PGN - Documento 201603101155014

Dependencia: Delegada para la Economía y la Hacienda Pública

Radicación Nº: 028-113286/05 : Alejandro Ignacio Vallejos Askuntar

Cargo y Entidad: Rector Instituto Tecnológico del Putumayo Quejoso: De oficio Fecha de Queja: 20 mayo de 2004

Fecha hechos: Vigencia 2003

Asunto: Fallo de primera

Bogotá DC., 13 de marzo de 2008 1.- ANTECEDENTES Mediante auto del 19 de octubre de 2004, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal remitió a esta Procuraduría las diligencias por considerar que era la competente para que investigue los hechos presuntamente irregulares cometidos en el Instituto Tecnológico del Putumayo relacionados con la existencia de compromisos económicos por concepto de servicios personales (nomina) y suministros correspondiente a la vigencia 2003 por valor de $ 75.116.569 sin contar con disponibilidad presupuestal. Mediante auto del 10 de marzo de 2005, esta Procuraduría Delegada inició Indagación Preliminar con el objeto de determinar la existencia de la falta disciplinaria y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, presuntamente irregulares en el Instituto Tecnológico del Putumayo, (folios 18) Esta Delegada con auto del 26 de julio de 2006, decidió abrir Investigación Disciplinaria contra el especialista ALEJANDRO IGNACIO VELLEJO ASKUNTAR, en su condición de Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, para la época de los hechos (folios 165 a 169). 2.- CARGOS Mediante decisión del 30 de julio de 2007, visible a folios 396 a 401, se formuló

pliego de cargos contra el Especialista ALEJANDRO IGNACIO VALLEJOS ASKUNTAR, en su condición de Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, identificado con la cedula de ciudadanía 18.123.350 expedida en Mocoa, por: Haber adquirido compromisos económicos sin contar con previa Disponibilidad Presupuestal, en relación con las nóminas de Asesoría y Jurados Segundo Semestre 2003 correspondientes a José Nel Carabalí y 24 más por valor de $ 5.011.240, Robert Domínguez Bernal y 8 mas por valor $ 2.832.440, Camilo Otaya Díaz y 15 más, por valor de $ 3.268.200, y Jairo Marin Triviño y 6 mas, por valor de $ 943.770. Al igual que contraer la obligación de cancelar las prestaciones sociales que se generaron por la vinculación relacionadas en las planillas de Personal de Contrato sede Mocoa y SibundoyMaria Obdulia Delgado y 22 mas, por valor de $ 36.945.199, Personal hora Procuraduría Delegada para Economía y la Hacienda Pública - extensiones 11215 - 11220 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 Pbx: 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co Cátedra sede Mocoa diurnaAntoni Jurado y 13 mas, por valor de $ 5.757.582, Personal hora Cátedra sede Mocoa nocturna – Wilson Botina y 21 mas, por valor de $ 5.827.409, Personal hora Cátedra sede SibundoyLiliana Martinez y 15 mas, por valor de $ 4.564.353, sin tener Certificado de Disponibilidad Presupuestal a la adquisición del compromiso.

3. MATERIAL PROBATORIO 1.- Oficio del 10 de febrero de 2004, suscrito por SILVIO BRAVO GALARZA, Vicerrector Administrativo, donde pone en conocimiento al Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo de las presuntas irregularidades (fl 14) 2.- Oficio del 9 de febrero de 2004, suscrito por LUZ MARINA MEZA DIAZ, de la Sección de Presupuesto, donde remite la relación de las nominas de prestaciones sociales, asesorías y jurados, motivo de investigación (fl15) 3.- Copia de la planilla de Asesoría y Jurados Segundo Semestre 2003 sede Mocoa-José Nel Carabalí y 24 más por valor de $ 5.011.240 (fl 23). 4.- Copia de la planilla de Asesoría Segundo Semestre 2003 sede SibundoyRobert Domínguez Bernal y 8 mas por valor $ 2.832.440 (fl 24) 5.- Copia de la planilla de Jurado Segundo Semestre 2003 sede SibundoyCamilo Otaya Díaz y 15 más, por valor de $ 3.268.200 (fl 25) 6.- Copia de la planilla de Asesoría y Jurado Segundo Semestre 2002 – Jairo Marin Triviño y 6 mas, por valor de $ 943.770 (fl 26) 7.- Copia de la planilla de Prestaciones Sociales Personal de Contrato sede Mocoa y SibundoyMaria Obdulia Delgado y 22 mas, por valor de $ 36.945.199. ( fl 27). 8.- Copia de la planilla de Prestaciones Sociales Personal hora Cátedra sede Mocoa diurnaAntoni Jurado y 13 mas, por valor de $ 5.757.582 (fl 28)

