PGN - Documento 201603081405104

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación

Estatal.

Radicación: 16586706-2003

Disciplinados: ALEJANDRO VALLEJO ASKUNTAR Y PEDRO EMILIO

CASTILLO CALVACHE.

Cargo y entidad: Rector y Tesorero del Instituto tecnológico del Putumayo Quejoso: Cielo Mery Rosas y otros Fecha Queja: 13 de agosto de 2001

Fecha Hechos: agosto de 2001

Conducta Investigada: Irregularidades en la celebración de órdenes de prestación de servicios, por violación al régimen de inhabilidades y pago de órdenes de servicios sin contar con los soportes que certifiquen el cumplimiento de obligaciones.

Actuación: Fallo de primera instancia

Bogotá, D.C., 16 de mayo de 2006 Procede el Despacho a decidir lo que en derecho corresponda, respecto al proceso adelantado contra ALEJANDRO VALLEJO ASKUNTAR Y PEDRO EMILIO CASTILLO CALVACHE, en su condición de Rector y Tesorero del Instituto Tecnológico de Putumayo, de conformidad con el artículo 170 de la Ley 734 de 2002.

I. ANTECEDENTES Con fundamento en la queja recibida en la Procuraduría General de la Nación, el 13 de agosto de 2001, presentada por alumnos y exalumnos del Instituto Tecnológico del Putumayo, se inició investigación preliminar el 9 de noviembre de 2001, en la Procuraduría Regional del Putumayo. (Fs. 2 a 6 y 216-217 C. 1)

Mediante auto de 22 de agosto de 2002, la Procuraduría Regional del Putumayo, dispuso la apertura de investigación formal en contra de los señores ALEJANDRO VALLEJO ASKUNTAR y PEDRO CASTILLO CALVACHE, en su calidad de rector y tesorero del Instituto Tecnológico de Putumayo. (Fs 428 a 436 C.2) El 22 de enero de 2003, se dispone por esa Procuraduría, con base en el literal c) del numeral 1º. del artículo 75 del Decreto 262 de 2000, decretar la “Nulidad de todo lo actuado dentro del expediente 052-7471 a partir del auto de Investigación Disciplinaria, inclusive, preservando valor y fuerza probatoria los elementos de juicio recaudados y aportados legal y oportunamente al proceso”. Remitiendo por competencia a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa. (F. 444 y 445, C. 2) 1

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PROYECTÓ: IRIANA APONTE DIAZ Por auto de 14 de mayo de 2003, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, dispuso el archivo de la queja en lo relacionado con las presuntas irregularidades atribuidas al rector del Instituto Tecnológico del Putumayo por la falta de apoyo a la Oficina de Control Interno y Presupuesto del Instituto y la remisión de las diligencias a la División de Registro y Control para que sean enviadas a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal ( r ) para lo de su cargo. (F. 464 C. 2)

El 14 de enero de 2004, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal repone una actuación Nula y dispone Avocar conocimiento del asunto enviado por la Procuradora Regional del Putumayo, ordenando la apertura de Investigación Formal Disciplinaria, en contra de los señores ALEJANDRO VALLEJO ASKUNTAR y PEDRO EMILIO CASTILLO CALVACHE, por los hechos expuestos en los numerales 2.2 y 2.3 de la citada providencia, archivando la investigación, en cuanto a los hechos relacionados en el numeral 2.4 de la misma, “en lo concerniente a la presunta existencia de cuentas por pagar por un valor aproximado de “20.000.000,oo y de ordenes de compra que no contaban con la correspondiente disponibilidad presupuestal” pues al respecto durante la etapa de investigación preliminar e investigación disciplinaria, nada se investigó al respecto, y tales hechos para la fecha se encontraban prescritos. (F.466 a 479 C 3) El 29 de junio de 2005, esta Delegada con base en lo dispuesto en los artículos 148 y 149 de la Ley 200 de 1.995, (art. 161 de la ley 734 de 2002), resuelve, formular cargos contra los señores ALEJANDRO VALLEJO ASKUNTAR y PEDRO EMILIO CASTILLO CALVACHE, en los siguientes términos: AL SEÑOR ALEJANDRO VALLEJO ASKUNTAR: Cargo primero: “…En su calidad de Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, para la época de los hechos, posiblemente incurrió en irregularidades al suscribir las ordenes de servicios No. 036 de

