PGN - Documento 201603101154552

PROCURADURIA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÜBLICA Radicación 162-130902 -2005

Disciplinada William Hernán Pérez Espinel Cargo Gobernador Entidad Departamento del Casanare Quejoso De oficio Fecha Hechos Diciembre 2003 Asunto Fallo de primera Instancia Bogotá, D.C., 18 de septiembre de 2008

I. ASUNTO Procede el despacho a proferir fallo de primera instancia, dentro de la investigación disciplinaria de la referencia, sin que se adviertan irregularidades que puedan viciar con nulidad la actuación y cumplidos como se encuentran, los presupuestos consagrados en el Código Disciplinario Único.

II. ANTECEDENTES Dio origen a la presente investigación disciplinaria el oficio fechado 5 de febrero de 2004, mediante el cual la Directora de Servicios Administrativos de la Gobernación de Casanare, puso en conocimiento del Jefe de la Oficina Jurídica de ese mismo ente territorial, hechos presuntamente irregulares relacionados con la suscripción de la orden de servicio No. 03-04116 y el Contrato 457-2003, los cuales al parecer evidencian una posible violación al principio de economía en cuanto a la planeación contractual, toda vez que la orden No. 03-4116 fue suscrita el 9 de diciembre de 2003, con el objeto de realizar la diagramación del anuario estadístico de la Gobernación y el objeto del contrato 457, suscrito el 21 de octubre de 2003, fue la impresión de 1000 libros de 300 páginas del anuario estadístico. ( folio 3)

La oficina Jurídica de la Gobernación, remitió copia del citado oficio con destino a la Unidad de Control Interno Disciplinario de la misma entidad, despacho que mediante auto del 18 de mayo de 2004, ordenó la apertura de indagación preliminar (folio 48) Mediante auto del 26 de septiembre de 2005, la oficina de Control Disciplinario Interno de la Gobernación de Casanare, archivó unas diligencias disciplinarias y remitió por competencia las diligencias con destino a la Procuraduría General de la Nación, por considerar que existía irregularidad disciplinaria en cabeza del Gobernador del Departamento. (folio 88) Con auto del 6 de diciembre de 2005, este Despacho ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el señor WILLIAM HERNÁN PÉREZ ESPINEL (folio 95). Posteriormente, mediante auto del 22 de enero de 2007, formuló pliego de cargos (fl. 202); en agosto 28 de 2007, se decretó la practica de pruebas de descargos (fl. 247) y mediante auto del 23 de abril de 2008, se corrió traslado para alegatos de conclusión (fl. 287).

III. SÍNTESIS DE LOS CARGOS

1 Según auto de cargos del 22 de enero de 2007, se le endilgó la siguiente conducta posiblemente irregular: “(…)De conformidad con las pruebas acopiadas en la etapa de investigación disciplinaria, se desprende que existen unas conductas posiblemente irregulares por parte del señor PÉREZ ESPINEL, en su condición de Gobernador del Departamento de Casanare, al suscribir la

orden la Orden de Servicios No. 03-04116, el día 9 de diciembre de 2003, con la firma RAMOS LÓPEZ EDITORIAL FOTOMECANICA LIMITADA, a través de su representante legal, la señora IRMA LÓPEZ VELOZA, cuyo objeto era la realización de la diagramación de 1000 unidades del anuario estadístico del Departamento de Casanare, toda vez, que dentro del objeto del Contrato de Compraventa No. 457, suscrito con anterioridad (21 de octubre de 2003) y con la misma firma, se encontraba contenido el objeto de la orden de servicios No. 0304116, pues la diagramación es un proceso anterior a la impresión, por lo integraba el objeto del Contrato 457. Se tiene comprobado que el contrato 457-03, fue liquidado el día 1º de diciembre de 2003, dejándose expresa constancia de que el contratista cumplió a satisfacción con todas las obligaciones, por tanto, los mil libros de 300 páginas denominados Anual Estadístico de la Gobernación de Casanare, ya se encontraban impresos y fueron entregados al almacén a través del comprobante de alta No. 396 del 12 de diciembre de 2003, tal como obra al folio 72 (…)”. Se le señaló además como normas presuntamente infringidas por la conducta desarrollada el precepto contenido en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el numeral 8 del artículo 24 ibídem, el art. 26 de la misma Ley, numerales 1, 2 y 4. Su conducta además fue tipificada como falta disciplinaria gravísima descrita en el artículo 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002, generadora de incumplimiento de sus

deberes tal como lo señala el artículo 23 ibídem. Respecto de la calificación de la culpabilidad se calificó como dolosa.