9.- Copia de la planilla de Prestaciones Sociales Personal hora Cátedra sede Mocoa nocturna – Wilson Botina y 21 mas, por valor de $ 5.827.409 (fl 29) 10.- Copia de la planilla de Prestaciones Sociales Personal hora Cátedra sede SibundoyLiliana Martinez y 15 mas, por valor de $ 4.564.353 (fl 30). 11.- Certificación expedida por la Jefe de presupuesto del Instituto Tecnológico del Putumayo (fl 315) 12.- Acuerdo 005 del 23 de mayo del 2003 Estatuto General del Instituto Tecnológico del Putumayo (fl 126 a 164). Procuraduría Delegada para Economía y la Hacienda Pública - extensiones 11215 - 11220 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 Pbx: 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co 13.- Órdenes y contratos de prestación de servicios ( 196 a 280) 14.- Actos administrativos de vinculación de docentes de cátedra (fls 318 a 304) 4.- DESCARGOS La Dra. ANGELICA REYES SKINNER, actuando como defensora de oficio del Especialista ALEJANDRO IGNACIO VALLEJOS ASKUNTAR, en su condición de Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, presentó descargos (fls 417 a 421), los cuales consistieron en solicitar que se revisaran los términos y actuaciones que constan en el expediente, de manera que puedan comprobarse las fechas y compararse con los términos establecidos en la Ley 734 del 2002, como quiera que según la defensora de oficio se sobrepasaron los 6 meses establecidos en el

artículo 156 de la norma, solicitud que fue resuelta a través del auto del 28 de noviembre de 2007 (fls 424 y 425). 5.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto del 14 de diciembre de 2007, (folio 427), esta Procuraduría Delegada ordenó correr traslado al implicado para que presentara sus alegatos de conclusión, el cual se notificó por estado el 21 de enero de 2007 (folio 439), los que fueron presentados por la doctora PAULA ANDREA SILVA RUEDA, en su calidad de defensora de oficio, dentro del termino legal, y que consistieron en solicitar la disminución de la calificación de la conducta, ya que según los criterios para la graduación de la sanción del artículo 47 de la Ley 734, su defendido, no ha sido sancionado ni fiscal ni disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga. Sin tener sanciones e inhabilidades vigentes al 31 de de julio de 2006, demostró diligencia y eficiencia en el desempeño del cargo, no se afectaron derechos fundamentales y por último tampoco se vieron comprometidos intereses de terceros. 6.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Por ser competente la Delegada en razón de la materia y calidad de los investigados, conforme a lo previsto en el literal b) numeral 1 del artículo 25 del Decreto 262 de 2000 y artículo 19 de la Resolución 017 del mismo año, proferida por el Procurador General de la Nación y al no observar en el trámite de la investigación disciplinaria

