PGN - Documento 201603081405134

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación

Estatal Radicación: 165-99107-2004

Investigado: GUSTAVO CARMELO CASTELLANOS

Entidad: Gobernador de Arauca Quejoso: Contraloría General de la República Fecha Queja: 31 de julio de 2003

Fecha Hechos: 27 de diciembre de 2000

Hechos: Presuntas irregularidades en la etapa precontractual del contrato No. 712 de 2000

Asunto: Fallo de primera instancia

Bogotá., D. C 9 de noviembre de 2005 Procede el Despacho a decidir lo que en derecho corresponda, respecto al proceso adelantado contra GUSTAVO CARMELO CASTELLANO, en su condición de Gobernador del departamento de Arauca, de conformidad con la norma contenida en el artículo 170 de la Ley 734 de 2002.

I. ANTECEDENTES Con fundamento en el informe remitido por el Gerente Departamental de la Arauca de la Contraloría General de la República, en el cual se registraron presuntas irregularidades en la celebración del contrato 712 de 2000, la Procuraduría Regional de Arauca, en auto de 31 de octubre de 2003 (fls. 152 –155 del cuaderno principal), dispuso adelantar indagación preliminar con el fin de establece la existencia de los hechos denunciados.

Agotada esa fase procesal, la mencionada oficina del Ministerio Público, en decisión de 30 de enero de 2004 (folios 80 a 81), ordenó la remisión de las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal (reparto), las cuales fueron

asignadas a esta Delegada, la que en proveído de de 31 de marzo de 2004 (folios 82 a 87 cuaderno 1), ordenó la apertura de la correspondiente investigación disciplinaria y en auto de 31 de marzo de 2005 se formuló pliego de cargos contra GUSTAVO CARMEO CASTELLANO, elevándole las siguientes imputaciones CARGO PRIMERO “Usted en la calidad antes anotada celebró el contrato No. 712 de 27 de diciembre de diciembre de 2000, con el señor HERNANDO DE JESÚS RESTREPO ARIZA, cuyo objeto fue el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Planeación departamental para apoyar la fase de implantación de los planes de ordenamiento territorial en los municipios del departamento de Arauca, para ser ejecutado en un plazo de cuatro meses, concretamente sin haber efectuado previamente la conveniencia a contratar, según la misma naturaleza del objeto negociado se requerían”. CARGO SEGUNDO “Haber revestido de contrato de consultoría un contrato de suministro de equipos, e insumos de computación, donde además se autorizó la vinculación de personal profesional y técnico para la acometida del objeto contractual”. DESCARGOS Notificado el proveído de inculpaciones el disciplinado a través de su apoderado presentó sus descargos, los cuales reposan a folios 182 - 192 del cuaderno principal, en el que indicó lo siguiente. Indica la defensa que previo a la celebración del contrato 712 de 2000, el departamento de Arauca, suscribió un convenio con el Fondo de Inversión para el Desarrollo Regional, y para la aprobación del mencionado convenio, el ente

territorial debía presentar un proyecto al Consejo Regional de Planificación Territorial, - CORPES -, el cual fue sometido a estudio y se dio viabilidad, y resaltando que la viabilidad no es mas que justificación y conveniencia de la inversión. Una vez a aprobado el respectivo proyecto, se suscribió entre el CORPES y el departamento de Arauca el convenio interadministrativo 1383-368-99 el cual tuvo como objeto apoyar técnicamente la formulación de los planes básicos de ordenamiento territorial, en los municipios de Arauca. De igual modo menciona el apoderado que en desarrollo del convenio, la gobernación suscribió el contrato 712 de 2000, en el cual se estableció como objeto el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Planeación, departamento para apoyar la fase de implementación de los planes, y el requisito relacionado con la justificación y conveniencia de este acuerdo de voluntades, fue satisfecho ante el

CORPES ORINOQUÍA.

