANIEL VARGAS SÁNCHEZ presenta un escrito exculpatorio, que acompaña con copia de una serie de documentos que ilustrarían lo argumentado (fls. 180 a 199 c.p.1 y fls. 200 a 209 del cuaderno de actuación principal Nº 2 –c.p.2-). Con posterioridad encontramos el auto de cargos de noviembre 8 de 2004 (fls. 210 a 219 c.p.2), y habiendo presentado en tiempo los implicados mediante sus apoderados los correspondientes escritos de descargos (fls. 229 a 242 y 354 a 271 c.p.2), con auto de abril 29 del año 2005 se resolvió sobre las pruebas pedidas en los descargos, concediendo la práctica e incorporación de algunas de las pedidas, pero negando la práctica de otras; comisionándose para el perfeccionamiento de las pruebas así dispuestas, una vez más, a la Procuraduría Regional de Bolívar (fls. 273 a 280 c.p.2). Finalmente, tras haberse recibido la respectiva comisión de pruebas por parte de la Procuraduría Regional de Bolívar (fls. 306 a 427 c.p.2, fls. 428 a 556 del cuaderno de actuación principal Nº 3 –c.p.3-) y habiéndose allegado las respuestas correspondientes a los requerimientos de información hechos por este Despacho

(fls. 557 a 644 c.p.3 y fls. 645 a 853 del cuaderno de actuación principal Nº 4 -c.p.4-), mediante auto de septiembre 26 de 2005 se ordenó correr traslado a las partes procesales para que presenten sus alegatos de conclusión (fl. 854 c.p.4); allegando de esta forma los apoderados de los dos implicados, sendos escritos de cierre (fls. 868 a 897 y 899 a 929).

2. CARGOS.

Como se dijo, mediante decisión del 8 de noviembre de 2004, visible entre folios 210 a 219 del cuaderno principal Nº 2, se formularon cargos en contra de los encausados, de la siguiente forma: 2.1. En el caso del implicado LUIS DANIEL VARGAS SÁNCHEZ: “CARGO ÚNICO a) Conducta. Se le imputa en su condición de Gobernador del Departamento de Bolívar, suscribir mediante el sistema de contratación directa el 31 de diciembre de 2001 contrato de suministro de 40 computadores con la firma COLCÓMPUTO LTDA por un valor de $164.575.000.oo eludiendo el proceso de licitación pública si se tiene en cuenta que LIBARDO SIMANCAS TORRES, en su condición de encargado de la Gobernación, firmó 3 días antes, el 27 de diciembre de 2001, contrato de compraventa de 40 computadores con la firma DRACO SISTEMAS por la suma de $170.000.000.oo, negocios jurídicos cuyo valor ascendía a $334.575.000.oo, sobrepasando el límite de la menor cuantía del Departamento la que se encontraba fijada en 600 salarios

mínimos o $334’575.000.oo para la vigencia de 2001 (fl. 137), adquisición que tampoco estaba planificada dentro del plan de compras del Departamento” (fls. 211 y 212 c.p.2). 2.2. En el caso del implicado LIBARDO SIMANCAS TORRES: Fallo de 1ª instancia 2 Exp. Nº 165-72685/2002

Proyectó: Mauricio Gómez Sañudo “CARGO UNICO a) Conducta.

Se imputa al investigado LIBARDO SIMANCAS TORRES, en su condición de Gobernador (E) del Departamento de Bolívar, haber celebrado el 27 de diciembre de 2001 contrato de compraventa con la firma DRACO SISTEMAS para la adquisición de 40 computadores, sin cumplir con el proceso de selección objetiva previsto en el artículo 3 del Decreto 855 de 1994, ya que no obtuvo previamente por lo menos dos ofertas más para escoger la que mejor se ajustara a las necesidades de la entidad que presidía, ya que este tipo de negocio jurídico no se encontraba dentro de las excepciones previstas en el parágrafo de la mencionada norma.” (fl. 216 c.p.2).