irregularidad constitutiva de causal de nulidad por haber garantizado el derecho de defensa y respetado el debido proceso, se procede a emitir la decisión de fondo a que haya lugar. La conducta glosada al Especialista ALEJANDRO IGNACIO VALLEJOS ASKUNTAR, en su condición de Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, se circunscribe en haber adquirido compromisos económicos sin contar con previa Disponibilidad Presupuestal, relacionadas con las nóminas de Asesoría y Jurados Segundo Semestre 2003 correspondientes a José Nel Carabalí y 24 más por valor de $ 5.011.240, Robert Domínguez Bernal y 8 mas por valor $ 2.832.440, Camilo Procuraduría Delegada para Economía y la Hacienda Pública - extensiones 11215 - 11220 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 Pbx: 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co Otaya Díaz y 15 más, por valor de $ 3.268.200, y Jairo Marin Triviño y 6 mas, por valor de $ 943.770. Al igual que la obligación de cancelar las prestaciones sociales que se generaron por la vinculación relacionadas en las planillas de Personal de Contrato sede Mocoa y SibundoyMaria Obdulia Delgado y 22 mas, por valor de $ 36.945.199, Personal hora Cátedra sede Mocoa diurnaAntoni Jurado y 13 mas, por valor de $ 5.757.582, Personal hora Cátedra sede Mocoa nocturna – Wilson Botina y 21 mas, por valor de $ 5.827.409, Personal hora Cátedra sede SibundoyLiliana Martinez y 15 mas, por valor de $ 4.564.353. El Instituto Tecnológico del Putumayo, es una Institución de Educación Superior creada mediante Ley 65 de 1989 como Establecimiento Público, de carácter académico del Orden Nacional, con Personería Jurídica, Autonomía Administrativa y Patrimonio Independiente, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, con domicilio y sede principal en Mocoa y seccional en Sibundoy, el cual se rige por la Ley 30 de 1992, ley 80 de 1993 y el Decreto 111 de 1996. El Acuerdo 005 del 23 de mayo de 2003, mediante el cual se adopta el Estatuto General del Instituto Tecnológico del Putumayo, en su artículo 47 establece que “…… La institución también podrá contar con docentes de cátedra y ocasionales. Para todos los efectos los docentes estarán sometidos al régimen que expida el Consejo Directivo a propuesta del Consejo Académico, de conformidad con las normas establecidas en la Ley 30 de 1992 y las demás disposiciones legales que la adicionen, modifiquen o sustituyan, debiendo contener en otros los siguientes aspectos: Régimen de vinculación, promoción, categoría, retiro y demás situaciones administrativas, derechos, obligaciones inhabilidades, incompatibilidades distinciones y estímulos……” Con fundamento en lo anterior el Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, vinculó al personal hora Cátedra sede Mocoa diurna, relacionado en las planillas que inicia con Antoni Jurado y 13 mas, por valor de $ 5.757.582, Personal hora Cátedra sede Mocoa nocturna – Wilson Botina y 21 mas, por valor de $ 5.827.409,

Personal hora Cátedra sede SibundoyLiliana Martinez y 15 mas, por valor de $ 4.564.353, a través de las Resoluciones Nos 0052 del 28 de julio de 2003 y Resoluciones visibles a folio 284 a 294 y 299 a 304, sin numero y fecha, actos que de acuerdo a la certificación de la Jefe de presupuesto del Instituto Tecnológico del Putumayo, contaron con disponibilidad y registro presupuestal que respaldaban dichos actos (fl 315). Ahora bien, el hecho de contraer la obligación de cancelar las prestaciones sociales generadas por la vinculación del Personal hora Cátedra se tiene que según el parágrafo 1° del articulo 48 del Estatuto General “ Los docentes de catedra no son servidores públicos, ni trabajadores oficiales, su vinculación se hará mediante Resolución de Rectoría en la cual se determinará las modalidades y efectos de su relación juridica de acuerdo a la Ley” por ello la revisar las Resoluciones en cita se observa que el compromiso prestacional que se le imputa no fue contemplado en dichas Resoluciones. En cuanto a los compromisos contemplados en las nóminas de Asesoría y Jurados Segundo Semestre 2003 Procuraduría Delegada para Economía y la Hacienda Pública - extensiones 11215 - 11220 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 Pbx: 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co correspondientes a José Nel Carabalí y 24 más por valor de $ 5.011.240, Robert Domínguez Bernal y 8 mas por valor $ 2.832.440, Camilo Otaya Díaz y 15 más, por