marzo 1 de 2001, 208 de abril 1 de 2001 y 262 de agosto 1 de 2001 con el señor EDGAR BURGOS NARVAEZ encontrándose este inhabilitado para contratar, por haberse desempeñado como miembro del Consejo Directivo del Instituto (fl.256, 257 y 259, c. 2) Para la época en que las suscribió, marzo 1, abril 1 y agosto 1 de 2001, el contratista señor EDGAR BURGOS NARVAEZ, no podía contratar porque se había desempeñado como miembro del Consejo Directivo del Instituto, sin que hubiera transcurrido mas de un año de su desvinculación, desconociendo al parecer el régimen de inhabilidades en que están incursos los servidores públicos para contratar con las entidades estatales en las cuales han ejercido 2

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PROYECTÓ: IRIANA APONTE DIAZ funciones…” Cargo Segundo: “En su calidad de Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, para la época de los hechos, posiblemente incurrió en irregularidades al suscribir las ordenes de servicios No. 056 de abril 1 de 2001 y 105 de junio 1 de 2001 con la señora GLORIA YANETH VELEZ, sin que al parecer se hubiera adelantado ningún proceso de selección objetiva y justificación de la contratación, en el sentido que no existía personal de planta suficiente y capacitado para adelantar las labores contratadas (fl.355 y 356, c. 2).

Lo anterior, debido a que no se actuó con la debida diligencia y cuidado en la contratación para la prestación de servicios

profesionales, pues, en la carpeta correspondiente a las órdenes, no aparece ninguna oferta ni la justificación de la contratación “ Frente al señor PEDRO EMILIO CALVACHE, tenemos que le fue formulado un cargo único, consistente en: “…En su calidad de Tesorero del Instituto Tecnológico del Putumayo, para la época de los hechos, posiblemente incurrió en irregularidades al efectuar el pago de las órdenes de servicios números 056 y 105 de 2001 sin contar con los debidos soportes para realizarlo (fl.355 y 356, c. 2). Lo anterior, debido a que no se actuó con la debida diligencia y cuidado en la autorización y pago de los servicios prestados mediante las ordenes mencionadas, pues, en la carpeta correspondiente no aparece ningún documento que soporte el pago…” El auto de formulación de cargos, fue notificado personalmente el 22 de julio de 2005, al señor ALEJANDRO IGNACIO VALLEJO ASKUNTAR, (fl. 540 C. 3) quien dentro de la oportunidad legal, ejerció el derecho de defensa, presentando escrito de descargos, radicado el 05 de agosto de 2005, (fl. 544 a 553 C. 3). Así mismo, consta dentro del expediente que el auto de formulación de cargos, de fecha 22 de julio de 2005, el 30 de agosto del mismo año, fue debidamente notificado personalmente al señor PEDRO EMILIO CASTILLO CALVACHE, (fl. 558 C.3) quien dentro de la oportunidad legal, ejerció el derecho de defensa, presentando escrito de descargos, radicado el 12 de septiembre de 2005, (fl. 559 a 560 C. 3).

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PROYECTÓ: IRIANA APONTE DIAZ Mediante providencia de 28 de octubre de 2005 (F580 C. 3), el Despacho, con base en las pruebas requeridas por los investigados en sus escritos de descargos, dispuso decretar la prueba testimonial requerida por el señor ALEJANDRO VALLEJO ASKUNTAR, relacionada con la recepción de testimonio al señor EDGAR BURGOS, y negó la practica de las pruebas testimoniales solicitadas por el investigado CASTILLO CALVACHE, por considerarlas improcedentes con relación a los hechos que se investigan. Finalmente dispone tener como pruebas los documentos aportados por los investigados para que en oportunidad legal sean valorados como en Derecho corresponde.

Evacuadas las pruebas decretadas, el Despacho dispone el 30 de enero de 2006, (F. 617 C. 3), dar traslado a los acusados para que presenten sus alegatos de conclusión, de conformidad con el numeral 8 del art. 92 del C. D. U. Vencido el término legal, el 21 de febrero de 2006 (F629 C. 3), la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal encargada del SIAF hace constar que dentro de la presente actuación, por parte de los investigados no se presentaron alegatos de conclusión.