3. DESCARGOS.

Cada uno de los implicados, en tiempo, presentó sus descargos a través de apoderado, de la siguiente manera: 3.1. La apoderada del señor LUIS DANIEL VARGAS SANCHEZ presenta descargos mediante escrito visible entre folios 229 a 243 del cuaderno de actuación principal Nº 2 –c.p.2-, en el cual alega como defensa que los contratos señalados se celebraron de acuerdo a los parámetros establecidos para la contratación directa en la Ley 80

de 1993 y en el Decreto 855 de 1994, con avisos de invitación a contratar, términos de referencia, al igual que estudio y selección de propuestas; que los dos contratos cuestionados estaban orientados a atender diferentes necesidades, el uno para dotar de equipos de cómputo con fines pedagógicos al Instituto San Jacinto y el otro para fines administrativos, destinados estos a las direcciones de núcleo de desarrollo educativo para implementar el plan del Ministerio de Educación “SABE 50”; que cada uno de los contratos fue proyectado y ejecutado en dependencia diferentes, así el suscrito con COLCOMPUTO LTDA solicitado por la Secretaría de Planeación del Departamento, mientras que el suscrito con DRACOSISTEMAS solicitado por la Secretaría de Educación; que los requerimientos y especificaciones técnicas para cada contrato diferían sustancialmente de un caso a otro, al igual que las actividades y servicios contratados (suministro de computadores y mesas de trabajo e instalación de cableado estructurado y eléctrico en el establecimiento educativo san Jacinto, en el caso del contrato con COLCÓMPUTO, y adquisición de computadores, muebles para los mismos, CDs manuales y software de administración -SIRENE y SABE 50y capacitación a funcionarios, para el caso del contrato con DRACOSISTEMAS); que el contrato suscrito por el gobernador encargado SIMANCAS TORRES con la firma DRACOSISTEMAS obedeció a una política nacional del Ministerio de Educación (programa SABE 50) en desarrollo de la cual se pretendía dotar de 40 equipos de computo a las direcciones de núcleo en que se hallaba dividido geográficamente el Departamento de Bolívar, mientras que el

contrato celebrado con COLCOMPUTO LTDA. se derivó de una política departamental, prevista en el plan de desarrollo 2001-2003, dirigida esta a lograr una educación orientada hacia la productividad y la competitividad; y que el contrato con COLCOMPUTO estuvo respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal Nº 5159 de diciembre 28 de 2001, mientras que el certificado de disponibilidad presupuestal que sirve de base al contrato con DRACOSISTEMAS es el Nº 4751 de diciembre 11 de 2001 (fls. 230 a 232 c.p.2). Fallo de 1ª instancia 3 Exp. Nº 165-72685/2002

Proyectó: Mauricio Gómez Sañudo Alegándose así mismo que no se puede suponer que los procesos de contratación directa atentan contra la transparencia, pues si eso fuera así estarían judicializados todos los funcionarios públicos con potestades contractuales, e igualmente que “el DR. LUIS DANIEL VARGAS no eludió el proceso licitatorio por el factor cuantía como lo señala el cargo, puesto que, la adquisición que él su suscribió estuvo por debajo del límite determinado por la ley en función de salarios mínimos y si la adquisición que efectuó se podía realizar por autorización de la ley de esta manera, pues no se puede a la vez con una misma conducta infringir y violar la ley. Esto es así: cuando el Dr. Vargas estuvo como gobernador, ya el Dr. Libardo Simancas había celebrado el contrato con la firma Dracosistemas, entonces, no podía borrar ni desconocer un hecho ejecutoriado como la adjudicación de un contrato como para pensar que

podía o debía reunir los dos objetos contractuales para sacar adelante una licitación, como tampoco estaba obligado –por autorización legala desarrollar todo un proceso licitatorio por una cuantía cercana a los $165’000.000 que fue el valor del contrato que el celebró; cosa distinta hubiera sido si él como funcionario en ejercicio del cargo y como ordenador del gasto hubiera celebrado ambos contratos, pero bien lo saben y está probado que no fue así” (fl. 232 c.p.2). También se precisa que desde el 22 de noviembre de 2001, a raíz de la expedición de la resolución de la Secretaría de Educación Nº 357 en varios establecimientos educativos como el Instituto San Jacinto, se diversificó y actualizó (tecnológicamente) su currículo; destacando además que el objeto contratado se cumplió a cabalidad y que no se puede sostener que los contratos cuestionados fueron producto de la improvisación, puesto que cada uno de ellos estuvo precedido de los estudios de conveniencia correspondientes y fueron debidamente planificados (fl. 233 c.p.2). En cuanto a la normatividad que se reclama como violada en el auto de cargos se alega que por el contrario el implicado LUIS DANIEL VARGAS actuó conforme a los preceptos del numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, sin que su comportamiento hubiera sido de ninguna manera caprichoso sino por el contrario determinado por la planeación y programación contractual del Departamento de Bolívar en el periodo 2001-2003. Por su parte frente a la presunta vulneración del numeral 12 del artículo 25 ibídem se precisa que tal acusación no se ajusta a la realidad por cuanto que en la carpeta del contrato sí reposan los términos de