IV. DE LOS DESCARGOS Mediante apoderado de oficio, se presentaron los siguientes argumentos de defensa:

(fls. 222 a 229) Señala en primer lugar que los contratos objeto de cuestionamiento obedecieron a una necesidad del Departamento Administrativo de Planeación, oficina encargada del manejo de la información estadística, razón por la cual la finalidad de la orden No. 03-04116 y del contrato 457 era precisamente la de suplir una deficiencia de información, que afectaba al departamento de planeación. Sostiene que la actuación de su defendido, obedeció a una necesidad administrativa del departamento de planeación quien determinaba la necesidad de dichas contrataciones, quien encontró necesario la impresión de los libros y posteriormente la diagramación, ésta última con el fin de terminar los libros de estadística y suplir los problemas que se presentaron con las lecturas de mapas y gráficas. 2 Reitera que su defendido actuó de buena fe, cumpliendo con las necesidades planteadas por el Departamento de Planeación, por lo tanto su actuación se encuentra contemplada en una causal de exclusión de responsabilidad, es decir, con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria. Sustenta que la actuación de su defendido esta exenta del dolo ya que dentro de sus funciones no se encontraba la de determinar las necesidades estadísticas del departamento de planeación departamental, sino atenderlas una vez le eran informadas lo que ocurrió en el presente caso. Considera la apoderada de oficio que las pruebas relacionadas con testimonios de

algunos funcionarios de la gobernación permiten señalar que los estudios del contrato de compraventa 457 de 2003, fueron realizados por la oficina de planeación, por lo que a su juicio fue dicha oficina la que consideró necesaria la suscripción de dicha contratación no su defendido, por tanto, señala que la responsabilidad sobre dicha contratación reposaba en otros funcionarios de la gobernación no en el gobernador. Solicita además se de aplicación al principio de presunción de inocencia a favor de su defendido y finaliza sus descargos requiriendo la absolución de toda clase de responsabilidad a favor del señor PÉREZ ESPINEL. El disciplinable no presentó alegatos de conclusión.

V. CONSIDERACIONES Procede esta Delegada a resolver la situación jurídico-disciplinaria del señor WILLIAM HERNÁN PÉREZ ESPINEL, en su condición de Gobernador del Departamento del Casanare, para lo cual: (i) establecerá la competencia funcional de la Delegada para fallar en primera instancia, (ii) se efectuará el análisis jurídico probatorio de los hechos objeto de investigación y (iii) finalmente se establecerá la responsabilidad disciplinaria que corresponda. 5.1. De la competencia funcional de la Procuraduría Delegada para la Moralidad

Pública. En virtud de la preceptiva contenida en el artículo 25 del Decreto 262 de 2000, literal c, corresponde a las Procuradurías Delegadas, la competencia para conocer sobre procesos disciplinarios que cursen contra los gobernadores de departamento. De otra parte y de conformidad a lo expuesto por el artículo 74 del CDU, sobre los