II. ARGUMENTOS DE LOS DESCARGOS Dentro del término legal, los investigados presentaron sus descargos, los cuales en

síntesis fueron así:

DESCARGOS PRESENTADOS POR EL SEÑOR ALEJANDRO VALLEJO

ASKUNTAR:

En el Escrito de Descargos el disciplinado, solicita el archivo de la actuación, luego de una breve relación de los hechos y de las normas en que se fundan los cargos formulados, manifiesta que la conducta a él endilgada lo fue a título de Dolo, pero en su opinión, “ …a pesar que en el auto de cargos página 8 se dice “…debido a que no actuó con la debida diligencia y cuidado en la contratación…”” la conducta a él endilgada debe serlo a título de culpa, pues el dolo debe ser entendido, como la intensión voluntaria de no dar cumplimiento a la ley u obligaciones propias del cargo y en ese orden la falta de diligencia se adecua la culpa. Posteriormente, hace una trascripción de los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, los cuales se refieren a definiciones legales tanto del Dolo como de la Culpa Grave, concluyendo que por aplicación expresa del artículo 150 de la Constitución Política “…no podrá argüir que la interpretación de culpa Grave es otra, cuando el legislador de manera expresa lo ha determinado, señalando expresiones legales que aluden a los criterios de interpretación normativa. Concluyendo que de acuerdo con las normas de interpretación, en su caso no existe culpabilidad a título de culpa grave, pues no existe el elemento subjetivo de la conducta endilgada por lo tanto la 4

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PROYECTÓ: IRIANA APONTE DIAZ conducta no sería típica y debe ordenarse el archivo definitivo.

Como argumentos de descargos, refiere el contenido del artículo 3 del Decreto 855

de 1.994, vigente para la época de los hechos, por lo que considera que para la celebración de ordenes de prestación de servicios profesionales “…por tratarse de contratos inferiores al 10% de la contratación directa, no requería de convocatoria pública, el sucrito realizó aviso para ello, anexo al presente fotocopia simple, con lo demuestro que no conculqué o no día cumplimiento a lo reglado pro el decreto 855 de 1.994 y Art. 24 de la ley 80 de 1.993…” Con relación a la contratación de persona incursa en causal de inhabilidad, señala que esta es una situación propia de los empleados públicos, pero que en este caso, el contratista no era servidor público, por lo que no le aplica la inhabilidad, por cual manifiesta que “… no conculque esta norma literal a del Art. 8 de la ley 80 de 1.993.” Manifiesta que de acuerdo con la Ley 30 de 1.993, las inhabilidades son para los servidores públicos, es decir que el hecho de ser miembro del consejo de una universidad, no es ser servidor público y tampoco lo asemeja a miembro de junta directiva de empresa industrial y comercial del Estado, o similar, por ende el señor EDGAR BURGOS no es sujeto pasivo de inhabilidad legal para contratar con el INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO ., y si en caso alguno estuviese inhabilitado, él sería el responsable de tal hecho, pues la inhabilidad, considera, es para el contratista no para el contratante y como apoyo de su dicho señala lo normado en el artículo 5 de la Ley 190 de 1.995.

Con base en lo expuesto, concluye el deponente que no existió elemento subjetivo y que la conducta endilgada tampoco y por ende, nadie puede responder por conductas o hechos que le son ajenos de conformidad con el artículo 2341 del Código Civil. Finaliza su escrito indicando que al existir un delegatario, su actuación, tan solo se limitó a la suscripción de documentos y formularios elaborados por el Subdirector de Planificación del INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUTUMAYO, a continuación hace alusión al contenido de apartes de los artículos 2343 y 2344 del Código Civil. En esos términos señala que su conducta frente a la presunta inhabilidad del contratista no la debe asumir, de acuerdo con las normas vigentes y menos aún responsabilidad alguna por ese hecho. DESCARGOS PRESENTADOS POR EL SEÑOR PEDRO EMILIO CASTILLO CALVACHE: Manifiesta el deponente que a fin de dar respuesta a los cargos formulados, solicitó la documentación correspondiente a la jefe de presupuesto del INSTITUTO 5

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PROYECTÓ: IRIANA APONTE DIAZ TECNOLOGICO DE PUTUMAYO, la cual allegó con el escrito de descargos presentado.

