PGN - Documento 201603101155091

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal

Radicación Nº: 165-120540-2005

Disciplinado: Juan Carlos Velásquez Builes Cargo y entidad: Alcalde municipio de Leticia (Amazonas).

Quejoso: De oficio Fecha de Queja: 13 – 04 - 05

Fecha hechos: 2802 - 02

Asunto: Irregularidades en el convenio interadministrativo 031 de 2002

Actuación: Fallo de primera instancia

Bogotá D. C., 21 de septiembre de 2006 Procede el despacho a proferir el fallo de primer grado dentro del proceso adelantado contra JUAN CARLOS VELASQUEZ BUILES, en su condición de Alcalde encargado de Leticia, por presuntas irregularidades en convenio interadministrativo 031 de 28 de febrero de 2002.

1. ANTECEDENTES La Procuraduría Regional del Amazonas mediante auto de 4 de abril de 2005

(fls.138 – 139 del cuaderno principal), remitió a las Procuradurías Delegadas para la Contratación Estatal, reparto, el reporte enviado por la Gerente Departamental del Amazonas de la Contraloría General de la República, en el cual se denunciaban presuntas irregularidades en el convenio interadministrativo Nº 031 del 28 de febrero de 2002, las cuales fueron asignadas a este Despacho, y en auto de 28 de julio de 2005 ordenó apertura de investigación disciplinaria (fls. 142 - 144) y en proveído de 17 de noviembre de 2005 (fls. 162 - 171) se formuló pliego de cargos, al

mencionado servidor público, en el cual se elevó la siguiente acusación: “En su calidad de Alcalde Municipal de Leticia, se le atribuye como irregular, el hecho de haber celebrado y ejecutado el convenio interadministrativo Nº 031 del 28 de febrero de 2002, cuya autorización del Concejo Municipal mediante Acuerdo 024 del 11 de abril de 2002 (folio 78 c. original), fue posterior a la firma del convenio y sin disponer oportunamente del certificado de disponibilidad presupuestal, el cual fue solicitado el 10 de julio de 2002, según constancia que obra a folio 96 del cuaderno original, siendo que el contrato se había suscrito el 28 de febrero de 2002”. 1.2. Los descargos y alegatos de conclusión Notificado en debida forma el pliego de cargos al inculpado como se observa en la diligencia obrante a folios 179, este mediante escrito de 13 de diciembre de 2005 (fls. 182 – 188) procedió a presentar sus descargos. En el memorial de exculpaciones, el disciplinado alegó en su defensa que el convenio en mención se suscribió con fundamento en Acuerdo 019 de enero de 2002, y el certificado disponibilidad presupuestal que amparaba el negocio jurídico fue el del 19 de febrero del año en mención, como se indicó en el texto del convenio. 165-120540 Fallo de primera instancia 1 Martha Patricia Añez Maestre

2. CONSIDERACIONES 2.1. Sea lo primero señalar, que el trámite seguido en este radicado se ajustó en cuanto a su forma y términos a los lineamientos previstos en los artículos 175 y

siguientes de la Ley 734 de 2002. Respecto al tema de competencia, así como a la garantía de los derechos al debido proceso y defensa, no se advierte anomalía ninguna, pues el inculpado tuvo la posibilidad de actuar en todas las fases procesales, solicitando pruebas e interviniendo en forma directa. Atinente al caudal probatorio, pertinente se torna resaltar que los medios demostrativos recaudados cumplen las formalidades exigidas para su valoración. En el caso de los documentos, se observa que éstos fueron aportados en forma legal y oportuna, y esa circunstancia, amén que no fueron tachados ni redargüidos de falsos, permiten su valoración. 2.2. Lo que esta probado en el cargo imputado Respecto a la imputación que se le elevó a JUAN CARLOS VELASQUE BUILES, por la suscripción del convenio interadministrativo 031 de 2002, sin la correspondiente autorización del Concejo municipal y sin la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, de las pruebas que reposan en el cartulario se advierte los siguientes:

1. Que entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. y el municipio de Leticia se suscribió el convenio interadministrativo para la adquisición de transporte fluvial para las comunidad indígenas por la suma de $120.000.000 (fls. 44 - 50).