valor de $ 3.268.200, y Jairo Marin Triviño y 6 mas, por valor de $ 943.770, se tiene que no existe en el expediente prueba que demuestre que el disciplinado haya adquirido dichas obligaciones sin el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, como quiera que no fue posible adquirir los actos de vinculación de las personas relacionadas en dichas nóminas, pieza probatoria necesaria para determinar la responsabilidad del disciplinado, y si efectivamente fue él quien asumió el compromiso; circunstancia que genera duda respecto a la ordenación del gasto, ya que el único documento aportado al expediente es la nomina informal sin firma que demuestre que fue autorizada por el implicado, así como tampoco contiene la firma de los beneficiarios, pues lo único que existe es la certificación expedida por el Jefe de Presupuesto, que dice que no se encontró solicitud de disponibilidad y registro presupuestal. El derecho disciplinario se encuentra construido sobre unos principios que garantizan el debido proceso, en razón a que siendo una especie del derecho sancionatorio, propende por un juicio justo y sujeto en lo sustancial al procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002, incluso por vía remisiva, en lo no señalado en éste código, por lo indicado en el artículo 21 de la Ley 734 de 2002 que nos envía a otras leyes, de tal suerte que si no existe certeza de la responsabilidad por la ausencia de prueba que así lo demuestre se debe resolver a favor del inculpado. En ese sentido, el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, dispone que: “No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso

prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del investigado”. En el caso materia de estudio, es evidente la duda que existe, para determinar la falta disciplinaria y la connatural responsabilidad del autor, entendida la falta como aquella que da “(...) lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente al incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones, la incursión en prohibiciones, impedimentos y conflicto de intereses”. De otra parte, la presunción de inocencia a favor del disciplinado en el Código Disciplinario Único, está elevada a la categoría de principio rector en el artículo 9° de la mencionada normatividad, el cual expresa: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA”: A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado” “Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla”. Procuraduría Delegada para Economía y la Hacienda Pública - extensiones 11215 - 11220 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 Pbx: 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co En el caso sub examine sino está presente la certeza probatoria, menos puede estar definida la falta y por ende la responsabilidad disciplinaria. Habida cuenta que no es posible concluir si la conducta investigada relacionada con la obligación de cancelar las prestaciones sociales generadas por la vinculación del Personal hora Cátedra, así como los compromisos contemplados en las nóminas de Asesoría y Jurados Segundo Semestre 2003, tuvo real ocurrencia o no, se procederá

a absolver al investigado de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Frente a la conducta glosada al Especialista ALEJANDRO IGNACIO VALLEJOS ASKUNTAR, en su condición de Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo relacionada con la obligación de cancelar las prestaciones sociales que se generaron por la vinculación relacionada en las planillas de Personal de Contrato sede Mocoa y SibundoyMaria Obdulia Delgado y 22 mas, por valor de $ 36.945.199, sin tener Certificado de Disponibilidad Presupuestal previo a la adquisición del compromiso, de acuerdo a la certificación expedida por la Jefe de Presupuesto de la institución educativa (fl 315), tenemos: El Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, vinculó al personal relacionado en las planillas de Contrato sede Mocoa y Sibundoyque inicia con Maria Obdulia Delgado y 22 mas, a través de ordenes de prestación de servicio y contratos administrativos de prestación de servicios sin formalidades plenas, visibles a folios 196 a 280 y 318 a 392, actos administrativos que gozaban de disponibilidad y registro presupuestal, de acuerdo a la certificación expedida por la Jefe de Presupuesto de la institución educativa (fl 315). En lo relacionado con las prestaciones sociales que se generaron por la vinculación del Personal de Contrato relacionado en la planilla que se inicia con Maria Obdulia Delgado y 22 más, es de aclarar que en las órdenes de prestación de servicios, pese a que se tuvieron en cuenta los contratos para liquidarles las prestaciones sociales,