referencia; y respecto de la vulneración de los numerales 1º, 2º, 4º y 5º del artículo 26 ibídem, tampoco se advierte la violación de tales normas, puesto que el contrato fue ejecutoriado satisfactoriamente, consiguiéndose el fin estatal sin ningún detrimento patrimonial, de tal manera que ningún daño se produjo a la administración departamental con el contrato cuestionado. Además por que las actuaciones de VARGAS SÁNCHEZ estuvieron ajustadas a los postulados de la ética y de la justicia, y por que en ningún momento el implicado le transfirió su responsabilidad. De tal manera que su prohijado no habría vulnerado ningún mandato legal. (fls. 235 y 236 c.p.2). Respecto del concepto de la violación, que se sustenta en la supuesta inadecuada planificación del contrato suscrito por este, se alega que si existe dentro del expediente prueba que demuestra que el señalado contrato “se enmarco dentro de la menor cuantía, no hubo identidad de los objetos contractuales, correspondieron a programas y dependencias de ejecución distintas y obedecieron a una planificación Fallo de 1ª instancia 4 Exp. Nº 165-72685/2002

Proyectó: Mauricio Gómez Sañudo del gobierno, del plan de desarrollo, a una ordenanza de la Asamblea departamental y a la ley de educación general.” (fl. 237 c.p.2, subrayado del memorialista).

También se ataca el fundamento probatorio de los cargos, por insuficiente, por que no se dio la correspondiente valoración de las pruebas (al respecto se trae a

colación un aparte jurisprudencial sobre el tema) y por que del mismo solamente se derivaría que se actuó dentro de la ley y que existió pluralidad de oferentes. Y en cuanto a la forma de culpabilidad de la conducta investigada, que se calificó como dolosa en el auto de cargos, se ataca esta calificación por subjetiva e infundada, alejada del principio de presunción de inocencia, puesto que las imputaciones se hicieron de manera asertiva, preguntándose por ello la apoderada como puedo este despacho afirmar que su defendido actuó con dolo?, basado en que prueba?, cuando las explicaciones dadas demuestran que se actuó dentro de la legalidad (fls. 337 a 340 c.p.2) Como pruebas se solicita el acopio de ciertos documentos, la recepción del testimonio de los funcionarios relacionados con la situación investigada, la práctica de una diligencia de inspección (visita especial) sobre la carpeta del contrato, con el fin de verificar todos los soportes pre-contractuales, así como la práctica de una diligencia de inspección en el Instituto Agrícola San Jacinto, para verificar la instalación, cantidad y funcionamiento de los equipos suministrados por COLCOMPUTO LTDA. (fls. 241 y 242 c.p.2). 3.2. Por su parte, el apoderado del implicado LIBARDO SIMANCA TORRES, presentó un escrito de descargos, visible entre folios 255 a 271 del cuaderno de actuación principal Nº 2 –c.p.2-, en el cual se sostiene que la imputación formulada contra su prohijado es inexacta y no guarda relación de causalidad con los hechos que precedieron la firma del contrato, de tal manera que se le estaría aplicando una

responsabilidad objetiva, pues para estructurar el cargo no se tuvo en cuenta la documentación relativa al trámite de escogencia del contratista DRACOSISTEMAS que reposa en la Secretaría de Educación del departamento, y el cual se describe con detalle, para derivar de esto que se realizaron todas las etapas tendientes a obtener la oferta más favorable a los intereses y objetivos de la Secretaría de Educación y que dicho procedimiento de selección se adecuó a los lineamientos del decreto Nº 855 de 1994 (fls. 255 a 258 c.p.2). Además, destaca que su defendido suscribió el contrato en calidad de gobernador encargado, y que por razón de ese encargo transitorio, a lo sumo de tres días, no pudo participar en ninguna de las etapas previas a la selección del contratista. Con todo, consciente de su responsabilidad, habría verificado el cumplimiento de los requisitos de Ley antes de firmar el contrato (fls. 258 c.p.2). Se repara en el hecho de que este Despacho hubiera estructurado el auto de cargos solamente con la fotocopia del contrato suscrito el 27 de diciembre de 2001, pero sin verificar en los archivos de la entidad el procedimiento seguido para la contratación. Con lo cual se habría vulnerado el principio de certeza, puesto que el operador disciplinario debe basarse por lo menos en una prueba de la responsabilidad del disciplinado y para el caso ventilado debió solicitarse la documentación que soportó la firma del contrato y verificar su existencia, pues de lo contrario no encontraríamos ante una flagrante violación del debido proceso de su defendido (fl. 258 c.p.2). Fallo de 1ª instancia 5

Exp. Nº 165-72685/2002

Proyectó: Mauricio Gómez Sañudo Alegando así mismo que se preservó el deber de selección objetiva al escogerse la oferta más idónea para el departamento de entre tres ofertas presentadas (fl. 259 c.p.2).

