PGN - Documento 201603081405151

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCURADURÍA DELEGADA MORALIDAD PÚBLICA

Radicación No: 162-86630/03

Investigados: ISLENA PEREZ DE PARRADO, CLARA INES CARVAJAL

BORDA, RUTH ESPERANZA TRIANA NIVIA Cargo y Entidad: Rectora, Asesora Jurídica, Secretaria General Universidad de los Llanos Quejoso: De oficio (Informe de Contraloría General) Fecha Queja: Mayo 21 de 2003

Fecha Hechos: Vigencia de 2001

Asunto: Fallo de primera instancia

Bogotá D.C., 03 JUN. 2005 l. ASUNTO Procede el Despacho a dictar fallo de primera instancia en la investigación adelantada contra ISLENA PÉREZ DE PARRADO, RUTH ESPERANZA TRIANA NIVIA y CLARA INÉS CARVAJAL BORDA, Rectora, Secretaria General y Asesora Jurídica de la Universidad de los Llanos, en su orden, sin que se avizoren causales de nulidad que invaliden la actuación.

II. ANTECEDENTES La información La Contraloría General de la República -Gerencia Departamental, con ocasión de la auditoria practicada a la Universidad de los Llanos, vigencia 2002, denunció a las

señoras ISLENA PEREZ DE PARRADO, Rectora, CLARA INES CARVAJAL BORDA, Asesora Jurídica y RUTH ESPERANZA TRIANA NIVIA Secretaria General de esa institución, por inobservar el principio de responsabilidad estipulado en el artículo 26 de la ley 80 de 1993, al no elaborar los pliegos de condiciones, términos

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN de referencia y evaluaciones, en el contrato de consultoría 426 de 2001 y por recibir a satisfacción sin que se hubiera cumplido a cabalidad con su objeto, el cual consistía en ejercer la consultoría en seguridad social -pensiones, proporcionando elementos de tipo jurídico, financiero y actuarial (segunda fase). Investigación disciplinaria Con fundamento en los documentos allegados, por auto del 24 de julio de 2003 (fs.15-17), se dispuso apertura de investigación disciplinaria contra las señoras ISLENA PEREZ DE PARRADO, Rectora, CLARA INES CARVAJAL BORDA, Asesora Jurídica y RUTH ESPERANZA TRIANA NIVIA Secretaria General de la Universidad de los Llanos. El 12 de abril de 2004 el Despacho formuló cargos en contra de las investigadas (fls 53-59), procediendo a presentar descargos y aportar pruebas el 31 de mayo de 2004 RUTH ESPERANZA TRIANA NIVIA; el 2 junio de 2004 ISLENA PEREZ DE PARRADO y el 8 de junio de 2004 CLARA INES CARVAJAL BORDA (fs 14 a 431 cd.2). El 10 de agosto de 2004 el despacho resolvió sobre las pruebas de descargos (fs. 432 a 433)

III. DE LA PRUEBA RECAUDADA Todos los medios de prueba obtenidos poseen los atributos de existencia y validez, por cuanto, fueron practicados según las formalidades legales y no se encuentran afectados de nulidad alguna, razón por la cual se procede a analizar cada uno de los

hechos constitutivos de la conducta presuntamente irregular atribuida a las funcionarias ISLENA PEREZ DE PARRADO, CLARA INES CARVAJAL BORDA Y RUTH ESPERANZA TRIANA NIVIA, con el objeto de determinar si se cometió falta disciplinaria y si procede la imposición de sanción disciplinaria. Documental Contrato de consultoría número 426 del 31 de diciembre de 2001, celebrado entre ISLENA PEREZ DE PARRADO Rectora de la Universidad de los Llanos y RODRIGO ALBERTO CASTILLO SARMIENTO, por valor de 30 millones, duración seis (6) meses, cuyo objeto fue la consultoría en seguridad social-pensiones para proporcionar elementos de tipo jurídico, financiero y actuarial (segunda fase) (fs. 148 -151). Este contrato fue prorrogado a solicitud del contratista el 28 de junio de 2002 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en dos meses, por inconvenientes con la información suministrada para el desarrollo del cálculo actuarial y respecto a los cuales la Universidad está en proceso de ajuste (f.152). Acta de terminación y liquidación del contrato suscrita el 23 de diciembre de 2002 por la Rectora, la supervisora del contrato RUTH ESPERANZA TRIANA NIVIA con visto bueno de la asesora jurídica y el contratista, en la que se consignó que dentro del término de la prórroga el 16 de agosto de 2002 el contratista hizo entrega del informe final del desarrollo del cálculo actuarial y temas específicos en materia pensional, resultados y recomendaciones conforme a las precisiones y ajustes efectuados por la