factores que determinan la competencia en lo que respecta a la naturaleza del hecho y a lo ordenado por la Resolución 017 de 2000, artículo 19, que asignó a esta Delegada, el conocimiento de todas las conductas relacionadas con la contratación. Por tanto, esta Delegada es la competente para conocer de las presentes diligencias disciplinarias de carácter contractual, encontradas por la Directora de Servicios Administrativos de la Gobernación de Casanare, sin que advierta la existencia de ninguna causal de nulidad. 5.2. De los hechos objeto de cuestionamiento. 3 Precisa este Despacho que los hechos objeto de cuestionamiento en el auto de apertura de investigación disciplinaria, se contraen a establecer la comisión de presuntas irregularidades relacionadas con la suscripción de la Orden de Servicios No. 03-04116, el día 9 de diciembre de 2003, con la firma RAMOS LÓPEZ EDITORIAL FOTOMECANICA LIMITADA, a través de su representante legal, la señora IRMA LÓPEZ VELOZA, cuyo objeto era la realización de la diagramación de 1000 unidades del anuario estadístico del Departamento de Casanare, situación irregular en la medida en que dicho objeto contractual se había ya contratado por el mismo investigado a través del Contrato de Compraventa No. 457, suscrito con anterioridad (21 de octubre de 2003) y con la misma firma, cuyo objeto fue la impresión de 1000 libros de 300 páginas del Anuario Estadístico de la Gobernación de Casanare. 5.3. Análisis probatorio. Ahora bien, del análisis realizado sobre el acervo probatorio aportado al investigativo, emerge la materialidad del cargo imputado al señor WILLIAN HERNÁN PÉREZ

ESPINEL, así como la certeza sobre su responsabilidad subjetiva en la comisión de los mismos por las siguientes razones: Del material probatorio allegado a la presente investigación disciplinaria, se tiene como hecho cierto que el día 21 de octubre de 2003, fue suscrito el Contrato de Compraventa No. 457, entre el señor WILLIAM HERNÁN PÉREZ ESPINEL, en su calidad de representante legal del Departamento de Casanare y la firma RAMOS LÓPEZ EDITORIAL FOTOMECANICA LIMITADA, representada por la señora IRMA LÓPEZ VELOZA, cuyo objeto era: “La impresión de 1000 libros de 300 páginas del Anuario Estadístico de la Gobernación de Casanare, impresos sobre Bond, libros de 70 gramos, con páginas en policromía en blanco y negro, carátula impresa a 4x1, tintas sobre propalcote de 240 gramos, plastificada al frío brillante por una cara, intercaladas, encaratuladas al calor, trificados”; El costo del referido contrato fue acordado por las partes en cuantía de $32.155.200 y con un plazo de de ejecución era de un mes, contados a partir de la fecha de legalización del contrato (folios 4 a 6). Así mismo, en la cláusula segunda del contrato, el contratista se obligó para con el Departamento a suministrar los libros con destino a la Gobernación del Casanare, según cotización y oferta, la cual hacia parte integral del contrato (fl. 4) Como documentos previos a la celebración de este negocio jurídico, al folio 52 obra copia de los estudios previos para la impresión del libro anuario estadístico de la

Gobernación de Casanare, a través del cual se expuso la necesidad de la entidad para elaborar este documento señalando textualmente: “(…) La Administración Departamental como producto de su gestión en diferentes campos, sociales, económicos, educativos, de salud, saneamiento básico, vías, electrificación y de infraestructura, debe mantener y actualizar registro oficiales que se constituyen en la fuente primaria y fidedigna año a año, para reorientar el desarrollo y la inversión 4 a cada uno de los sectores, así como de fuente de investigación a la población infantil. Es así que la Gobernación, requiere la edición de un libro que consigne todos los datos estadísticos de los diferentes sectores del Departamento”. En el mismo documento se estableció la definición técnica para satisfacer esa necesidad, señalando que en el presupuesto asignado para el año 2003, para el Departamento del Casanare, existe el rubro denominado funcionamiento a ejecutar Gastos Generales Código ICLD 2141106, Impresos y Publicaciones, dentro del cual se contemplan los gastos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros trabajos tipográficos. Dentro del citado documento que hace referencia a los estudios previos del contrato 457 de 2003, se establecieron las condiciones del negocio jurídico a celebrar, determinándose que el objeto del contrato era la impresión de 1000 libros, con 300 páginas del Anuario Estadístico de la Gobernación de Casanare. Además se señalaron en forma específica y contundente las especificaciones técnicas sobre impresión, papel, carátula, forma de cosido, encaratulados, refilados, empaques y