En cuanto a las normas presuntamente violadas se sostiene que el cargo es vago e impreciso, pues se limita a citar los apartes normativos supuestamente violados, pero sin explicar como se habría violado el literal a) del numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, ó como se habría dado el abuso de poder por parte del implicado al suscribir un contrato que cumplía con todos los requisitos legales, siendo otro el cuestionamiento de haberse negado a la firma del mismo (fls. 259 y 260 c.p.2). En cuanto al principio de transparencia se sostiene que en el proceso de selección que culminó con la adjudicación a DRACOSISTEMAS se dio una pluralidad de ofertas y se escogió la oferta más favorable a los intereses de la administración departamental (fls. 260 c.p.2). Preservándose igualmente los numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 26 ibídem, ya que es evidente que en ningún momento se transgredió el principio de responsabilidad, pues la contratación cuestionada se ajustó a los fines de la administración departamental y a los preceptos legales. Advirtiendo así mismo que su defendido no participó en el proceso de selección, que no eludió su responsabilidad para la suscripción del contrato, ni delegó y mucho menos omitió el cumplimiento de sus funciones; y reseñando el cumplimiento de los preceptos

establecidos en el artículo 3º del Decreto 855 de 1994, en la contratación cuestionada. De lo cual se seguiría que SIMANCAS TORRES sí atendió sus deberes, al igual que los principios de la contratación estatal (fl. 261 y 262 c.p.2). Respecto del concepto de la violación se advierte que el Decreto 855 es de 1994 y no de 1998, se reprocha el hecho de que se funde el cargo en una sola prueba (la copia del contrato) y se sostiene que se le estaría imputando una forma de responsabilidad objetiva a su defendido. Sosteniendo también que para deducirle responsabilidad disciplinaria a una persona no basta con demostrar la existencia de una violación a un deber objetivo sino que se debe probarse que esta causalmente ligada con el resultado; relación de causalidad esta que no existiría “entre la conducta desplegada por mi poderdante en su condición de gobernador encargado, la de firmar el contrato, y el hecho reputado irregular por la procuraduría Delegada, el no haber obtenido previamente dos ofertas, en primer lugar por que no participó en el trámite precontractual por cuanto fue designado por solo tres días, y para proceder a la suscripción de ese negocio jurídico contó con la documentación contentiva del proceso de selección llevado a efecto y entre este se encontraban tres ofertas (fls. 263 y 264 c.p.2). De todo lo cual se derivaría que SIMANCAS TORRES no incurrió en la falta que se le atribuye, al cumplir las funciones propias de su cargo, careciendo por tanto el caso ventilado de uno de los elementos típicos de la falta disciplinaria. Sin que se hubiera

probado o argumentado que el implicado faltó a su deber de vigilar los bienes jurídicamente protegidos y sin que en la conducta analizada hubiera existido ilicitud al no transgredirse ningún deber funcional, debiéndose por tanto dictar el archivo de la investigación (fls. 264 y 265 c.p.2.). Además, en cuanto al tema de la culpabilidad, reclama la proscripción de la responsabilidad objetiva en el sistema disciplinario y que por tanto el análisis de la culpabilidad es un presupuesto necesario de la responsabilidad, de forma tal que Fallo de 1ª instancia 6 Exp. Nº 165-72685/2002

Proyectó: Mauricio Gómez Sañudo este despacho debe valorar este elemento a partir de la prueba aportada y las reglas de la sana crítica, a fin de entender la ausencia de la falta que se le imputa a su defendido.

Y como pruebas de la defensa pide la incorporación de ciertas pruebas documentales, así como la obtención de la versión libre de SIMANCAS TORRES y los testimonios de diversos funcionarios conocedores de los hechos investigados. Anunciándose además la anexión de ciertos documentos en una carpeta con 85 folios (fls. 268 a 270 c.p.2).