Señala que en razón a no haber visto de manera personal a la abogada GLORIA YANETH VELEZ PEREZ, solicitó su hoja de vida para constatar su existencia, así como la idoneidad de ella para los trabajos que le iban a encomendar. Frente a las órdenes de prestación de servicios 056 y 105, indica que estas llevaban la firma del rector con lo cual se certificaba que la contratista cumplió con el trabajo

encomendado, señalando que estas firmas pueden ser comprobadas y reconocidas por quien las estampó en los documentos. En cuanto a la copia del trabajo realizado por la profesional, este fue una guía para la elaboración de los estudios de control interno, el cual fue entregado al señor RAFAEL DAZA DIAZ, sin embargo aclara, que el pago se efectuó sin la copia del citado documento, debido a la premura con que el señor rector exigía el pago a la profesional, sin que por tal hecho hubiese existido premeditación, malicia o deseo de perjudicar el erario de la administración. Finalmente resalta sus cualidades personales y profesionales, requiriendo como prueba de las mismas la recepción de unos testimonios, sobre los cuales se decidió lo pertinente en la oportunidad procesal.

III. CONSIDERACIONES Revisado el expediente, no se encuentra situación alguna que pueda configurar causal de nulidad que permita invalidar lo actuado.

De conformidad con lo manifestado por los deponentes y analizando en su conjunto las pruebas obrantes en el expediente encontramos lo siguiente:

CON RELACIÓN A LOS CARGOS FORMULADOS AL SEÑOR ALEJANDRO

VALLEJO ASKUNTAR: Primer Cargo: Respecto al cargo incurrir en irregularidades al suscribir las órdenes de servicios Nos. 036 de primero de marzo de 2001 y 208 de primero de abril de 2001, es necesario señalar que por la naturaleza de los hechos investigados, que son conductas cuya ejecución se agota con la efectiva suscripción de los contratos objeto de estudio y en aplicación de lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 30 de la Ley 734 de 2002, a la fecha estos hechos se encuentran prescritos, por lo cual frente

a ellos se ha extinguido la acción disciplinaria. 6

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PROYECTÓ: IRIANA APONTE DIAZ Sin embargo, con relación a la contratación efectuada bajo el No. 262 el primero de agosto de 2001, con el señor EDGAR BURGOS NARAVEZ, no se ha presentado prescripción alguna y es procedente la verificación de las pruebas, como de los descargos referidos con ocasión al cargo formulado por este hecho.

Señala el auto de formulación de cargos que para la época en que el contrato fue celebrado con el señor EDGAR BURGOS NARVAEZ, el contratista se encontraba en causal de inhabilidad, por lo cual no podía contratar, pues se había desempeñado como miembro del consejo directivo del INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUTUMAYO, sin que hubiese transcurrido más de un año desde su desvinculación, en este orden de ideas, se desconoció por parte del investigado, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, específicamente la consagrada en el literal a) del numeral segundo del artículo 8 de la Ley 80 de 1.993. La norma en mención señala que son inhábiles para celebrar contratos con las entidades del estado, las personas que fueron miembros de juntas o consejos directivos y que el término de esta inhabilidad se extiende por un año, contado desde el momento del retiro del cargo. Verificadas las pruebas obrantes en el expediente encontramos que consta a folio 256 de cuaderno 2, la existencia del mencionado contrato administrativo de prestación de servicios, celebrado entre el INSTITUTO TECNOLOGICO DEL

PUTUMAYO, representado legalmente por el señor ALEJANDRO VALLEJO ASKUNTAR y el señor EDGAR BURGOS NARVAEZ, con fecha primero de agosto de 2001 y cuyo objeto consiste en planear, ejecutar, controlar, evaluar el proceso de aprendizaje y velar por una formación integral de los alumnos. Obra a folios 46 y siguientes del cuaderno 1, copia del Estatuto General del Instituto Tecnológico del Putumayo, el cual señala dentro del Capítulo 11 “REGIMEN JURIDICO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS”, ART. 44 que “…el régimen contractual del Instituto se ceñirá a lo dispuesto en la ley 80 de 1.993 demás disposiciones que lo reglamenten, modifiquen adicionen o sustituyan…” A folio 27 del C.1, aparece el oficio OCI037-2001, de 18 de mayo de 2001, suscrito por el jefe de control interno del Instituto Tecnológico del Putumayo, en el cual solicita concepto a la Contraloría, indicando que hasta diciembre de 2000, el señor EDGAR BURGOS NARVAEZ, fue miembro del Consejo Directivo y que partir de marzo de 2001, fue vinculado por contrato de prestación de servicios como docente de medio tiempo y encargado de la oficina de personal, que esa dependencia mediante oficio OCI.- 016-001 el 09 de marzo de 2001, enteró al rector sobre la inhabilidad, de acuerdo con la ley 80 de 1.993; señala que este oficio fue el que originó la salida temporal del señor BURGOS, pero que posteriormente fue