2. Que para el desarrollo de ese convenio, el disciplinado en su condición de Alcalde del municipio de Leticia suscribió el 28 de febrero de 2002 el convenio interadministrativo 031, el cual presentó como objeto la adquisición de transporte fluvial para las comunidades indígenas en el municipio de Leticia (fls. 73 - 77).

2. Que en el texto del contrato se indicó que el acto consensual se firmaba con fundamento en la facultad conferida en el Acuerdo No. 019 de enero de 2002 (fls.

73).

3. Que el Concejo municipal expidió el 11 de abril de 2002 el Acuerdo 024, por medio del cual autorizó al acalde de Leticia a celebrar los contratos conforme a la Ley 80 de 1993, tendiente a la ejecución del proyecto para la ejecución del proyecto para la adquisición de botes y motores para el desplazamiento de las comunidades indígenas.

4. Que previo a la celebración del contrato en mención, el Concejo municipal de Leticia expidió el Acuerdo 019 de 26 de enero de 2006, en el que se facultó al señor alcalde de esa municipalidad continuar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el proceso de acuerdo de reestructuración de pasivo y a contratar nuevos créditos y/o reestructurar las deudas vigentes.

5. Que mediante Decreto de 19 de febrero de 2002, el ente territorial incorporó los recursos girados por FINDETER; como ocasión al convenio firmado entre esa entidad y el municipio al presupuesto del ente territorial (fls. 52 – 53). 165-120540 Fallo de primera instancia 2

Martha Patricia Añez Maestre

6. Que el Técnico de presupuesto del municipio de Leticia mediante certificación de 19 de febrero de 2002, acreditó que en la vigencia fiscal comprendida entre 1 de enero a 31 de diciembre de 2002, se incorporó mediante Decreto número 031 de

19 de febrero de 2002, la suma de $120.000.000, del convenio interadministrativo de apoyo financiero número 752, suscrita entre la financiera de desarrollo Territorial Findeter, y el municipio de Leticia para la Adquisición de transporte fluvial para las comunidades indígenas en el municipio de Leticia (fls. 56).

7. Que de acuerdo con el contenido del oficio obrante a folios 203, el certificado de disponibilidad presupuestal expedido para el convenio 031 de 28 de febrero de 2002, fue el número 1133 de 10 de julio del año en mención (fls. 203) 2.3. Análisis jurídico de los hechos probados El Estatuto contractual con el fin de garantizar la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar y a fin de que se de cumplimiento a los fines estatales le impone a los servidores públicos el deber de efectuar una adecuada planeación del mismo, fase en la cual debe determinar cuales son las condiciones necesarias para la celebración del contrata y su ejecución.

Por ello el numeral 7, del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, obliga a que previo a la celebración de cualquier acto consensual, se determine la conveniencia o inconveniencia de objeto a contratar a obtener todas la autorizaciones y aprobaciones para ello, las cuales deben impartirse y autorizarse antes del proceso de selección o de la firma del contrato. En efecto, dentro los requisitos previos contenido en las disposiciones citadas se encuentra lo relacionado con los aspectos presupuestales, la determinación de la oportunidad y conveniencia del contrato, estudios del mercado, elaboración de términos de referencia, autorizaciones de tipo jurídico.