rectora y supervisora, llevó a cabo un reforzamiento en la capacitación a funcionarios del área responsable de pensiones y entregó, la nota técnica y resultadoscálculo actuarial (reproceso) el 19 de diciembre de 2002 (f153-154). Antecedentes previos a la firma del contrato En el acta No. 06 del 27 de marzo de 2001 el representante de los profesores llamó la atención en cuanto a que desde hace mas de un año mediante el ejercicio de un derecho de petición solicitó la realización de los trámites ante el ISS para poder comparar los vacíos presentados con el pago de pensiones y otros rubros relacionados con la seguridad social (f. 223-235). Acta No.11 del 16 de mayo de 2001, la Universidad, explicó a la Oficina Jurídica Nacional del Seguro la cancelación de sus obligaciones y deducen que si esos dineros no ingresaron a las cuentas del ISS, la responsabilidad esta en cabeza de las entidades bancarias. El representante de los profesores pidió que se diera "... un tiempo prudencial al debate de los empleados en régimen de transición, se le haga llegar el informe de contraloría que se ha tomado como argumento por parte de la Universidad, para decir que no se puede jubilar a los funcionarios que se encuentran en régimen de transición...". El Consejo Superior requiere a la Rectora para que frente al problema de la Universidad con el ISS, afronte los procedimientos urgentes y necesarios (fs.35 a 39). Acta 012 del 23 de mayo de 2001. La rectora informa que se entrevistó con el encargado de seguridad social en el Ministerio de Hacienda, al que se le consultó el

problema de las personas que reclaman la jubilación a la Universidad y no al ISS, por no haber cumplido la edad requerida y el la orientó para hacer la consulta, con esos aportes se espera que jurídicamente haya un pronunciamiento que ayude a superar esta situación. El representante de los profesores pide "...nuevamente la realización de un estudio actuarial...tiene que ver con el régimen de transición, para lo cual se PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicita que se defina algo, bien sea basados en el concepto del Ministerio de Trabajo o el concepto jurídico de la Universidad de los Llanos,…La Creación del fondo pensional, que es el cuestionamiento que hace la contraloría…”. El doctor Pachón argumenta que la Asamblea permanente de los profesores se debe a la desprotección a la cual se han visto sometidos, como consecuencia del problema con el ISS. (f. 40-43). Acta 013 del 1 de junio de 2001 el doctor Pachón insiste en que los profesores piden es que se les solucione el problema de pensiones. La rectoría decidió en cuanto a la solicitud del estudio actuarial y ante la falta de ofertas allegadas a la Universidad, designar a los profesores William Hernández, Secretario General y Aura María Martínez, Jefe de División de Servicios Administrativos para que asistan al seminario Problema pensional, análisis jurídico financiero y actuarial, con lo cual espera proporcionar más elementos de tipo jurídico, técnico, financiero y actuarial a estos profesionales para que orienten sobre la toma de decisiones sobre esta problemática. El abogado externo doctor Donaldo Roldan, contratado para el caso