no se contemplaba la obligación de cancelarlas en texto de las mismas; caso contrario se presenta con los contratos administrativos de prestación de servicios sin formalidades plenas Nos 055 , 051, 052, 053, 058, 064, 065, 067 del 1 y 068 del 15 de julio, 069 del 1 de agosto, 073, 075, 076 del 1 y 083 del 16 de octubre, 072 del 1 de septiembre, todos del año 2003 ( fls 201, 219, 230, 236, 246, 258, 279, 377, 206, 214, 226, 238, 253 y 379) suscritos por el investigado y que en su cláusula tercera contemplan la obligación de cancelar las prestaciones sociales generadas por dicha vinculación, sin que al momento de asumir el compromiso el funcionario contara con certificado de disponibilidad presupuestal, de acuerdo a la certificación expedida por la Jefe de Presupuesto de la institución educativa (fl 315) El certificado de disponibilidad presupuestal es un documento expedido por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces mediante el cual se garantiza la existencia de apropiación disponible y libre de afectación para la asunción de un compromiso, requisito que debe solicitarse previamente a la celebración de un compromiso. El Registro Procuraduría Delegada para Economía y la Hacienda Pública - extensiones 11215 - 11220 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 Pbx: 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co Presupuestal es la operación mediante la cual se afecta en forma definitiva el rubro al cual se imputa el compromiso, y se lleva a cabo en el libro de presupuesto.

El hecho irregular de no haber allegado el certificado de disponibilidad previo a contraer el compromiso de cancelar las prestaciones sociales que se generaron con la suscripción de los contratos administrativos de prestación de servicios sin formalidades plenas Nos 055 , 051, 052, 053, 058, 064, 065, 067 del 1 y 068 del 15 de julio, 069 del 1 de agosto, 073, 075, 076 del 1 y 083 del 16 de octubre, 072 del 1 de septiembre, todos del año 2003, se encuentra plenamente probado, y se trata de una omisión que implica una conducta que coloca en situación de peligro la debida ejecución presupuestal, pues el certificado de disponibilidad previo tiene como finalidad garantizar que la administración cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus compromisos y evitar incurrir en obligaciones que no pueda cumplir e incluso en obligación que puedan desconocer el principio de legalidad del gasto. La finalidad de este procedimiento es salvaguardar los principios de especialización y legalidad del gasto y evitar exceder el monto respecto de las apropiaciones presupuestales, luego para el Despacho es claro que en este caso se inobservaron los principios básicos y de procedimiento, es decir, las normas enunciadas en el cargo han sido precisas y desconocidas en su actuación. Considera el Despacho que al Especialista ALEJANDRO IGNACIO VALLEJOS ASKUNTAR, en su condición de Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, en el periodo comprendido desde el 13 de diciembre de 2000 al 12 de diciembre de 2003 (fl 195) le asiste responsabilidad disciplinaria, en lo pertinente a las

prestaciones sociales que se pactaron a través de contratos administrativos de prestación de servicios sin formalidades plenas Nos 055 , 051, 052, 053, 058, 064, 065, 067 del 1 y 068 del 15 de julio, 069 del 1 de agosto, 073, 075, 076 del 1 y 083 del 16 de octubre, 072 del 1 de septiembre, todos del año 2003, teniendo en cuenta que el derecho disciplinario está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido las normas disciplinarias tienen como finalidad encausar las conductas de todos los que cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el único propósito de lograr el cumplimiento de los fines del Estado, mediante el cumplimiento del deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública, como en el caso examinado, el deber que tenía el disciplinado, como ordenador del gasto, era darle un buen manejo al presupuesto de la Institución, en el entendido de acatar las disposiciones reguladoras del gasto público. El Derecho Disciplinario tiene como objetivo la vigilancia de la conducta oficial, conducta que debe encauzarse mediante la observancia de los principios que orientan la función pública, según lo prevé el artículo 209 de la Constitución, además, los servidores públicos están al servicio del Estado y de la Comunidad y como tal tienen una mayor responsabilidad por cuanto la labor que desarrollan tiene un fin colectivo, realidad jurídica que el disciplinado inobservó, ya que el mismo constituyente encomendó al legislador la tarea de regular lo atinente a la ejecución