Entre este último se encuentra lo relacionado con la autorización que debe obtener los alcaldes por parte de los concejos municipales, requisito que está contenida en el numeral 3, del Decreto 313 la Constitución Política, el cual dispone que los concejos municipales autorizarán a los alcaldes para la celebración de contratos. Esta disposición constitucional la reprodujo la Ley 80 de 1993, en el numeral 11 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que dispone: “…De conformidad con lo previsto en el artículo 300, numeral 9, y 313 de la Constitución Política, las asambleas departamentales y los concejos municipales autorizarán a los gobernadores y alcaldes respectivamente, para la celebración de contratos.” Sobre esa misma facultad, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 dispuso lo siguiente: ARTÍCULO 32. ATRIBUCIONES. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes: (...) 2. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo. 165-120540 Fallo de primera instancia 3 Martha Patricia Añez Maestre Respecto a esta última disposición la Corte Constitucional en sentencia C-738 de 2001, señaló: “Pues bien, si una de las funciones propias de los Concejos es la de autorizar al alcalde para contratar, tal y como lo dispone el artículo 313-3 Superior, es claro que la facultad de reglamentar lo relacionado con tal autorización también forma parte de sus competencias constitucionales, por virtud del numeral 1 del mismo canon

constitucional. Es decir, si los Concejos pueden reglamentar el ejercicio de sus propias funciones, y una de sus funciones es la de autorizar al alcalde para contratar, se concluye lógicamente que tales corporaciones cuentan con la competencia constitucional para reglamentar el ejercicio de tal atribución, y que no es necesario que el legislador haya trazado, con anterioridad, una regulación detallada del tema. Así, en criterio de esta Corporación, este último precepto constitucional es un fundamento suficiente para que el Legislador haya confirmado que las Corporaciones municipales de elección popular tienen la posibilidad de reglamentar una de sus funciones constitucionales propias, cual es la de otorgar al correspondiente jefe de la administración municipal autorizaciones para contratar. Esta función reglamentaria que, se reitera, cuenta con un fundamento constitucional propio, habrá de ejercerse mediante el trazado de una serie de normas puntuales y específicas sobre una determinada materia, a saber: el procedimiento interno que se deberá seguir ante los Concejos para obtener la autorización respectiva, los criterios que debe seguir para otorgarla, así como los casos en los cuales tal autorización es necesaria. La regulación de dicho procedimiento interno habrá de estar referida, así, a las hipótesis en que tal autorización es necesaria, a los criterios que se deberán aplicar al momento de decidir sobre si se otorga o no dicha autorización, y a las etapas del trámite a seguir en cada caso. Estas normas no serán de tipo legal, sino de tipo administrativo, sin que sea necesario contar con una regulación previa del tema por parte del Legislador.

(...) En consecuencia, al ser la norma acusada el desarrollo de una previsión constitucional expresa, en la que se asigna a los concejos la función reglamentaria en comento, se habrán de rechazar los cargos formulados contra ella. Sin embargo, debe advertir esta Corporación que la atribución otorgada en la norma bajo estudio, siendo como es una función administrativa, sólo podrá ser ejercida por los Concejos con el alcance y las limitaciones propias de su naturaleza. Así, cualquier reglamentación efectuada por dichas Corporaciones, debe ser respetuosa del ámbito reservado constitucionalmente al Legislador, por lo cual no puede entrar a establecer procedimientos de selección, normas generales aplicables a los contratos, etc., puesto que ello forma parte del núcleo propio del Estatuto de Contratación. Igualmente, al constituir esta función una manifestación de la colaboración armónica que, en virtud del artículo 116 Superior, debe existir entre los distintos órganos del Estado -tanto entre los pertenecientes a una misma rama del poder público, como entre las distintas ramas-, a ella es aplicable lo dispuesto por esta Corte en cuanto al tema de las leyes de autorizaciones, en virtud de las cuales podrá el Congreso autorizar al Ejecutivo para contratar (art. 150-9, C.P.). En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta lo que se estableció en la sentencia C-466/97, en los siguientes términos: 165-120540 Fallo de primera instancia 4 Martha Patricia Añez Maestre “La introducción del concepto de ley de autorizaciones en la Carta de 1991 corresponde a una tradición constitucional, pues el artículo 76 numeral 11 de la