entrega del material. Se tiene entonces, que previo a la suscripción del contrato se habían determinado las especificaciones técnicas del anuario, es decir, los aspectos relacionados con las gráficas, la impresión, el papel, el diseño de la carátula y se determinaron la forma del cosido y la plastificación de las caras del anuario. Dicho contrato se ejecutó a cabalidad, tal como lo certificó el Almacenista General de la Gobernación de Casanare, quien mediante certificación del 12 de diciembre de 2003, manifestó que recibió de la señora IRMA LÓPEZ VELOZA, el suministro pactado en la cláusula primera del objeto del contrato de compraventa No. 457 de 2003 (fl. 10) Así mismo, se establece que los anuarios fueron entregados y dados de alta en el inventario de la Gobernación, a través del Comprobante de Alta No. 396 del 12 de diciembre de 2003, por medio del cual el Almacenista General de la Gobernación, recibió la cantidad de 1000 anuarios estadísticos de la Gobernación de Casanare, en cuantía de $ 32.155.200.00 (fl. 8). Finalmente, el negocio jurídico denominado 457 de 2003, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la señora IRMA LÓPEZ VELOZA, fue liquidado el día 1º de diciembre de 2003, dejándose expresa constancia de que el contratista cumplió a satisfacción con la cláusula segunda del contrato, es decir, suministró los libros del objeto contractual (folio7). Advierte este Despacho que coetáneamente a la liquidación del contrato 457 de

2003, la Secretaría General del Departamento de Casanare, el día diciembre 2 de 2003, efectuó una solicitud de oferta atendiendo la modalidad de contratación directa sin formalidades plenas para realizar la diagramación del anuario estadístico del Departamento del Casanare, solicitud efectuada directamente a la señora IRMA LÓPEZ VELOZA (fl. 43). 5 El objeto de la solicitud de oferta fue la diagramación y finalización del anuario estadístico del Departamento de Casanare, y la justificación de esta contratación se fundo en que: “(…) La Administración Departamental como producto de su gestión en diferentes campos, sociales, económicos, educativos, de salud, saneamiento básico, vías, electrificación y de infraestructura, debe mantener y actualizar registro oficiales que se constituyen en la fuente primaria y fidedigna año a año, para reorientar el desarrollo y la inversión a cada uno de los sectores, así como de fuente de investigación a la población infantil. Es así que la Gobernación requiere de la Diagramación del anuario estadístico del Departamento como libro de consulta para el desarrollo del Departamento”. Como se advierte la justificación para esta contratación es igual a la justificación dada por la Gobernación para suscribir el contrato de compraventa No. 457 de 2003. De otra parte se advierte que dentro de la misma solicitud de oferta se señalaron las condiciones del contrato, entre ellas, que el contratista debería realizar el trabajo de diagramación y terminación del libro anuario estadístico de Casanare, dentro del término de 8 días, en cuantía de $8.119.100.00, (fl. 44).

Así mismo señaló que este contrato sin formalidades plenas estaba respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 233845 de noviembre 18 de 2003, afectando el rubro No. 4.1. CLD 2141106, impresos y comunicaciones. Nótese que es el mismo rubro con el cual se amparó el contrato 457 de 2003. La invitada a contratar, es decir, la firma RAMOS LÓPEZ EDITORIAL, a través de su representante legal la señora IRMA LÓPEZ VELOZA, presentó la oferta requerida por la Gobernación el día 4 de diciembre de 2003 (folio 138). La citada oferta es aceptada por la Gobernación de Casanare, mediante el oficio del 5 de diciembre de 2003. (folio 27). Finalmente el día 9 de diciembre de 2003, se suscribió la Orden de Servicio No. 034116, entre WILLIAN HERNÁN PÉREZ ESPINEL y la firma RAMOS LÓPEZ EDITORIAL FOTOMECANICA LTDA., representada legalmente por la señora IRMA LÓPEZ VELOZA, cuyo objeto era: (fl. 19) “cláusula primera. Objeto: El Contratista se obliga para con el

Departamento a REALIZAR LA DIAGRAMACIÓN DEL ANUARIO

ESTADÍSTICO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE”.