Procuraduría Delegada para Economía y la Hacienda Pública - extensiones 11215 - 11220 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 Pbx: 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co del presupuesto público (artículo 352 C.P.) y en desarrollo de ese mandato se expidió el Decreto Ley 111 de 1996 el cual dispuso en su artículo 71 que como garantía del buen manejo de los recursos públicos, quien ordenara el gasto debía obtener previamente un certificado de disponibilidad presupuestal, aspecto que no observó el disciplinado, situación que conlleva al incumplimiento de las Leyes y como consecuencia de ello surge la responsabilidad tal como se expresa en el artículo 6° de la Constitución por la infracción de un deber. Ahora bien, la infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento genera la acción represiva o sanción por parte del Estado. Es por esto que este despacho considera que el Especialista ALEJANDRO IGNACIO VALLEJO ASKUNTAR, en su condición de Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, es responsable del cargo formulado, en el entendido que con su actuar desconoció el mandato establecido en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, por un incumplimiento a los deberes de cuidado y eficiencia que como autoridad administrativa suprema de la institución educativa, se le habían encomendado. El incumplimiento de dicho deber funcional es el que orienta la determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la Ley Disciplinaria. Obviamente, no

es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir, el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, y es donde se encuentra el origen de la antijuricidad de la conducta. Por lo anterior este Despacho encuentra al Especialista ALEJANDRO IGNACIO VALLEJO ASKUNTAR, incurso en falta disciplinaria por haber actuado en la forma descrita en el numeral primero del pliego inculpatorio, en lo que tiene que ver con contraer la obligación de cancelar las prestaciones sociales que se pactaron por el personal vinculado por Contrato y que se relacionan en la planilla que se inicia con Maria Obdulia Delgado y 22 más, contratos administrativos de prestación de servicios sin formalidades plenas suscritos por el investigado y distinguidos con los Nos 055 , 051, 052, 053, 058, 064, 065, 067 del 1 y 068 del 15 de julio, 069 del 1 de agosto, 073, 075, 076 del 1 y 083 del 16 de octubre, 072 del 1 de septiembre, todos del año 2003, por desconocimiento de lo normado en los artículos que le fueron citados como infringidos en el cargo, ya que en su condición de Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, tenía el deber de observar y cumplir las normas que rigen la actividad administrativa y contractual, y en su defecto se extralimitó en sus funciones al asumir compromisos sin contar previamente con el certificado de disponibilidad presupuestal, a pesar que la ley ordena planear el gasto y establecer si existen recursos disponibles para adquirir obligaciones.