específico del ISS y Claudia Alonso exponen que no hay ninguna norma que obligue a la Universidad a pensionar a los profesores, que el ISS es el que tiene que hacerse cargo del régimen de transición. El doctor Pachón interrogó en cuanto a la retroactividad de la ley y recuerda a los consejeros que el concepto jurídico del Ministerio de Trabajo, es que la Universidad debe pensionar a los empleados que hayan cumplido la cotización de semanas y no la edad, cumplida la edad, el ISS seguirá pagando esta pensión. El mismo concepto lo dio el ISS, sin embargo la Universidad dice que ella no pensiona, que es facultad del Seguro Social, pero no hay una posición clara ni oficial por parte de la Universidad, sino que remite a los empleados al ISS y el Instituto los remite a la Universidad. Acta N.015 de 7 de junio de 2001, el Consejo Superior aprobó la resolución ordenando a la rectora, el cumplimiento del acta de compromiso 01 mediante la cual la Universidad de los Llanos como entidad patronal asume la responsabilidad de cubrir todos los riesgos del sistema general de Seguridad social integral que el ISS no asume para los funcionarios de la Unillanos mientras se define de fondo el problema del apoderamiento, al parecer por terceros de dineros cancelados por la Universidad al ISS como cotizaciones de sus trabajadores y educadores durante los años de 1995 a febrero de 2000, que están lesionando los derechos y pueden resultar lesionadas a las expectativas pensionales de vejez, invalidez y sobrevivencia de los funcionarios por no estar registrados los pagos de sus respectivas historias

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laborales del ISS y que con justo derecho el personal docente se declaró en asamblea permanente desde el 11 de mayo de 2001 (fs.269-280) Acta 16 del 13 de junio de 2001, el doctor Pachón recuerda los puntos solicitados en cuanto a la realización del estudio actuarial, se da un plazo de 60 días para recibir las propuestas, propuso convocar en un periódico de circulación Nacional, donde la Universidad avisa a las personas expertas en estudios actuariales para que envíen sus propuestas hasta tal fecha y dar una información básica que ellos necesitarán, de otra manera le parece que no habrá forma de recibir aquí unas propuestas serias para poder hacer una selección adecuada. (fs.281283). Acta 019 del 31 de julio de 2001, a los consejeros se les informó sobre las gestiones efectuadas respecto del problema ISS, se allegaron las dos propuestas sobre el estudio actuarial presentadas, una de Medellín y la de Rodrigo Alberto Castillo. El Consejo Superior tomó la decisión de requerir unas propuestas más concretas en cuanto a los valores y específicas en cuanto al objeto del mismo. (f.55 a 58). Acta 32 del 10 de diciembre de 2001, la Secretaria comunicó al Consejo Superior que se ha cumplido con la primera fase en la que se desarrolló un seminario llamado Entorno Jurídico Procedimental y las competencias en el reconocimiento de pasivos pensionales en Unillanos, cristalizándose en un resumen o relatoría sobre la realidad institucional en el tema pensional, el que se envió a todos los consejeros. La segunda fase cubre el estudio actuarial como calculo de la necesidad de recursos

para cumplir con las peticiones de pensión legal a que tienen derecho los docentes."... También puso en conocimiento de los consejeros la cotización de los costos de la segunda fase para las consideraciones pertinentes. (fs. 254-257) La rectora ISLENA PEREZ DE PARRADO invito a cotizar a Rodrigo Castillo (f.339) y el 10 de diciembre de 2001 el contratista allegó la Propuesta técnicaCalculo Actuarial por 30 millones en la que se consignó la situación encontrada "... Conforme al diagnóstico presentado el 30 de noviembre de 2001 producto de la revisión de la situación en materia pensional de su Entidad y la vista efectuada el 22 de noviembre de los corrientes, es necesario avanzar en...competencias en el reconocimiento de pensiones, historia laborales, compartibilidad pensional, cuotas partes pensionales, bono pensionales, aportes de salud y pensiones, financiamiento. Objetivos principales. Normalizar las deficiencias en materia de pasivos pensionales en la Universidad. Desarrollar el cálculo actuarial de la Universidad de los llanos para la cuantificación del pasivo pensional con corte a la fecha convenida con la institución, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para iniciar el proceso de financiamiento ante el Ministerio de Hacienda y Crédito público. Objetivos específicos. Analizar el régimen jurídico pensional para el personal activo y pensional en lo que se refiere al reconocimiento. Depurar la información del personal objeto del cálculo dentro de los parámetros legales, organizar e implementar con los funcionarios del área el proceso de compartibilidad para las pensiones o pensionados susceptibles de ellos..." (f327-331).