En la cláusula segunda de la citada orden, el contratista se obligó a realizar el trabajo de diagramación y terminación del libro anuario estadístico de Casanare, en cuantía de $8.118.956.00, en un término de 8 días.

Al folio 13 obra certificación expedida por la Secretaría General de la Gobernación del Casanare, a través de la cual certificó que la firma RAMOS LÓPEZ EDITORIAL FOTOMECANICA LIMITADA, dio cumplimiento a lo solicitado en la cláusula primera de la orden de prestación de servicios No. 03-04116, de fecha 09 de diciembre de 2003. 6 Se allegó copia de la factura de compraventa No. 1140 del 20 de diciembre de 2003, por medio de la cual la firma RAMOS LÓPEZ EDITORIAL FOTOMECANICA LTDA., vendió a la Gobernación del Casanare el siguiente elemento: diagramación y finalizado de páginas del libro anuario estadístico, por un valor de $8.118.956.00, (folio 15). Vistas así las cosas, es evidente la doble contratación que hiciera la Gobernación del Casanare, sobre un mismo objeto contractual en la medida en el objeto de orden de servicio No. 03-04116 de diciembre 9 de 2003, ya había sido ejecutado por el objeto del contrato 457 de 2003, para mayor claridad este Despacho procede a efectuar un cuadro comparativo de los dos contratos así: Rubro No. Contratista Objeto Cuantía Plaz Fecha presupue Contra o de stal to Entrega imputado 4.1. CLD 457 del RAMOS Impresión de $ 1 1 de 2141106 21 de LÓPEZ 1000 libros, 32.155.2 Mes Diciembr 0ctubre EDITORIAL con 300 00.00 e de de FOTOMECAN páginas del 2003 2003 ICA Anuario LIMITADA y/o Estadístico de

IRMA LÓPEZ la VELOZA Gobernación de Casanare 4.1. CLD Orden RAMOS El Contratista $8.119.1 8 30 2141106 de LÓPEZ se obliga para 00.00 días diciembr Servici EDITORIAL con el e de o No. FOTOMECAN Departamento 2003. 03ICA a realizar la 4116 LIMITADA y/o diagramación IRMA LÓPEZ del anuario VELOZA estadístico del Departamento de Casanare. Es incuestionable que el objeto contractual de la orden de prestación de servicios No. 03-4116, se encontraba contenido dentro del objeto del Contrato 457, en la medida en que en éste último contrato el Departamento de manera categórica expuso las condiciones del negocio, estableciéndose que el objeto del contrato era la impresión de 1000 libros, con 300 páginas del Anuario Estadístico de la Gobernación de Casanare, señalando las especificaciones técnicas sobre impresión, papel, carátula, forma de cosido, encaratulados, refilados, empaques y entrega del material, lo cual cobijaba la diagramación que lógicamente se debía realizar previamente a la impresión. Sin embargo, a pesar de haber sido entregados ya los 1000 anuarios al Departamento, hacer éstos ya parte del inventario y haberse liquidado el negocio jurídico de compraventa de los anuarios, el investigado PÉREZ ESPINEL, en su condición de ordenador del gasto y representante legal del Departamento del 7 Casanare, suscribió la orden de servicio No. 03-04116 el día 9 de diciembre de 2003, cuyo objeto era la diagramación y terminado de esos mismos anuarios.