nuevamente vinculado. 7

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PROYECTÓ: IRIANA APONTE DIAZ Obra en el expediente el oficio 80112 de 30 de mayo de 2001, suscrito por la jefe de la oficina jurídica de la Contraloría General de la República, (F22 C. 1), donde se emitió concepto sobre el tema precisando lo siguiente: “…los miembros de las juntas o consejos durante el ejercicio de sus funciones y durante el año siguiente a su retiro, dentro del periodo últimamente señalado no podrán prestar sus servicios profesionales en la entidad en la cual actúan o actuaron, ni en las que haga parte del sector administrativo al que aquella está vinculada: el señor Edgar Burgos Narváez perteneció como representante de los egresados hasta el 13 de noviembre de 2000, es decir existe dicha prohibición e incompatibilidad y regirá dentro del año siguiente al retiro de la entidad….” A folio 231 del cuaderno 1, obra la declaración rendida por el señor FRANCO JESUS MUÑOZ ANDRADE, quien para la fecha de los hechos laboró como docente en el INSTITUO TECNOLOGICO DE PUTUMAYO, y manifestó: “…Con referencia al señor EDGAR BURGOS, un caso muy sonado en la institución, fue su hombre de confianza, desde el mismo momento de elección como rector a él lo designó como jefe de personal y también en varias oportunidades fue encargado de rector, a conciencia del señor BURGOS no podía contratar con el I.

T. P. por inhabilidad por haber pertenecido como miembro del

CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO, de todas maneras como nos consta a los miembros directivos, administrativos docentes y estudiantes, el señor BURGOS permaneció desde la fecha de nombramiento del señor VALLEJO, como rector hasta el mes de febrero de 2002….. ” A folios 240 y 241 del cuaderno 1, se observa el acta de visita especial practicada en las instalaciones del Instituto Tecnológico del Putumayo, el 24 de abril de 2002, por parte de funcionarios de la Procuraduría Regional del Putumayo, en cumplimiento del auto de 9 de noviembre de 2001, que en principio fue atendida por el señor ANDRES AGUILERA, quien colocó a disposición de los funcionarios comisionados los documentos correspondientes, tal como consta en acta y manifestó dentro de la diligencia con relación al señor EDGAR CLEMENTE BURGOS, lo siguiente: “…tengo conocimiento que el señor EDGAR CLEMENTE BURGOS labora desde el primero de enero de 2001, como docente de tiempo completo encargado de la jefatura de personal…”. En la misma fecha, los funcionarios comisionados al visitar las diferentes dependencias del INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO, se hacen 8

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PROYECTÓ: IRIANA APONTE DIAZ presentes en la oficina de coordinación, en la cual son atendidos por el señor JOSE IGNACIO CARVAJAL, coordinador de la sección nocturna, quien puso a disposición entre otros documentos, el libro AZ B 2001 en donde reposa la información de horas cátedra dictadas por el señor EDGAR BURGOS NARVAEZ, el señor CARVAJAL al