Acta No. 36 del Consejo Superior del 31 de diciembre de 2001 en la que la Secretaria General, requirió la autorización para realizar el contrato de consultoría cálculo actuarial en segunda fase, recuerda a los consejeros que sobre el tema se encuentran documentados, pues se les remitió oportunamente el resumen de la relatoría y situación actual en materia pensional de la Universidad de los Llanos y la cotización enfatiza en la importancia y trascendencia de esta Consultoría (f.556) el Consejo Superior facultó al presidente para la firma de las autorizaciones que requiera la Rectora para contratar por cuanto el monto supera el establecido en norma. Resolución N.052 de 31 de diciembre de 2001 por medio de la cual el Consejo Superior Universitario autorizó a la Rectora para la realización del contrato de consultaría para el estudio, análisis y calculo actuarial 2ª fase por la suma de $30 millones, teniendo en cuenta el diagnóstico que arrojó la primera fase de capacitación y la relatoría sobre la situación en materia pensional, la cual requiere normalizar las deficiencias en la cuantificación del pasivo pensional para iniciar el proceso de financiamiento ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (f. 521) Acuerdo Número 27 del 17 de mayo de 2000 mediante el cual el Consejo Superior de la Universidad de los Llanos modificó el Estatuto General de la Universidad (acuerdo 130 de 1993) y en su artículo 57 se estipularon las normas que rigen la contratación para la Universidad de los Llanos, ley 30 de 1992 y las normas que dicte el Consejo Superior al respecto (f.470-487)

El acuerdo N.13 de 23 de julio de 2002, mediante el cual el Consejo Superior Universitario de la Universidad de los llanos, adoptó el régimen de contratación estatal consagrado en la ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias y definió la cuantía y el procedimiento de la contratación. (f. 488 -489). Con posterioridad a la firma del contrato y adición, obra prueba documental en la que la Asesora jurídica, el Vicerrector, la Jefe de la División de servicios administrativos PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN emiten conceptos respecto del informe del estudio realizado por el contratista, previamente a ser debatido en sesión del 23 de septiembre de 2002 acta no.23 en la que se plasmaron los requerimientos de orden técnico, jurídico, recomendaciones y sugerencias frente al documento (fs. 500-519). Acta No.23 del 23 de septiembre de 2002. Intervino el contratista presentó el informe final estudio actuarial y tanto el asesor jurídico externo, los representantes de los profesores, de las Directivas académicas, de los egresados, del presidente, la asesora jurídica, la presidenta de APULL y profesores, le hicieron observaciones, se determinaron los correctivos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, finalmente el consejo Superior Universitario determinó que el reconocimiento del régimen pensional de jubilación es una decisión administrativa que debe tomarse siempre y cuando los solicitantes cumplan los requerimientos de conformidad con la ley (f.523-547). Testimonial Las declaraciones de LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO, ex-Jefe de Servicios

Administrativos (f.456-457), OSCAR DOMÍNGUEZ GONZALEZ, asesor y vicerrector (f.458), CARLOS ARIEL JIMÉNEZ OBANDO, representante de los ex -rectores y luego del Ministerio de Educación ante el Consejo Superior de la Universidad, (f459460), MATIAS CABANZO FRADE de la oficina de personal (f.461-463), JHON ALEXANDER NOVOA MOSQUERA del área de servicios administrativos (f-467468), son contestes en afirmar que existía la necesidad de realizar un estudio de cálculo actuarial para tener elementos de juicio en el tema de pensiones y saber cuales serían los montos y la proyección, para que con base en ese estudio se pudiera determinar a que organismo le correspondía la obligación y proceder a hacer las asignaciones presupuestales del caso, que durante todo el semestre se ambientó la necesidad de la contratación de un experto para clarificar lo relacionado con ese tema, los diferentes estamentos de la Universidad lo consideraron necesario, porque no existía la capacidad para asumirlo con personal de la institución, también dan fe de la socialización que se hizo como avance del trabajo realizado por la firma, así como de los reparos que las diferentes dependencias hicieron a los informes del estudio del cálculo actuarial, que la interventora certificó el cumplimiento de cada una de las etapas y como resultado la universidad tuvo mayores elementos para adoptar decisiones respecto del tema pensional en la Universidad. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Versiones libres y espontáneas En ejercicio del Derecho de defensa la doctora RUTH ESPERANZA TRIANA NIVIA, el 31 de octubre de 2003 señaló, la universidad en materia de contratación se rige