4. ALEGATOS DE CONCLUSION.

Mediante auto del 26 de septiembre de 2005 se dispuso correr traslado para que la defensa presente sus alegatos de conclusión; allegando en tiempo alegatos de cierre la apoderada del VARGAS SÁNCHEZ (fls. 867 a 897 c.p.4) y el apoderado de SIMANCAS TORRES (fls. 899 a 911 c.p.4), de la siguiente forma:

4.1. La apoderada del implicado LUIS DANIEL VARGAS SÁNCHEZ presenta un escrito de alegatos de conclusión, en el que reafirma sus argumentos de defensa expuestos desde los descargos, en el sentido de que los contratos cuestionados fueron celebrados dentro de los lineamientos fijados para la contratación directa en la Ley 80 de 1993 y en el Decreto 855 de 1994. Situación esta que habría sido corroborada en los testimonios de los señores Bernardo Ramírez, Mónica Barrios Ledesma, Luís Roberto Angulo Betancourt, Alfonso Castell Majarrez, Emiromel Castillo Torres, tomados los días 21, 22 y 27 de junio de 2005, en los cuales se expresaría que los dos contratos en cuestión estaban dirigidos a la atención de diversas necesidades, como ya se dijo, así el suscrito por VARGAS SÁNCHEZ con la firma COLCOMPUTO LTDA., para dotar de computadores con fines pedagógicos al Instituto Agropecuario San Jacinto, todo ello dentro del plan de la administración departamental de implementar una educación orientada a la productividad y a la competitividad; mientras que el contrato suscrito con la firma DRACOSISTEMAS por SIMANCAS TORRES, tenía propósitos administrativos, pues los computadores adquiridos por este conducto se destinarían a los núcleos de desarrollo educativo para manejar el programa del Ministerio de Educación “SABE 50” (fls. 868 a 871 c.p.4). Además, cada proyecto habría sido elaborado, tramitado y ejecutado en dependencias diferentes, así el contrato suscrito por LUIS DANIEL VARGAS con

COLCOMPUTO, solicitado por la Secretaría de Planeación Departamental, mientras que el suscrito por SIMANCAS TORRES con DRACOSISTEMAS fue solicitado por la Secretaría de Educación; variándose igualmente las especificaciones técnicas y requerimientos en cada uno de los contratos señalados, tal como se habría corroborado en la prueba documental arrimada al proceso (fls. 872 y 873 c.p.4). Se insiste en que el contrato celebrado con la firma COLCOMPUTO LTDA. obedeció a una política departamental del plan de gobierno 2001-2003, establecida en la Resolución Departamental Nº 357 de noviembre 22 de 2001, orientada hacia la productividad y la competitividad en la educación departamental, situación esta que igualmente sería corroborada en algunos de los testimonios recabados. Y destacando en este punto, que se cumplió a cabalidad con el objeto contratado, tal Fallo de 1ª instancia 7 Exp. Nº 165-72685/2002

Proyectó: Mauricio Gómez Sañudo como se desprendería de los testimonios dados por el Rector del Instituto San Jacinto y por la funcionaria que recibió los equipos y corroboró el cumplimiento del objeto contratado (fls. 873 y 874 c.p.4).

Además se alega que de la prueba documental y testimonial allegada al plenario se seguiría que no fueron improvisados los dos procesos de contratación en entredicho, sino que los mismos obedecían a unos proyectos efectuados con antelación, tal como se advertiría en la ficha de radicación de proyectos de inversión Nº

2001130000091. Y se insiste en que en el contrato suscrito por VARGAS SÁNCHEZ

no se eludió el proceso licitatorio por el factor cuantía, puesto que su monto estuvo por debajo de los límites establecidos en la ley para los procesos licitatorios, conforme se podría verificar en la tabla de topes de contratación obrante en el proceso (fls. 874 a 876 c.p.4). En cuanto a la normatividad que se propone como violada en el auto de cargos, se insiste en que su defendido actuó dentro de los parámetros del numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, pues precisamente esa norma contempla la contratación directa en los casos de menor cuantía (como ocurre en el caso bajo análisis). Además se alega que en la Ley 200 de 1995 y en la Ley 734 de 2002 se establece el deber funcional de todo servidor público de ejecutar los planes de desarrollo y que tales proyectos se encontraban dentro de los planes de desarrollo. De forma tal que el implicado VARGAS SÁNCHEZ actuó en cumplimiento de las normas vigentes para la época de los hechos y de ninguna manera actuó con desviación o abuso de poder (fls. 876, 877 y 882 c.p.4). Aparte de que la actividad precontractual no fue adelantada por el implicado VARGAS SÁNCHEZ sino por los miembros del Comité Programa Educación para la Productividad y la Competitividad Bernardo Ramírez del Valle y Emiromel Castillo Torres, “quienes adelantaron el proceso de contratación para adquirir los computadores, redactaron los oficios de invitación a contratar directamente, recibieron y junto con el comité evaluador calificaron propuestas y seleccionaron la