Respecto al mecanismo utilizado para la selección del contratista, en el memorial de exculpaciones, se señaló que tal procedimiento ya había sido establecido en el convenio en mención, en donde se pactó la obligación de celebrar un contrato de consultoría, para lo cual se cumplió con el principio de selección transparencia y selección objetiva, por cuanto se hizo una convocatoria pública para invitar a presentar propuesta, se confeccionaron términos de referencia, se presentaron ofertas, escogiéndose la mejor propuesta. Concluida da la etapa de descargos y practicas las pruebas solicitadas por la defensa en auto de 27 de septiembre de 2005 (fls. 234 del cuaderno principal, se corrió traslado para alegar, sin que se haya presentado escrito alguno tal como

consta en la constancia que obra a folios 242 del cuaderno principal.

II. CONSIDERACIONES El derecho disciplinario tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Estado, en relación con las conductas de los servidores públicos que lo afecten o pongan en peligro, por ello el comportamiento de las personas que desempeñan esas funciones debe estar ajustada a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que orientan la actividad de la gestión, atendiendo los principios de moralidad, eficacia, y eficiencia que caracteriza la actuación administrativa y el cabal desarrollo de la función pública.

Ahora bien la actividad contractual es uno de los mecanismo a través de los cuales, el Estado busca el cumplimiento de sus fines y para ello ha establecido en el estatuto General de la Contratación Pública, contenido en la Ley 80 de 1993, una serie de principios que desarrollan los postulados atrás citados entre los que se encuentra el de economía y transparencia, que están orientados ha hacer efectiva y eficaz la gestión pública en este campo. Entre los deberes que imponen el principio de economía esta el de elabora previamente a elaboración de los estudios de conveniencia, a fin de establecer la necesidad y justificar la obras, bienes o servicios que la entidad pretende contratar. Por su parte el principio de transparencia busca que la selección del contratista se efectúe de manera publica, garantizando la libre concurrencia y sin que medie ningún tipo de interés y sin que le sea posible a los funcionarios públicos elegir de manera caprichosa el procedimiento se selección del contratista, por cuanto la legislación contractual, atendiendo a la cuantía del contrato y su naturaleza ya tienen

establecido el tramite que se debe agotar. En el caso que nos ocupa recordemos que los reproches formulados al disciplinado consistieron en, no haber efectuado previo a la celebración del contrato 712 de 2000, el estudio de conveniencia y haber revestido como contrato de consultoría uno de suministro de equipos e insumos de computación en el que además se autorizó la vinculación de personal profesional y técnico. Con relación a los hechos materia de estudios se advierte que el Departamento de Arauca suscribió el 27 de diciembre de 2000 el contrato de consultoría 712, el cual tuvo como objeto, el fortalecimiento institucional de la Secretaria de Planeación departamental, para apoyar la fase de implementación, de los planes de ordenamiento territorial, en los municipios del departamento de Arauca (fls. 123 – 130 del cuaderno principal). De acuerdo con lo consignado en el acta de visita que reposa folios 78 del cuaderno principal, previo a la celebración del citado negocio jurídico no se advierte que se hubiese efectuados los correspondientes estudios de conveniencia. No obstante lo anterior al analizar las demás pruebas que reposan en el expediente, se observa que el contrato cuestionado fue celebrado en cumplimiento los convenios interadministrativos 1383-242-99 y 1383-368-99, como consta en el documento que reposa a folios 222 del cuaderno principal, suscritos entre el departamento del Arauca y el Corpes Orinoquia, para desarrollar el proyecto denominado “Fortalecimiento Institucional para la Formulación de Planes de ordenamiento territorial departamental y municipales en el departamento de Arauca”. Para a celebración de esos convenios, el ente territorial, presentó ante el CORPES,