Se reafirma entonces, la calificación dada a la falta en el auto de cargo, al Especialista ALEJANDRO IGNACIO VALLEJOS ASKUNTAR, en su condición de Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, como GRAVE de conformidad con el artículo 43, numeral 4 de la ley 734 de 2002, en razón de la jerarquía del cargo desempeñado por el implicado, teniendo en cuenta que obró con negligencia en su Procuraduría Delegada para Economía y la Hacienda Pública - extensiones 11215 - 11220 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 Pbx: 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co función de ordenador del gasto, toda vez que en él recaía la función de velar por el cumplimiento de las normas orgánicas y las demás disposiciones que regulaban el buen funcionamiento de la institución, y respecto de la culpabilidad se modifica la calificación dolosa dada en pliego de cargos a titulo de CULPA GRAVISIMA puesto que se observa es falta de cuidado y negligencia en la solicitud de los certificados de disponibilidad presupuestal previos a la asunción de los compromisos, al existir en el ordenamiento jurídico colombiano regulación especifica sobre el procedimiento para ordenar cualquier gasto. Así las cosas, la conducta del disciplinado es típica por estar contemplada en las siguientes normas: Decreto 111 de 1996. Articulo 71. “Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún orto fin….” Acuerdo 005 del 23 de mayo del 2003. Estatuto General del Instituto Tecnológico del Putumayo. Artículo 39. Funciones del Rector. “a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de Colombia, las normas legales estatutarias y reglamentarias vigentes y controlar el manejo de los recursos financieros, para que estos se ejecuten de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto nacional” “d) Ordenar los gastos con cargo al presupuesto, expedir los actos administrativos y suscribir los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones de la institución, atendiendo las disposiciones constitucionales, legales, los estatutos y reglamentos vigentes” CONSTITUCIÒN POLITICA Artículo 6. “los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones” La anterior conducta constituye incumplimiento de los deberes de los servidores públicos descritos en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, numerales 1 y 3 que establecen: Numeral 1: (...) “Cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, (...) las Leyes, los Acuerdos Municipales, los manuales de funciones (...) ” Procuraduría Delegada para Economía y la Hacienda Pública - extensiones 11215 - 11220 Carrera 5 No. 15-80 piso 12 Pbx: 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co

Numeral 3: Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio público. Finalmente para la dosificación de la sanción nos remitimos a los criterios establecidos en el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, que establece los limites de la sanción, en este caso en particular, suspensión por el termino de un (1) mes, graduada esta última en el mínimo legal, teniendo en cuenta que el disciplinado, no ha sido sancionado ni fiscal ni disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga y que no se afectaron derechos fundamentales, amen de la absolución que proceden por 5 años de las conductas imputadas. En merito de lo expuesto, la Procuradora Delegada para le Economía y la Hacienda Pública.

R E S U E L V E PRIMERO: Absolver de responsabilidad disciplinaria al Especialista ALEJANDRO IGNACIO VALLEJOS ASKUNTAR, en su condición de Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, identificado con la cedula de ciudadanía 18.123.350 expedida en Mocoa en lo relacionado con la obligación de cancelar las prestaciones sociales generadas por la vinculación del Personal hora Cátedra, al igual que los compromisos contemplados en las nóminas de Asesoría y Jurados Segundo Semestre 2003 correspondientes a José Nel Carabalí y 24 más por valor de $ 5.011.240, Robert Domínguez Bernal y 8 mas por valor $ 2.832.440, Camilo Otaya Díaz y 15 más, por valor de $ 3.268.200, y

Jairo Marin Triviño y 6 mas, por valor de $ 943.770, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído, en virtud de lo establecido en el articulo 170 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con lo previsto en los artículos 142 y 9° del mismo Estatuto.

SEGUNDO: SANCIONAR al Especialista ALEJANDRO IGNACIO VALLEJOS ASKUNTAR, en su condición de Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, identificado con la cedula de ciudadanía 18.123.350 expedida en Mocoa, para la época de los hechos investigados, con SUSPENSIÓN del cargo por el término de un (1) mes, por encontrarlo responsable disciplinariamente del cargo formulado, en lo que tiene que ver con la obligación de cancelar las prestaciones sociales que se generaron por la vinculación del personal de Contrato relacionada en la planilla que se inicia con Maria Obdulia Delgado y 22 más, a través de contratos administrativos de prestación de servicios sin formalidades plenas Nos 055 , 051, 052, 053, 058, 064, 065, 067 del 1 y 068 del 15 de julio, 069 del 1 de agosto, 073, 075, 076 del 1 y 083 del 16 de octubre, 072 del 1 de septiembre, todos del año 2003 conforme a lo expuesto en la parte motiva. En el evento que el disciplinado haya Procuraduría Delegada para Economía y la Hacienda Pública - extensiones 11215 - 11220

Carrera 5 No. 15-80 piso 12 Pbx: 3360011 – 352