por el derecho privado de conformidad con la ley 30 de 1992 Capítulo VI artículo 93, por lo que el señalamiento del probable desconocimiento del principio de responsabilidad previsto en el artículo 26 de la ley 80 de 1993 no tiene soporte legal. Argumentó, con la promulgación de la ley 100 de 1993 en su artículo 36 la universidad tuvo interpretaciones diversas sobre el reconocimiento de pensiones de jubilación debido al régimen de transición previsto, estuvo reconociendo pensiones de jubilación a funcionarios que cumplían los requisitos de tiempo y edad, pero en 1998 congeló ese trámite, por la falta de claridad en la normatividad y de presupuesto, lo que provocó descontento de quienes la reclamaban, a accionando ante en Contencioso administrativo y colectivamente paralizaron las labores administrativas y académicas en solidaridad con los funcionarios a los que consideraban se les vulneraban sus derechos. Ante el Consejo Superior Universitario se trató el tema en varias sesiones, por lo que para saber exactamente que tipo de necesidades tenía la universidad en materia pensional, se realizó en noviembre de 2001 un seminario con la participación del consultor Rodrigo Castillo Sarmiento, la asistencia de profesores, empleados y trabajadores, con la relatoría del acto académico y el resultado de las observaciones de la realidad institucional realizada por el consultor con el apoyo de la oficinadivisión de servicios administrativos se estableció la existencia de graves falencias en materia pensional al interior de la Universidad, unido a la falta de presupuesto y no contar con el cálculo actuarial, todos estos factores son el soporte para la suscripción del contrato 426 de 2001, por la Rectora de la Institución previa

autorización del Consejo Superior Universitario mediante resolución 052, es evidente que el acuerdo contractual se realizó con el conocimiento pleno sobre las necesidades y requerimientos en materia pensional en la Universidad. El objeto contratado se recibió a satisfacción, la consultoría se hizo extensiva a todos los miembros de la comunidad universitaria en debates abiertos y los informes fueron conocidos por las diferentes oficinas responsables del tema pensional de la Universidad y el abogado externo, con el propósito de que hicieran conocer sus aportes, sugerencias y recomendaciones sobre los resultados presentados por el contratista, presentadas sus opiniones a la secretaria y al email del contratista, se les PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN invitó a la sesión N.023 de septiembre 23 de 2002 a la que asistieron jefes de oficinas responsables del tema, representantes de la comisión de profesores, a la asesora jurídica, al abogado externo. El contratista expuso el informe final sobre el objeto contratado y en ese debate se plasmaron los requerimientos de información sobre el personal pensionado, activo y retirado, datos que no habían sido entregados por parte de la Universidad en la oportunidad solicitada ni en forma completa, la universidad hizo algunas exigencias al contratista y atendidas efectúo los ajustes, precisiones y aclaraciones respectivas, la consultoría arrojó seguridad jurídica sobre el reconocimiento de pensiones de jubilación a los funcionarios que habían cumplido tanto la edad, como el tiempo de servicio (fs.106-113). El 14 de noviembre de 2003 ISLENA PEREZ DE PARRADO se adhirió a lo manifestado por la doctora Ruth Esperanza y sostuvo que el objeto del contrato se