Como se advierte, existió una doble contratación del mismo objeto contractual, dado que el objeto de la orden de Servicio No. 03-4116, se encontraba contenida dentro del objeto del Contrato 457 de 2003, la justificación para realizar la negociación fue la misma y el rubro presupuestal al cual se imputaron las erogaciones fue exactamente el mismo. 4.5. Análisis sobre la tipicidad. La Constitución Política establece que los funcionarios públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las Leyes, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (Art. 6°). Ello es lo que justifica el establecimiento de un sistema de control legal, propio de un Estado de derecho, en el que las autoridades públicas deben respeto y observancia al ordenamiento jurídico, lo que a su vez genera la correlativa responsabilidad por las acciones u omisiones mediante las cuales infrinjan las normas que regulan el debido desempeño de sus funciones. En materia disciplinaria, la Ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público, pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funciones. De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas, cuando ellas conllevan el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas. En el caso objeto de estudio se determinó que el disciplinado PÉREZ ESPINEL, en su condición de Gobernador del Departamento de Casanare, como ordenador del gasto y representante legal, quebrantó el orden jurídico, al actuar con abuso o

desviación de poder (numeral 8, artículo 24 Ley 80 de 1993), pues conforme al material probatorio analizado con anterioridad, se tiene, que el objeto de la orden de servicios No. 03-4116 de 2003, suscrita por el disciplinado PÉREZ ESPINEL, se encontraba contenida dentro del objeto del Contrato 457 de 2003, negocio que igualmente había celebrado el disciplinado, en la medida en que en éste último se contrató la Impresión de 1000 libros, con 300 páginas del Anuario Estadístico de la Gobernación de Casanare, lo cual cobijaba todo el procedimiento que implica una impresión: el papel, el diseño, la carátula, forma de cosido, encaratulados, refilados, empaques, la entrega del material, en donde por lógica se encontraba previamente establecida la diagramación que es el diseño del formato de la publicación, es decir, contrató dos veces el mismo objeto. Se destaca que la orden de servicios No. 03-4116 de 2003, cuyo objeto era la diagramación de los anuarios se celebró después de que la impresión de los mismos había sido finalizada, en ejecución del contrato 457 del mismo año. Con la celebración de los contratos estatales, los funcionarios deben buscar "el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines" (art. 3 ley 80 de 1993). 8 Esto significa que el servidor público encargado del manejo de la contratación, debe celebrarla sin desconocer los fines de la misma, entre ellos, el interés general,

porque de hacerlo desconociendo este fin se incurre en desviación de poder, al no ejercer sus competencias conforme al ordenamiento jurídico. (numeral 8 articulo 24 ley 80 de 1993), pues lo que se busca con la actividad reglada del servidor, es la protección de los intereses del Estado, en este caso la protección de los recursos, los cuales deben ser administrados de manera eficiente, transparente y responsable, conforme lo dispone el ordenamiento jurídico Dicha actuación consecuencialmente infringe el principio de responsabilidad contenido en el artículo 26 numeral 1 de la Ley 80 de 1993, que establece que todos los servidores públicos están obligados a proteger los intereses de la entidad. Tal como ha quedado analizado el disciplinado obró indebidamente al suscribir la orden de servicios No. 03-4116, en la medida en que el objeto de este contrato se encontraba ya realizado y entregado, en razón de la ejecución del Contrato 457, es decir, contrató dos veces el mismo objeto contractual, situación que conlleva a violación del numeral 4 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, porque el disciplinado no actuó ajustado a la ética ni a las reglas sobre la administración de los bienes ajenos, lo que conllevó a un detrimento del patrimonio del Departamento de Casanare en cuantía de $ 8.119.100.00, que corresponde al valor de la orden de servicio 03-416-2003, cuyo objeto ya había sido contratado y entregado al Departamento. Se reitera, en el presente caso estructura una falta disciplinaria por la infracción de un deber, el de cumplir los parámetros establecidos en los principios de la actividad contractual del Estado, precisados con anterioridad.