Constitución de 1886 otorgaba al Congreso la facultad para conceder autorizaciones al Gobierno para la celebración de contratos, como quiera que la creación de vínculos jurídicos individuales siempre se han considerado como asuntos propios de la mecánica de ejecución de programas gubernamentales, por lo cual son asuntos de la naturaleza administrativa del gobierno. Por consiguiente, la ley de autorizaciones se ha entendido como el beneplácito legislativo para que el Gobierno ejerza una función propia dentro de su ámbito constitucional. Por lo tanto, el ejercicio mismo de la actividad contractual es una actividad privativa del Gobierno, que debe contar con la aprobación del Congreso, como manifestación del ejercicio coordinado y armónico de la función pública. (...) De lo anteriormente expuesto se colige que, frente a la facultad para celebrar contratos creadores de situaciones jurídicas concretas, la Constitución faculta al Legislador para que permita al Gobierno que se vincule jurídicamente y por ende se obligue en el campo contractual. Sin embargo, la Carta no autoriza que el Legislador le imponga al Ejecutivo la celebración de un contrato específico, pues la autorización del Congreso está sometida a la realización de un acto de naturaleza administrativa. Por lo tanto, los artículos impugnados transgreden la Constitución”. El anterior razonamiento es aplicable, mutatis mutandi, a las autorizaciones que los concejos municipales otorgan a los alcaldes para contratar, y por lo mismo, a la reglamentación que sobre el particular expidan tales Corporaciones, en ejercicio de lo dispuesto en la norma acusada. Por lo mismo, no podrán los Concejos, so pretexto de reglamentar el tema de las autorizaciones, extralimitarse en sus atribuciones e

intervenir sobre la actividad contractual propiamente dicha; dirección que corresponde al alcalde, en tanto jefe de la acción administrativa del municipio, de conformidad con el artículo 315-3 de la Carta. En otras palabras, la reglamentación que expidan estas corporaciones deberá limitarse a trazar las reglas aplicables al acto concreto y específico mediante el cual el concejo autoriza al alcalde para contratar, señalando los casos en que es necesario, sin entrar a regular aspectos como la selección de los contratistas, los contratos específicos a realizar, etc. Asimismo, deberán tener en cuenta los concejos municipales que, en tanto función administrativa, la atribución que les confiere la norma que se analiza debe ser ejercida en forma razonable y proporcionada, respetando lo dispuesto en el artículo 209 constitucional; y que no se puede interpretar dicha norma en forma tal que se obligue al alcalde a solicitar autorizaciones del concejo en todos los casos en que vaya a contratar, sino únicamente en los que tal corporación disponga, en forma razonable, mediante un reglamento que se atenga a la Carta Política. Debe resaltarse, por último que, contrario a lo que presupone la argumentación del actor, lejos de ser un límite a la autonomía municipal, el régimen previsto por la Ley 80 de 1993 está construido sobre la base de la autonomía de las entidades estatales en materia contractual, tanto que otorga a ciertas entidades y dependencias que no cuentan con personería jurídica, una capacidad especial de contratación y puedan gestionar mejor los aspectos que a ellas atañen. Para la Corte, igual sucede con la norma bajo estudio, ya que al reafirmar la competencia reglamentaria constitucional

de los concejos municipales, no sólo presupone, sino que desarrolla su autonomía real. Así, a través de regímenes reglamentarios que no lesionen lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y en las demás normas legales aplicables, los concejos podrán 165-120540 Fallo de primera instancia 5 Martha Patricia Añez Maestre decidir cómo ha de surtirse el proceso de autorización, en los casos en que sea necesario de conformidad con los intereses locales. En otras palabras, la norma acusada fomenta el ejercicio autónomo de las competencias municipales, así como su adecuación a las necesidades particulares del ente respectivo, sin que por ello pueda generar un estímulo para la existencia de diversos Códigos Fiscales Municipales, puesto que siempre habrá de respetarse lo dispuesto por el legislador en la Ley 80 de 1993 y demás legislación aplicable. (..) . Resta aclarar que cuando la norma habla de una función de "autorización", se está refiriendo a un acto previo a aquél que es objeto de dicho beneplácito (El subrayado no es del texto). Sobre el punto, la sala de Consulta y Servicio Civil del Concejo de Estado, en concepto de noviembre 15 de 2001, rendido en el expediente 1371, expuso: La autorización de que trata el artículo 313, numeral 3º, de la Carta, como ya se dijo, debe ser expresa, así sea general o para un determinado tipo de contratos, temporal o indefinida, y ella no consta ni se deduce del articulado de la normatividad presupuestal analizada. Pero no podrá el alcalde celebrar contratos sin la autorización correspondiente de la corporación, puesto que ello da lugar a la nulidad absoluta de los contratos, según el