cumplió toda vez que se logró a partir de esos resultados, que la universidad tuviera seguridad y claridad jurídica para poder reconocer la pensión de jubilación a los funcionarios que tenían esos derechos de conformidad con el régimen de transición de la ley 100 de 1993 ya que el reconocimiento y pago de pensiones había sido suspendido por la Universidad por falta de esa claridad, originando paros, derechos de petición, tutelas, logrando con el resultado del estudio contratado superar todos estos obstáculos y poder tener un normal desarrollo académico y administrativo, dejó además personal calificado en la base de datos para captura de la información, se evitó que la universidad tuviera que asumir toda la carga pensional como lo venía haciendo, se presentó ante el Ministerio de Hacienda con el presupuesto correspondiente y la solicitud de esos recursos para responder la carga pensional (f.140-142). El 17 de septiembre de 2003 CLARA INES CARVAJAL BORDA, ante la Contraloría General de la República expuso que la universidad goza de autonomía y el Consejo Superior como máximo órgano de la universidad expidió los acuerdos 027 de 2000 y 010 de 1999, con el que se regla el procedimiento para la contratación de la Universidad. A su oficina le llevaron la resolución 052 de 2001 por medio de la cual el Consejo Superior autorizó a la Rectora a realizar el contrato de consultoría, para el estudio, análisis y cálculo actuarial segunda fase, la propuesta del consultor, certificados etc, arguye, que entre las funciones del Asesor Jurídico no se encuentra la elaboración de pliegos de condiciones o términos de referencia, por lo que su

oficina aplicó los acuerdos y demás normas que la regulan. Considera que la imputación del ente fiscal fue apresurada por desconocimiento de la ley 30 de 1992. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN La necesidad de contratar se determinó por los requerimientos de los ministerios de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, en la realización del un calculo actuarial para la cuantificación del pasivo pensional, el que debía ser presentado para el financiamiento ante el Ministerio de Hacienda a fin de garantizar los recursos, a quienes en el futuro se les reconociera la pensión de jubilación. Finalmente, que al contrato se le realizó un seguimiento por la Asociación de profesores, por el Consejo Superior, por la División de recursos humanos y la oficina asesora jurídica, a quienes les solicitaron conceptos dando lugar a que se subsanaran y enderezara el objeto contratado (f.158160) Los alegatos de conclusión rendidos por la Rectora, Secretaria General y Asesora jurídica son concuerdes con la argumentación defensiva que durante el transcurso del proceso expusieron, siendo adicionada por la señora Ruth Esperanza, con la descripción cronológica de la gestión adelantada al objeto contractual en desarrollo de la función de supervisora (fs.579-613)

IV. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA De la competencia La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública es competente para investigar disciplinariamente la conducta de la Rectora de la Universidad de los Llanos, según lo normado en el artículo 25, numeral 1 literal a) decreto 262 de 2000 y de acuerdo a la resolución 017 de 2000 emanada del Procurador General de la Nación

ANÁLISIS DE RESPONSABILIDAD El fallo definitivo, en el proceso disciplinario, se adopta una vez se ha perfeccionado la investigación, siempre que el operador disciplinario cuente con los elementos que le permitan adoptar la determinación que en derecho corresponda y que le ponga fin al debate en primera instancia. Frente a la conducta que se examina seguidamente, se efectuará el análisis de los descargos presentados por las investigadas, para lo cual se indicará el cargo formulado, la explicación brindada y las consideraciones que frente al reproche corresponda efectuar a la Delegada en sede del fallo de instancia. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN En este orden de ideas tenemos que con proveído del 12 de abril de 2004 se profirió auto de cargos en contra de las señoras ISLENA PEREZ DE PARRADO, con cédula 21.226.674 de Villavicencio, Rectora; RUTH ESPERANZA TRIANA, con cédula 41.737.852 de Bogotá, Secretaria General y CLARA INES CARVAJAL BORDA, con cédula 51.610.601 de Bogotá, Asesora Jurídica, todas ellas de la Universidad de los Llanos, a quienes les fue imputado el siguiente cargo: "...La doctora ISLENA PEREZ DE PARRADO, en su condición de Rectora de la Universidad de los Llanos, el 31 de diciembre de 2001, celebró el contrato 426 con RODRIGO ALBERTO CASTILLO SARMIENTO, con el objeto de desempeñarse como consultor en Seguridad Social Pensiones para proporcionar elementos de tipo jurídico, financiero y actuarial (segunda fase)..." En la celebración de este negocio jurídico se pudo desconocer el principio de