el proyecto en mención, en el cual se indico que el Departamento de Arauca debía formular los lineamientos departamentales de ordenamiento territorial para direccionar los planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial de sus municipios, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, ese proyecto fue viabilizado por el Corpes, y dentro de concepto de aprobación se estableció que esa labor permitiría el fortalecimiento y apoyo interinstitucional a la administración departamental en organización territorial (fls. 215 – 221). Lo anterior, permite concluir que si se encontraba justificado la celebración del convenio 712 de 2000 y que los estudios de conveniencia requeridos para su suscripción se encontraban registrados en el proyecto que la administración departamental presentó a la entidad cofinanciadora. Así las cosas, el despacho entrará a absolver al disciplinado de la imputación formulada por cuanto probado esta que el requisito que se echó de menos en la primera imputación sí se cumplió. La misma decisión se adoptará respecto al segundo señalamiento que se le formuló a GUSTAVO CARMELO CASTELLANO, pues si bien es cierto que se le recriminó por haber cambiado la tipología de acuerdo de voluntades celebrado un contrato de consultoría, cuando la denominación del mismo atendiendo a las obligaciones pactadas debías ser otra, no lo es menos que tal denominación en nada incidió en el proceso que se adelantó para la selección del contratista, pues dicho tramite se ajustó a los procedimientos que establece la ley contractual atendido a la cuantía pactada en ese acuerdo de voluntades. Y es que para que un comportamiento como el que se enrostra al acusado pueda

constituir falta disciplinaria, necesariamente tiene que ser contrarios a los fines de la contratación o generar un comportamiento con el que se desconozca las disposiciones que regulan esta actividad, lo cual no se advierte de las pruebas que reposan en el cartulario, toda vez que los trabajos contratados mediante la suscripción del referido acuerdo de voluntades tuvo como propósito desarrollar el objeto previsto en los convenios trabajos que estaban plenamente justificado. En efecto, el valor del contrato en cuestión fue de $122.400.000 (fls. 123 - 130), para la escogencia del contratista sea acudió al procedimiento de contratación directa previsto en el decreto 855 de 1994, vigente para le época de los hechos, tal como consta en los folios que reposan a hojas 134 – 138 de cuaderno principal, en desarrollo de esa convocatoria se presentaron dos proponentes y se escogió la propuesta de HERNANDO DE JESÚS RETREPO ARIZA, procedimiento que era el autorizado por el Estatuto Contractual, pues de conformidad con lo establecido en la resolución 708 de 4 de octubre de 2000, por medio de la cual se establecieron los topes de las cuantías para contratar en atención a la adición que se le efectuó al presupuesto del departamento el monto para contratar directamente llegaba hasta la suma de $156.060.000 (fls. 154 del cuaderno principal). Pero además al examinar las obligaciones pactadas en el contrato en cuestión, se advierte que, este tipo de negocio jurídico se aproxima a la modalidad de gerencia de proyecto, en el cual al contratista se le da facultad de desarrollar bajo su

cuenta y riesgo todas las actividades bienes y servicios necesarios para cumplir el objeto contractual, como ocurrió en este caso concreto, en el que se le autorizó al contratista adquirir equipos de computación y a contratar el personal necesario para dar cumplimiento al proyecto fortalecimiento institucional de la Secretaria de Planeación departamental para apoyar la fase de implementación de los planes de ordenamiento territorial en los municipios del departamento de Arauca. En ese orden de ideas, queda demostrado que el nombre dado al contrato 712 de 2000, no determinó el procedimiento de selección del contratista, toda vez que el tramite que agotó la Gobernación de Arauca se ajustó a los procedimientos establecido para ello en la le y de contratación. Así las cosas como ya se había mencionadas sobre esta segunda imputación también se procederá a absolver de responsabilidad disciplinaria al acusado. Respecto a esta decisión no se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 734 de 2002, por cuanto el tramite disciplinario se inició con fundamento en información suministrada por servidor público. En mérito de lo expuesto, el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal,

RESUELVE

PRIMERO: Absolver disciplinariamente a GUSTAVO CARMELO CASTELLANOS,

identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.299.914 de Arauca, en su calidad de gobernador del departamento de Arauca, para le época de los hechos, de las imputaciones formuladas dentro de estas diligencias en proveído de 31 de marzo de 2005, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Notificar personalmente esta providencia al investigado o a su

apoderado, en los términos previstos en los artículos 104 y 165 del Código Único Disciplinario.

TERCERO: Por la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal efectuar las anotaciones de ley y librar las comunicaciones a que haya lugar

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

MARIO ROBERTO MOLANO LÓPEZ

Procurador Delegado Exp.165-99107

M.P.A.M