artículo 44 de la Ley 80 de 1993, que remite en su primer inciso a los casos previstos en el derecho común. (...) El concejo municipal debe cumplir las funciones asignadas en la Constitución y en la ley y, por tanto, habrá de expedir el acuerdo respectivo que reglamente las autorizaciones al alcalde para contratar, señalando los casos en que tal funcionario requiere de autorizaciones previas de la corporación, tal como lo dispone el artículo 32.3 de la Ley 136 de 1994. Así lo entendió la Corte Constitucional —sent. C-738/01— al declarar la exequibilidad de este artículo. (...) De lo anterior resulta que, en principio, celebrar un contrato sin la debida autorización del concejo municipal constituye una violación al principio de legalidad y, de conformidad con la norma transcrita, se incurre en la celebración indebida de contratos; sin embargo, en cada caso la jurisdicción competente analizará el elemento de antijuridicidad y dolo, como elementos de la conducta sancionable de conformidad con el ordenamiento penal.

La Sala responde: (...) 165-120540 Fallo de primera instancia 6

Martha Patricia Añez Maestre

3. La celebración de contratos por parte del alcalde, requiere siempre de autorización del respectivo concejo municipal. Dicha corporación puede otorgarla en forma genérica, específica, temporal o indeterminada.

4. La celebración de contratos sin la debida autorización del concejo municipal, puede dar lugar al delito de celebración indebida de contratos por falta de requisitos legales para hacerlo...”.

De los anteriores pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional y el

Consejo de Estado, es posible concluir que existe una autorización general para contratar contenida en la Ley 80 de 1993, que faculta a todos los jefes de las entidades estatales descritos en el normado 2, del mencionado cuerpo normativo a celebrar contratos en norme de la entidad correspondiente, entre las que se encuentra las entidades territoriales. Sin embargo, los concejos municipales, con base en su función reglamentaria, contenida en el artículo 313-1 del estatuto superior, y para efectos de regular la forma en que ejercerán la función de autorización prevista en el numeral 3 del mismo artículo, pueden establecer que determinados contratos, como los que sobrepasen cierta cuantía, o atendiendo a su naturaleza como lo son los de empréstito deben contar con la autorización previa de la corporación municipal. Así las cosas es claro que el alcalde a fin de ejecutar la competencia atribuida en materia contractual, debe contar con la autorización que para los efectos expida el Concejo municipal, quien determina si la otorga de manera general o específica, por un plazo determinado o indeterminado, y, en fin, establecerá las condiciones de dicha autorización En el caso bajo estudio se encuentra probado que el disciplinado en su condición de alcalde municipal de Leticia suscribió el convenio 031 de 28 de febrero de 2002, sin contar con la autorización previa del concejo municipal, puesto que la misma solo se expidió el 11 de abril de 2004 (fls. 78 – 79), como consta en el acuerdo de 024 de la fecha en mención, en el cual en su artículo primero se determinó:

“Autorizar al alcalde Municipal de Leticia, para celebrar los contratos conforme a la Ley 80 de 1993, tendientes a la ejecución del proyecto para la adquisición de botes y motores para el desplazamiento de las comunidades indígenas, ubicadas en la jurisdicción del municipio de Leticia en desarrollo del convenio interadministrativo de apoyo financiero 752 suscrito entre FINDETER y el municipio de Leticia, de acuerdo al proyecto aprobado”. De lo anterior es fácil concluir que para la época en que el inculpado suscribió el contrato en cuestión, esto es 28 de febrero de 2002, no estaba autorizadazo por el Concejo municipal para celebrar el contrato mediante el cual se ejecutaría el convenio interadministrativo celebrado con FINDETER. Así las cosas, no le cabe duda al Despacho que el acusado incurrió en falta disciplinaria al suscribir un contrato, sin obtener previamente la correspondiente autorización. Por lo tanto, desestima el Despacho los argumentos expuestos por la defensa, cuando afirma que el contrato en cuestión se firmó con fundamento en la 165-120540 Fallo de primera instancia 7 Martha Patricia Añez Maestre autorización contenida en el Acuerdo 019 de 26 de enero de 2002, tal como se indicó en el texto del acto consensual, por cuanto, al examinar el contenido de dicho Acuerdo se observa que la autorización allí contenida fue para celebrar contratos para nuevos créditos y reestructurar las deudas vigentes, en desarrollo del proceso de reestructuración del pasivo del municipio, materia que nada tiene que ver con el objeto del convenio en mención, puesto que el objeto de este ultimo fue

para la de transporte fluvial para las comunidades indígenas en el municipio de Leticia. Por lo anterior es claro que al disciplinado por el hecho imputado en el pliego de cargos le cabe responsabilidad disciplinaria, por desconocimiento de lo previsto en el artículo 25 numerales 7 y 8 del Estatuto Contractual, que establece la conveniencia o inconveniencia del objeto contratado y las autorizaciones y aprobaciones para ello, deben analizarse e impartirse con anterioridad al inicio del proceso selectivo del contratista o de la firma del acuerdo de voluntades y en el caso bajo examen es claro que el disciplinado procedió a suscripción del convenio 031 sin autorización del Concejo municipal de Leticia. Tal requisito era necesario en virtud de lo dispuesto en el artículo 313, numeral 3º de la Constitución Política establece como función de los Concejos Municipales, autorizar a los Alcaldes para celebrar contratos y ejercer protémpore funciones precisas de las asignadas a la Corporación edilícea. Igualmente la Ley 136 de 1994, en su artículo 3º, señala como atribución de la mencionada colegiatura, reglamentar la autorización al Alcalde para contratar, señalando los casos en que requiera autorización previa del Concejo Municipal. Para el evento que nos ocupa, se profirió el acuerdo 024 del 11 de abril de 2002, cuya fecha per se nos indica, que cuando dicha autorización se expidió, el burgomaestre ya había suscrito el convenio 031 del 28 de febrero de 2002, con lo cual, además de la inocuidad de la aprobación, pretermitió lo dispuesto en las

dispositivas constitucionales y legales mencionadas. En cuanto a la falta de disponibilidad, se tiene que, en efecto, el numeral 6, del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, indica que las entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos de suscripción de contratos cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. Por otra parte, el Decreto 111 del 15 de enero de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto, en su artículo 71, dispone que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con los certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos, Con tales exigencias lo que se busca en que las entidades estatales no asuman compromisos sobre apropiaciones inexistentes o que los mismos excedan el monto del presupuesto asignado y garantizar así el cumplimiento de la obligación contraída con ocasión al acto consensual. Ahora bien, el Estatuto General de Contratación, no determina cual es el medio o instrumento que se debe utilizar para probar la existencia de las partidas que entrarían ampara un negocio jurídico determinado. En el caso bajo estudio se 165-120540 Fallo de primera instancia 8 Martha Patricia Añez Maestre encuentra plenamente probado en el cartulario que los recursos que amparaban el convenio interadministrativo 031 de 28 de febrero de 2002, se habían aportado por Findeter, con ocasión al acto bilateral 752 suscrito entre esa entidad y el municipio de Leticia, el cual presentó como objeto la adquisición de transporte fluvial para las comunidades indígena, por la suma de $120.000.000 (fls. 44 - 50), recurso que