ser interrogado sobre el tiempo de trabajo y desempeño laboral del señor BURGOS NARVAEZ, manifestó: “…al iniciar el año pasado me presentaron un contrato y donde manifestaban que el era profesor hora cátedra y se le abrió un fólder para registrar el cumplimiento de su trabajo. Después parece que se le presentaron dificultades a este profesional por estar inhabilitado ya que en el año inmediatamente anterior o sea año 2000 había sido miembro activo del consejo Directivo del I. T. P. como ex alumno, pero siguió laborando normalmente mientras se hizo la consulta a la Contraloría Departamental, consulta que al final según él salió favorecido y como podía continuar como docente hora cátedra y a la vez desempeñaba el cargo como jefe de personal …..” Así mismo, al ser interrogado respecto al por qué aparece en un registro de horas laboradas a nombre del docente EDGAR CLEMENTE BURGOS NARAVAEZ en el mes de junio del año 2001 con un registro de 120 horas, contestó: “…Estaba aumentado el número de horas porque en los meses anteriores en el que tenía problemas por la inhabilidad estas no se habían registrado normalmente y se acumularon para el respectivo mes citado. De acuerdo con los documentos recopilados en la diligencia de inspección, se encuentran las planillas de pago en donde consta que durante meses los anteriores y posteriores al mes de agosto de 2001, el señor EDGAR BURGOS NARVAEZ, recibió del INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUTUMAYO, el pago de salarios, de los cuales solamente haremos referencia a partir del mes de agosto de 2001, que corresponde con la época de suscripción del contrato 262 y hasta el mes de diciembre de 2001,

pues el contrato analizado, tuvo una duración de 6 meses, según consta en el mismo así:  F. 369 C.2 – mes de diciembre de 2001, por valor líquido a pagar de $743.792,oo, debidamente firmado por el beneficiario, con número de cédula.  F. 372 C. 2 – mes de noviembre de 2001, por valor líquido a pagar de $269.809,oo debidamente firmado por el beneficiario, con número de cédula.  F. 373 C. 2 – mes de noviembre de 2001, por valor líquido a pagar de $ 305.680,oo debidamente firmado por el beneficiario, con número de cédula.  F. 375 C. 2 – mes de octubre de 2001, por valor líquido a pagar de 9

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PROYECTÓ: IRIANA APONTE DIAZ $621.050,oo debidamente firmado por el beneficiario, con número de cédula.  F. 379 C. 2 – mes de septiembre de 2001, por valor líquido a pagar de $278.061,oo debidamente firmado por el beneficiario, con número de cédula  F. 382 C. 2 – mes de agosto de 2001, por valor líquido a pagar de $91.068,oo debidamente firmado por el beneficiario, con número de cédula En la citada diligencia, ya en la división de tesorería el señor PEDRO EMILIO CASTILLO, cuando se refiere al contrato administrativo con el señor EDGAR BURGOS NARVAEZ, dice que el mismo no existió, que lo que sucedió es que “fue

nombrado como docente de tiempo completo y comisionado a la jefatura de personal”. Verificado el contenido del acta de la diligencia de VERSION LIBRE rendida por el disciplinado VALLEJO ASKUNTAR, (F. 34-36 ANEXO) al referirse a la contratación del señor EDGAR BRUGOS, señala que: “…él firmó un contrato, en el cual declaraba que no estaba inhabilitado, para ejercer el cargo de docente, para esa época decía que los docentes hora cátedra no tenían ninguna clase de inhabilidades por esta razón el señor EDGAR BURGOS siguió vinculado con la institución en este periodo…” Al respecto, es necesario precisar que de acuerdo con lo normado en el estatuto docente del Instituto Tecnológico del Putumayo, este responde a los objetivos de la Ley 30 de 1.992, la cual señala en el artículo 29 que: “….la autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos: a) Darse y modificar sus estatutos…” Es de aclarar que si bien es cierto, el artículo 9 del estatuto docente del INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUTUMAYO, señala la designación del docente, asignación académica y funciones, esta norma en momento alguno restringe o modifica el régimen contratación aplicable a los docentes y menos aún, señala algo en particular con relación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, aplicable en todos los casos para la contratación, no solo de personal por parte del INSTITUTO

TECNOLOGICO DE PUTUMAYO.

En consecuencia, tanto el estatuto docente del INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUTUMAYO, como el Estatuto General de Contratación Administrativa, por remisión expresa del artículo 44 de los estatutos del INSTITUTO TECNOLOGICO DE 10

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PROYECTÓ: IRIANA APONTE DIAZ PUTUMAYO, son coexistentes y deben cumplirse conjuntamente, pues si bien es cierto la materia que tratan es distinta, no es menos cierto que la observancia de estas normas es aplicable de manera concomitante.