Y es que la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual recae en el representante legal de la entidad pública, en este caso, en el Gobernador del Departamento del Casanare, por ello su actuar debía estar encaminado sobre una conducta ajustada a la ética, al ejercicio correcto de sus deberes, sin quebrantar los deberes funcionales a él otorgados, lo que no ocurrió en el presente caso, pues suscribió dos veces el mismo objeto contractual Al disciplinado le era exigible un comportamiento acorde con la función pública que desempeñaba, con el acatamiento de los deberes contenidos en la Constitución, la Ley, el reglamento o los manuales de funciones, por ello, su actuación conlleva la violación del deber funcional contenido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Al no ejecutar con eficiencia e imparcialidad el servicio encomendado y proferir un acto contrario a la Ley, el disciplinado actuó con abuso y ejercicio indebido del cargo y las funciones atribuidas, alejado de la buena fe que debe regir los actos de los funcionarios públicos. Se tiene además que la falta imputada encuadra perfectamente dentro del tipo legal señalado en el pliego acusatorio como infringido, específicamente en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, no podía como en efecto lo hizo, participar en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público al contratar dos veces el mismo objeto, con lo cual se evidencia que no salvaguardó los bienes e intereses de la entidad que regentaba. 9 4.6. De la Ilicitud sustancial. En este estado procesal, el Despacho advierte que del material probatorio allegado

legal y oportunamente, así como de los argumentos de defensa planteados por el apoderado del disciplinado, no concurre ninguna causal de justificación, por tanto, la conducta imputada vulneró en forma sustancialmente ilícita el ordenamiento jurídico, toda vez que al celebrar un contrato con un objeto que ya había sido ejecutado en otro negocio, generó un detrimento del patrimonio público y representa una violación del deber funcional del disciplinable. 4.7. Análisis del Elemento subjetivo. Para que una conducta pueda ser sancionada disciplinariamente, se requiere que la misma sea culpable, es decir, atribuible al sujeto a título de dolo o culpa, sin intervención de circunstancias que eliminen tal culpabilidad. Ahora al ocuparnos del elemento subjetivo de la conducta irregular reprochada al señor PÉREZ ESPINEL, considera este Despacho que si bien en el auto de cargos se calificó ésta como dolosa, al analizar el material probatorio arrimado a las diligencias, no aflora, en forma contundente, que su conducta hubiese procedido con dolo en cuanto que conociendo lo ilícito de su comportamiento, haya encaminado su actuar por lo ilícito; se considera que en su actuar se presentó una desatención elemental, al no advertir la situación irregular tan protuberante, pues en el presente caso no se requiere de un conocimiento científico en el tema litográfico, para advertir por simple lógica que el ítem de la diagramación que es el diseño del formato, es anterior a la impresión. Así las cosas, la conducta reprochada encuadra dentro de la culpa gravísima, cuyo alcance se advierte en el precepto contenido en el parágrafo del artículo 44 de la Ley

734 de 2002, que textualmente señala: “Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento (…).” Y es que no puede calificarse de otra manera la conducta desarrollada por el disciplinado, pues era evidente que los negocios jurídicos cuestionados contenían el mismo el objeto contractual, y no evidenció esa notoria irregularidad que cualquier persona del corriente podía advertirla, pues si bien los estudios previos de dichos contratos fueron realizados por otras dependencias de la gobernación, al momento de efectuar la suscripción de cada contrato, por la especificación del tema y por el corto periodo en que se suscribió uno u otro negocio, el disciplinado pudo advertir su irregularidad y actuó en forma inapropiada lo que conllevo a un resultado típico y antijurídico. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional, ha sostenido: 1 “Si la razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes, para que se configure violación por su incumplimiento, el servidor público infractor sólo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, pues el principio de la culpabilidad tiene 1 Corte Constitucional. Sentencia. C-155/02. M.P. Clara Inés Vargas Hernández 10 aplicación no sólo para las conductas de carácter delictivo sino también en las demás expresiones del derecho sancionatorio, entre ellas el derecho disciplinario de los servidores públicos, toda vez que “el derecho disciplinario es una modalidad de derecho sancionatorio, por lo cual los principios de derecho penal se aplican mutatis mutandi en este campo

pues la particular consagración de garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada se realiza en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo en comento, y para controlar la potestad sancionadora del Estado”. Así las cosas, considera esta Comisión que del análisis en conjunto de los elementos probatorios, se tiene que la conducta imputada al disciplinado fue ejecutada con desatención elemental y ello vulneró el interés general y consecuencialm