fueron incorporados al presupuesto del municipio mediante el Acuerdo 031 de 19 de febrero de 2002 (fls. 55), y mediante certificación de ese misma fecha (fls. 56) el Técnico de Presupuesto de la entidad constató que durante la vigencia fiscal de 2002 existía la suma de $120.000.000, para la adquisición de transporte fluvial. A además de lo anterior se encuentra acreditado que el acto bilateral se le dio registro presupuestal el 2 de julio de 2002, tal como consta en el documento obrante a folios 97 del cuaderno principal y que el inicio del contrato fue de 2 de octubre de ese mismo año (fls. 104) fecha en la cual se suscribo el acta de iniciación, en la que se indicó que la fecha de perfección del acto consensual fue el 2 de julio de 2002. Así las cosas se tiene que previa a la celebración del contrato en cuestión, la entidad si contaba con la partida presupuestal correspondiente para la suscripción del contrato, tal como lo exige el numeral 5, del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y que previo al inicio del contrato se efectuó el registro presupuestal, por lo tanto, frente a este hecho, no encuentra el Despacho procedente a endilgar responsabilidad disciplinaria. Ateniendo a todo lo expuesto, es claro que el cargo imputado al encartado prospera parcialmente, solo respecto a falta de autorización del concejo, en lo que tiene que ver con la falta de disponibilidad, se dispondrá la absolución. 2.4. Calificación de la falta y grado de culpabilidad En cuanto tiene que ver con la imputación formulada al implicado JUAN CARLOS VELÁSQUEZ BUILES, de conformidad con lo expuesto, la falta descrita a la luz del

artículo 27 de la Ley 200 de 1995, resulta grave, puesto que el acusado en su condición de alcalde del municipio de Leticia como responsable de la actividad contractual debe cumplir con las disposiciones legales que la regulan, lo cual no se observó en este caso concreto, toda vez que suscribió un contrato sin la autorización que para ello debía otorgar el concejo municipal y atendiendo al hecho que la misma el requisito cuestionado se cumplió con posterioridad. En cuanto al grado de culpabilidad se contrario a lo previsto en el pliego de cargos, se califica como culposa, puesto que no obra en el cartulario medio demostrativo alguno que evidencie que la actuación del inculpado iba orienta a incumplir de manera deliberada y consciente a suscribir un contrato sin la correspondiente autorización, puesto que lo que se evidencia es falta de cuidado y diligencia en su gestión al no determinar el alcance del Acuerdo que se hace mención en el acto consensual, toda vez que las facultades allí previstas no comprendían la celebración del tipo de convenio que aquí se cuestiona pues ella solo estaba orientada a celebrar contratos para nuevos créditos. 2.5. Dosimetría de la sanción 165-120540 Fallo de primera instancia 9 Martha Patricia Añez Maestre Por mandato del artículo 32, de la Ley 200 de 1995, vigente para la época de los hechos, la sanción a imponer para tales faltas graves es de multa o suspensión en el ejercicio del cargo, entre once y noventa días. En el presente caso, atendiendo las circunstancias que rodearon la imputación la sanción a imponer es de multa de

cuarenta y cinco (45) días del sueldo devengado por el disciplinado para la época de los hechos, de conformidad con la certificación obrante a folios 156, ello atendiendo al hecho que el disciplinado no registra sanciones vigentes y que con su actuar no se ocasionó un daño a la entidad ni a la comunidad. En mérito de lo expuesto, el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal, en ejercicio de sus funciones legales,

RESUELVE PRIMERO: Sancionar disciplinariamente a JUAN CARLOS VELÁSQUEZ BUILES, portador de la C. de C. Nº 15’889.092, quien se desempeñó como Alcalde Municipal de Leticia, de acuerdo con las consideraciones expuestas por las suscripción del convenio 031 de 2002, sin la correspondiente autorización del Concejo municipal.

SEGUNDO: Imponer al inculpado como sanción multa de cuarenta y cinco días del sueldo devengado por VASQUEZ BUILES, para la época de los hechos, lo cual equivale a la suma de tres millones cuatrocientos treinta y nueve mil seiscientos cinco pesos ($3.439.605).

TERCERO: Notificar esta decisión a sancionado y/o su apoderado haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de apelación en lo términos previstos en los artículos 111 y 115 del Código Disciplinario, el cual de