Por lo expuesto, se puede concluir que el régimen aplicable para los contratos celebrados por el Instituto Tecnológico del Putumayo, de acuerdo con su reglamento Interno, está dado por la Ley 80 de 1.993 y las normas que lo adicionen, complemente o modifiquen. Por lo cual no son de recibo los argumentos de los descargos, en tal sentido. Al respecto, el Consejo de Estado, mediante Auto No. 16661 el 8 de febrero de 2001,

M. P. Dr. Ricardo Hoyos Duque ha señalado que: “…es jurídicamente viable considerar que la categoría “contratos estatales” no puede quedar exclusivamente referida a los actos contractuales que celebran las entidades del Estado relacionadas en la Ley 80 de 1993; sino que habría que reconocer que desde el punto de vista material y técnico formal, constituye una acertada categoría jurídica que tiene la virtud de englobar todos los contratos que celebran las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el estatuto general de la contratación administrativa o que estén

sujetos a regimenes especiales….” Así las cosas, la incompatibilidad contemplada en el literal a) del numeral 2 del artículo 8 de la ley 80 de 1.993, es aplicable al caso concreto, es decir que el señor BRUGOS NARVAEZ, efectivamente estaba incurso en la causal de inhabilidad establecida en la ley y por lo tanto no podía celebrar contrato alguno hasta un año después de su retiro, como miembro del consejo directivo del Instituto tecnológico del Putumayo. Situación que no guarda relación alguna con la condición de ser o no servidor público como lo expresa el investigado, pues la norma es expresa al respecto. De otra parte, se encuentra demostrado que el investigado si conocía de la incompatibilidad en la que estaba incurso el contratista, tal y como lo demuestran los documentos emanados de la oficina de control interno de la entidad y el concepto de la Contraloría General de la República, ambos de fechas previas a la suscripción del citado contrato de prestación de servicios. Tan era de público conocimiento para los miembros de esa comunidad educativa el hecho de la inhabilidad, que de ello dieron fe en sus declaraciones los señores FRANCO JESUS MUÑOZ ANDRADE (fs. 230 – 232 C. 1), y ANDRES AGUILERA (Fs. 240241 C. 1) tal y como se reseñó anteriormente. Ahora bien, no obstante el conocimiento y advertencia sobre la inhabilidad, el señor ALEJANDRO VALLEJO ASKUNTAR procedió no solo a celebrar un contrato con persona inhabilitada, sino que realizó varios negocios jurídicos de prestación de

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PROYECTÓ: IRIANA APONTE DIAZ servicios con el señor BURGOS NARVAEZ, durante el mismo periodo de la incompatibilidad y en el caso particular del contrato 262 de primero de agosto de 2001, este fue debidamente pagado al contratista tal y como lo refieren las planillas correspondientes durante los seis meses de su vigencia.

Teniendo en cuenta los hechos debidamente demostrados en el expediente, es necesario efectuar algunas precisiones de tipo legal y conceptual, que permitirán establecer concretamente la falta cometida, su gravedad y el grado de responsabilidad que le asiste al disciplinado. Establece el artículo 8 de la Ley 80 de 1.993, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el estado, norma de prohibición, que tienen un fin moralizador de la actividad contractual y busca tutelar la rectitud en las decisiones que al respecto tome la entidad estatal. En general corresponden a descripciones subjetivas u objetivas de la ley, las cuales comportan una prohibición para que determinadas personas contraten con el estado, so pena de que una vez efectuados los contratos bajo tales circunstancias, estos devengan en nulos, de acuerdo con lo normado en el numeral primero del artículo 44 de la Ley 80 de 1.993. Estas prohibiciones que si bien es cierto fueron impuestas por el legislador, no responden a un criterio científico para su formulación, ambas se constituyen en uno de los presupuestos de valides de los contratos. Hablamos de incompatibilidades para identificar las prohibiciones que la ley establece a determinadas personas que posean una investidura oficial, o

desempeñen una función pública para que puedan celebrar contratos con las entidades estatales. En tanto que las inhabilidades, aluden a una sanción que impone el derecho a determinadas personas que incurren en conductas reprochables con el propósito de minimizar riesgos que el estado puede sufrir al contratar con sujetos que por sus antecedentes personales no son dignos de confianza. Para el caso que nos ocupa, la incompatibilidad establecida en el literal a) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1.993, se justifica en la exigencia ética de preservar la transparencia en el manejo de la cosa pública y s