más favorable para los intereses de la contratación o fines que perseguía esa contratación, y finalmente le proyectaron y llevaron a la firma del señor Gobernador, el correspondiente proyecto de contrato, previo los vistos buenos de Control Interno (sic) Jurídica y planeación, donde se expresa con ello el cumplimiento de todos los requisitos legales para esa contratación lo único que el señor Ex Gobernador hace es firmar ese contrato” (fls. 877 y 878 c.p.4). Y en el anterior sentido el implicado VARGAS SÁNCHEZ habría actuado amparado y confiado en el principio de buena fe que debe acompañar las actuaciones de todos los funcionarios públicos, pues de manera previa a suscribir el contrato cuestionado verificó el cumplimiento de los correspondientes requisitos y vistos buenos, que le daban certeza y confiabilidad de que el trámite precontractual se había adelantado conforme a los parámetros legales. Con lo cual se tiene que la actuación de VARGAS SÁNCHEZ no fue omisiva, ni desconoció ningún mandato legal, ni supuso la falta de consideración para con los administrados al firmarse el contrato con la firma COLCOMPUTO, pues por el contrario lo que hizo “fue actuar con todas las diligencias de cara a la observancia de los deberes funcionales objetivos de cuidado, y buena fe que la ley 200 le imponían.” (fl. 879 c.p.4, resaltado del memorialista). Fallo de 1ª instancia 8 Exp. Nº 165-72685/2002

Proyectó: Mauricio Gómez Sañudo Derivando de lo expuesto que no se le puede endilgar a su defendido ninguna

conducta dolosa o culposa como quiera que no incurrió en ninguna violación de deberes funcionales objetivos de cuidado y mucho menos de normas básicas de la contratación (estatal), que conocía perfectamente y respetó. Estando cubierta su actuación con el principio de confianza, según el cual cada uno de los participantes de actividades funcionales regladas tiene el derecho de confiar en que los otros observaron las debidas precauciones y las adecuadas reglas de conducta, mientras no se pruebe lo contrario; lo que para el caso bajo estudio se sustento en el hecho de contar el señalado contrato suscrito por VARGAS SÁNCHEZ con los debidos avales de los funcionarios que tuvieron a cargo el trámite del contrato, quienes además preservaron la transparencia y la selección objetiva en la escogencia del contratista (fls. 880 a 883 c.p.4). En cuanto a la violación del principio de responsabilidad que se reprocha en el auto de cargos (numerales 1º, 2º, 4º y 5º del artículo 26 de la Ley 734 de 2002), se plantea que el contrato fue ejecutado satisfactoriamente y se consiguió el fin estatal sin ningún tipo de detrimento, habiéndose ejercido, así mismo, una correcta vigilancia y control del objeto contratado, a través del interventor; que VARGAS SÁNCHEZ jamás ha sido llamado en garantía ni en su contra no se ha iniciado acción de repetición alguna, puesto que su comportamiento fue intachable y no se generó ninguna indemnización a cargo de la administración; que sus actuaciones estuvieron ajustadas a una eficiente y conveniente inversión, respetándose por tanto

el numeral 4º; y que es claro que VARGAS SÁNCHEZ respondía por la dirección y manejo de la actividad contractual, por lo cual suscribía los contratos sobre la base de la confianza que tenía en sus subalternos cuando ellos intervenían en las etapas pre-contractual y pos-contractual (fls. 884 a 886 c.p.4) De tal forma que VARGAS SÁNCHEZ no habría violado normatividad alguna en los hechos vistos, y precisamente el proyecto de adquisición de computadores para el Instituto San Jacinto es la satisfacción de una necesidad sentida de la población estudiantil; como habría quedado consignado en la declaración dada por el Rector del Instituto San Jacinto. Ciñéndose siempre la actuación de tal implicado a los postulados de la buena fe, buscando el cumplimiento del objeto contratado y salvaguardando el interés del estado consignado en el mandato constitucional en pos de la educación (fls. 886 a 888 c.p.4). En cuanto al concepto de la violación sostiene que se probó suficientemente que los dos contratos correspondían a proyectos diferentes, que se desvirtuó la acusación hecha en los cargos en el sentido de que el contrato no estuvo precedido de