responsabilidad previsto en el artículo 26 de la ley 80 de 1993, porque no se elaboraron los pliegos de condiciones, términos de referencia y las evaluaciones que permitieran determinar las necesidades que se tenían para su suscripción. Además, el objeto contractual se recibió a satisfacción sin que al parecer se hubiera cumplido en su totalidad, situación que puede involucrar la responsabilidad disciplinaria de la doctora RUTH ESPERANZA TRIANA, Secretaria General de la Universidad de los Llanos, encargadas de velar por la correcta ejecución del contrato, al ser designada como supervisora. En tanto que la responsabilidad disciplinaria de la doctora CLARA INES CARVAJAL BORDA, Asesora Jurídica de la misma Universidad, está dada por posible omisión en el desempeño de sus funciones, en torno a la ausencia de asesoría previa a la celebración del negocio jurídico que se cuestiona, así como durante la ejecución del mismo, al dar el visto bueno para el recibo a satisfacción de un objeto no ejecutado y según el manual de funciones que rige en el entidad educativa…" Así las cosas, la Rectora ISLENA PEREZ DE PARRADO, Secretaria General RUTH ESPERANZA TRIANA NIVIA y Asesora Jurídica CLARA INES CARVAJAL BORDA, "...pueden estar incursas en falta disciplinaria, al no ajustar su comportamiento a las exigencias impuestas por el ordenamiento jurídico para el ejercicio de las potestades públicas en el contrato administrativo, al parecer incurrieron en violación de un deber legal y por ende pudieron transgredir los artículo 38 y 40 numerales 1 y 2 del Código Disciplinario Único que les imponía el deber de cumplir y hacer cumplir la

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Constitución y la ley; desempeñar con diligencia y eficiencia el servicio encomendado, y abstenerse de ejecutar actos que impliquen ejercicio indebido del cargo..." Las investigadas pudieron desconocer el contenido del artículo 209 de la Carta Política; artículo 26 numerales 1, 3 y 4 de la ley 80 de 1993, al no buscar el cumplimento de los fines de la contratación, ni vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y al no tener en cuenta las reglas sobre administración de bienes ajenos y los postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la buena fe, artículo 2 del Código Contencioso administrativo La falta atribuida a las servidoras públicas investigadas se calificó provisionalmente como gravísima a título de dolo, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 25 de la ley 200 de 1995, vigente para la época en que ocurrieron los hechos en consideración a la posición jerárquica y mando dentro de la Universidad y como tal eran plenamente capaces de comprender la ilicitud de su comportamiento y tenían pleno conocimiento de las exigencias que se deben cumplir en la contratación estatal y de sus responsabilidades. De los descargos de las implicadas La señora ISLENA PEREZ DE PARRADO, el 2 de junio de 2004 presentó sus descargos y afirma que sí se dio la necesidad para celebrar el contrato; que se hizo la planeación y para demostrarlo reseña los antecedentes cercanos y relacionados con el objeto contractual, precisó que la Universidad requería de una asesoría

técnica, de carácter jurídico, financiero y actuarial sobre el tema de pensiones y el negocio a celebrar debía establecer plenamente los requerimientos y necesidades de fortalecimiento sobre el tema y contar con el cálculo actuarial, la propuesta de Castillo Sarmiento fue aprobada por el Consejo Superior el que dispuso su adjudicación; que se surtieron todos los trámites precontractuales, bajo los términos o marco normativo de contratación de la Universidad, no se lesionó, ni se puso en peligro la administración pública, sino que en ejercicio de la misma se respondió a la necesidad que venía afectando los derechos adquiridos de los funcionarios en materia pensional, logrando fortalecer la División de servicios administrativos con los conceptos y apoyos para la modificación y ajustes procedimentales sobre el tema, obtenido el cálculo actuarial se remitió al Ministerio de Hacienda (fs. 212-22). PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN La señora RUTH ESPERANZA TRIANA NIVIA, el 31 de mayo de 2004 presentó descargos (fs.14-28), reitera lo expresado en la versión libre, no comparte la posición argumentativa y afirmativa utilizada para edificar el cargo, por cuanto hay elementos de tipo probatorio que demuestran todo lo contrario, la universidad requería una asesoría específica sobre el tema pensional de orden jurídico, financiero y actuarial, se dieron todos los aspectos inherentes a la fase precontractual, términos de referencia, la necesidad y requerimiento de fortalec